"Con lo anterior la Asamblea Legislativa ha creado un mecanismo por medio del cual se ha tratado de mantener un aparente respeto a los principios del Estado de Derecho, argumentando que se le ha cumplido al pueblo quienes son sus jefes, y que era su deseo destituir a los Magistrados del Fmln y Arena y al Fiscal partidario, algo que podemos describir como una fachada constitucional, transgrediendo los límites de la Asamblea Legislativa, gestando un desbordado fraude constitucional..."

Las expectativas y para algunos esperanzas, estaban puestas en este primero de Mayo, donde además de conmemorar el Día Internacional de la Persona Trabajadora y todo lo que ello representa en la conquista de los derechos laborales, se instalaría una Asamblea Legislativa histórica, que en nuestra era logró romper con la partidocracia que había dominado y sometido por décadas a nuestro país, saliendo diputados y diputadas con un listado escandaloso de ilegalidades, posibles delitos, corrupción.

Esta nueva Asamblea arrolló en las elecciones del 28 de febrero pasado, en donde el mismo Tribunal Supremo Electoral trató con artimañas frenar la votación masiva de los y las salvadoreñas por el partido Nuevas Ideas, fundado por el presidente Nayib Bukele respaldado con porcentajes de aceptación inéditos por su gestión (aproximadamente 92% de promedio) y por el buen manejo que hizo en la defensa de la salud y la vida frente a la pandemia del Covid-19.

Con 56 votos el bloque de diputados del partido Nuevas Ideas tenía el control de las decisiones más generales del trabajo legislativo (mayoría simple y mayoría calificada), que con sus ahora aliados políticos (GANA-PCN-PDC) sumaron 64 votos, para poder tener la mayoría especial. Sin ninguna duda en el Órgano Legislativo estaba todo calculado para apoyar las decisiones del presidente Bukele y dar respuesta a las necesidades que el pueblo ha deseado, que se pueden sintetizar en dos palabras: justicia social.

La primera acción de la Asamblea Legislativa, luego de conformar la Junta Directiva fue confirmar lo que se había dicho por diferentes seguidores políticos de Bukele, el nombramiento de Ernesto Castro como presidente de la Asamblea Legislativa y a Suecy Callejas como vicepresidenta uno de dicho Órgano.

A las 12:29 md del primero de Mayo, Geovanni Galeas, biógrafo de Nayib Bukele, en su cuenta de tuiter publicaba “Querido Walter Araujo, no sé si legalmente se pueda destituir hoy mismo a la sala prevaricadora. Pero ese es mi mayor deseo junto a la gran mayoría ciudadana. Ese es el último batión(sic) de los corruptos..”. Su deseo, a todas luces ya planificado, se haría realidad.

La destitución de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República era una de las decisiones que la mayoría de salvadoreños deseaban, una de las motivaciones para salir el 28 de febrero a votar masivamente por Nuevas Ideas, y es que los nombramientos de estos funcionarios habían sido negociados por diputados del Fmln y Arena -como era la costumbre en todos los nombramientos de funcionarios de segundo grado: PDDH, PGR, TSE, CCR, por mencionar- a través de cuotas partidarias, de favores políticos, los funcionarios llegaban como popularmente se dice “con la cola pateada”, y tanto el COENA como la cúpula de Fmln eran tan exhaustivos en buscar perfiles que trabajaran para ellos, que no daban lugar a errores, llegando al grado de poner a militantes y donantes de dichos partidos, en contra de lo éticamente correcto, de la ley y de jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional (leer sentencia ref: 77-2013/97-2013 del 14 de octubre 2013)

Abundante jurisprudencia ha desarrollado la incompatibilidad existente entre la afiliación partidaria y los cargos provenientes de elección de segundo grado, particularmente en relación con las instituciones de control del Estado (ej. sentencia de 13-V-2011, Inc. 7-2011, sentencia de Inc. 49-2011)

Los cargos públicos de dirección de las instituciones estatales están condicionados por sus fines, los cuales están establecidos en el ordenamiento jurídico. Estos no confieren a los servidores públicos derechos o privilegios para realizar determinada función, sino deberes de servicio legítimo a los intereses generales (Art. 86 inc. 3° Cn)

La competencia de la Asamblea Legislativa para elegir funcionarios no debe entenderse como una facultad omnímoda que pueda ejercerse con menosprecio de los requisitos que la Constitución exige para la elección de funcionarios. Más bien, sucede todo lo contrario: la elección de funcionarios puede hacerse sólo si se han verificado previamente las condiciones necesarias que la misma Constitución establece; por ello el ejercicio de las atribuciones y competencias por parte de la Asamblea Legislativa para elegir a los funcionarios detallados en el art. 131 ord. 19° Cn. es limitado.

