La actividad económica ha sido paralizada para cumplir con el distanciamiento social, la medida más efectiva para enfrentar el covid 19

Hablar de “propiedad” es hablar de exclusividad (Art. 568 CC), de este derecho que es causa de diversas modalidades de apropiación y de juicios legales y humanos. Para Norberto Bobbio la propiedad surge como “el objeto que pertenece a alguno de manera exclusiva, seguido inmediatamente por la implicación jurídica: derecho de poseer alguna cosa, o sea de disponer de alguna cosa de un modo pleno, sin límites.”

El deseo de poseer, no solo queda como aquel derecho que me da un título de disponer sobre algo, va más allá, pues tiene como relación esencial su rol central de la organización económica, social y política, o a lo que Marx llamaría “el complejo sistema de clases y de estratos”. De ahí podemos decir que la “propiedad” es poder y el poder es la propiedad.

La historia nos da la oportunidad de conocer como la propiedad ha dividido el concepto de apropiación al menos en una visión colectiva e individual, y si bien pueden haber cientos de artículos jurídicos que hablen sobre la naturaleza de este derecho, su evolución desde el imperio Romano hasta el Liberalismo irracional y su actualización en el neoliberalismo, sí podemos asegurar que tiene una implicación cultural.

La contemporaneidad del derecho de propiedad pone en la tarima a dos grupos, los que no tienen nada y los que lo tiene todo, es decir los que carecen de propiedad y los propietarios. Los que lo tienen todo hablan de oportunidades, los que carecen de todo hablan de sobrevivencia. Los que lo tienen todo se apoderan de los medios de producción, incluso de los trabajadores, para ellos es un favor darte el dinero con el que sobrevivís, su capacidad de analizar no da más para entender cómo han obtenido esas propiedades o a qué costo, esto es consecuencia de su rol en el comercio jurídico, político, social, que les sitúan en una vida llena de excesos y de privilegios.

Según el último informe de Oxfam publicados a inicios de este año, los 2153 milmillonarios que hay en el mundo poseen más riqueza que 4600 millones de personas (el 60% de la población mundial). En América Latina y el Caribe el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza, aquí el número de milmillonarios en la región ha pasado de 27 a 104 desde el año 2000, profundizándose la extrema pobreza, según informes de CEPAL 66 millones de personas en nuestra región viven en la pobreza extrema.

Así llegamos a un punto trascendental para el derecho de propiedad, y es que la propiedad existe, y solo existe, en la medida en que se reconoce el derecho de posesión al titular por parte de la sociedad, y sobre esto es necesario resaltar que más allá de las normas jurídicas que dan legalidad al derecho de posesión, no se puede hacer a un lado a la historia, y es que cuando los oprimidos se unen para poner un alto a la represión y sumisión que ejercen los poderosos, grandes cosas pasan en favor de la Justicia.

Los poderosos por sí solos no pueden imponer su riqueza o su poder sobre los obreros, para ello necesitan de medios de comunicación, de legisladores, de académicos o “tanques de pensamiento”, de jurídicos, de la fuerza militar, del Estado, de un sistema económico que les beneficie, incluso de trabajadores serviles, todo ello para persuadir a los pobres a través de un discurso de propiedad con el que puedan legitimar su aberrante sed de tener. Precisamente por ello la “gran propiedad” (de las corporaciones, frutos del neoliberalismo) muestran una radical incompatibilidad con la democracia, la justicia, la salud, el bienestar social, la educación e imponen sus propios regímenes capitalistas.

Pero dentro de esta imposición normativa, vista desde la clase trabajadora, la jurisprudencia salvadoreña (en concordancia con la internacional) nos establece que ningún derecho es absoluto, entonces surge preguntarnos:

Si el derecho de propiedad supone la obligación  de los ciudadanos de respetarlo para su legitimidad, o en otras palabras requiere que no haya oposición para su existencia, ¿éste derecho puede ir en contra del interés general de los ciudadanos, que en tiempos de cuarentena podría convertirse en una agresión contra la vida de los más pobres?

