1. Introducción

Este artículo tiene como objetivo desarrollar una problemática recurrente y común en realidad de El Salvador y que se determina por el origen de la responsabilidad civil que se genera a partir del estacionamiento o parqueo de vehículos. Aquellos quienes prestan este servicio, generalmente, muestran diversas advertencias sobre: “la empresa no se hace responsable de los daños o robos a sus vehículos”, sin embargo, estos realizan un cobro por el uso del estacionamiento. Por otra parte, también existen parqueos que son gratuitos, por ejemplo, el parqueo del Centro Comercial de la Gran Vía y que muestran la misma política de los parqueos privados. ¿Al utilizar estos servicios se realiza un contrato? Sí, existe un contrato que puede ser gratuito u oneroso, temporal, real, etc[1].

Entonces, el análisis de este trabajo recaerá en los parqueos o estacionamientos que son brindados por las empresas de bienes y servicios, sin importar si es un servicio gratuito u oneroso. La hipótesis que se desea demostrar es la siguiente: los daños o robos al vehículo son responsabilidad de la empresa de bienes y servicios que proveen dicho estacionamiento, sea gratuito o no. Los métodos jurídicos por utilizar en este ensayo serán los siguientes: el método dogmático y el método comparado. En cuanto el primero, éste se implementará para el análisis de la legislación actual con respecto a la responsabilidad civil y el segundo, se utilizará para contrastar cómo se ha resuelto este problema en Chile, debido a que nuestros códigos civiles comparten un origen común, y construir a partir de dicha experiencia una solución práctica para el tema.

Marcelo Barrientos Zamorano, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, propone en su artículo “Jurisprudencia por daños en estacionamiento de vehículos regido por la Ley del Consumidor”, una estructura para estudiar este tema y que se comparte en este ensayo por su practicidad, ésta es la siguiente: “i) Naturaleza jurídica de un contrato de estacionamientos fuera de la “Ley del Consumidor”. ii) El contrato de estacionamiento en la “Ley del Consumidor”. iii) La indemnización de perjuicios por daños en contratos de estacionamiento. iv) Jurisprudencia sobre daños reparables dentro de un estacionamiento regido por la “Ley del Consumidor””[2]. Se debe hacer una salvedad a dicha estructura, pues el estacionamiento, cómo objeto de protección al consumidor, no está contemplado en nuestra Ley de Protección al Consumidor que tiene vigencia desde el año 2013 y que también ha sido reformada en el año 2018.

II. La naturaleza jurídica del contrato de estacionamiento

a) Contrato de estacionamiento entre particulares.

El arrendamiento de estacionamiento es regido por la norma general, en este caso el Código Civil, pues no hay una norma expresa en la legislación nacional que lo establezca. Por tanto, las normas que regirán dicho contrato serán las del contrato de arrendamiento. En la actualidad no es tan común el arriendo de un parqueo especifico, pero con el incremento de construcciones de apartamentos pueden suceder casos en los que el espacio reservado sea puesto en arrendamiento por alguno de los inquilinos de dicho edificio. En Chile el arriendo de un parqueo dentro de los edificios de apartamentos es una realidad y generalmente dicho contrato se fija por tiempos específicos (días, meses o por año) y se establece una cantidad especifica de pago[3]. En estos casos el arrendatario del estacionamiento es un mero tenedor del cupo de parqueo, es decir, lo usa y goza. Generalmente este tipo de contratos es consensual, pues no existe documentación de un contrato. Dicho contrato no toma con importancia el tipo de vehículo que se utilizará para parquear en el cupo asignado, sino que lo relevante en el negocio jurídico es la persona con quien se ha celebrado el mismo[4]. Tampoco es común que el arrendador adquiera una obligación de custodia sobre el vehículo, sin embargo, se puede generar si así es acordado.

En estos casos, cuando no hay obligación de custodia, no es tan implícito que exista el deber de custodia del arrendador, pues en dichos edificios hay libre acceso a su estacionamiento, sin que exista un mayor control por parte del edificio mismo. Esto se debe a dos razones: a) “de la salida o entrada del lugar en donde se encuentra el vehículo, de ordinario se facilita clave o control de acceso al arrendatario, sobre todo si de edificios o copropiedades inmobiliarias se trata; y ii) cualquier copropietario o a quien se haya autorizado por alguno de éstos, pueden ingresar al lugar sin mayor escrutinio”[5].

