1- El accionar de la FGR, a través de la Unidad especializada de Extinción de Dominio, puede considerarse desleal, en vista que en ningún momento, no se estipula en los acuerdos para beneficio de proceso abreviado o criterio de oportunidad, que las declaraciones que viertan los imputados serán utilizadas contra ellos...

¿PROHIBICIÓN DE AUTO-INCRIMINACIÓN EN EL PROCESO EXTINCION DE DOMINIO DEVENIDO DE ESCENARIOS PENALES COMPLEJOS? UNA VALORACION CRÍTICA.

En El Salvador, ha habido poco respeto a los derechos humanos, y mucho menos a las garantías procesales. Estos siempre son vistos como un obstáculo para el ajusticiamiento; ya que muchas personas creen que entre mayor represión y supresión de derechos fundamentales, equivale a “más justicia”, llevando así a tener una mentalidad de alienación punitiva[1], al extremo que incluso páginas electrónicas en redes sociales llegan casi a publicar exclusivamente condenas[2], ya que para muchos, eso es justicia.

Hoy, en plena cruzada punitiva contra la corrupción o con lo que se parezca a ello, se pretende maximizar todas las herramientas de política criminal, con la cual el Estado de El Salvador se ha blindado: procesos penales por lavado de dinero, peculado, el criterio de oportunidad, el proceso de extinción de dominio, entre otros. Con esto, no se quiere hacer referencia que sea malo perseguir y castigar las lacras delictivas con las herramientas que se tiene, únicamente esa lucha debe de ser coherente, proporcional y respetuosa de los derechos y garantías fundamentales.

Ante ello, existen procesos de alta exposición mediática, en los cuales ha habido testigos con criterio de oportunidad, confesiones para acceder a procesos abreviados y cualquier otro tipo de prueba para hacer efectivo el combate contra la corrupción; sin embargo, no se menciona que estas confesiones, estas declaraciones de testigos con criterio de oportunidad, son certificadas y pretendidas a ser utilizadas en procesos de extinción de dominio.[3]

Es por ello, que este artículo no pretende ser una defensa para aquellos imputados mediáticos, ya que cuentan con sus abogados defensores, sino, utilizar esa experiencia para estudiar si existe una prohibición de auto-incriminación en los procesos de extinción de dominio cuando devienen de escenarios complejos.

Se pregunta el lector: ¿escenarios complejos en los cuales pueda discutirse la prohibición de auto-incriminación en un proceso de extinción de dominio? Esos escenarios pueden tener diferentes elementos: confesiones judiciales para acceder a procesos abreviados, declaraciones en calidad de testigos con criterio de oportunidad, escuchas telefónicas, o declaraciones de múltiples imputados en procesos penales de lavado de dinero, peculado, evasión de impuestos, etc.

Para mejor comprensión y llegar a una conclusión en el presente artículo, se discutirá sobre la prohibición de auto-incriminación, el criterio de oportunidad, la confesión extrajudicial en el marco de un proceso abreviado, la prueba trasladada, sobre la carga de la prueba en el proceso de extinción de dominio y finalmente, exposición de ejemplos y una crítica conclusiva respecto a la pregunta planteada en este artículo.

Prohibición de auto-incriminación.

La prohibición de auto-incriminación se ha desarrollado como una manera de limitación para el poder del Estado, en el que trate de utilizar la fuerza o cualquier tipo de actividad en la cual busque quebrar la voluntad del imputado, y logre proporcionar información de su participación o sobre el hecho delictivo sin la presencia de un defensor o siguiendo el cumplimiento de ciertas formalidades legales.[4]

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, abreviada Corte IDH, ha desarrollado jurisprudencia alrededor del Art. 8.2 literal G de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), según la cual no tendrán valor probatorio aquellas declaraciones del imputado, que provengan de la tortura o aquellos actos que, sin ser tortura, materialicen una coacción contra el imputado, conforme al caso Cabrera García y Montiel Flores vs México.[5]

De igual manera, la prohibición de auto-incriminación no solo se basa en medios coactivos contra el imputado, sino también mediante aquellos medios engañosos en las que se pretende obtener una confesión. ROXIN se ha pronunciado respecto a ello, enfatizando crítica a la jurisprudencia del Tribunal Federal Alemán, en la que no se pueden justificar simulación de llamadas por parte de autoridades judiciales para obtener una confesión extra-judicial o mediante escuchas telefónicas encubiertas.[6]

Por tanto, no puede haber, al menos en Latinoamérica, manera alguna de obtener confesiones del imputado por medio de coacción o engaños, teniendo esto como consecuencia, la exclusión probatoria de valoración judicial, conforme al Art. 93 del Código Procesal Penal (CPP).

