Sección de Probidad un control ineficaz

Una vez más los diputados fallan, pese a que sus actuaciones deben sujetarse de manera estricta al respeto a la Constitución y la Ley; y además en el ejercicio de sus funciones la Ley les manda a proteger los derechos fundamentales de las personas (Art.16 Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa), le incumplieron a los salvadoreños residentes en el exterior para que ejercieran su derecho al sufragio pasivo en las elecciones 2021.

El derecho al sufragio, por ser un derecho de participación, implica la posibilidad de ir a votar o no (sufragio activo), así también la libertad que acompaña a este derecho de presentarse para una candidatura o de ser elegible (sufragio pasivo).

Pese a lo ordenado por la Sala de lo Constitucional en la sentencia emitida en la Inconstitucionalidad 156-2012, la Asamblea Legislativa omitió regular en el Decreto Legislativo n° 564 la postulación de candidaturas para diputaciones y concejos municipales de ciudadanos domiciliados en el exterior (sufragio pasivo), por ello el máximo Tribunal Constitucional declaró que dicha omisión transgredía la Constitución e incumplía con lo ordenado en la mencionada sentencia.

Sin embargo la decisión de 4 de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional consiente esta conducta omisiva e irrespetuosa de los diputados, al decidir que se sigua prolongando legislar sobre este tema, pues le ordenó a la Asamblea Legislativa realizar las modificaciones y adecuaciones normativas para este fin, en el Decreto Legislativo número 564, con vistas a las elecciones del 2024 (Punto 4 de la resolución de seguimiento de fecha 24 de julio 2020 Inc: 156-2012).

Esta decisión es una más de aquellas que se le critica al máximo Tribunal Constitucional, al admitir la existencia de violaciones a derechos fundamentales pero no dota a la sentencia de eficacia para su ejecución, un elemento por demás básico. De esa manera, resulta inaceptable que se siga solapando las actuaciones de funcionarios públicos que no realizan sus labores, y se dé espacio para que un tema político se vuelva motivo de violaciones a derechos de los salvadoreños.

Sobre este tema ha existido una dilación descarada de la Asamblea Legislativa, atropellando la jurisprudencia constitucional referente al sufragio de los salvadoreños domiciliados en el exterior, y nuevamente la Sala de lo Constitucional al proveer una resolución sin mecanismos que garanticen su eficacia genera la posibilidad de que este tema siga dilatándose -increíblemente- aún más, afectando a todos aquellos salvadoreños que por distintos motivos han tenido que irse del país, muchos aportan con sus remesas al soporte económico del país y siguen sin la oportunidad de poder inscribirse y postularse como candidatos a un evento electoral, siendo el más próximo en el 2021.

 

Consideramos muy acertado el análisis hecho por el magistrado Aldo Cáder al disentir sobre lo resuelto en la decisión de seguimiento Inc. 156-2012, al expresar “no comparto que los efectos de la decisión se hayan diferido hasta los comicios del 2024, porque, según mi opinión en relación con el caso, debió darse primacía a la Constitución y jurisprudencia como fuente de Derecho y a la eficacia del derecho fundamental concernido, sobre cualquier traba procedimental o sobre cualquier escollo formal temporal, en atención exclusiva —como se ha expresado— a la circunstancia de que en el presente caso el retardo en cumplir adecuadamente con la sentencia ha sido excesivo, y de que la autoridad obligada ha dispuesto de un margen prudencial de tiempo para poder cumplirla.”

Por otro lado y respecto al derecho al sufragio activo, la Sala de lo Constitucional sostiene en las resoluciones 1-2020 Controversia y la decisión de seguimiento 156-2012, que no le corresponde evaluar cuál de las modalidades posibles de voto desde el extranjero es más eficaz o eficiente, y que no le compete realizar un juicio de perfectibilidad respecto a lo normado sobre el derecho al sufragio activo en el Decreto Legislativo 564.

Lo anterior dificulta el poder identificar una cohesión en la línea jurisprudencial de la Sala, pues en ocasiones sus sentencias regulan aspectos que ni si quiera se han peticionado, por ejemplo la resolución 35-2015 del 13 de julio de 2016 (referente a la inconstitucionalidad de los diputados suplentes), cuando la Sala incluso se tomó la atribución de suplir la motivación de la demanda, y en esta oportunidad parecía más que oportuno la implementación del voto electrónico, pues por la emergencia de salud por la pandemia mundial del COVID-19, las instituciones deben de velar por la protección del derecho a la vida y a la salud, siendo la tecnología un gran aliado que debiese ponerse al servicio de la población.