De los procesos de divorcios ingresados en el 2016 y 2017, solo el 1.79 % de mujeres no habían decidido usar el apellido del esposo precedido de la partícula “de”.

Respecto a lo regulado en el Art. 21 LNPN, que permite a las esposas llevar como  apellido de mujer casada el primer apellido del cónyuge precedido de la palabra “de” (Ej: Juana “de” Pérez), si bien no es objeto de este trabajo, vale establecer que el fundamento respecto a la discriminación que sufren las mujeres es el mismo.

El Derecho Romano hizo de la familia una institución estratégica del poder imperialista, dándole jerarquía en el poder político, para ello el padre ejercía dominio sobre su familia, la sometía a su juicio, a su forma de interpretar la vida, es así que se hace del matrimonio una institución que le otorgaba un poder extremo al hombre sobre la mujer, pues se creaba una especie de potestad marital, que situaba a la mujer como una hija dentro de la familia en relación al marido, pasando las propiedades de la mujer a nombre del padre de familia, además de otras medidas que la ley regulaba por considerar a la mujer como incapaz dentro de la sociedad, por ello la importancia de que “esa incapaz” fuera conocida en la familia, en la sociedad, frente al Estado como la mujer  “de” un hombre.

En la actualidad el sistema patriarcal ha quedado tan arraigado en nuestra cultura que la mayoría de mujeres deciden tomar esta opción para su nombre, inclusive cambian su firma por el de “una de mujer casada”. A manera de ejemplo, en los años 2016 y 2017 ingresaron un total de 840 procesos y diligencias de divorcios en uno de los Juzgados de Familia de esta ciudad (es decir alrededor de 6720 casos en los dos años en total, pues existen ocho jueces de Familia en San Salvador, tomando en cuenta que la distribución de expedientes se hace bajo estándares de carga equitativa entre los Juzgados), de ellos solo el 1.79 % eran casos donde las mujeres no habían decidido usar el apellido del esposo precedido de la partícula “de”.

Particularmente considero que esta opción debería ser suprimida del ordenamiento jurídico (Art. 21 de la Ley del Nombre de la Persona Natural; 35 literal “e” de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio; 21 y 28 en lo relativo al apellido de mujer casada, Código de Familia), no solo por su origen tan nefasto sino por lo que implica para las familias y la sociedad, pues son resquicios de discriminación contra la mujer, mismos que la CEDAW ordena a los Estados partes que se eliminen todos los prejuicios y las prácticas consuetudinarias en donde se tenga la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos; no es extraño conocer casos de mujeres que eligen llevar el apellido de su esposo por petición del mismo cónyuge, como una manera de “complacerlo”, no obstante sabemos que el amor en una relación nada tiene que ver con cambiarle el apellido a la mujer, lo que a toda luz violenta el principio de Igualdad, aunado a ello ese cambio en su nombre le genera a la mujer problemas administrativos y legales, que sin duda llegan a profundizarse si la pareja se separa.

Finalmente en la sentencia 45-2012, respecto al análisis que hace la Sala de lo Constitucional sobre el apellido de mujer casada, establece: “Si en el ejercicio de su libertad, la mujer rechaza usar el apellido de su marido, la disposición impugnada no establece consecuencias negativas para esa elección” (el resaltado es mío).

Puedo destacar que solo con el hecho de que el mayor Tribunal Constitucional hable de un “rechazo de la mujer al apellido del marido” y a la vez argumente que la idea del “hombre proveedor y de la mujer ama de casa que reservaba para el hombre la jefatura y cabeza de la familia… es una visión caducada” refleja al menos una contradicción argumentativa, pero sobre todo da la sensación de una visión patriarcal con la que se analizó la demanda, pues de estar superada la concepción machista se pensaría que la mujer no realiza un rechazo al apellido del marido, sino una elección en base al principio de autonomía de la voluntad de la contrayente.

“Rechazar”, según la Real Academia de la Lengua Española, se define como: 1. Forzar a algo o a alguien a que retroceda. 2. Resistir al enemigo, obligándolo a retroceder. 3. Contradecir lo que alguien expresa o no admitir lo que propone u ofrece. 4. Denegar algo que se pide. 5. Mostrar oposición o desprecio a una persona, grupo, comunidad. En cada una de sus significados se denota un ánimo de confrontar, de no aceptar lo que se ordena, o de negar un poder u orden impuesto, en tal sentido ese verbo ha sido consignado en la sentencia desde una visión patriarcal, de no admitir que la mujer tiene la decisión de continuar con su nombre, de ser libre respecto a su identidad, de no ser vista desde la persiana del hombre, por lo que se puede ver que no está superada la corriente tradicional tal como lo asegura la misma Sala y que precisamente el Estado debe de garantizar que estos prácticas que llegan hasta instancias jurídicas se superen, pues si bien el hombre y la mujer al casarse realizan un contrato, la mujer no pase a ser ni objeto ni parte de la propiedad del cónyuge.