Sin embargo, pueden darse circunstancias en las que un imputado quiera confesar los hechos delictivos en los que ha participado, para obtener beneficios procesales y no ser procesado penalmente.

Criterio de Oportunidad de la acción penal.

¿Renuncia el imputado a la presunción de inocencia?

Aunque no es una pregunta retórica, se ha considerado que en un escenario donde no hay negociaciones complejas de criterio de oportunidad, se ha enfatizado que no pierde la presunción de inocencia por medio de una confesión, ya que la confesión deberá ser corroborada con otros elementos de prueba.[7]

Sin embargo, cuando se otorga un criterio de oportunidad, conforme a los Arts. 18-20 CPP, se hace a un lado la presunción de inocencia, para que se materialice lo denominado como “derecho penal premial”, el cual aplica como una excepción al principio de legalidad penal para volver transaccional la justicia penal, siempre respetando lineamientos y pruebas suficientes que puedan inculpar al futuro colaborador eficaz.[8]

Es de destacar que ahora, al imputado incriminado, ya no le estarían operando las garantías como inculpado dentro de un proceso penal, ya que su calidad jurídica cambia hacia la de un testigo, por lo que deberá cumplir con todas las reglas estipuladas para ellos, llegando incluso a ser procesado y condenado por falso testimonio en caso de rendir declaraciones falsas.[9]

En este sentido, la confesión en la cual está incurriendo el inculpado, ahora testigo con criterio de oportunidad, no es utilizada en su detrimento, sino más bien, se usa para llegar a otros hechores delictivos, sobre los que una investigación criminal ordinaria no podría dar con ellos.

Para obtener un criterio de oportunidad, se tiene que tener en cuenta la Política de Persecución Penal de la Fiscalía General de la República (PPP.FGR), según la cual deberá entrevistarse al testigo con criterio de oportunidad, la cual servirá como insumo para iniciar el proceso penal. Así también, en caso de otorgamiento del beneficio, debe materializarse un acuerdo de criterio de oportunidad.

Este acuerdo de criterio de oportunidad, no está debidamente explicado en la Política de Persecución Penal de la Fiscalía General de la República; en ésta se alude a la importancia del acuerdo en el Art. 38 literal E de la PPP.FGR, ya que se menciona que en él se establecerá qué tipo de responsabilidad tendrá el imputado-colaborador eficaz.

Inclusive, deberá obrar una separación de la información proporcionada por el testigo con criterio de oportunidad con respecto al acuerdo materializado, eso con el fin de proteger al testigo beneficiado y a terceras personas, eso acorde con el Art. 15 literal E de la PPP.FGR.

La normativa procesal penal, a través del Art. 22 CPP ya enfatiza con qué requisitos deberá contar el acuerdo de criterio de oportunidad, siendo éstos: la identificación de los sujetos que negocian, el resumen de las negociaciones previas, la relación de los hechos en que ha participado el imputado beneficiado, determinación de declarar sobre los hechos que ha acordado el criterio de oportunidad y redacción completa del acuerdo, teniendo en cuenta los beneficios solicitados por el imputado y los ofrecidos por la Fiscalía General de la República.

Especial énfasis reviste la jurisprudencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que ha determinado que el acuerdo, actas y todas las actuaciones respecto al criterio de oportunidad son importantes para fines procesales, ya que con estos podrá acreditarse subjetivamente al testigo protegido.[10]

Por lo tanto, la declaración del testigo protegido, es utilizada con fines de colaboración y no auto-incriminación, ya que el fin teleológico del criterio de oportunidad, como herramienta de política criminal, es la justicia premial: beneficiar a ciertos autores de hechos delictivos para desarticular estructuras de crimen organizado, engranajes de delincuencia económica o funcionarial y poder combatir eficientemente dichas estructuras.

