"Es urgente eliminar los fueros, una figura desnaturalizada que se utiliza para actuar en base a privilegios, fomentando la impunidad, una herramienta de la corrupción..."

Suele referirse que el derecho penal en su práctica es un mecanismo de opresión de los gobernados, un instrumento de las clases dominantes, sin embargo esta idea se queda corta, en la práctica se puede advertir que la normativa jurídica penal solo se consolida en los textos, pues existe un gran número de casos en donde los límites de la normativa son rebasados y dependerá su judicialización, y quizás investigación, de quién sea el ejecutor. Ejemplos hay un sinfín, particularmente en el caso de los funcionarios públicos sus actuaciones son tratadas como meras conductas atípicas, aspectos que van más allá del servilismo, esto es así, es el poder en su faceta descarada, donde la vergüenza, la dignidad o el honor no existen.

Claramente la Ciencia Jurídico Penal está conformada por la ciencia política, por eso la broma de un obrero puede costarle la cárcel pero un funcionario que pacte con mafias puede costarle un favor, si acaso, ya que el poder no se autorregula, es invasivo, es flagrante y en el devenir de la historia únicamente se puede contener por la lucha de poderes entre los dominados y los dominantes.

El día de ayer siete de mayo del dos mil veinte, se realizó la sesión extraordinaria para decidir si había lugar a formación de causa en contra del diputado, ex Alcalde de San Salvador, ex presidente de la Asamblea Legislativa, ex candidato a la presidencia del país, el señor Norman Quijano, a solicitud del Fiscal General de la República Raúl Melara, sobre la base del Art.  421 del Código Procesal Penal, por atribuírsele los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, cometidos en el año 2014.

Fue en el proceso “Operación Cuscatlán”, donde un testigo protegido grabó a políticos que pactaron con la MS-13 para que los apoyaran electoralmente en la contienda de la presidencia 2014, donde Norman Quijano era candidato del partido ARENA. Quijano habría pedido votos ofreciendo $100 millones de dólares del dinero del presupuesto del país a la MS-13, si ganaba la presidencia.

Frente a lo anterior ¿Cómo explicar que únicamente 41 diputados (se requerían 43) votaron para despojarle del fuero al diputado Quijano? Y es donde entra en juego otro elemento del Derecho Penal: la desfachatada selectividad.  Naturalmente la Ciencia Jurídica Penal es selectiva, pues sus normas son creadas por quienes ejercen el poder, como dominio de las clases, pero existen casos en donde la selectividad se vuelve una desfachatez, pues como antes dijimos el poder no se auto regula, es así que se entiende que unos diputados a través de una decisión política y no técnica deciden votar en contra, abstenerse e incluso, con más grado de desfachatez, ni siquiera votar, pero se justifican a través de un discurso político, victimizando al acusado, desacreditando el trabajo de la Fiscalía, envileciendo a la Justicia y necesitando de los medios de comunicación serviles a su clase.

Y es que dentro de toda esta pantomima esquizofrénica hecha por los diputados no hay Artículo de la Constitución o del Código Procesal Penal que les haga basar su votación en un análisis técnico y esto se normaliza. Muchas personas de ante mano no creían que iban a desaforar a Norman Quijano, era algo “cantado”, muy pocos esperaban lo contrario, incluso dentro de la Asamblea Legislativa habían diputados que ya lo habían expresado públicamente, todo era una actuación. Pero esta normalización del poder punitivo lo que produce es una somnolencia social, una parálisis social, una espera de nada porque nunca cambia, y es donde los operadores de Justicia llámese fiscales, empleados judiciales, jueces, tienen la tarea de contener ese poder punitivo desbordado, sinvergüenza, y la academia seguir sembrando conocimiento para despertar la conciencia social.

Es por eso que los que luchamos para la contención del poder punitivo del Estado, no podemos seguir esperando que una pelea entre los diputados pueda llegar a ser la causa para desaforar a uno de los suyos, más bien debe de eliminarse esa facultad selectiva de dar protección a funcionarios para ser llevados a un juicio. ¿Alguien puede entender como un diputado, que goza de los mayores privilegios por su cargo, necesita protección por lo que pueda hacer como parte de sus funciones, y un campesino que trabaja la tierra y sobrevive con lo que le pagan no necesita ninguna protección legal?

Es ahí donde la desigualdad fáctica se traduce en una desigualdad jurídica, que necesita del derecho positivo para que el poder no pueda ser regulado, en otras palabras la inmunidad (devenido del poder) se convierte en impunidad, y en consecuencia no podremos tener una democracia consolidada, contrario a ello crece la brecha de desigualdad y los oprimidos deslegitiman las decisiones de los que “nos representan”.

La evolución de la sociedad, de la ciencia social que es un segundo elemento de la Ciencia Jurídico Penal, nos muestra que aquella idea de que los legisladores necesitan inmunidad para evitar la intromisión del Órgano Ejecutivo o Judicial  en la esfera de su actuación legislativa, es decir evitar la intromisión externa como garantía del libre ejercicio del mandato constitucional es simplemente una falacia, es una trampa del legislador para auto protegerse, es una clara violación al principio de Igualdad, es un privilegio que les facilita cumplir lo que los poderosos económicamente les exigen, pues los partidos políticos se blindan (así como otros grupos de poder) a favor de sus intereses particulares corruptos, y linchan cualquier afán de la clase trabajadora de construir justicia social.

Por ello es urgente eliminar los fueros, una figura desnaturalizada que se utiliza para actuar en base a privilegios, fomentando la impunidad, una herramienta de la corrupción.