¿Qué tan inconstitucional es el proyecto de ley de amnistía de Rodolfo Parker?

En la actualidad, la Asamblea Legislativa discute un Proyecto de Ley para determinar la persecución de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, los cuales deben de ir acorde con lo estipulado por la sentencia Inc. 44-2013/145-2014; sin embargo, el proyecto de ley presenta varios vicios de inconstitucionalidad, pese a estar formada solo por veinte artículos.

Por tanto, se expondrá el artículo, se explicará en qué consiste y como se presenta el vicio de inconstitucionalidad o cuáles son los preceptos que se violan.

El Artículo 1 del proyecto, pretende otorgar amnistía a los participantes del conflicto armado, a cualquiera que haya participado en la comisión de delitos políticos, conexos o delitos comunes que no baje de veinte personas. 

Se regula la amnistía de igual manera que en la ley de 1993, tal como está en el Art. 1 de la Ley de Amnistía General para la Consolidación para la Paz. 

Esto demuestra que el Art. 1 del Proyecto de Ley, pretende desobedecer la intención de la sentencia que declara inconstitucional la ley de amnistía, que fue resuelta por medio del criterio jurisprudencial antes citado, ya que ni siquiera se esfuerza el legislador en hacer una redacción diferente. 

“DE LOS HECHOS SOMETIDOS A LA LEY. 

Art. 2: 

En lo que respecta a hechos delictivos que con base en el Derecho Internacional pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, independientemente del sector al que hubieran pertenecido sus autores, serán sometidos ante la justicia para que sean sujeto de investigación acorde a los parámetros de esta ley, y con el propósito único que se conozca la verdad de lo ocurrido, sin perjuicio de sanción distinta a la prisión, y se proceda a la reparación integral de las víctimas, todo dentro del marco aquí mismo previsto.

Para tales efectos, las autoridades administrativas y jurisdiccionales y toda entidad con competencia en la materia, aplicarán las medidas especiales establecidas en esta ley, y observando, como corresponde, la Supremacía Constitucional sobre los tratados internacionales ratificados y particularmente los principios de irretroactividad de las leyes en materia penal, de seguridad jurídica, de presunción de inocencia y del debido proceso.”

La ley y aunque se celebran las aproximaciones abolicionistas de la sanción penal, el Art. 2, cuando dice: “sin perjuicio de sanción distinta a la prisión”, se entiende como una invitación a la impunidad. No es que se trate de justificar el derecho a castigar tal como se entendía antes de la Ilustración, sino, porque va en contra de las nociones más importantes del programa de Derecho Penal Mínimo, reconocido por la Sala de lo Constitucional en el pasado[1].

Dicho programa establece, en resumidas cuentas, que penalmente relevante es aquella conducta externa que lesionen bienes jurídicos y no conductas de trascendencia interna. Esa sentencia fue aplicada para no darle relevancia penal a las conductas de posesión y tenencia de drogas sin ánimo de tráfico, y ejemplo de ellas es cuando aplica a personas que consumen drogas con fines personales[2] y la misma Sala de lo Penal ha dictaminado la irrelevancia de proceder penalmente contra ellas.[3]

Continuando dicha idea, la Corte Constitucional de Colombia, en su sentencia C-181-16, establece algo similar: “Por lo tanto, el derecho represivo solo puede castigar al hombre por lo que efectivamente realizó y no por lo pensado, propuesto o deseado, como tampoco por su temperamento o por sus sentimientos, o por su personalidad. “[4]

Ante ello, esta forma de configuración va en contra del programa de Derecho Penal Mínimo de El Salvador, porque hacen pasar por algo irrelevante el cometimiento la criminalidad más grave para la sociedad, que son los crímenes de guerra y lesa humanidad.

Se hace notar la hipocresía de la Asamblea Legislativa, al darle tal configuración a dichos delitos pero seguir castigando delitos como la posesión y tenencia sin ánimo de tráfico, aborto bajo cualquier causal, los cuales pueden entrar dentro del programa de derecho penal mínimo.