Uno de los problemas que surge de estos arrendamientos de estacionamientos de las propiedades inmobiliarias se puede traducir en una pregunta: ¿cómo garantizar la seguridad del edificio, si no hay control? En la Ley de Propiedad Inmobiliaria por Pisos y Apartamientos, vigente desde 1961, no establece nada específico sobre los estacionamientos, ¿podría aplicarse el artículo 12 literal d) de dicha ley? Esta disposición textualmente expresa que “Se prohíbe a los propietarios de los pisos o apartamientos y a quienes los habiten a cualquier título: d) Ejercer actividades que comprometan la seguridad del edificio”[6], pero esto es un hecho incierto. Por otra parte, también dependerá de los reglamentos de cada una de estas propiedades de pisos y apartamentos, pues tal como lo señala el artículo 26 de la misma ley, el reglamento de administración de cada edificio tiene como fin regular el funcionamiento correcto del mismo, entre ellas la “regulación del uso de las cosas comunes”[7]. Sin embargo, tal y como apunta Barrientos, el propietario puede alegar una limitación a su derecho de propiedad y que se encuentra protegido, en el caso de El Salvador, en los artículos 2 y 11 de la Constitución de la República[8].

b) Contrato de estacionamiento en la vía pública.

Luego del análisis del anterior, Barrientos hace un análisis del contrato de estacionamiento en vía pública. La diferencia de éste con el anterior es que este último es un servicio provisto por las municipalidades a cambio de un pago que tiene una dependencia con el tiempo de su uso. Este pago está en beneficio de la propia municipalidad. Por ejemplo, en el caso de la Alcaldía Municipal de San Salvador, está normado por la Ordenanza Reguladora del Estacionamiento de Corta Duración en la Vía Pública Controlado por medio de Parquímetros en el Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador.  Dicha ordenanza tiene por objeto regular el uso del espacio público que es utilizado para el estacionamiento de corta duración por medio de parquímetros. En este caso, el artículo 8 de dicha ordenanza prescribe que las zonas de estacionamiento cuentan con vigilancia durante los horarios determinados[9]. Sin embargo, no menciona qué ocurriría en casos de daños sufridos en el vehículo.

c) Estacionamiento en hotel o motel.

En el caso de los hoteles y moteles, el Código Civil establece esta figura en el “depósito necesario” contemplado en el título XXXII, capítulo II de dicho Código. Y, en este caso, no hay mayor problema al respecto, pues su artículo 1999 establece que “el posadero es responsable de todo daño que se cause a dichos efectos por culpa suya o de sus dependientes, o de los extraños que visitan la posada, y hasta de los hurtos y robos; pero no de fuerza mayor o caso fortuito, salvo que se le pueda imputar a culpa o dolo.”[10]

Habiendo determinado los diversos tipos de contratos que pueden surgir entre el arrendante y arrendatario de un estacionamiento, es necesario responder a la siguiente pregunta: ¿Qué reglas deben aplicar para dichos contratos? La realidad salvadoreña dista de la chilena, pues en este último se ha determinado en su ordenamiento jurídico que los estacionamientos se rigen por la “Ley del Consumidor” cuando están permanentemente destinados y abiertos al público[11]. Sin embargo, Barrientos hace mención que no todos los contratos generados por arrendamiento de estacionamiento pueden considerarse bajo la Ley del Consumidor, pues éste reúne características propias que no se cumplen en los casos anteriormente mencionados[12]. Claramente, el vehículo es un bien mueble y el estacionamiento es un espacio ajeno dónde dicho bien se deposita. Se generan ciertas expectativas: al que cede el espacio, recibir una cuantía pecuniaria por permitir que el depositante utilice su espacio y el depositante espera que dicho estacionamiento sea exclusivo, que su vehículo sea vigilado y custodiado mientras el contrato esté en efecto, además, recuperar el vehículo de la misma manera en que este lo dejó.

La voluntad, en cuanto a la modificación de los precios, no tiene mayor influencia en este tipo de contratos, pues son de adhesión[13]. El depositario muestra los precios equivalentes en tiempo y las normas que se deben seguir, por ejemplo, al terminar su uso se debe pagar “x” cantidad por “x” tiempo de uso y el depositante elije si acepta o no los términos y condiciones. En el caso salvadoreño, entonces, ¿la única respuesta es la figura del depósito como en los hoteles? O ¿se deben aplicar las reglas generales de la Ley del Consumidor? Para obtener la respuesta se debe analizar la Ley del Consumidor de El Salvador y de ahí es posible determinar ciertos parámetros de similitud con la chilena.