Hace un año Forbes publicaba una lista de los empresarios más ricos de Centroamérica, entre ellos ocupaba el puesto número dos Roberto Kriete, del grupo Kriete, con activos totales arriba de los 2000 millones de dólares y con inversiones recientes de 45 millones de dólares. En el lugar tres estaba Mario Simán, del grupo Unicomer, con activos totales arriba de los 1700 millones de dólares, reflejando ingresos por 1160 millones de dólares. En el puesto cinco se posicionaba el señor Ricardo Poma, del Grupo Poma, con activos totales arriba de los 1400 millones de dólares,  con inversiones recientes que ascendían en 175 millones de dólares. En el puesto trece Roberto Murray, del grupo Agrisal, con inversiones recientes de 62 millones de dólares. En el lugar treinta y siete Javier y Miguel Simán, del grupo Simán, con inversiones recientes arriba de 103 millones de dólares, dueños de 6 sucursales en territorio salvadoreño, 2 en Nicaragua y 2 en Costa Rica y dueños del Centro Comercial la Gran Vía. Alejandro Dueñas en el sector de construcción en el lugar treinta y ocho; y no se puede excluir de la lista a Carlos Callejas con su cadena de Súper Mercado y más de 100 tiendas en el país.

No cabe duda que los oligarcas de este país están buscando mantener su posición de poder y control sobre el gobierno, el nombramiento de Javier Simán como presidente de la ANEP lo ratifica, necesitaban que los representara alguien de los suyos con claros intereses políticos partidarios, y esta lucha con la que están enfrentando al gobierno se da porque los oligarcas han estado acostumbrados a siempre imponerse, sin embargo el presidente Nayib Bukele pese a ser un millonario como ellos, ha priorizado la vida y la salud de los que siempre han sido ignorados, de los pobres, quienes respaldan el trabajo que ha hecho el ejecutivo frente a la pandemia (Encuesta de UFG califica con 8.7 el trabajo de  Bukele frente al covid-19, 1 de mayo 2020.).

Por tanto frente a la gran acumulación de dinero en unos cuantos poderosos o “propietarios” versus  miles de personas que tienen poco o nada y que se ha acrecentado su vulnerabilidad en esta crisis de salud, es donde debe aparecer un elemento limitador de cualquier derecho individual, el alcance social. Actualmente tanto los empleados como los micro y medianos empresarios tienen la urgente necesidad de mantener sus trabajos y negocios pese a la medida de cuarentena domiciliar ordenada por el Gobierno, por ser la medida más efectiva para combatir el virus covid 19, por tanto la actividad económica no puede iniciarse a como dé lugar y sin respetar los tiempos, porque eso significaría muertes y daños a la misma economía y a su vez el Estado no puede soportar toda la carga por medio de deudas.

Esta duplicidad de escenarios sin lugar a duda debe de dar espacio para que a los milmillonarios de este país sobre la base del alcance social  se les imponga tributar a la Hacienda Pública un porcentaje de su patrimonio, y así poder inyectar dinero a la economía en el mismo juego que ellos han impuesto, el capitalismo, de lo contrario la economía caería y solo el Estado podría sacarla a flote, un momento propicio para trasformar el sistema económico que afectaría a los mismos milmillonarios.

Sin lugar a dudas el Derecho no puede priorizar ni proteger el derecho de propiedad por encima del bienestar general, y así como la sociedad ha aguantado la opresión de los poderosos en todo tiempo, ahora es momento de que los poderosos respondan conforme a los beneficios que han poseído para hacer sus riquezas, pues ¿Para qué sirve acumular dinero en tiempos de pandemia?

Pasan los años, pasan las épocas, la propiedad es poder y el poder no se auto regula, necesita la lucha de clases para su contención social y solo así poder trascender a una esfera de equidad social.