Darle un carácter especial al cometimiento de dichos delitos y tratárselos como mínimos equivale incluso una violación al derecho de igualdad, ya que se estaría tratando de manera desigual a los perpetradores de crímenes de guerra, al darles procesos penales e imputaciones más laxas, y a otras personas, como mujeres criminalizadas por problemas obstétricos, consumidores de drogas o trabajadores del sector informal, con todo el peso y poderío del Ius Puniendi del Estado.

“EXCEPCIONES A LA APLICACIÓN DE LA AMNISTÍA.

Art. 3.- No gozarán de la gracia de amnistía:

  1. Los que individual o colectivamente hubiese participado en la comisión de los delitos tipificados en la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, encontrándose cumpliendo o no penas de prisión por tales hechos; y
  2. Los que individual o colectivamente hubiese participado en la comisión de los delitos de secuestro tipificado en el artículo 149 del Código Penal, los comprendidos en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, y en la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión, ya sea que contra ellos se haya iniciado o no procedimiento o se encontraren cumpliendo penas de prisión por cualquiera de estos delitos, sean o no conexos con delitos políticos.”

Los incisos 1 y 2 de dicho Artículo pueden ser inconstitucionales por ir en contra de la irretroactividad de la ley penal. Las leyes especiales contra el terrorismo, drogas y extorsión son muy posteriores a los actos en la guerra, y se estaría vulnerando el Art. 21 de la Constitución de la República.

Lo que sí puede ocurrir, es que se adopten los tipos penales más cercanos a los tratados internacionales que adoptó El Salvador, porque son Ius Cogens, y pueden salvaguardar el principio de legalidad penal ante tales atrocidades, tal como lo ejemplifica la sentencia C-368-00 de la Corte Constitucional Colombiana.[5]

Las normas de Ius Cogens, son aquellas que son normas interpretativas de derecho internacional general, las cuales son aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional en los Estados, y no admiten acuerdo en contrario[6].

Por tanto, todos los tratados en contra crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, como la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, entre otros, serían aplicables e interpretados sistemáticamente con la gama de delitos cometidos en ese entonces.

“DE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y CRÍMENES DE GUERRA.

Art. 4.- Se entenderán por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derechos Internacional Humanitario a que se refiere el artículo dos, en adelante “graves hechos”, aquellos hechos delictivos que generaron una mayor conmoción social habida cuenta del número de víctimas o el cargo o investidura de las mismas, así como de las circunstancias graves y reprochables que rodearon los hechos, independientemente del sector al que hubieran pertenecidos los actores.”

Debe estudiarse la jurisprudencia comparada o la doctrina científica más autorizada para verificar cuales son los elementos que constituyen crímenes de lesa humanidad, ya que la Asamblea usa el que generaron conmoción social”. Entre los elementos que destaca por ejemplo el Recurso de Nulidad, R.N 2184-2017 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú[7] son: 

– Ataque generalizado  sistemático contra una población civil.

– Condición de poder del autor (Estado u organización irregular)

– Oportunidad de ejecución del delito.

– Calidad de las víctimas. 

Por lo tanto, siguiendo esos preceptos, es que se puede distinguir acordemente una correcta persecución penal de los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra, permitiendo mejor su investigación, depurada técnica probatoria en un proceso penal y una eventual emisión de una sentencia, aplicable a cada caso.

Recurrir al estándar de “generación de conmoción social”, solo permitirá que se mediaticen los medios y no exista una técnica depurada de obtención de medios probatorios, incluso llegando a ser infructífera la investigación penal, o conllevando a que se fuguen potenciales sospechosos que hayan cometido dichos delitos. 

“CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE RECONCILIACIÓN. 