Por lo tanto, el criterio de oportunidad, el acuerdo que lo constituye, y lo que declara un testigo con criterio de oportunidad en una vista pública no tendría que ser utilizado en su contra, ya que no es el fin del criterio de oportunidad.

Se tiene que tener en cuenta que este tipo de confesiones no son las únicas que pueden surtir efectos jurídicos, sino también, la que es rendida en el marco de un proceso abreviado.

La confesión en el proceso abreviado.

En esta revista, ya ha sido mencionado el proceso abreviado de forma extensiva y crítica en el pasado. El proceso abreviado nace también, de la justicia transaccional, con la finalidad de “lograr más condenas y ahorro razonable de recursos” y se puede destacar que existen mecanismos dentro de la representación fiscal, sobre todo a través del Art. 18 PPP.FGR, según los cuales se podrá otorgar el proceso abreviado.

Como se mencionó, el proceso abreviado, como figura procesal ha sido criticado, incluso por su uso selectivo al ser considerado como partida secreta de la Fiscalía General de la República.[11]

Los beneficios dentro del proceso abreviado, será la reducción de la pena a imponer, pues será entre un tercio de la pena mínima y la pena mínima será la pena máxima, eso conforme al Art. 417 CPP.

Ya que el Art. 417 N°2 CPP enfatiza que el imputado debe confesar el hecho, y se seguirán las reglas del Art.258 CPP, por lo que dicha confesión deberá ser rendida frente a juez competente, debiendo el imputado encontrarse en condiciones psicológicas normales y su declaración deberá ser clara, espontánea y terminante[12].

Al existir un mecanismo complejo de autorización del proceso abreviado, conforme a los Arts. 18 y 51 PPP.FGR, es razonable y saludable que se establezca un acuerdo por medio del cual el imputado confesará los hechos para acceder a cierta aplicación de penas a imponer, al igual que en el otorgamiento del criterio de oportunidad.

Con ello, podemos entender nuevamente que la finalidad teleológica de la confesión en el marco de un proceso abreviado es acceder a un rango menor de penas, por el hecho de haber confesado participación delictiva, sin modificar los hechos, ya que se trata de un beneficio procesal en el marco de una justicia premial, de un derecho penal transaccional.

Sobre la Prueba Trasladada.

La prueba trasladada como instituto procesal, no se encuentra regulada en la normativa procesal penal o los preceptos normativos de la Ley de Extinción de Dominio, es constitucionalmente viable desde la perspectiva de Unidad de Jurisdicción y el Principio de Bilateralidad, pues ya fue utilizada en un proceso primitivo por las mismas partes procesales y se pretende utilizar en un proceso nuevo.[13] Los requisitos para constituir prueba trasladada, son los siguientes:[14]

  • Que la prueba haya sido practicada en el primer proceso de forma válida.
  • Que el pedido de traslado de la prueba haya sido solicitado en el tiempo oportuno.
  • Que sea expedida en copia certificada.
  • Identidad de las partes que hayan participado en el primer proceso.

Dadas las circunstancias, la Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la FGR, procede a utilizar con mucha frecuencia el instituto procesal de la prueba trasladada, ya que ésta usualmente fue practicada en el proceso penal, respetándose las garantías del contradictorio y el acceso a la justicia, por lo que en el proceso de extinción de dominio, no vuelven a ser practicadas por aspectos de economía procesal.

Cabe destacar que si ninguno de los requisitos se encuentran claramente estipulados, no podrá practicarse adecuadamente la prueba trasladada y deberá inadmitirse o excluirse, por no haberse cumplido los parámetros constitucionales pertinentes, en vista que estarían trasgrediendo el derecho de defensa, el derecho a audiencia y el acceso a la justicia.

Breve noción de la carga de la prueba en la Extinción de Dominio.

