"La decisión de elegir el nombre para una hija e hijo, como derecho fundamental, debe venir en un primer momento de los padres y madres, y no de una limitación del Estado, específicamente el de regular un orden válido y legal, ya sea a favor del hombre o de la mujer..."

El Artículo 3 de nuestra Constitución de la República expresa: “Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. No se reconocen empleos ni privilegios hereditarios.”

Podemos decir que los principios rectores de la protección integral de niñas, niños y adolescentes atinentes al caso son: el de igualdad, no discriminación y equidad, del interés superior, prioridad absoluta, el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales; respecto al derecho a la identidad lo que se busca es que el niño o niña tenga certeza de quiénes son sus progenitores, de tener un nombre y apellidos de su padre y/o madre (o padres y madres como en la legislación Argentina, que en algún momento se extenderá en otras legislaciones), una nacionalidad, conocer su origen; estos derechos son constituyentes de materia de orden público y es parte esencial del derecho a la personalidad, así el Estado busca que el hijo o hija pueda reclamar a su padre o madre la satisfacción de sus necesidades físicas, emocionales, económicas, psicológicas, sociales, para un desarrollo integral.

Es así que el derecho a la Igualdad frente al derecho a la identidad, actualmente, establece una prohibición para el legislador, de discriminar por razón de género, es decir frente a la ley debemos ser tratados todas y todos por igual, lo que permite garantizar igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona y a su vez comprende la igualdad con el hombre en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades.

La CEDAW en su preámbulo reconoce que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. En su Artículo 5 literal a) establece que los Estados deben tomar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias en donde se tenga la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, estereotipos de hombres y mujeres.

La ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, expresa que las leyes y normas que aún mantengan disposiciones de exclusión y disminución de los derechos y capacidades jurídicas de las mujeres, se consideran discriminatorias. El Artículo 2 de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las Mujeres, respecto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia establece que ese derecho comprende ser libres de toda forma de discriminación, ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

En ese sentido, la demanda de llevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el hombre, estuvo precedida por el trato discriminatorio que se le daba en las legislaciones, lo que le impedía ser considera parte de la sociedad, libre para asumir, al igual que el hombre, tareas de responsabilidad social.

Hemos analizado y valorado que identificar a la familia con el apellido paterno es una implicación que viene de una práctica vetusta que tiene su origen legal en el concepto del padre de familia, en donde se consideraba que el hombre era la cabeza del hogar y por tanto la mujer era incapaz de ejercer por sí misma sus derechos, teniendo otras implicaciones como no poder realizar contratos, disponer de sus bienes, comparecer a un juicio, adquirir deudas, aceptar herencias, relegando a la mujer solo a la procreación, al cuido de los hijos e hijas, a la satisfacción personal del hombre.

Que por ello el apellido del padre sobre los hijos e hijas y la esposa le daba un sello social a la familia frente a la sociedad, y al mismo hombre cabeza de hogar sobre su propia familia, pues el nombre ha tenido como fin establecer la identidad de una persona en las relaciones sociales y ante el mismo Estado.

También se sabe que el derecho a un nombre es un derecho humano por lo que no surge de las legislaciones particulares de cada Estado, sino que es inherente a la persona, es inalienable e imprescriptible. Por ello podemos decir que es el conjunto de signos que constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad.

Hay que considerar que una de las bases alrededor de la cual se estructuran las sociedades humanas, es sobre la distinción entre los sexos de hombre y mujer, a los cuales se les asignan determinados roles sociales y que históricamente la asignación de tales roles sobre los que participan la mujer y el hombre, se determina en función de lo que se estimó eran las capacidades o características físicas de cada uno de ellos, lo que dio espacio a auténticos privilegios para el hombre y cargas injustificadas contra las mujeres. Alda Facio, jurista y escritora, sobre esta situación de privilegio, expresa que el hombre debe aceptar dicha situación, y al hacerlo despojarse voluntariamente de ellos, con lo que comenzaría seriamente a cambiar  la desigualdad que originó.

Este paradigma de crear la identidad de los hombres y mujeres, a partir de los roles que desempeñan dentro del seno de la sociedad, basándose tradicionalmente, en el hecho de pertenecer al género masculino o femenino, produjo como problema la conceptualización que hacen de lo masculino y de lo femenino, un sesgo que implica una discriminación que por lo general, siempre ha sido más perjudicial para la mujer, pues ha tenido que asumir tareas que la limitaban a tener un rol más activo en las sociedades humanas, restringiendo entonces muchos de sus derechos fundamentales básicos.

