Tedros Adhanom Ghebreyesus “la respuesta ante el COVID-19 en El Salvador ha sido basada en un enfoque integral para frenar la transmisión, capacitar a trabajadores de la salud, impulsar el tratamiento y prepararse para el lanzamiento de vacunas.”

El trece de abril pasado el aún diputado de la Asamblea Legislativa por el Partido Demócrata Cristiano Rodolfo Parker, expresó frente a los medios de comunicación su intención de que privados pudiesen importar vacunas y venderlas en el mercado, citando como ejemplo a Honduras, uno de los países con menor porcentaje de vacunación en el mundo.

Si bien, inclusive médicos pertenecientes a la dirección del Colegio Médico, han respaldado esta postura, ¿qué nos dice nuestra legislación frente a esto?, ¿sería beneficioso que las farmacéuticas pudiesen adquirir vacunas anti covid-19 y venderlas a quienes poseen el poder adquisitivo para comprarlas?

Ante esta situación es pertinente señalar como primer punto el contexto que estamos viviendo, la afectación de la enfermedad en el mundo, que a la fecha lleva más de 3 millones de muertes, además de hospitales colapsados, sin camas para atender enfermos, sin tanques de oxígeno, sin medicamentos para tratar a las personas en Cuidados Intensivos.

Esta realidad es muy importante pues sufrimos una crisis que afecta a todos los habitantes de este país y del mundo entero, no obstante ha habido resistencia por parte de algunos funcionarios que se han mostrado en contra de la gestión del presidente Bukele, incluso queriendo minimizar la crisis de salud que se vive, priorizando el derecho a la libertad de tránsito por ejemplo, por encima del derecho a la salud y a la vida.

Pero ¿qué nos dice nuestra legislación sobre el Derecho a la Salud?

Comencemos citando algunos documentos internacionales: la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, creada en 1946, estableció: “El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano…” y dos años más tarde, en 1948, con la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos se contempló en el Art. 25, que la salud es parte del derecho a un nivel de vida adecuado.

En 1966 con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reafirmó el carácter de “derecho humano” del derecho a la salud y lo definió como: “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.

El Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entidad de las Naciones Unidas que vigila el cumplimiento del Pacto antes mencionado, en el año 2000 formuló la Observación General(1) número 14 referente al derecho a la salud, en el cual se amplió la definición de éste, agregó que: “El derecho a la salud es un derecho inclusivo que se extiende no sólo a una atención médica oportuna y apropiada, sino que también a los determinantes implícitos de la salud, como el acceso a agua potable y segura y saneamiento adecuado, condiciones ambientales y laborales saludables y acceso a la educación e información relativa a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva”.

Nuestra Constitución de la República (CN), reconoce a la persona humana como el principio y el fin de la actividad del Estado, por lo que debe garantizar, respetar y promover todos sus derechos. Así también reconoce derechos íntimamente relacionados con el derecho a la salud, como por ejemplo el Art. 2 CN recoge el derecho a la integridad física, el Art. 50 consagra el derecho a la seguridad social, los Arts. 65 al 70 CN, tratan sobre la salud pública y asistencia social, entre otras disposiciones que ofrecen el marco constitucional que reconoce los derechos de las personas y las obligaciones que con respecto a ello tiene el Estado.

En lo que respecta a la ley secundaria, el Art. 40 del Código de Salud, establece que la entidad del Estado a la que le corresponde planificar y ejecutar la política nacional en materia de Salud, dictar las normas pertinentes, organizar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con la Salud, es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Además una de sus atribuciones es la de propiciar todas las iniciativas oficiales y privadas que tiendan a mejorar el nivel de salud de la comunidad. En resumen puede decirse que el Ministerio tiene a su cargo la promoción, protección, prevención y restablecimiento de la salud.

En esta labor también entra en juego el papel del Instituto Salvadoreño del Seguro Social que es una entidad autónoma que se nutre de capital público y de las cotizaciones de empleadores y trabajadores, cuya cobertura en materia de salud abarca a los trabajadores que dependen de un patrono. Dicho instituto, también tiene similares tareas al Ministerio de Salud y Asistencia Social, en lo que se refiere a la salud.

