Lamentamos que los Órganos Ejecutivo y Legislativo, no hayan alcanzado un consenso en medio de una Emergencia de Salud y continúen irrespetando las atribuciones de cada Órgano por falta de voluntad para colaborar entre sí; no dudamos que el pueblo ha estado observando detenidamente las acciones de cada uno de los Órganos del Estado y por ser sus delegados cada quien responderá según sus responsabilidades, pues el poder emana del pueblo.

Que en medio de dos Emergencias Nacionales, es pertinente que los trabajadores exijan un acuerdo general, por medio de la organización social, en donde los sindicatos desarrollan un rol fundamental, debiendo escuchar las exigencias de los trabajadores de salud quienes requieren una cuarentena lo más prolongada posible y a la vez se establezcan medidas que garanticen los derechos a la alimentación, a la salud, estabilidad laboral, seguridad social, por parte del Estado quien es el responsable de velar por el cumplimiento de estos derechos fundamentales.

En cuanto a la idea capitalista de un sector principalmente de empleadores, respecto a que el virus SARS-CoV-2 no desaparecerá, por tanto a su juicio debemos continuar con una “nueva normalidad”, es de recalcar que para ganar inmunidad grupal toda la sociedad debe pagar un costo en vidas humanas y con una apertura súbita y desordenada de la economía, este costo sería pagado por los más vulnerables y desprotegidos, como los ancianos, los trabajadores, sector informal y quienes estén luchando contra el virus como los policías, soldados, médicos, enfermeros, promotores de salud, etc.

Rechazamos como Revista científica con crítica social, que irresponsables con evidentes intereses económicos antepongan el derecho privado al de la salud y la vida, incitando a emprendedores, comerciantes, a abrir negocios y asistir a sus puestos de trabajo sin un plan de apertura económica, que tenga como eje para su implementación la base médica científica a través de las medidas de bioseguridad según los lineamientos del Ministerio de Salud, que es por ley el encargado de  dictar las normas pertinentes, organizar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con la Salud, en coordinación con el Ministerio de Trabajo.

Consideramos como herramienta jurídica para defender a la población los Decretos Ejecutivos vigentes, como medida urgente y necesaria, mientras no exista una ley de Emergencia que sea acorde a la realidad que estamos pasando, tal como lo ordenó la Sala de lo Constitucional de la CSJ, pues de no existir un Decreto por parte del Ministerio de Salud se estaría violentando los Derechos Humanos de los salvadoreños al exponerlos a un contagio masivo de COVID 19, que solo traería más crisis, muertes y dolor.

Rechazamos que organizaciones de fachada, empleados reconocidos públicamente por personas con intereses políticos partidarios, abusen de los medios recursivos con el fin de desestabilizar el orden social, y a la vez exigimos a la Sala de lo Constitucional que imponga las multas que la ley establece por irrespetar el principio de Buena Fe, para que prevalezca el Estado de Derecho.

Le pedimos al presidente de la República Nayib Bukele que el costo económico que está generando esta pandemia no sea trasladado a los trabajadores, quienes enfrentarán una dura crisis como se ha anunciado a nivel mundial, por ello es necesario que antes de que los trabajadores reinicien sus labores haya una REFORMA FISCAL de tal manera que el que tiene más debe pagar más y por fin se inicie con una política de transformación que tanto ha buscado el pueblo salvadoreño sobre la base de la Justicia Social proclamada en la Constitución de la República.

San Salvador 08 de junio 2020