De ahí que el principio de Igualdad de género busca eliminar todas esas doctrinas, ideas, prácticas, para entablar relaciones desde una perspectiva de derechos humanos y así llegar a las relaciones políticas, jurídicas, económicas, familiares.

Partiendo de lo anterior el nombre en una persona se compone de dos elementos, el prenombre o nombre de pila, es decir el que reconoce a una persona en su calidad de sujeto individual, al distinguirlo del resto de los miembros de una familia y como miembro integrante de la sociedad, y el denominado “patronímico”, nombre de familia o apellido, que es el calificativo común relativo a los miembros de una familia, y que obviamente sirve para relacionarlo con dicho grupo.

En otros términos el nombre es una característica íntimamente relacionada con la persona humana, volviéndolo un elemento constitutivo de su dignidad, pues la persona toma conciencia de sí misma partiendo de su familia frente a la realidad, es un espejo del individuo frente a la sociedad, que lo define el ser visto desde los ojos de personas exteriores al mismo. Por ello, naturalmente siendo una herramienta social, coadyuva a la constitución de sus dimensiones personales, psicológicas, cognoscitivas, sociales, jurídicas, políticas, inclusive de control del Estado.

Por otra parte es importante destacar lo que corresponde al tema registral del nombre, que se prueba con la Partida de Nacimiento (Art. 34 LNPN). En tema de registro, únicamente se vela, al ser un trámite administrativo, por un hilo conductor que desarrolle un procedimiento previamente indicado por la ley, sobre los hechos, instrumentos e información que es registrable y que dicho mecanismo debe de cumplir con los principios que orientan la materia Registral como son: el Principio de Rogación, oficiosidad y oficialidad; de Publicidad; de Legalidad; de Taxatividad; de Preclusión; de Celeridad; y de Autenticidad (“De la ineficacia de los asientos del Registro del Estado Familiar” Cristian Eduardo Palacios Martínez).

Cada uno de estos principios aplicados en la inscripción del nacimiento de la persona, no perjudica ni se contrarresta a la voluntad del padre y la madre o del mismo hijo o hija sobre el derecho a la identidad de los últimos, pues los Registros obedecen a los principios registrales y estos a su vez obedecen a la Constitución de la República, misma que reconoce a la persona humana como origen y fin de la actividad del Estado; en segundo lugar estos principios registrales deben de respetar y estar en coherencia con el principio de Igualdad, ya que la Igualdad es un supra principio (principios de principios) en nuestro ordenamiento Constitucional, por ser auténtico valor representativo del Estado Social, o como diría Norberto Bobbio, “El proceso de la justicia es un proceso de diversificación de lo diverso, o de unificación de lo idéntico” (“Igualdad y dignidad en los hombres”, Norberto Bobbio); de tal forma que los principios, derechos y obligaciones establecidos en la Constitución no pueden ser alterado por leyes secundarias (Arts. 1, 3 y 246 Cn)

En consecuencia la decisión de elegir el nombre para una hija e hijo, como derecho fundamental, debe venir en un primer momento de los padres y madres, y no de una limitación del Estado, específicamente el de regular un orden válido y legal, ya sea a favor del hombre o de la mujer, pues tanto constitucionalmente como en el derecho internacional se establece la prohibición de realizar cualquier acto de discriminación, especialmente por parte del mismo Estado, al ser el encargado de vigilar que éstos se respeten.

Así la discriminación por razón de género al darle prioridad y mayor valor al apellido paterno, sin que exista ninguna vía sobre la cual la persona pueda disponer de utilizar una vez exista un reconocimiento paterno, que es la que en el caso nos ocupa, no está sujeta a los principios de igualdad y equidad, sino más bien refuerza, la ideología patriarcal, que ha sido el punto de vista dominante de las necesidades humanas, reafirma la idea de que la familia es otro espacio en el cual el hombre despliega su autoridad, respeta el estatus y el “imperio del hombre” por sobre la mujer, teniendo el derecho principal para trasmitir el apellido, lo cual denota que los hijos e hijas, son efectivamente suyos, y así deben ser reconocidos socialmente, dejando a la mujer en un segundo plano, en posición desigualdad respecto al hombre, sufriendo así discriminación por el simple hecho de pertenecer a ese género.