"Este trabajo establece como hipótesis que la comunidad centroamericana goza de instituciones como la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM) y la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que pueden tutelar los derechos de los migrantes..."

Palabras clave: Emigración, Corte Centroamericana de Justicia, Jurisprudencia, Libre circulación, Identidad centroamericana.

Resumen: Existe un problema de emigración en el triángulo norte de Centroamérica que podría ser solucionado a través de la Comisión Centroamericana de Directores de Migración. Esto permitiría la consolidación de una identidad centroamericana que ha sido el objeto mismo de los impulsos de la integración en Centroamérica. Para lograrlo, se debe establecer al particular como el objeto y fin de la integración económica. Además, es necesario reconocer el principio de la libre circulación.

Introducción.

La Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM) fue creada en 1990 en San José, Costa Rica. El objetivo de su constitución fue “contar con un mecanismo regional de coordinación, concertación y consulta para el tratamiento del fenómeno migratorio. Este es un órgano permanente y de consulta, su fin es atender aquellos asuntos vinculados al mejoramiento de los sistemas migratorios en la región y facilitar el tránsito de los centroamericanos (Reglamento de la Comisión Centroamericana de Directores de Migración, 2000). La OCAM posee ciertas atribuciones y funciones que han sido plasmadas en el artículo 8 del Reglamento de la Comisión Centroamericana de Directores de Migración, algunas de estas son: a) promover estudios, análisis y decisiones que mejoren los mecanismos y sistemas migratorios, además de proponer a las autoridades de los gobiernos de la adopción de disposiciones legales u otros mecanismos para dicho mejoramiento y b) propiciar la adopción de instrumentos migratorios que permitan modificar las políticas migratorias de la región para que estas sean herramientas funcionales dentro del proceso y desarrollo de la integración regional, entre otras establecidas en dicha disposición (Reglamento de la Comisión Centroamericana de Directores de Migración, 2000). Estas atribuciones tienen como objetivo general

mejorar el tránsito de los centroamericanos en la región. Los Estados parte de la OCAM son: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Este trabajo establece como hipótesis que la comunidad centroamericana goza de instituciones como la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM) y la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que pueden tutelar los derechos de los migrantes. Por ello, este trabajo se divide en tres partes: la primera busca desarrollar un marco teórico general sobre las migraciones en Centroamérica, específicamente, en el triángulo norte; la segunda desarrolla el aporte que podría otorgar la OCAM al problema de las migraciones y la última, como la CCJ puede tutelar los derechos de los migrantes. Las metodologías empleadas en este trabajo son dos: el método dogmático se utilizó para determinar si las normas jurídicas constituyentes de la OCAM permiten la creación de propuestas que puedan salvaguardar el derecho de los migrantes y por parte de la CCJ la capacidad de tutelar estos derechos. El segundo es el método deductivo que fue utilizado para determinar como la configuración jurídica de la CCJ, en su respectivo tratado constituyente, incide en las funciones de uniformización de las normas jurídicas comunitarias con el fin de tutelar los derechos que surgen a partir de la comunidad centroamericana y así otorgar seguridad jurídica a los centroamericanos.

La problemática de las migraciones en el triángulo norte de Centroamérica.

Centroamérica ha sido una región con mucha emigración, especialmente su triangulo norte compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras. Según el Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en la Américas (SICREMI), en El Salvador los flujos de emigración en el siglo XX se dividen en cuatro momentos: de 1920 a 1969; 1970 a 1979; 1980 a 1991 y de 1992 a la actualidad; y el destino habitual es Estados Unidos de Norte América (Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas, 2019). Este fenómeno migratorio tiene consecuencias para el desarrollo del país, como el agotamiento de los recursos humanos con educación terciaria calificada, dejándolo con un 11% de población con dicha capacidad educativa, porcentaje que está debajo del promedio del resto de América Latina. Este Estado, actualmente, posee seis millones de habitantes, y al incluirse los migrantes salvadoreños formarían un

total de ocho millones de ciudadanos. Sin embargo, el problema de El Salvador es que ha convertido las remesas de sus migrantes en la base de su economía (Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas, 2019).

En el caso de Guatemala, la emigración comienza en los 70s y se remarca en los años 80s y 90s gracias al conflicto armado interno. Al igual que El Salvador, la mayoría de los guatemaltecos decidieron trasladarse a los Estados Unidos o a México. En los años 90, se calculó que la décima parte de la población de este Estado residía en Norte América. No obstante, actualmente se ha desacelerado el flujo migratorio (Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas, 2019). Honduras, corre con la misma suerte que El Salvador y Guatemala, pues desde 1967 la tasa de emigración de este Estado supera a la tasa de inmigración y la gran mayoría de dicha población se radica en los Estados Unidos. Algunos acontecimientos que han incrementado la migración hacia el exterior han sido el huracán Mitch de 1998, la crisis económica de 2008 y la crisis política del 2009 (Ham & Martinez Murillo, 2014).

