Fotografía tomada del parque José Simeón Cañas, Zacatecoluca, que representa a una mujer esclava.

La lucha feminista ha sido tallada por manos de Mujeres, miles de manos salvadoreñas, manos suaves, carrasposas, ampolladas, sedosas, pequeñas, grandes, manos de inocencia, de lealtad, manos de astucia, de incredulidad, personas que han vivido bajo el mismo sol, sobre la misma tierra, pero que han sido vistas a través de la persiana del hombre, siempre situadas a sus espaldas, su brillo ha sido envuelto por la opacidad o el caballerismo del hombre o de “su marido”, su patrón, su padre, su hermano; por los hombres, la mujer era relegada de la vida social.

Este camino por la reivindicación de los derechos de las mujeres, por la igualdad y protección del Estado, ha estado lleno de machetazos, balazos, torturas, golpes, patadas, amenazas, lazos, desvelos, dolor, sangre; no hace menos de cinco décadas atrás, la cultura machista normalizaba la reacción violenta de un hombre contra una mujer, “¿fue su marido?” era la primera pregunta del protocolo machista para atender a víctimas de violencia, y tras un gesto “afirmativo” o una respuesta con escasa voz, se archivaba social y administrativamente el caso, pues el hombre tenía derecho a “corregir” a su mujer.

Esta clandestinidad de la vida pública de la mujer, se insertó con raíces gruesas y largas en la base fundamental de la sociedad, el espacio de la mujer se destinó al hogar, un cuadrado de altas paredes, unas anchas, otras no tanto, viviendo en una encerrona, su satisfacción de vida ha sido relegada a la crianza, educación, atención al hombre y de los hijos e hijas, siendo actividades que continúan de forma casi exclusiva para el género femenino.

Esta discriminación social debía ser de alguna manera legitimada por el Estado, vasta normativa jurídica ha sentado sus bases en la figura del “padre de familia”; ha existido a lo largo de la línea jurídica un blindaje contra la institución de la familia, de tal forma que nadie pueda meter sus narices en los acontecimientos que en ella sucedan, se ha dicho popularmente “la ropa sucia se lava en casa”; de ahí que pocos autores han profundizado en este tema, por haberse hecho de la familia una estructura donde primaba la voluntad del hombre a expensas de la libertad de la Mujer, inclusive actualmente existe mucho debate sobre cuáles son los límites del Estado respecto a la familia.

Blindar a la familia del espectro público ha tenido una finalidad oscura, que se ha esclarecido con el transcurso del tiempo; es en el interior del seno familiar donde la mujer ha sufrido los mayores abusos, ha sido violentada, irrespetada, deshumanizada, pues el poder del hombre construyó un sistema de “naturalización de la violencia contra la mujer”, a tal grado que una buena mujer era aquella “que cuidaba a su marido” y eso implicaba, no solo no molestarlo sino también “aguantarlo”.

Pero la naturalización del sistema patriarcal debía buscar la legalidad de sus actuaciones, sólo para contextualizar, en el siglo XIX existían un conjunto de normas que protegían los abusos que el hombre podía cometer contra las mujeres, el Art. 134 del Código Civil de 1860, legalizaba la figura llamada “potestad marital”, que era definida como: “el conjunto que las leyes conceden al marido sobre la persona y la de la mujer”; es decir la discriminación en base al sexo de la persona, fomentaba una cultura de sujeción en contra de la mujer, su contexto jurídico social estaba limitado por la decisión y voluntad del hombre, era a la mujer a quien se le consideraba incapaz de ejercer por sí misma sus derechos, debiendo ser desplazada hacia una figura masculina, produciendo la necesidad en la mujer de dedicarse sin condiciones ni demandas a la vida matrimonial, pues con ello, el marido adoptaba, además de los derechos de cónyuge, la representación legal de la mujer en el tráfico jurídico, teniendo el poder de administrar sus bienes, autorizarla para la realización de contratos, para la comparecencia a juicios, etc., fue esta figura, artífice de violaciones a los derechos de las mujeres, objeto de complacencia y obediencia al hombre,  bajo la excusa legal del principio denominado “unidad y buena administración de sociedad conyugal”.

La administración de los bienes de la mujer por parte del hombre, fue una causa de indigencia en ellas y consecuentemente la de su familia, la figura paterna en el núcleo familiar utilizaba esos bienes para su propio bienestar; esta situación no suena extraña en estos días, la práctica en los Juzgados de Familia reflejan que el dinero administrado por las mujeres, es utilizado de forma general para el sostenimiento de la familia, mientras que en el caso del hombre es utilizado de forma discrecional y hasta individual; es socialmente aceptable y hasta utilizado como argumento jurídico decir “al padre no le alcanza para dar la cuota de alimentos” o incluso decir “el padre no tiene dinero para aportar alimentos a favor de sus hijos”, este tipo de excusas las he escuchado como “justificables” en capacitaciones en Universidades y en Instituciones de educación jurídica, “¿Cómo perseguir al hombre por alimentos si no tiene trabajo?”. Esta concepción aún es aplicada por agentes jurídicos, mucho más en quienes no tienen conocimiento alguno sobre la Ciencia del Derecho o sobre temas de Derechos Humanos.