Art. 5.- Créase la Comisión Nacional de Reconciliación para cumplir y dar seguimiento a la ejecución no jurisdiccional, de las medidas contempladas en esta ley; formular recomendaciones de orden legal, institucional y estructural para fortalecer los niveles de reconciliación de la sociedad y garantías existentes de no repetición de los graves hechos de violencia ocurridos durante el conflicto; promover la depuración de los archivos que existieren y en aquellos casos en que lo estime pertinente,  que documentan las distintas versiones de la realidad, con espíritu esclarecedor como reivindicativo y valor y alcance estrictamente históricos; y para funcionar además como una entidad de consulta y de difusión nacional en estos propósitos.

Su período de funcionamiento será de tres años. Estará integrado por dos personas nominadas por el Presidente de la República, de alta credibilidad social y reconocida trayectoria que hubiesen sido miembros de las delegaciones de cada una de las partes durante el conflicto sufrido en el país; un representante de cada uno de los partidos políticos existentes y con representación en la Asamblea Legislativa; y el Procurador(a) para la Defensa de los Derechos Humanos.” 

Sobre la creación de la Comisión Nacional de Reconciliación, sería irregular el inciso segundo, por buscar personas de alta credibilidad social,  que hayan sido miembros de las partes durante el Conflicto. 

La idoneidad debe de basarse en capacidad de investigación y recomendación, y no bajo parámetros de popularidad.

Para ello, existen ya los preceptos de moralidad e instrucción notoria acorde al Art. 126 de la Constitución de la República; aunque bien, la misma Sala de lo Constitucional ha declinado en determinar en dos ocasiones[8] sobre dicho precepto, reconoce que son conceptos jurídicos indeterminados, aplicables a cada caso. Sin embargo, la “alta credibilidad social” implica un criterio subjetivo, por el cual puede mermar la seguridad jurídica, porque se estaría haciendo con base en una credibilidad social por ser mediático, y no por tener los méritos profesionales adecuados. 

“DEL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO. 

Art. 7.- El Gobiernos de la República a través del Ministerio de Hacienda hará los ajustes y transferencias necesarios dentro del Presupuesto General de la Nación, para el adecuado funcionamiento de las entidades creadas a través de este decreto, que actuarán con total autonomía y en el marco del mismo.”

Es bastante sospechoso que exista un ente autónomo temporal, por lo que debe verse desde una óptica de transparencia en cómo se utilizarán los fondos de dicha comisión, en vista que tendrá régimen presupuestario propio.

Debe de tenerse en cuenta que por ser un ente temporal, este deberá ser auditado acorde al Art. 5 N°1 de la Ley de la Corte de Cuentas, siguiendo las Normas de Auditoría Gubernamental, según el Decreto N°5 emitido por el Presidente de la Corte de Cuentas del día 14-IX-2004. 

“COORDINACIÓN DE AUTORIDADES COMPETENTES. 

Art. 10.- Al efecto del conocimiento de estos graves hechos, las autoridades correspondientes podrán oír las recomendaciones que formule la Comisión Nacional de Reconciliación dentro de los treinta días hábiles de su funcionamiento, quien identificará los crímenes más graves, justificando objetivamente dicha selección y velando particularmente por el equilibrio de los sectores a que pudieren pertenecer sus autores.”

La coordinación y recomendación de judicialización de casos, equivale casi a una noticia criminis. Al menos en el ámbito de persecución penal de los crímenes de guerra y lesa humanidad no es necesaria, porque hay densa documentación para procesar. Es potencialmente inconstitucional porque están tratando de invadir la parte investigadora y analítica penal de la FGR. 

Ejemplo de ello es la sentencia Inc. 1-2018 de la Sala de lo Constitucional[9] respecto a la “autonomía”  de la UIF en la FGR. Por tratarse de ser un ente que analiza información financiera, es un ente especial por ser técnica respecto a las finanzas, y darle así, datos depurados a la FGR para procesar penalmente. 

Esto no ocurre en una escena de persecución de delitos de guerra o lesa humanidad, por lo que se estaría contraviniendo el Art. 193 Cn, ya que el procesamiento de delitos de guerra no es necesaria la ciencia técnica especializada para proceder ante ellos, ya que como se dijo, hay suficiente información para ser interpretada, procesada y sometida para un proceso penal. 