La carga de la prueba, en materia de extinción de dominio, recae en las partes interesadas en un litigio, al punto que quien se encuentre en mejores condiciones de probanza, deberá proporcionar dicha prueba. Se ha enfatizado que existe una obligación para el ente fiscal de aportar un mínimo probatorio, así como también que la presunción de inocencia no opera porque en el proceso de extinción de dominio no se imponen penas, por lo que, siempre la parte afectada deberá tener una actitud propositiva y hasta obligatoria para la proposición de prueba.[15]

Esto quiere decir, que el afectado, por ser interesado, deberá proporcionar la prueba y producirla, para que éste no tenga consecuencias negativas respecto a su propiedad, si es que esta es discutida en un proceso de extinción de dominio. El que determinará quién se encuentra en mejores condiciones, será el juez, conforme a los hechos proporcionados en cada caso.[16]

Esto nos lleva a un conflicto en el cual, el afectado deberá siempre proporcionar información que puede incriminarle, o peor aún, si ya declaró en un proceso penal, la información podrá ser utilizada en su detrimento en un proceso de extinción de dominio, ya que podrá hacerse uso del instituto procesal de la prueba trasladada.

Problemas de prohibición de la auto-incriminación en procesos penales complejos relacionados con la extinción de dominio.

La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la FGR trabaja mediante la prueba tasada, la cual busca incorporar en un proceso de extinción de dominio, la prueba que ya fue practicada dentro de un proceso penal, bajo el pretexto de hacer viables las nociones de la economía procesal y unidad de jurisdicción.

El problema radica cuando la Unidad de Extinción de Dominio de la FGR, pretende incorporar confesiones judiciales que fueron practicadas en el marco de un proceso penal y beneficios procesales. Veamos:

Ejemplo 1: El diputado Clodomiro y el proceso abreviado.

Clodomiro fue un diputado corrupto que cometió  los delitos de peculado y lavado de dinero. Hizo pasar cuantiosas cantidades de dinero como viáticos, que luego fueron traspasados a una ONG de un familiar de Clodomiro. Dicha ONG transfiere dinero a una empresa fantasma y esta empresa fantasma realiza un fideicomiso para beneficiar a Clodomiro.  Clodomiro es eventualmente capturado y procesado penalmente, al verse acorralado, negocia un proceso abreviado con la Fiscalía General de la República, para que le sea impuesta una pena menor a la prevista.

El acuerdo para el proceso abreviado es el siguiente:

  • Clodomiro confiesa como disfrazó el dinero como viáticos.
  • Enfatiza cómo organizó el entramado de peculado y lavado de dinero.
  • Al decir todo ello, a Clodomiro se le aplica la reducción de pena a imponer, conforme al Art. 417 Inc 2° CPP.
  • Se llega al quantum de pena a imponer.

Se condena a Clodomiro y es enviado a prisión; sin embargo, la Unidad de Extinción de Dominio inicia un proceso en contra de él y le pide a la jurisdicción penal copia certificada de la resolución y/o acta, donde se encuentra la confesión rendida por Clodomiro.

Cabe destacar que la copia certificada estaría fungiendo como prueba trasladada, en vista que es el mismo ente fiscal el sujeto activo dentro del proceso de extinción de dominio, el mismo sujeto pasivo, el diputado Clodomiro y la confesión por el proceso abreviado fue practicada adecuadamente.

Ejemplo 2: El ganadero José y el criterio de oportunidad.

José es un ganadero que ha sido beneficiado por un cartel de drogas en el departamento de Sonsonate. Dicho cartel invertiría dinero en maquinaria, de la cual José sabía que dicho dinero provenía de la venta de cocaína en el municipio de Acajutla, y que, con esa maquinaria, José trabajaría sus manzanas de tierra y destinaría un 15% de lo producido para el cartel de drogas sonsonateco. José es capturado por lavado de dinero y éste para no enfrentar un proceso penal, negocia un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República, con la finalidad de delatar la estructura de narcotráfico que él conoce bien, por lo que conforme a los Arts. 20-23 CPP, se rinde entrevista de cómo José participó en el entramado de lavado de dinero, menciona sobre actividades relativas al narcotráfico que le constan, proporciona elementos de prueba sobre esas actividades y se procede a realizar el acuerdo de criterio de oportunidad:

  • Se prescinde de la acción penal por el único caso de lavado de dinero en contra de José.
  • José accede en delatar a diez personas que participan del Cartel de Sonsonate.
  • José colaborará y declarará en la audiencia contra las diez personas de las cuales rendirá declaración en vista pública.
  • Participará con la PNC en las diligencias o actos urgentes de comprobación pertinentes para determinar la responsabilidad penal de esos individuos.

