"En una sociedad democrática el Estado debe garantizar la transparencia en la actuación de los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones oficiales, así como la publicidad en la administración y destino de los recursos y fondos públicos..."

La Sala de lo Constitucional, a través de la resolución de las once horas y doce minutos del día veintitrés de octubre del dos mil diecisiete, bajo la referencia 713-2015, emitió pronunciamiento sobre el incumplimiento de la Presidencia de la República de El Salvador, del fallo proveído el I-IX-2016, en donde se estableció ha lugar el amparo solicitado por el señor Herbert Danilo Vega Cruz, contra actuaciones del Instituto de Acceso a la Información Pública.

El incumplimiento por parte de la presidencia de la República es en relación a la no publicación de la información sobre viajes internacionales en misión oficial realizados por el ex presidente Mauricio Funes, y quien entonces fungía como primera dama, la señora Vanda Pignato, en el período presidencial 2009-2014, y sobre los gastos en actividades protocolarias realizadas en ocasión de la visita de funcionarios extranjeros en dicho período.

La Sala de lo Constitucional solicita en dicha resolución a la Corte de Cuentas de la República, remitir resultados de las auditorías realizadas en donde se informe  sobre las compras de boletos aéreos del señor Funes y la señora Pignato, en base a los datos de viajes oficiales que posee la Dirección General de Migración y Extranjería; la compra de boletos de quienes integraban las comitivas de acompañamiento; otorgamientos de viáticos, gastos de viaje, y cualquier cantidad de dinero que se les haya dado al señor Funes y a la señora Pignato por motivos de viajes en misión oficial y que se informe sobre los gastos en actividades protocolarias realizadas en ocasión de visitas de funcionarios extranjeros durante el citado período.

En esa misma resolución la Sala de lo Constitucional expresa que en algunos casos los requerimientos en base al derecho de acceso a la información que se hacen a instituciones públicas, son hechos con un entendimiento errado acerca de los alcances de dicho derecho, y determina que no debe entenderse de carácter público cualquier información relativa a los ciudadanos que ejercen funciones dentro del sector público.

Los supuestos que determina la Sala como no comprendidas dentro del ámbito de derecho de acceso a la información fueron:

a) Peticiones sobre aspectos superfluos relacionados con la actividades de un funcionario o de una institución particular y que no denotan razonablemente un interés público.

b) Información cuya recopilación y sistematización denoten razonablemente un interés deliberado en neutralizar u obstaculizar el desarrollo normal de las funciones de la institución a la que es requerida.

c) Las peticiones que ya se encuentran publicadas en los canales de comunicación por cada institución estatal y de la cual únicamente se pretenda obtener su sistematización u ordenación en un determinado sentido.

d) Generar información sobre hechos que no tuvieron lugar en presencia de sus actuales titulares y que, en su momento, debieron quedar asentados en acta o cualquier otro soporte documental.

Estos límites al derecho de acceso a la información pública generaron una serie de críticas a la Sala de lo Constitucional, condenado el criterio jurisprudencial tomado pues lo definen como un retroceso al dicho derecho y como una oportunidad para que las instituciones públicas denieguen información basándola en este tipo de criterios.

Cabe señalar que muchas instituciones con un interés partidario evidente, se han pronunciado en contra de estos límites, dificultando el análisis social, ya que sus motivaciones sobre la trasparencia no son objetivas y veraces, más bien enfrentan un cruce de caminos en defensa de la corrupción, perdiendo la ética profesional, que al final terminan haciendo más daño a la dimensión objetiva de la democracia y al mismo orden jurídico de la Constitución.

Es importante comprender lo anterior, ya que que los derechos fundamentales  no deben absolutizarse pues supondría la jerarquización de los derechos constitucionales y dichos derechos son consagrados en la Constitución salvadoreña poseyendo idéntico valor entre sí  (supralegalidad), por tanto cada uno de los derechos tiene límites que deben conocerse y analizarse, asimismo el derecho a la información es una  de las bases del sistema democrático y es imprescindible para fortalecer el Estado Constitucional.

En una sociedad democrática el Estado debe garantizar la transparencia en la actuación de los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones oficiales, así como la publicidad en la administración y destino de los recursos y fondos públicos. Este deber de transparencia está en íntima conexión de interdependencia con el derecho de acceso a la información de interés público.

La transparencia y la rendición de cuentas presupuestarias son necesarias para prevenir, combatir y erradicar la corrupción en el manejo y destino de todos los fondos públicos, el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de la población a estar debidamente informada de los asuntos de interés colectivo, y a conocer la gestión pública y la forma en que se ejecuta y se rinde cuentas del presupuesto general del Estado; obligación que atañe a todos los órganos y dependencias del Estado, sin excepciones.