"La mejor medida y la más próxima a tomar es la continuidad en la suspensión de plazos judiciales mientras la curva llega a un nivel descendente, de lo contrario los contagios podrían ser masivos..."

Los días pasan y crece la preocupación de los empleados judiciales por retornar a sus centros de trabajo, la práctica forense permite advertir que la mayoría de sedes judiciales no cumplen con las condiciones de higiene y seguridad ocupacional, mucho menos una contención para evitar contagios masivos por COVID 19; el riesgo de contraer el virus es muy alto.

Y no es para menos alarmante, ya que las enfermedades cotidianas en los empleados judiciales son respiratorias, de hipertensión y diabetes, por las funciones que desempeñan en sus labores, que han sido señaladas por la Organización Mundial de la Salud como el grupo poblacional con mayor probabilidad de mortalidad por coronavirus (agregándose a la lista los pacientes renales y cardíacos).

Pero ¿Qué medidas ha tomado la Corte Suprema de Justicia para proteger a sus empleados en sus áreas laborales en esta pandemia?

Muy pocas, a través de distintas circulares firmadas por la señora María Soledad Rivas de Avendaño, Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, se han informado la decisión de los Magistrados, en el sentido de que cada titular de los Juzgados decida qué medidas tomar y como laborar durante la pandemia, no existe una guía a seguir,  ni siquiera una propuesta,  desde el palacio judicial han salido medidas como la suspensión de la práctica jurídica y pasantías para evitar aglomeraciones en los juzgados, así como cambios en el sistema de notificación electrónica (SNE), sin embargo en la práctica no se utiliza esta herramienta de manera masificada, por tanto es desconocido por la mayoría de empleados judiciales y litigantes.

Los Juzgados colapsan de cajas, expedientes, de escritos que rolan de mano en mano y prácticamente no existe distancia para laborar entre los empleados, la realidad que se ve es de escritorios y computadoras compartidas, no hay espacio para atender al usuario, mucho menos para que consulte expediente, en ese mismo espacio es donde se ingieren los alimentos, para hacernos una idea no podemos medir por metros cuadrados la distancia entre el personal pues simplemente trabajan a la par.

Esa es la realidad en la mayoría de sedes judiciales, más grave aún en los edificios con modalidad de centros judiciales integrados, donde se concentra todo pero sin espacio, a diferencia del que gozan los Magistrados de las distintas Salas de la Corte Suprema de Justicia y buena parte de su personal, reflejo de un sistema judicial clasista y selectivo.

Una de las herramientas más trascendentales para hacer contención a la transmisión del virus covid 19 es la tecnología, la informática, el sistema electrónico, los medios electrónicos, que en otros países se le conoce a este conjunto de elementos como Justicia Electrónica.

“Para hacernos una idea no podemos medir por metros cuadrados la distancia entre el personal pues simplemente trabajan a la par…”

Pero hablar de Justicia Electrónica es hablar de modernización, que permita disponer de la tecnología al servicio de la administración y aplicación de impartir Justicia. Pero esta evolución que ha tenido aceleradamente la tecnología, con mayor impulso por la globalización, tal pareciera que es algo desapercibido por los abogados y abogadas, como si el derecho se peleara con el avance tecnológico.

El uso de medios electrónicos si bien está en algunas normativas jurídicas no pasa de ocuparse en el telefax, herramienta que en otras profesiones es desechada por los beneficios del Internet y de las distintas aplicaciones creadas para computadoras y móviles.

Aun así se leen escritos de abogados que reclaman el vencimiento de un plazo “porque no les cayó el fax”, excusas que muchas veces retrotraen el mínimo avance de los medios electrónicos en el derecho, por ello es fácil considerar que la pelea de la tecnología no es con una profesión sino con quien la realiza.

Muchos Juzgados del país poseen conexión a internet, sin embargo el poseer esta herramienta, declarada derecho humano por la ONU, depende de la autorización del Juez o Jueza, quienes no permiten la conectividad por pensar que los empleados pasarán perdiendo el tiempo en la computadora, parecido al dicho de los abuelos “practicar deporte es vagancia”.

Los beneficios del Internet son aplicados por los niños y niñas desde parvularia, nacen con eso,  desarrollan su mentalidad así. El Internet dota de comunicación, acceso y búsqueda de información, que son herramientas extremadamente funcionales en el Derecho, más no son ocupados por muchos empleados de la Corte Suprema de Justicia. ¿De qué puede servir la tecnología si hay jueces y juezas que obstaculizan su utilización?

Los empleados se ven en la necesidad de buscar doctrina, jurisprudencia desde su teléfono móvil e increíblemente muchos jueces impiden que esto suceda y hasta decomisan los móviles de su personal para que “no haya distracción”.