“DEL PLAZO DE SOMETIMIENTO DE LOS HECHOS ANTE LA JUSTICIA. 

Art. 11.- Los graves hechos podrán ser sometidos a la justicia dentro de los ciento ochenta días a partir de la vigencia de esta ley.

Asimismo, de entre ellos se priorizarán aquellos casos que no han sido objeto de investigación y enjuiciamiento.

En caso de graves hechos cuya investigación o proceso judicial hubiese iniciado e incluso finalizado antes de la vigencia de esta ley, quedarán sujetos de pleno derecho a las medidas previstas en la misma.”

El inciso 1 da a entender que solo hay 180 días para enjuiciar dichos casos, por lo que está ocurriendo una prescriptibilidad material, lo cual es contrario a lo estipulado de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad en el Derecho Internacional Humanitario. 

Incluso, en el romano IV de la sentencia Inc. 44-2013/145-2014 de la Sala de lo Constitucional reconoce ello. La Asamblea Legislativa estaría desobedeciendo los mandatos de dicha sentencia. 

Lo mismo aplica con el inciso 2.

Se establece que la imprescritibilidad es el medio por el cual se persigue la mayor ofensa delictiva en contra del tejido social y contra la sensibilidad humana, sin importar en qué lugar se encuentre, por lo que este mecanismo procesal no solo estaría desobedeciendo el criterio jurisprudencial citado anteriormente, sino también, estaría violando el Art. I (reconocimiendo de imprescriptibilidad) y Art. III (Compromiso de Adopción de Medidas de Aseguramiento de la Imprescriptibilidad) de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, el cual es de fecha 26 de noviembre de 1968 en la Organización de Naciones Unidas, entrando en vigor el día 11 de noviembre de 1970. 

“ABREVIACIÓN DE PLAZOS. REGLAS ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO. 

Art. 12.- Las autoridades correspondientes darán prioridad a estos graves hechos, debiendo abreviar los plazos de sus actuaciones y poner fin a los procesos en la forma más pronta y eficiente posible, respetando las etapas y principios procesales y con base a la evidencia disponible.

La solicitud de apertura del proceso por parte del fiscal del caso, se presentará ante el Juez de Instrucción competente conforme a las reglas del derecho común, debiendo este convocar a las partes a una audiencia especial de imposición de medidas en los mismos términos y plazos que para convocar a audiencia inicial se señala en el derecho común.

Al cabo de la audiencia especial mencionada en el inciso anterior, el Juez competente deberá resolver sobre la adopción de medidas cautelares si así fuere procedente y ordenará la instrucción formal; el juez del caso dictará sobreseimiento definitivo en aquellos casos en que lo permite el derecho común; sí por ser insuficiente la investigación procediere un sobreseimiento provisional, se ordenará instrucción formal.

En las demás etapas del proceso y el régimen de audiencias, se observará lo prescrito en el derecho común; para las audiencias se aplicarán las reglas de la vista pública adaptadas a la sencillez de esta, igualmente en lo que respecta a los medios de impugnación, así como el régimen de excepciones a oponer.

Para la celeridad de la justicia, los plazos señalados para la instrucción en el proceso común deberán abreviarse según cada caso pero no excederán de seis meses.

La extinción de la acción y responsabilidad penal por prescripción, se decretará en cualquier estado del proceso, de oficio o a petición de parte.

Las personas de la tercera edad que resultaren responsables como autores o partícipes de los graves hechos contemplados en la presente ley; o con enfermedades crónicas o terminales medicamente comprobadas por el Instituto de Medicina Legal o por los peritos que nombre el Juez del caso, no estarán sujetos a sanción penal alguna. En ningún caso se impondrán penas accesorias.

En general se aplicarán las mismas normas y principios que rigen al derecho común, con las modificaciones contempladas en la presente normativa.”  