Finalmente, José rinde satisfactoriamente su declaración contra los diez sujetos que conforman el cartel de Sonsonate, por lo que estos son condenados por lavado de dinero y tráfico ilícito. Sin embargo, la historia procesal de José no termina ahí.

La FGR emprendió un proceso de extinción de dominio en contra de José, por la maquinaria y otros incentivos que tuvo dentro del esquema de lavado con el Cartel de Sonsonate. Para ello, la FGR pide copia certificada de la sentencia al tribunal de sentencia donde participó José como testigo con criterio de oportunidad, y utilizará, como prueba traslada, todos los elementos que José ayudó a proporcionar para que el proceso penal en contra del Cartel de Sonsonate fuera exitoso.

Bajo ese escenario, tanto el diputado Clodomiro y el ganadero José tienen graves problemas en el proceso de extinción de dominio que cada uno tiene en su contra, ya que las mismas declaraciones que ambos rindieron tenían condiciones y provenían de beneficios a ser adquiridos.

Crítica: Vulneración a la prohibición de auto-incriminación en escenarios de confesión en proceso abreviado y criterio de oportunidad.

En ambos casos, tanto en un escenario de confesión judicial dentro de un proceso judicial como en el otorgamiento de un criterio de oportunidad y rendición de un testimonio, se configura una vulneración a la prohibición de auto-incriminación a través de la incorporación de sus declaraciones vía prueba trasladada.

Dadas las circunstancias expuestas, el utilizar las confesiones de los imputados, dentro del marco del otorgamiento de un proceso abreviado y un criterio de oportunidad, estaría vulnerando la garantía de prohibición de auto-incriminación, ya que incumpliendo los acuerdos estipulados, se está queriendo lograr despojos patrimoniales de los afectados. Es decir, la Fiscalía General de la República estaría utilizando de forma desleal las declaraciones de las personas, que al haber sido imputadas de un proceso penal, se les quiere utilizar en un proceso de extinción de dominio.

Aunque la jurisprudencia de segunda instancia de extinción de dominio ha sido muy a favor del Estado, se ha reconocido que los aspectos relacionados a la ilicitud de la prueba serán dirimidos por las reglas del Código Procesal Penal, siendo más enfáticos con el Art. 175 CPP, por lo que todas las reglas relativas a la legalidad de la prueba en el proceso penal, son aplicables en el proceso de extinción de dominio.[17]

Por lo tanto, la prohibición de toda forma engañosa para la adquisición de la prueba estaría aplicando en los presentes casos, ya que no se puede utilizar una declaración, cuando en ningún acuerdo se estipuló que serían utilizadas en su contra en otro proceso de carácter sancionatorio, como el proceso de extinción de dominio.

Al realizar este tipo de mecanismos de incorporación de prueba, mediante la prueba trasladada, se estaría infringiendo el derecho de defensa en su vertiente de prohibición de auto-incriminación, así también, se estaría violando la buena fe procesal que cada parte merece, en vista que la FGR estaría actuando fuera del margen de los acuerdos llegados con el imputado, sea respecto a la aplicación de un proceso abreviado o un criterio de oportunidad.

Otra vulneración que puede destacarse, es que se vulneran las reglas de la prueba trasladada cuando se pretende incorporar copia certificada de la declaración de una persona en calidad de testigo, cuando ésta tenga un papel de persona afectada dentro del proceso de extinción de dominio, ya que las reglas de la prueba trasladada piden que se trate de los mismos sujetos procesales en el primer proceso como en el segundo.

Es así en el caso del ganadero José: el declara en un proceso penal en el cual él no es el imputado, sino que otras diez personas, el participa en calidad de testigo con criterio de oportunidad, y no ostenta calidad de imputado. Incorporar su declaración en dicha audiencia estaría vulnerando lo concerniente al requerimiento de identidad de partes para materializar la prueba trasladada, ya que estaría vulnerándose  la garantía de prohibición de auto-incriminación, porque no podría contradecir lo que dijo en otro proceso (en vista que disfruta un beneficio procesal) y existe una obligación de producir prueba por la institución de la carga dinámica de la prueba.