En otras palabras el Órgano Legislativo al elegir a funcionarios, debe hacerlo con criterios de servicio a los intereses generales y con objetividad, idoneidad y eficacia, independencia, profesionalismo, probidad, no con criterios partidarios o particulares, especialmente si se trata de funcionarios que ejercen jurisdicción, tales como los que integran la CSJ y especialmente la Sala de lo Constitucional, la CCR y el TSE, que ejercen funciones de control de constitucionalidad y de legalidad.

También el Art. 176 Cn. señala que para ser Magistrado de la CSJ se requiere ser de “moralidad y competencia notoria”, esto para asegurar en los Magistrados de la CSJ una independencia en el ejercicio de su función, que en este caso es estrictamente jurisdiccional. Este significado no es producto de una interpretación aislada de dicha disposición, sino de una interpretación unitaria entre el Art. 176 Cn. y el Art. 172 inc. 3° Cn.

La Independencia Judicial se fundamenta en la necesidad de legitimación del juez, legitimación que no puede ser de tipo electoral, sino que depende de su exclusiva sumisión a la Constitución y a la ley, y como lo hemos desarrollado en otras editoriales la Independencia Judicial es una garantía para el ciudadano, no un privilegio para el juzgador.

El criterio Constitucional, al menos hasta el día de hoy vigente, es que una afiliación partidista impide a que determinadas personas puedan optar y ser nombrados al cargo de Magistrados de la CSJ o Fiscal General de la República, por el riesgo de la pérdida de independencia que se intensifica cuando se enjuicia un acto de una autoridad que pertenece al mismo partido político al que está afiliado el juzgador, o al de un adversario político.

Por otro lado en el caso de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, en sus sentencias, resoluciones y medidas, era evidente que carecían de un espíritu a la luz de la misma Constitución, y se visualizaba un ataque coordinado con otros actores sociales como la ANEP, FUSADES, entre otros, en pretender desgastar al gobierno, obstaculizarlo y de manera indirecta salía afectada la población, incrementándose el repudio generalizado al estar en medio de una pandemia mundial, lo que no solo tenía consecuencias legales o administrativas sino de vidas humanas, el ciudadano tenía miedo de perder lo más valioso de su existencia, su ser amado. Sin embargo la Sala mantuvo línea ante los abusos indiscriminados de la Asamblea Legislativa para desgatar electoralmente al gobierno de Bukele, priorizando las libertades por encima de la salud, invadiendo atribuciones de otros Órganos, con una actitud soberbia y cero conciliadora.

En ese sentido era evidente que tanto Raúl Melara como los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, frente a esta Nueva Asamblea Legislativa, tenían todo el panorama y elementos para intentar ser destituidos, pues así lo faculta la misma Constitución de la República.

Si bien en el caso de la destitución de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Art. 186 Cn, en su primer inciso estipula que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un periodo de nueve años, y que podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas, previamente establecidas por la ley, y que a la fecha no se haya desarrollado una ley vigente con dichas causas, no es obstáculo para la aplicación directa de la Constitución, sin embargo es necesario que la destitución siga un proceso en donde se cumpla con las garantías que la misma Constitución determina, por su misma carga axiológica, que son al menos la garantía de audiencia y los derechos defensa, de probar y de un proceso público.

No obstante lo anterior el mismo día de la instalación de la Asamblea Legislativa, diputados electos por la bandera de Nuevas Ideas solicitaron se votara por la destitución de los Magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República.

¿Cómo cometer ese gran error teniendo la Asamblea Legislativa todo el panorama para hacerlo procesal y legalmente correcto?

Sin embargo la actitud soberbia de la Asamblea Legislativa no iba a llegar ahí, pues se solicitó la elección de los Magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, para que no quedaran acéfalas dichas instituciones, con propuestas planificadas a puerta cerrada y simulando públicamente un estudio de currículos (selectivos) para verificar si cumplían con los requisitos, en recesos de pocos minutos y sin debate; totalmente al margen de lo que establece la Constitución.