Otro dato importante de recordar, sobre la instrumentalización del derecho para favorecer el poder del hombre contra la mujer, es lo que se regulaba en el Código Civil de 1860 en cuanto a la figura del divorcio; el divorcio, en ese tiempo, le permitía al hombre separarse de su cónyuge, sin que esto implicara el cese de la administración los bienes de la mujer, el Art. 174 del Código Civil establecía: “Si la mujer hubiere dado causa al divorcio por adulterio, perderá en beneficio del marido todo derecho a los gananciales, el  marido tendrá la administración y usufructo de los bienes de ella…” esta norma contribuyó en la desigualdad de la distribución de los bienes entre hombres y mujeres, característica que aún persiste.

Así, el divorcio se volvía una amenaza contra la mujer, pues además de “quedarse sin su hombre” la situaba en absoluta desprotección, inclusive de las miserias emocionales o económicas que podía recibir de su marido, y no obstante ello el hombre buscaba en esta figura jurídica no estar “atado” a una sola mujer, pues le daba la posibilidad, de manera legal, de contraer nuevas nupcias y fundar una nueva familia, desfalcando a su ex esposa y subrayo: legalmente; panorama que condicionaba a la mujer a aguantar al hombre, a resistir al machismo y dedicarse al trabajo doméstico en su hogar, sin protesta que valiera.

Hasta hace menos de veinticinco años,  el Artículo 183 del Código Civil expresaba “El marido tiene derecho para obligar a su mujer a vivir con él y seguirle a donde quisiera que traslade su residencia”, en su segundo inciso continuaba “… pero el marido puede negarse a alimentar a la esposa que se niegue sin justa causa a vivir con él” y finalizaba dándole un derecho a la mujer respecto a esto “la mujer, por su parte, tiene derecho a que el marido la reciba en su casa”, una realidad discriminatoria arraigada en nuestra cultura, en nuestra gente, fuente de desigualdad y de crueldad.  

Pero la discriminación contra la Mujer se experimentaba en diferentes áreas de la vida, hasta antes de 1875 se ofrecía educación para las mujeres a través de las llamadas “Escuelas de Primeras Letras”, limitadas a aprender aspectos religiosos y rudimentos de escritura y aritmética, así como actividades de cocinar, bordar y macramé, muy contrastante en relación a la educación integral que recibían los hombres, que se dividía en instrucción en la fuerza física, fuerza moral e intelectual.

Para recrear la discriminación que afectaba a las mujeres en educación, cito el caso de Antonia Navarro Huezo, mujer nacida en 1870, su mente era tan brillante, que le permitió recibir autorización del presidente de la República de esa época, Francisco Menéndez, para lograr alcanzar el Bachillerato en Ciencias y Letras, además de graduarse como Bachiller en Ingeniería.

Ingresó a la Universidad de El Salvador, a la Facultad de Ingeniería, exigiéndosele requisitos solo por su condición de ser mujer, como una carta de “buena conducta” extendida por el Alcalde de su localidad; fue la primera mujer centroamericana en obtener el grado académico de doctora en Ingeniería Topográfica en 1889, sin embargo sus méritos personales y su lucha contra las limitadas opciones y grandes obstáculos para la educación de las mujeres de su época, únicamente le valió para trabajar como maestra de secundaria en la Escuela Normal de Institutrices, que fue fundada en 1875 como la primera escuela estatal para la formación profesional de mujeres en El Salvador (“Escuela Normal de Institutrices”, Diario Oficial 250, 6 de noviembre de 1875).

La Escuela Normal de Institutrices fue una medida impulsada inicialmente por el presidente Santiago González (1871-1875) y fue continuada por el presidente Rafael Zaldívar (1876-1885), como una estrategia política que buscaba la laicidad del estado  (es decir la separación del estado y el clero); fue por ello que a las mujeres se les permitió tener un rol más amplio en la sociedad, por ser la primera formadora de las generaciones en el ámbito doméstico, esta transformación logró que al menos aquellas mujeres que estaban en familias más acomodadas económicamente hicieran conciencia sobre sus derechos y responsabilidades, lo anterior lo describe muy bien la doctora Olga Carolina Vásquez Monzón, en su trabajo “Masones salvadoreños e instrucción intelectual femenina: El Salvador, 1875-1887” y en su libro “Mujeres en Público” (1° Edición, 2014).