Escenario distinto fuera que José hubiese sido procesado siempre por lavado de dinero, y Miguel declarara en su contra, siendo condenado en dicho proceso. Luego, la FGR, a través del proceso de extinción de dominio, pide copia certificada de la declaración rendida por Miguel para ser valorada dentro del proceso de extinción de dominio. En ese escenario hay identidad de partes e identidad de medios probatorios practicados, por lo cual las reglas de la prueba trasladada estarían aplicándose acordemente.

Conclusiones.

Por tanto, se pueden llegar a las siguientes conclusiones.

  • El accionar de la FGR, a través de la Unidad especializada de Extinción de Dominio, puede considerarse desleal, en vista que en ningún momento, no se estipula en los acuerdos para beneficio de proceso abreviado o criterio de oportunidad, que las declaraciones que viertan los imputados serán utilizadas contra ellos en un proceso de extinción de dominio. Por tanto, ya que se hace mucho énfasis en la autonomía de la extinción de dominio, la unidad especializada debe realizar sus investigaciones autónomas.
  • Dicha práctica antes mencionada viola flagrantemente la prohibición de auto-incriminación. Aunado que la misma jurisprudencia enfatiza que las reglas relativas de la legalidad de la prueba aplican en el proceso de extinción de dominio, pueden perfectamente los abogados particulares impugnar dichos medios probatorios.
  • En el caso de incorporarse certificación de declaración de testigo con criterio de oportunidad en contra de éste cuando tiene calidad de afectado dentro del proceso de extinción de dominio, viola las reglas que configuran la prueba trasladada, ya que se incumplen las reglas de identidad de partes procesales.
  • La incorporación de copias certificadas de confesiones estaría poniendo en doble vulneración al afectado: ya que por una parte deberá defenderse de lo que dijo y tiene la obligación de probar que sus bienes tienen origen lícito, lo cual haría peligrar su acuerdo de beneficios procesales o podría poner en riesgo su estrategia en el proceso de extinción de dominio. Bajo este escenario extremo, es que se hace la invitación a revisar el instituto de la carga dinámica de la prueba.
  • Con este tipo de prácticas, se estaría desnaturalizando el fin teleológico de los beneficios devenidos del proceso abreviado y el criterio de oportunidad: la justicia penal premial. Ningún imputado en su sano juicio estaría de acuerdo en que sus propias declaraciones sean utilizadas en contra sin una discusión o negociación. El uso abusivo del criterio de oportunidad y del proceso abreviado estaría conllevando a materializar confesiones judiciales ilegales dentro de un proceso de extinción de dominio.
  • Esta problemática se basa en la inexistencia de regulación de criterio de oportunidad en la Ley de Extinción de Dominio, tal como sucede con el Código de Extinción de Dominio de Colombia, en el cual por medio del Art. 131 Inc 2° se establecen las reglas de aplicación, lo cual ya fue analizado en esta revista en el pasado.[18]
  • Que para estas transgresiones no sucedan, los abogados particulares deberán activar los mecanismos procesales pertinentes para revertir dichas vulneraciones. Así también, se deberá proponer en calidad de lege ferenda, la incorporación del criterio de oportunidad dentro del proceso de extinción de dominio.

Referencias:

[1] Mendoza Ayma, Francisco Celis. Constitucionalismo Penal. Publicado en Página Web Legis.Pe, Lima, Perú, año 2019. Enlace: https://legis.pe/constitucionalismo-penal-francisco-celis-mendoza-ayma/. El autor entiende por alienación punitive, en el cual los operadores de justicia, o ciudadanía en general, pretenden solucionar los problemas sociales exclusivamente con castigo y supresión de derechos, conllevando a creer que el dolor inflingido a través del sistema penal dará satisfacción a la víctima y redefinirá el conflicto, cuando más bien únicamente distorsiona la realidad social.

[2] Actualmente en la red social de Facebook, se encuentra disponible una página denominada Centros Judiciales El Salvador, la cual la mayoría de publicaciones devienen de la justicia penal, en la cual se destaca la publicación casi  exclusiva de condenas de todo tipo, incluso, las que son ya inviables por jurisprudencia emitida por la Sala de lo Penal, enfáticamente respecto al delito de posesión y tenencia por escasas cantidades de droga incautada. Enlace web: https://www.facebook.com/CentrosJudicialesSv/.