III. Ley del consumidor salvadoreña y chilena.

Primero, se debe determinar el objeto, finalidad y ámbito de aplicación de ambas leyes. En el caso de la salvadoreña ésta se fija en los artículos 1 y 2 de la Ley del Consumidor. El artículo 1 señala dos objetivos: a) proteger los derechos de los consumidores y b) establecer el sistema nacional de protección al consumidor y la defensoría del consumidor. El fin, también establecido en dicha disposición, es procurar el equilibrio, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre los consumidores y proveedores. Luego, el artículo 2 de la misma ley manifiesta su ámbito de aplicación, esto es: los negocios jurídicos que surjan entre consumidores y proveedores, personas naturales o jurídicas, cuando estén relacionados a la distribución, depósito, venta, arrendamiento comercial o cualquier otra forma de comercialización de bienes, o contratación de servicios[14]. Podría pensarse que la figura del estacionamiento podría ser considerada dentro del depósito de esta ley, sin embargo, ésta solo hace referencia a bienes envasados o empaquetados[15]. Por otra parte, el artículo 11 establece que dicha ley es la que protege los intereses económicos y sociales de los consumidores, por lo tanto, estarán protegidos por los términos de ésta y supletoriamente por lo establecido en las normas civiles, mercantiles, etc[16]. El artículo 22 regula los contratos de adhesión y en éstos solo incluye aquellos contratos que sean por escrito e impresos.

 

Entonces, en El Salvador hay una indefensión para aquel que utilice un estacionamiento privado o público, pues no existe una figura específica que lo regule. La única figura, hasta este momento, que podría aplicarse es la del depósito, la cual garantiza la guarda y restitución de la cosa, sin embargo, la obligación de seguridad no está establecida en dicha figura jurídica. Esta obligación, en el caso chileno, se constituye en la ley 19.496, también conocida como la Ley del Consumidor. En el artículo 15 A de dicha ley se establece que “los proveedores que ofrezcan servicios de estacionamiento de acceso al público en general, cualquiera sea el medio de pago utilizado, se regirán por las siguientes reglas: … 5. Si, con ocasión del servicio y como consecuencia de la falta de medidas de seguridad adecuadas en la prestación de éste, se producen hurtos o robos de vehículos, o daños en éstos, el proveedor del servicio será civilmente responsable de los perjuicios causados en el consumidor, no obstante, la responsabilidad infraccional que corresponda de acuerdo a las reglas generales de esta ley. Cualquier declaración del proveedor en orden a eximir o a limitar su responsabilidad por hurtos, robos o daños ocurridos con ocasión del servicio no producirá efecto alguno y se considerará como inexistente.”[17].

En otras palabras, el rótulo que, generalmente, se coloca en los parqueos de El Salvador, al menos bajo esta ley chilena, no sería válido. A pesar de que no tengamos una ley que expresamente así lo que explique, podríamos hacer un símil con lo que establece la legislación chilena, pues de acuerdo al artículo 3, letra d) de la misma ley, se establece que “Son derechos y deberes básicos del consumidor: d) La seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan afectarles.”[18]. En ese sentido, nuestra ley manifiesta como disposición general lo siguiente: Artículo 6.- Los productos y servicios puestos en el mercado a disposición de los consumidores no deben implicar riesgos para su vida, salud o seguridad, ni para el medio ambiente, salvo los legalmente admitidos en condiciones normales y previsibles de utilización.”[19] Estos riesgos deben ser previamente informados a los consumidores por medios apropiados. Según Barrientos, la obligación de seguridad es una profesional y de medios, y la diligencia exigible es aquella que se determina por el conjunto de prácticas aceptadas como adecuadas para llevar a cabo un servicio, conocida como la “lex artis ad hoc”[20]. Dicha exigencia se justifica en la satisfacción del acreedor por la prestación comprometida, lo cual difiere de las obligaciones de resultado, pues es dicho resultado lo que se analiza. Es una de medios porque la culpa en la organización es lo fundamental en este tipo de obligación. También se genera una obligación de información, tal como lo estipula la ley, con ello debe expresarse en forma satisfactoria las condiciones del contrato, su visibilidad debe ser clara y precisa con sus respectivos horarios, funcionamiento y su uso[21].