En el ámbito político, las mujeres por la misma condición de estar atadas a las espaldas de un hombre (padre o marido), no se les consideraba ciudadanas, pues esto solo era acreditado a quienes vivían en la sociedad libremente, y las mujeres eran consideradas incapaces de ello, así eran excluías de las prácticas políticas; esto produjo a inicios del siglo XX la lucha de mujeres para que se les permitiera practicar el derecho al voto y de aspirar a la candidatura para un cargo público.

Uno de los hechos más desgarradores de la historia de nuestro país respecto a la lucha de las Mujeres por sus derechos, aconteció en diciembre de 1922, cuando se realizó una manifestación de mujeres, de diferentes clases sociales, unidas para apoyar la candidatura del abogado Miguel Tomás Molina (Partido Constitucional). Las Mujeres reunidas en la marcha vitoreaban “libertad” para ellas, por vivir en una sociedad que las encadenaba, una sociedad que las excluía, ellas exigían poder practicar el derecho al voto y participar en la política como parte del ejercicio democrático.

Pero sus voces no solo fueron ignoradas sino que también silenciadas, esa tarde del 25 de diciembre de 1922 fueron acribilladas por el gobierno del presidente de la República Jorge Meléndez Ramírez y el candidato oficial a la presidencia Alfonso Quiñónez Molina, quienes reprimieron la marcha con varios destacamentos de caballería, la Guardia Nacional y la policía, a quienes no bastándole usar las balas continuaron con machetazos en contra de niñas, madres, mujeres y familiares que las acompañaban como apoyo a sus exigencias (“La manifestación de mujeres del 25 de diciembre de 1922”, por Carlos Cañas Dinarte). Pese a que este hecho de violencia misógina por parte del Estado, tiene menos de cien años de ocurrido, es muy poco conocido debido a la intrascendencia que tienen los derechos de la Mujer en nuestra sociedad.

Otra de las grandes discriminaciones que sufría la mujer, y de las que aún existen normativas vigentes que enmarcan el continuismo de esta exclusión, era la de clasificar a los hijos e hijas girando todo alrededor de la figura del hombre, del padre de familia, de su estado civil, profundizando la desigualdad social.

La legislación de 1860 permitía que un hijo o hija pudiera ser calificado como legítimo siempre que este fuera hijo natural, es decir que en la época en que hubiese sido concebido sus progenitores no tuvieren impedimento para casarse y siempre que el padre tuviera la voluntad de reconocerlo por instrumento público o por acto testamentario, o se les daba esa calificación a aquellos que nacieron dentro del matrimonio, o quienes naciendo fuera del matrimonio sus progenitores posteriormente se casaban, todo siempre dependiendo de la voluntad de su padre, del hombre, ya que el Art. 275 C. establecía que “el reconocimiento (al hijo o hija) es un acto libre y voluntario del padre que reconoce”.

La legislación de 1886 admitió que podían ser legitimados también los hijos “espurios”, llamados así a quienes se les negaba a ser reconocidos por su padre (Art. 37 C) y fue hasta 1902 que los hijos “bastardos”,  aquellos que nacían de relaciones consideradas inmorales o delictivas, es decir que había una prohibición para procrear, pudieron ser legitimados, pues antes de esa fecha solo valía el reconocimiento del padre con el objeto de exigirle alimentos, y pese a que en muchos casos mediaban delitos, solo se les podía exigir el pago en lo que fuera necesario para la subsistencia del hijo o hija.

Mucha menos consideración se tenía respecto a los hijos calificados como “sacrílegos”, por ser sus padres parte del clero o que había hecho sus votos de castidad reconocido por la Iglesia católica, a quienes se les quitó ese calificativo en 1893, debido a la separación de la Iglesia y el Estado.

Todo esa autonomía que dotaba la ley al hombre, de reconocer a un hijo o hija dependiendo de la voluntad con la que quisiera hacerlo, daba lugar a cubrir delitos como violaciones, abusos sexuales, casos que eran comunes entre “el patrono-los hijos del patrono” y “la servidumbre”, debido a la posición social y económica que imperaba en contra de la mujer, haciendo de la vida de la mujer una especie de aparato de procreación y satisfacción de los deseos del hombre. Fue hasta el año de 1928 que se tipificó el reconocimiento forzoso, Art. 283 del Código Civil.

La Constitución de 1723 establecía que uno de los requisitos para el ingreso a la sociedad era ser libre, pues si bien nuestra actual Constitución (que data de 1983) suprimió este tipo de calificativos discriminatorios, vale la pena preguntarse ¿Ha podido considerarse libre a la mujer frente al escenario descrito? La sobre posición normativa del hombre versus la mujer era clara, una flagrante discriminación en razón del sexo, la respuesta por ello es más que lógica, las mujeres no eran reconocidas como tales. Su condición jurídica, social, cultural, económica y política las mantenía bajo la tutela de un hombre, por ser mujer se tenía el estigma de ser inferior, incapaz, una persona que necesitaba de la “protección” del hombre, una óptica jurídicamente miope, denigrante y esclavista.