El inciso segundo mezcla nociones de la jurisdicción especializada de crimen organizado, para empezar los procesos penales en los juzgados de instrucción y llevar ahí audiencias iniciales. Esto sería contrario a la garantía del juez natural porque se desnaturaliza el proceso penal y cada fase del proceso penal designa un juez en específico, y no pueden juzgarse varias veces por la misma causa. Va en contra del Art. 15 de la Constitución.

El inciso 5 es una invitación a la impunidad y va en contra del programa de derecho penal mínimo antes mencionado. No es lógico, que la forma de criminalidad más grave, donde pueda haber políticas de represión, tengan como máximo un plazo de 6 meses, y este pueda recortarse. Esto es con miras de obstaculizar investigaciones.

Los incisos 6 y 7 son inconstitucionales porque los delitos antes mencionados son imprescriptibles y vulnera el derecho a la motivación judicial. La Sala de lo Constitucional se ha expresado sobre ello en la sentencia Inc. 37-2007ac[10], en la cual, la ley penal no le puede imponer al juez en como fallar o qué prerrogativas penales no puede beneficiar o aplicar a alguien porque la ley lo dice.

Por lo tanto aplicar una disposición de ley, con agravamiento del derecho al deber de una motivación judicial vulnera flagrantemente los componentes de un debido proceso, y el Juez Penal se estaría convirtiendo en un mero tramitador legal.

“APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

Art. 13.- En las diligencias iniciales y durante la instrucción de los procesos por graves hechos operarán de pleno derecho medidas sustitutivas o alternativas a la detención, determinadas por la autoridad judicial competente.” 

Lo mismo aplica respecto al derecho de una motivación judicial cuando dice que las medidas cautelares operarán de pleno derecho. Si amerita detención provisional por concurrir apariencia delictiva de los hechos (fumus boni iuris) y puede haber conductas procesales de fuga u obstaculización del proceso, es menester del juez motivarlo, no porque la ley se lo imponga. 

La Revista Enfoque Jurídico ya se ha expresado previamente sobre la actitud carcelera que han tenido los jueces penales en El Salvador, al punto de exigir arraigos en detrimento de los imputados para probar su inocencia[11], en vista que se está aplicando el Art. 330 Inc° 2 del Código Procesal penal.

Por tanto, convertir al Juez Penal en mero tramitador “light” de los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, demuestra la hipocresía de la Asamblea Legislativa al querer dotar de proceso penales más ligeros en contra de la peor forma de lacra delictiva, mientras que se aplican disposiciones penales más represivas en contra de la delincuencia común. 

“REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS Y DEL RÉGIMEN DEL PERDÓN. 

Art. 14.- En presencia de estos graves hechos se privilegiará la reparación integral de las víctimas, sin perjuicio de la sanción a quienes resultaren responsables de los mismos.

Para los efectos sancionatorios en el marco de esta ley, se establece como pena principal, alternativa a la prisión, los trabajos de utilidad pública, a ser realizados por un periodo de uno a siete años, según la gravedad de los hechos.

Dichas labores no remuneradas serán realizadas dentro de programas de rehabilitación que al efecto diseñará el Consejo Nacional de Seguridad Pública, o en su defecto, en las comunidades a las que pertenecieren los implicados, acorde a su edad y capacidades propias, conforme a un plan aprobado y vigilado por la autoridad judicial correspondiente.

La solicitud de perdón aparejada al reconocimiento de los hechos atribuidos extingue la acción penal y reduce la pena. El perdón extingue la acción penal y la pena.”

Lo mismo aplica con el programa de Derecho Penal Mínimo.

El inciso 3 menciona que “dichas labores no remuneradas serán…”  es una invitación a una forma moderna de esclavitud, ya que los privados de libertad deben de gozar sus derechos laborales y no son suspendidos cuando una responsabilidad penal es impuesta.

El inciso 4 es inconstitucional porque quiere aparejarse el crimen de guerra como si se tratara de una falta, para que haya exención de responsabilidad penal a base de un perdón. Confunde impunidad con programa de derecho penal mínimo antes explicado.