En la práctica salvadoreña, al menos cuando se visitan algunos de sus centros comerciales como Multi Plaza, Galerías, etc., es que una máquina nos otorga un ticket y en el mismo no aparece ninguna información al respecto de las condiciones o clausulas contractuales, simplemente, de vez en cuando, el usuario se percata del letrero que anuncia que los daños o robos al vehículo no es responsabilidad de la empresa. Para Barrientos, dicha exoneración es abusiva, pues no ha sido una negociación previa e individual, hecho que sería engorroso, pero su dificultad no se debe interpretar a favor del proveedor. En realidad, la imposibilidad de negociar este tipo de clausulas debe ser interpretada a favor del consumidor por “el principio de protección implícito en la ley misma que señala que ante la desigualdad de las posiciones de los contratantes, las clausulas deben interpretarse a favor del consumidor.”[22]. Esto mismo es el objeto de la ley del consumidor de El Salvador y así se estipula, implícitamente, dicho principio en el artículo 1 donde se esboza su objeto: “El objeto de esta ley es proteger los derechos de los consumidores a fin de procurar el equilibrio, certeza y seguridad jurídica en sus relaciones con los proveedores…”[23]. Además, el artículo 4, literal l, de la misma ley, determina lo siguiente: “Sin perjuicio de los demás derechos que se deriven de la aplicación de otras leyes, los derechos básicos de los consumidores son los siguientes: l) Ser protegidos de prácticas abusivas y de la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos;”[24] La cláusula del rótulo de exoneración de responsabilidad solo permite un desequilibrio en las obligaciones, en la que el proveedor del servicio del estacionamiento no se hace responsable por el cuidado del vehículo del usuario. Además, como señala Barrientos, es el empresario que está imponiendo un límite o renuncia a los derechos del consumidor, pues está justificando una cláusula en la que se está expresando una eventual falta de cumplimiento de las obligaciones y de su actuar en la vigencia del contrato[25]. Hacer que el consumidor renuncie a sus derechos o establecerle limites a su ejercicio es contra legem y así se establece en el inciso primero del artículo 5 de la Ley del Consumidor “Los derechos que esta ley reconoce a los consumidores son irrenunciables anticipadamente y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos o prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.”[26] Esto también se reafirma en el artículo 17, donde se estipulan las clausulas abusivas, que manifiesta lo siguiente: “Se consideran cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones que, en contra de las exigencias de buena fe, causen en perjuicio del consumidor, un desequilibrio en los derechos y obligaciones de las partes, tales como: a) Exonerar, atenuar o limitar la responsabilidad de los proveedores en relación a los daños causados por el consumo o uso de los bienes o servicios prestados;… c) Desnaturalizar las obligaciones derivadas de la contratación a cargo de los proveedores; d) Renunciar anticipadamente a los derechos que la ley reconoce a los consumidores o que, de alguna manera limiten su ejercicio o amplíen los derechos de la otra parte…”[27]. Por tanto, se espera que ambas partes actúen de buena fe, es decir, la confianza que debe existir entre ambos, la fidelidad, sinceridad y la veracidad en el negocio. Lo que se espera en este caso es que el proveedor del estacionamiento sea diligente en el cuidado del vehículo y que el usuario pague el servicio utilizado. Si no se actuara de buena fe, las expectativas del consumidor se verían en detrimento por las cláusulas abusivas causando así un desequilibrio en las prestaciones de ambas partes[28].

 

Estas disposiciones, chilena como salvadoreña, protegen a los consumidores en sus respectivos Estados. Los artículos salvadoreños, anteriormente mencionados, resguardan la relación de consumo entre el proveedor del servicio de estacionamiento y el usuario, y, por tanto, el último goza del derecho de la seguridad en el consumo. Esto conlleva que podrá ser indemnizado por daños ocurridos en el estacionamiento, pues el ofertante del servicio no ha cumplido con una de las obligaciones fundamentales que es el cuidado del vehículo. Dicha seguridad que se debe proveer incluye a todo el vehículo y los productos que este contenga. Según Barrientos, “La seguridad en el consumo ha de ser garantizada por el proveedor en términos tales que… es posible demandar indemnización de perjuicios si los vehículos de los consumidores no son resguardados y custodiados por el proveedor. Supletoriamente entonces cabría acudir a las normas del depósito y del contrato de arrendamiento de los artículos 2111 ss. y 1915 ss. CC. respectivamente.”[29]. Ahora se debe analizar como se procederá a solicitar la indemnización de perjuicios por daños en este tipo de contrato.

IV. La indemnización de perjuicios por daños en contratos de estacionamiento.

Al haber incumplimiento por una de partes, el conflicto deberá resolverse mediante la responsabilidad contractual. Por ello, se procederá con el cumplimiento forzado de la obligación o se solicitará la resolución del contrato, ambos casos permiten la indemnización de perjuicios por el incumplimiento. Los que responderán por este incumplimiento son: el dueño o el aparente dueño del estacionamiento y sus dependientes. Quien sea que explote el estacionamiento, ya sea en calidad de dueño, arrendatario, subarrendatario, concesionario, ya sea persona natural o jurídica, deberá responder ante el incumplimiento de su obligación de seguridad.