Otra de las herramientas que existen por vía normativa es la utilización de grabaciones para las Audiencias. Sin embargo son pocos los Jueces que hacen uso de esta herramienta, unos temen exponer como se desenvuelven y manejan las Audiencias y buena parte de quienes lo permiten obligan al empleado judicial a transcribir de manera íntegra toda la Audiencia para que haya un respaldo escrito, por si se pierde la grabación, incluso por requerimiento de magistrados de Cámaras para “facilitar el trabajo al momento de conocer el Tribunal superior” desconociendo totalmente que precisamente dentro de los beneficios de los medios electrónicos están la seguridad de evitar el extravío de la documentación y la accesibilidad para la verificación de la información. El papel puede deteriorarse, mojarse, quemarse, etc. en cambio una grabación queda en un respaldo difícil de eliminar, a manera de ejemplo el resguardo en una nube.

Es así como un beneficio de la tecnología, de facilitar el trabajo, se vuelve una carga para el trabajador, pues transcribir las Audiencias grabadas, letra por letra, puede llevar días si es que no semanas, y se acumula el trabajo diario del juzgado. Por ello, bien se dice que la información es poder, pero solo para quienes tienen la capacidad de transformarla en conocimiento.

Otro ejemplo claro de lo difícil que será transformar el sistema de justicia por una justicia electrónica es que el Consejo Nacional de la Judicatura, que se encarga de calificar el trabajo de los Jueces y Juezas, basan muchos de sus parámetros de calificación en ritualismos al papel: foliar hoja por hoja, coser expedientes, llevar expediente copia, se piensa que es un buen trabajador quien cumple con estas normas y no se califica los considerandos y valoraciones de los Jueces para fallar.

Otros países tienen décadas de hablar sobre la justicia decisoria, que trata de coleccionar métodos, medios y propuestas a través de la informática que sirven para auxiliar al juzgador, haciendo una comparación de casos, basándolos en las leyes, jurisprudencia, doctrina y dan un resultado más exacto de qué decisión tomar en el caso.

Cerca de nuestro país, en México hay estados que tienen un avance importante en el uso de los medios electrónicos, se puede consultar el expediente en la web, actualizan a los usuarios por medio de mensajería digital, reduciendo tiempos y costos, agilizando el procedimiento.

En los exámenes de las Facultades de Derecho, así como los exámenes hechos por la misma Corte Suprema de Justicia para el ejercicio del Notariado, prohíben la lectura de leyes en tabletas, laptops o celulares, y requieren llevar una maleta de todas las leyes posibles para contestar las preguntas, buscando obstaculizar el rendimiento de quien se examina, desechan los beneficios de la tecnología.

El primer paso a dar en el sistema judicial  y que ayudaría a evitar contagios en los Centros Judiciales es el trabajo desde casa, y como toda crisis el humano debe reinventarse, siendo una solución la toma de fotografías por parte del secretario o secretaria del Juzgado de los escritos que deben de llegar en papel, por ausencia de normativa vigente que habilite la realización y recepción de escritos digitales, y enviarlo a los empleados para que estos los resuelvan desde sus hogares y envíen por medio de un correo institucional, que de confianza y seguridad al emisor y receptor, el trabajo para que este sea analizado y firmado por el Juez y secretario de actas; una vez firmado pasa al notificador quien fácilmente podría realizar los actos de comunicación por teléfono, incluso en aplicaciones como WhatsAap, Facebook, a través de una imagen de la resolución, tomando en cuenta que los autores sobre la justicia electrónica únicamente exigen que exista una declaratoria de voluntad en donde el litigante autorice ese uso para que sea válido en el proceso además de que pueda ser verificable posteriormente, es decir llevar un archivo digital de respaldo de los actos de comunicación realizados.

Como segundo paso debe crearse una política institucional, clara, objetiva, con etapas de avance por parte de la Corte Suprema de Justicia, que busque la interoperabilidad garantizando el funcionamiento armónico y cohesionado de distintos sistemas, procesos, y aplicaciones. Además debe proponerse legislación que valide la transmisión del papel al documento electrónico para dar seguridad jurídica. Sin embargo este segundo paso no se visualiza a corto plazo, por tanto requiere de un compromiso de la CSJ para acelerarlo y hacer práctica su ejecución.

Mientras tanto de manera urgente y como respuesta mínima los Magistrados deben de dotar de equipo de bioseguridad como caretas, mascarillas, alcohol gel, distanciamiento social a través de la rotación de empleados, teletrabajo, audiencias virtuales, toma de temperatura a los empleados y usuarios en las entradas, además de un protocolo de respuesta que sea divulgado, por si alguien manifiesta los síntomas del COVID 19.

Sin duda consideramos, como lo hemos establecido en otras publicaciones, que no estamos preparados como país, sobre la base de los informes del Ministerio de Salud y otras instituciones médicas, para volver a abrir los distintos centros judiciales, máxime por lo que hacemos saber en este artículo en cuanto a las condiciones de trabajo, por ello la mejor medida y la más próxima a tomar es la continuidad en la suspensión de plazos judiciales mientras la curva llega a un nivel descendente, de lo contrario los contagios podrían ser masivos y esto obligaría nuevamente a otro cierre de actividades y cumplimiento de cuarentena obligatoria, además habilitaría la busqueda de responsabilidad de Jueces o Magistrados sobre los daños a la salud de sus empleados judiciales.