Es por ello que al relacionar y concatenar el marco legal anterior, podemos advertir una misión que es más un ideal a seguir, que de cumplirse o materializarse logra beneficios múltiples en la vida de los salvadoreños, pero solo se puede lograr con el fortalecimiento de las instituciones que brindan servicios de salud.

Si bien hace unos meses atrás esto podía considerarse como imposible, actualmente el manejo de la pandemia por parte del presidente Nayib Bukele y la gestión del Ministro de Salud Francisco Alabí, articulado con otros Ministerios como el de Obras Públicas, de Trabajo, Gobernación, Medio Ambiente, incluso la Dirección de Centros Penales, han permitido que El Salvador haya tenido un buen manejo de la pandemia, reconocido por instituciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, presidida por Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien expresó en el mes de enero de este año “la respuesta ante el COVID-19 en El Salvador ha sido basada en un enfoque integral para frenar la transmisión, capacitar a trabajadores de la salud, impulsar el tratamiento y prepararse para el lanzamiento de vacunas.”

Basta volver la mirada hacia el año dos mil catorce, que dejó al descubierto la vulnerabilidad del sistema sanitario de nuestro país con las epidemias de la fiebre chikungunya y el dengue, que ya para diciembre de ese año se habían contabilizado alrededor de cincuenta mil casos en total, lo que supuso un desembolso aproximado de un millón de dólares en concepto de incapacidades por esta enfermedad.

Al consultar los datos epidemiológicos publicados por el Ministerio de Salud en su página web, vemos que en 2014, las tres enfermedades más recurrentes, aparte del dengue y la chikungunya, fueron las infecciones respiratorias agudas (2,365,736 casos), la diarrea y la gastroenteritis (334,080 casos) y conjuntivitis bacteriana aguda (61,550 casos), es decir que estas enfermedades propiciaron una crisis de salud en el país sin embargo estas enfermedades pueden ser prevenidas mediante los cuidados higiénicos adecuados, por lo que el papel de las instituciones del Estado, se percibió desastroso no sólo en términos de combate y prevención, sino en el tema de la educación a la población.

Esto puede ser contrastado en la actualidad, que enfrentamos una de las peores pandemias de la historia de la humanidad, que solamente con instituciones fortalecidas y concentradas en priorizar la salud de las personas es que se ha podido combatir de manera eficiente el COVID-19, tomándose grandes e importantes decisiones como el cierre del aeropuerto, una cuarentena anticipada, albergues para tratar medicamente y con alimentación a personas con COVID-19, enviar kit de medicamentos a la casa de las personas con síntomas de la enfermedad,  la construcción del Hospital de El Salvador que ha permitido un aumento significativo de camas en general y en Cuidados Intensivos; descongestionando la red de hospitales públicos y privados donde se ha seguido atendiendo otras enfermedades, entre otras.

Ahora contamos con una vacunación anti COVID-19 muy bien diseñada, con una planificación que pone a la personas más vulnerables al centro, con suficiente personal para atender este programa, llegando a vacunar en un solo día a más de cincuenta mil salvadoreños, además de continuar con los tamizajes comunitarios por parte del Ministerio de Salud.

En ese sentido podemos decir que el presidente Nayib Bukele está cumpliendo con el mandato constitucional, Art. 65 de nuestra Constitución, que expresa “La Salud de los habitantes de la República constituye un bien público”.

Categorizar a la  Salud como bien público implica diversos enfoques, incidencias en la economía, educación, obras públicas, comercio, medio ambiente, entre otros, además de gozar de las características de acceso universal, no suscitan rivalidades, no se impide su uso, tiene un alcance de beneficios, pero de desarrollarse mal, de perjuicios, por lo que debe ser suministrado para todos sin exclusión, ello exige políticas públicas, pues el derecho a la salud inherente a la persona, atributos que pueden palparse en las medidas que se están aplicando en el combate contra el COVID-19.