Por otra parte, tendrá que probarse que el incumplimiento se llevó a cabo en el estacionamiento y que la obligación de seguridad que tendría que haber cumplido el ofertante fue incumplida por su parte. Para lograrlo se pueden utilizar: el boleto de pago del estacionamiento, hacerse una queja formal ante el establecimiento o solicitar la presencia policial para el levantamiento de un acta que compruebe que el vehículo se encontraba en el estacionamiento a la hora del percance.

El daño que sufre el usuario debe tener su origen en la falta de ejecución de la obligación de seguridad, vigilancia y custodia. Esto es lo que permite vincular un nexo causal entre el incumplimiento y los hechos que se alegan. Según Barrientos, este problema tiene una tendencia hacia la objetivación de la responsabilidad del ofertante por dos razones: a) la inversión de la carga de la prueba y b) el grado de diligencia que es mayor comprendiendo normas de seguridad, la cual se basa en una apreciación de culpa en relación a las expectativas del consumidor[30]

* Sobre el autor: JOSÉ ERICK CHÁVEZ MARÍN. Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas “UCA”, 2015. Magister en Ciencias Jurídicas, 2018 por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Bibliografía:

  1. Barrientos Zamorano, Marcelo (2010): “Jurisprudencia por daños en estacionamiento de vehículos regido por la “Ley del Consumidor”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, N°34, pp: 39-73.
  2. Bañados, Angélica (2016): “¿Qué debo saber para arrendar mi estacionamiento?”. Disponible en: http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=274040. Fecha de consulta: 20 de febrero del 2019.
  3. Estacionamientos en arriendo en Santiago (s/a): Disponible en: https://www.portalinmobiliario.com/arriendo/estacionamiento/santiago-metropolitana. Fecha de consulta: 20 de febrero del 2019.
  4. Vázquez López, Enrique (2010): “La “Lex Artis ad hoc” como criterio valorativo para calibrar la diligencia exigible en todo acto o tratamiento médico. A propósito de un caso basado en la elección de la técnica empleada en el parto (parto vaginal vs. cesárea)”, Cuadernos de Medicina Forense, Vol. 16, N° 3: pp. 179-182

Normas citadas:

  1. Ley de Propiedad Inmobiliaria por Pisos y Apartamientos (27/02/1961).
  2. Constitución de la República de El Salvador (16/12/1983)
  3. Ordenanza Reguladora del Estacionamiento de Corta Duración en la Vía Pública Controlado por medio de Parquímetros en el Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador (06/09/2001).
  4. Código Civil de la República de El Salvador (04/02/1858).
  5. Ley del Consumidor de la República de El Salvador (10/06/2015)
  6. Ley 19.496 (07/03/1997), Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores

[1] Barrientos (2010) p. 41

[2] Barrientos (2010) p. 41

[3] Barrientos (2010) pp. 41-42, véase, por ejemplo: Bañados (2016); Estacionamientos en arriendo en Santiago (s/a)

[4] Barrientos (2010) p. 42

[5] Barrientos (2010) p. 42-43

[6] Ley de Propiedad Inmobiliaria por Pisos y Apartamientos de 1961

[7] Ley de Propiedad Inmobiliaria por Pisos y Apartamientos de 1961

[8] Ver artículos 2 y 11 de la Constitución de la República de El Salvador de 1983

[9] Ver artículos 1 y 8 de Ordenanza Reguladora del Estacionamiento de Corta Duración en la Vía Pública Controlado por medio de Parquímetros en el Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador del 2001.

[10] Ver artículo 1999 del Código Civil de la República de El Salvador de 1858.

[11] Barrientos (2010) pp. 47-48

[12] Barrientos (2010) p. 48

[13] Defensoria del Consumidor (2015) p. 24

[14] Ley del Consumidor de la República de El Salvador del 2015

[15] Ver artículo 26 de la Ley del Consumidor de la República de El Salvador del 2015

[16] Ley del Consumidor de la República de El Salvador del 2015

[17] Ley 19.496 de 1997

[18] Ley 19.496 de 1997

[19] Ley del Consumidor de la República de El Salvador del 2015

[20] Vázquez López (2010) p. 179

[21] Barrientos (2010) p. 50-51.

[22] Barrientos (2010) p. 52

[23] Ley del Consumidor de la República de El Salvador del 2015

[24] Ley del Consumidor de la República de El Salvador del 2015

[25] Barrientos (2010) p. 52

[26] Ley del Consumidor de la República de El Salvador del 2015

[27] Ley del Consumidor de la República de El Salvador del 2015

[28] Barrientos (2010) p. 53

[29] Barrientos (2010) p. 55

[30] Barrientos (2010) p. 58