Actualmente, existe una emigración masiva proveniente del triángulo norte, específicamente, por Honduras y El Salvador. En el año 2018, se hizo una convocatoria para abandonar este Estado, la cual fue realizada por “activistas y funcionarios de izquierda que en el pasado ya habían ayudado a guiar a los migrantes hacia el norte” (Ahmed, Rogers, & Ernst, 2018). Dicha convocatoria, de color rojo con letras blancas y algunos tonos de azul, rezaba de la siguiente manera: “Autoconvocamos: Caminata del migrante. No nos vamos porque queremos. Nos expulsa la violencia y la pobreza. Nos reuniremos en la gran terminal de San Pedro Sula. México. 12 de Octubre desde las 8 AM” (Ahmed, Rogers, & Ernst, 2018). Según los informes, la decisión de marcharse del país tiene su arraigo en “un esfuerzo por socavar a Juan Orlando Hernández después de una polémica elección” (Ahmed, Rogers, & Ernst, 2018). Dicha elección, que se llevó a cabo el día 26 de noviembre del año 2017, fue entre los candidatos a la presidencia Juan Orlando Hernández y Salvador Nasralla, en la que resultó victorioso el primero de ellos. Sin

embargo, la Organización de Estados Americanos (OEA)1 manifestó que no había una real certeza de dichos resultados y que la única manera de subsanarlo era a través de nuevas elecciones. Los observadores electorales en su momento destacaron que “el proceso electoral estuvo caracterizado por irregularidades y deficiencias” (Malkin, 2017) y por ello no tenía integridad. A partir de ello surgieron diversos conflictos nacionales dentro de Honduras que llevaron a la convocatoria de “siete mil personas” para abandonar el país (Ahmed, Rogers, & Ernst, 2018). Por otra parte, también se sumaron mil setecientos setenta y ocho salvadoreños a la caravana hondureña, no por motivos políticos sino de violencia y pobreza (Agencia EFE, 2018) (Deutsche Welle, 2018).

La posible respuesta de la OCAM ante el problema de las migraciones.

Entonces, se debe preguntar ¿cuál es el aporte que debería generar la OCAM, si es un mecanismo regional de coordinación, concertación y consulta para el tratamiento del fenómeno migratorio? La respuesta a esta pregunta está íntimamente relacionada con los objetivos y propósitos consignados en los artículos 3 y 4 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) (en adelante, Protocolo de Tegucigalpa). El artículo 3 literal c) señala como propósito de la integración “impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la sociedad en su conjunto” (Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, 1991), el literal d) indica que se desea “lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos centroamericanos”, el f) señala que se debe “fortalecer la región como bloque económico para insertarlo exitosamente en la economía internacional” y, por último, h) “promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido económico, social, cultural y político de los Estados miembros y la región en su conjunto” (Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, 1991). Para llevar estos propósitos anteriormente señalados, el

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que es la institucionalidad de la Comunidad de Centroamérica, deberá guiar su actuación de acuerdo a los principios señalados en el artículo 4 del Protocolo de Tegucigalpa, los más relevantes para este estudio son: c) “la identidad centroamericana como manifestación activa de los intereses regionales y de la voluntad de participar en la consolidación de la integración en la región” (Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, 1991), y d) “la solidaridad centroamericana como expresión de su profunda interdependencia, origen y destino común” (Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, 1991). Estos propósitos, fines y principios están íntimamente relacionados con la integración económica que pretendemos alcanzar, pues somos una “comunidad económica-política que aspira a la integración de Centroamérica.” (Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, 1991, pág. art. 1).

El artículo 8 literal c) del reglamento de la OCAM estipula que esta institución tiene la función de “propiciar la adopción de los instrumentos migratorios, en el marco del proceso de integración de Centroamérica…para transformarlas en herramientas funcionales del proceso de desarrollo e integración regional” (Reglamento de la Comisión Centroamericana de Directores de Migración, 2000). Entonces, en conformidad a dicha función la OCAM podría impulsar una política basada en el principio de libre circulación, tal cual es implementado por su referente europeo. Por ejemplo, este modelo estableció, en su momento, el principio de la libre circulación en el apartado 3 del artículo 48 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, el cual estaba conformado por los siguientes derechos: “a) de responder a ofertas efectivas de trabajo; b) de desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miembros; c) de residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un empleo, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables al empleo de los trabajadores nacionales; d) de permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo, en las condiciones previstas en los reglamentos de aplicación establecidos por la Comisión” (Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, 1957).

La implementación de una política similar es necesaria, pues en los tratados fundantes de la integración económica como el Tratado General de Integración Económica Centroamericana y el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, no desarrollan a profundidad el rol que posee el particular en este ámbito. Estos tratados se dedican a desarrollar el intercambio de mercancías o el establecimiento de un arancel común, cuando estas iniciativas requieren de libertad de movimiento de las personas que integran dicha comunidad (Petit Primera, 2014, págs. 141-142). Escuetamente, el artículo 18 del Protocolo de Guatemala menciona la libre movilidad de la mano de la siguiente manera: “Los Estados Parte convienen en procurar la libre movilidad de la mano de obra y del capital en la región, mediante la aprobación de las políticas necesarias para lograr ese propósito.” (Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala), 1993).

