Asamblea Legislativa continúa sin tomar con URGENCIA la pandemia.

El día viernes veintidós de mayo, la Sala de lo Constitucional publicó el auto de seguimiento Inc. 63-2020, mediante el cual dejó sin efecto el Decreto Ejecutivo 19 y revivió el Decreto Legislativo 593, en donde se declaraba Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia COVID 19.

En dicha resolución la Sala de lo Constitucional advirtió que “suspender el decreto ejecutivo 19 deja al Estado sin una emergencia nacional declarada, lo que influye de forma negativa en el combate a la pademia”.

Tambien la Sala manifestó la necesidad de que el Órgano Legislativo emita leyes que sirvan para combatir la pandemia y hace un llamado a las y los diputados que discutan los proyectos de ley y demás normas que sean necesarias para enfrentar al COVID 19, máxime las que tutelan la vida y la salud.

Es imporante señalar que la figura utilizada por la Sala para que esté en vigencia el decreto 593 ha sido la reviviscencia, en la resolución determina sobre esto que “los jueces constitucionales pueden hacer uso de ella cuando sus decisiones supongan desproteger las garantías positivas o negativas que ya habían sido tuteladas con anterioridad mediante ley, siempre que ello sea idóneo, necesario y proporcional en sentido estricto y de caracter urgente.” “En este caso, la urgencia viene dada por la pública y notoria pandemia por la COVID-19.”

El secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, a través de una conferencia de prensa realizada el día sábado expresó que hacían un llamado formal a todos los diputados, principalmente a quienes no apoyan las medidas del ejecutivo, a que se reunieran ayer mismo a las 4:00 pm, en Casa Presidencial para que dialogaran y pudieran dar una respuesta a las y los salvadoreños.

Sin embargo, pese a que la Sala ha determinado la urgencia de legislar para afrontar la pandemia, por la notariedad pública de la crisis de salud y el número de casos que sigue sin descender, y que se decrete una Ley de Emergencia que garantice los derechos fundamentales de las personas, el presidente de la Asamblea el diputado Mario Ponce, a través de su cuenta de tuiter envió una invitación al Órgano Ejecutivo para que se reúnan hasta el día lunes 25 de mayo en el salón Cuscatlán de la Asamblea Legislativa.

En ese mismo sentido, el diputado Rodolfo Parker, en dicha red social mandó al Ejecutivo a leer el decreto legislativo 645, que lleva por nombre Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la Reanudación de Labores en el marco de la pandemia por COVID-19, para que la estudien y que mencionó que los esperaba el día lunes en la Asamblea.

Con las anteriores posturas se advierte que la Asamblea Legislativa sigue sin cumplir con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, ya que no le dan la urgencia determinada por la misma Sala para enfrentar la pandmeia por COVID 19, además que no han legislado una Ley de Emergencia Nacional sino más bien un decreto para la reanudación de las labores, pese a las denuncias de los trabajadores de salud en los disntitntos hospitales del país, respecto al límite máximo de la capacidad de los servicios de salud que se está percibiendo la red pública.

La dirección de esta Revista ha hecho analisis de la Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la Reanudación de Labores en el marco de la pandemia por COVID-19 y ha advertido serias irregularidades en dicha ley, por ejemplo: la violación al Art. 40 del Código de Salud que establece que es el Ministerio de Salud el encargado de coordinar, organizar y evaluar las actividades relacionadas con la Salud, mientras que la Ley Especial Transitoria pretende establecer un comité que ejerza esas funciones; así como la violación a la garantía de audiencia, derecho de defensa y estabilidad laboral de los trabajadores de la salud; además pretende inyectar más presupuesto a la Asamblea Legislativa por ser quienes estarían a cargo del financiamiento del comité; la reapertura de los centros de trabajo sin bases técnicas de acuerdo al comportamiento de la pandemia; incluso determinan una prohibición de cierre de centros de trabajo; la omisión al no declarar emergencia nacional, etc.; irregularidades que en nada contribuyen a la gobernabilidad y afectan directamente la respuesta que el sistema de salud debe dar a la población para la protección al derecho a la salud y a la vida, principalmente.