[3] Actualmente, se tiene conocimiento que el caso del expresidente Elías Antonio Saca González, se pretende utilizar la certificación de la confesión que rindió en su proceso penal, para ser utilizado dentro del proceso de extinción de dominio.

[4] Llobet Rodríguez, Javier. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Garantías Penales. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, año 2018. Pp. 367 y 370.

[5] Resolución del día 26-XI-2010, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, fundamento jurídico 166. En este caso, se enfatiza que toda aquella prueba obtenida por medio de cualquier tipo de coacción, podrá ser excluida de valoración judicial.

[6] Muñoz Conde, Francisco. De la Prohibición de Autoincriminación en el Derecho Procesal Penal del Enemigo. En obra conjunta Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias, volumen III, Universidad de Coímbra, ciudad de Coímbra, Portugal, año 2009. Pp. 1022-1026. Muñoz conde hace cita de Roxin, en la cual muestra todas las disidencias hacia la jurisprudencia alemana, la cual pretende ser permisiva con los abusos de operadores de justicia o policiales al momento de trasgredir derechos fundamentales para obtener elementos de prueba. Al citar a Roxin, se destaca la falta de autorización judicial respecto a esos medios que intervienen en la esfera particular de los ciudadanos, lo cual equivale a un abuso del poder punitivo del Estado, cuando se ejerzan sin ningún control.

[7] Llobet Rodríguez, Javier. La Prisión Preventiva. Límites Constitucionales. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, año 2010. Pp. 164-165.

[8] Lamadrid Luengas, Miguel. El Principio de Oportunidad como Herramienta de Política Criminal. Madrid, España, editorial Académica Española, año 2016. Pp. 216-217.

[9] Sandoval Rosales, Rommell Ismael. en AA.VV. Código Procesal Penal Comentado. Volumen I. San Salvador, El Salvador, editorial del Consejo Nacional de la Judicatura y Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, año 2018. P. 119.

[10] Resolución del día 9-Xi-2012, Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, referencia judicial 508-CAS-2006. De igual manera se expresa SANDOVAL ROSALES, en la obra antes citada, en las páginas 123-124.

[11] Feusier, Oswaldo. La Partida Secreta de la Fiscalía: Algunas realidades del procedimiento abreviado. San Salvador, El Salvador, publicado en Revista Enfoque Jurídico. Año 2019. Enlace: https://enfoquejuridico.org/2019/06/04/la-partida-secreta-de-la-fiscalia-algunas-realidades-del-procedimiento-abreviado/

[12] Sagastume Galán, Wilson Edgardo. en AA.VV. Código Procesal Penal Comentado. Volumen I. San Salvador, El Salvador, editorial del Consejo Nacional de la Judicatura y Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, año 2018. Pp. 1027-1028.

[13] Durán Umaña, Ronny José. La Prueba Trasladada. San José, Costa Rica, Revista Judicial, N°102, diciembre de 2011. Pp. 190-193.

[14] Ídem. P.194.

[15] Martínez Osorio, Martín Alexander. La Extinción De Dominio es Constitucional (Análisis de Algunos Puntos Relevantes de la Sentencia 146-2014/107-2017 emitida Por La Sala De Lo Constitucional). San Salvador, El Salvador, Corte Suprema de Justicia, año 2018. Pp. 26-27. Enlace: http://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/4/2010-2019/2018/09/CE0A1.PDF

[16] Velado Escobar, Camilo Antonio. La Jurisdicción Especializada en Extinción de Dominio en El Salvador. Breve Análisis Histórico, Legal, Doctrinario y Jurisprudencial de sus Principales Instituciones, en: A.A.V.V., XI Certamen de Investigación, Comisión Coordinadora del Sector Justicia, San Salvador, El Salvador año 2017. P. 90.

[17] Resolución del día 31-V-2016, Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, referencia judicial INC-APEL-7-EXT-DOM-2016. Considerando 66.

[18] LANGLOIS, RICARDO. “FUNES: “devolverle los bienes congelados” ¿Criterio de oportunidad en el proceso de Extinción de Dominio?”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 05 de abril de 2017.

LANGLOIS, RICARDO. “FGR viola la prohibición de auto-incriminación en procesos de Extinción de Dominio”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 24 de octubre de 2019