Omitieron lo que el mismo, y tan mencionado, Art. 186 Cn dispone en su segundo inciso “La elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se hará de una lista de candidatos, que formará el Consejo Nacional de la Judicatura en los términos que determinara la ley, la mitad de la cual provendrá de los aportes de las entidades representativas de los abogados de El Salvador y donde deberán estar representadas las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico.”

Por reforma de 1993, de acuerdo al Art. 131, atribución 19° CN, le corresponde a la Asamblea Legislativa elegir por votación nominal y pública al Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; por su parte el Art. 186 CN, establece que los Magistrados de la CSJ, serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un período de nueve años, y que se renovarán por terceras partes cada tres años. Además dicha disposición establece que para la elección debe contarse con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los Diputados de la Asamblea Legislativa, es decir con 56 votos.

El mismo artículo antes citado, dispone que la elección de los Magistrados de la CSJ, se hará de una lista de candidatos, que formará el Consejo Nacional de la Judicatura en la cual la mitad provendrá de los aportes de las entidades representativas de los Abogados y donde deberán estar representadas las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico y es por ello que para cumplir con el mandato constitucional se echa en marcha el proceso eleccionario.

Este primer actuar de la Asamblea Legislativa sin duda es preocupante, pues el pueblo otorgó la mayoría de diputados a Nuevas Ideas con la finalidad de cambiar un sistema corrupto, y por consiguiente se entiende que la solución es el pleno respeto de la Constitución y más allá de ello de los valores contenidos en la misma, elementos de un Estado de Derecho, así como la creación de normas a favor de los más vulnerables; por citar un ejemplo, el pueblo desea un aumento del salario mínimo, pero esto no significa que por decreto la Asamblea Legislativa extraiga dinero de las cuentas de los millonarios para el aumento de dichos salarios, pues existen en la Constitución principios que contrarían esta acción, como es el derecho a la propiedad privada.

Cabe Señalar que la Asamblea Legislativa pudo hacer una redistribución interna de la Corte Suprema de Justicia, llamar a suplentes para no dejar la institución acéfala. En el caso de la Fiscalía General de la República pudo nombrar al fiscal adjunto, mientras estudiaban, tal como la Constitución manda, los perfiles de los nuevos funcionarios y cumplir con lo que el pueblo desea: tener funcionarios comprometidos con la ley, probos, independientes, profesionales, valientes y con la idoneidad que requiere el cargo.

Esto lo decimos no con el afán de tachar a los funcionarios ya elegidos, por el mismo desconocimiento que se tiene de sus perfiles en el tema constitucional y administración de Justicia, sino más bien que se ha ignorado un procedimiento plenamente establecido, argumentando que se hace con el respaldo que el pueblo ha dado a la Asamblea Legislativa, por lo que pretenden garantizar así la legitimidad y legalidad de lo actuado; además la finalidad de dicho trámite tiene un elemento sumamente importante que es la de garantizar la Independencia Judicial, que es el fundamento del sistema de justicia que ha configurado la Constitución, y exige la independencia personal de los Magistrados, quienes deben, por lo tanto, carecer de prejuicios personales y de vínculos político partidarios que puedan incidir en su proceder, para una gobernabilidad respetando la separación de cada Órgano.

Con lo anterior la Asamblea Legislativa ha creado un mecanismo por medio del cual se ha tratado de mantener un aparente respeto a los principios del Estado de Derecho, argumentando que se le ha cumplido al pueblo quienes son sus jefes, y que era su deseo destituir a los Magistrados del Fmln y Arena y al Fiscal partidario, algo que podemos describir como una fachada constitucional, transgrediendo los límites de la Asamblea Legislativa, gestando un desbordado fraude constitucional.  

Este fraude constitucional ha operado desconociendo los valores, principios, garantías, fundadoras del sistema normativo y político de la sociedad, pero al mismo tiempo trata de justificarse en esos valores, simulando su acción como legal, dirigida a cumplir un fin específico, con un alto contenido de mala fe, al manipular la norma constitucional, con debates populistas carentes de juridicidad, en detrimento de los pilares en los que se asienta y funda la Constitución.