Sin lugar a duda, el Protocolo de Tegucigalpa, siendo suscrito por voluntad soberana de los Estados, busca una tutela efectiva para los particulares de la comunidad centroamericana. Entonces, desde estos propósitos y principios, los Estados miembros buscan cimentar la idea de una identidad centroamericana en base a los beneficios que la constitución de la comunidad pudiera aportar a los particulares de la región. Lo cual ha sido reafirmado por la jurisprudencia2 de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ)3, por ejemplo, en el caso PARLACEN, con expediente número 4-8-96, donde se determina que “…los Estados que la integran, en opinión de esta Corte, más que ceder o limitar sus soberanías, han decidido ejercerlas solidaria y armoniosamente, en forma conjunta y coincidente, en propósitos de bienestar común regional e individual…” (PARLACEN, 1996). Se ha constituido una comunidad de derecho que no busca únicamente el beneficio de los Estados en la comunidad internacional, sino también busca desarrollar las

condiciones de vida de los centroamericanos. Tal cual ocurrió en el caso europeo denominado Van Gend & Loos y que fue resuelto en 1963 por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en donde se manifestó que “la Comunidad constituye un nuevo ordenamiento jurídico de Derecho internacional, a favor del cual los Estados miembros han limitado su soberanía, si bien en un ámbito restringido, y cuyo sujetos son, no solo los Estados miembros, sino también sus nacionales” (Van Gend & Loos, 1963).

La tutela efectiva de los derechos de los centroamericanos a través de la jurisprudencia de la CCJ.

Por otra parte, la Corte Centroamericana de Justicia es el órgano judicial de la comunidad y es el órgano idóneo para proteger los derechos de los trabajadores en el goce del principio de la libre circulación. La herramienta ideal para uniformar los criterios que se deben aplicar conforme a dicho principio es mediante la interpretación prejudicial que según el artículo 22 literal k del Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia es una competencia para “resolver toda consulta prejudicial requerida por todo Juez o Tribunal Judicial … encaminada a obtener la aplicación o interpretación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del ‘Sistema de la Integración Centroamericana’…” (Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, 1992). Además, se debe tener en cuenta que, según el artículo 3 del mismo Estatuto, “… su doctrina tendrá efectos vinculantes para todos los Estados, órganos y organizaciones que formen parte o participen en el ‘Sistema de la Integración Centroamericana’, y para sujetos de derecho privado.” (Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, 1992). Por tanto, la jurisprudencia de la CCJ, con la capacidad que tiene de vincular a todos y uniformar criterios, podría asegurar la protección del principio de libre circulación y, además, garantizar la seguridad y certeza jurídica de los que forman parte de la comunidad (Kleinheisterkamp, 2000). Sin embargo, se deben hacer ciertas modificaciones en dicho órgano, pues carece de autoridad en la región. Esto se puede observar claramente en el caso de nulidad del año 2009 presentada por la Asociación de Agentes de Aduanas de Costa Rica en contra del Estado de Costa Rica por probables violaciones al Protocolo de Tegucigalpa, al Protocolo de Guatemala y al Convenio al Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano.

En este caso, la CCJ determinó que se ha conformado una comunidad de derecho y que todos los Estados, instituciones y ciudadanos, en conformidad al artículo 38 del Protocolo de Tegucigalpa, están sometidos a los mismos derechos y obligaciones con el fin de realizar la integración de Centroamérica. Y Costa Rica, a pesar de no haber ratificado el estatuto de la CCJ, si suscribió y ratificó el Protocolo de Tegucigalpa donde se constituyó la competencia y jurisdicción de esta. Si el derecho de la comunidad no fuese uniforme en cuanto su interpretación y aplicación podría ocurrir lo manifestado por dicha corte: “Más grave aún, por otra parte, esa diferenciación tendría un impacto negativo sobre el nivel de protección de los derechos fundamentales y su efectivo ejercicio dentro de la Comunidad de Estados para los particulares del Estado que desconoce las obligaciones comunitaria…” (Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros con Centroamérica, 2012, pág. 15)

Conclusiones y recomendaciones.

Entonces, se requieren de dos aspectos para integrar a los centroamericanos con una identidad como tal y para tutelar efectivamente sus derechos. La primera, debe de tomarse en cuenta al particular en el subsistema de la integración económica, reconocer la libertad de circulación como un principio que conlleve derechos laborales para los centroamericanos, algo que puede ser impulsado sin contrariar alguna norma por la OCAM. La segunda, debe reconocerse la autoridad en jurisdicción y competencia de la Corte Centroamericana de Justicia para realizar una tutela efectiva de los derechos que se han constituido a partir de la comunidad centroamericana. Para esto último habrá que negociar la incorporación de los demás Estados miembros e incluso reformar dicho órgano y que dicha reforma logre encontrar puntos en común entre los participantes. Eso sí, dicha reforma debe tener como objetivo dos elementos: el primero, consolidar a la comunidad como una de derecho y el segundo, consolidar al particular como el verdadero eje de la integración.

* Sobre el autor: JOSÉ ERICK CHÁVEZ MARÍN. Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas “UCA”, 2015. Magister en Ciencias Jurídicas, 2018 por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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