Conclusión: 

Esta ley tiene muchos tintes de ser una amnistía en blanco, los que buscan facilitar la impunidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia Barrios Altos v. Perú[12], destacó en sus fundamentos jurídicos 41 al 44, que las leyes de amnistía configuradas como tal, violan los derechos de las víctimas como el acceso a la justicia, derecho de audiencia y derecho a la verdad, vulnerando los artículos 1,1, 2, 8,1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque obstaculizan la justicia y no permiten investigar y procesar a los criminales de guerra o autores de delitos de lesa humanidad, institucionalizando la impunidad.

Por lo tanto, varios artículos de esta ley, violan los preceptos desarrollados por la Sala de lo Constitucional respecto al programa de Derecho Penal Mínimo, al confundir los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra como si fuera el tratamiento material y procesal de una falta, vulnerando el principio de igualdad de paso; así también, vulnera las prerrogativas investigativas de la FGR, estipuladas en el Art. 193 de la Constitución de la República, y confunde los procedimientos a seguir, mezclando aspectos de la Ley de Crimen Organizado, Código Procesal Penal y aplicación del procedimiento especial de faltas, vulnerando relativamente el Art. 15 Cn respecto a la Garantía del Juez Natural.

De mantenerse así este proyecto, estaría institucionalizándose una impunidad nuevamente, no solo estando en contra del criterio jurisprudencial desarrollado hace casi tres años por la Sala de lo Constitucional, sino también, yendo en contra del criterio jurisprudencial Barrios Altos v. Perú desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en contra de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, ya que se estarían adoptando medidas para asegurar la impunidad o persecución penal nugatoria de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

 Referencias:

[1] Sentencia del día 16-XI-2012, Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, referencia judicial Inc. 70-2006ac.

[2] Langlois, Ricardo. El caso de Clay Andrew Pierce: víctima del exceso punitivo en el combate a las drogas, publicado en Enfoque Jurídico, visitado el día tres de marzo de dos mil diecinueve. Enlace: https://enfoquejuridico.org/2017/11/26/el-caso-de-clay-andrew-pierce-victima-del-exceso-punitivo-en-el-combate-las-drogas/

[3] Sentencia del día 8-II-2019, Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, referencia judicial 288C2018. En este caso, la Sala dictaminó que era penalmente irrelevante perseguir penalmente a una persona que consume drogas con fines personales, y que todos los indicios existentes no podían hacer inferir que se tratara con una posesión y tenencia con fines de tráfico.

[4] Sentencia día 13-IV-2016, Corte Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, referencia judicial C-181-16.

[5]Se cita dicho criterio: “Es claro que ni la norma constitucional citada, ni los instrumentos internacionales referidos, ni el artículo demandado permiten que en la actualidad se procese a alguien por el delito de desaparición forzada sin violar el artículo 29 de la Carta Política; ello sólo será posible válidamente, una vez entre en vigencia el nuevo Código Penal que consagra tal conducta como delito y señala la pena correspondiente, de acuerdo con las normas procesales que asignen la competencia requerida para conocer de esa clase de hecho punible, y definan las formas propias del juicio que se deberán observar. Sin embargo, lo dicho no hace que el artículo 3° de la Ley 522 de 1999 sea inexequible, pues en tal norma el legislador no creó inadecuadamente un tipo penal; sólo hizo referencia a uno que, de acuerdo con los compromisos adquiridos por el Estado en virtud de la ratificación de los citados instrumentos internacionales debe consagrarse en la legislación interna, y a cuyo establecimiento atendió con la aprobación del artículo 165 del nuevo Código Penal antes citado; tal referencia, tiene el único efecto de señalar la exclusión de esa clase de conductas de las comprendidas por el fuero de los miembros de la Fuerza Pública, y esa consecuencia recoge la doctrina sentada por la Corte Constitucional en las sentencias C-574/92 y C-225/95 antes referidas.

[6] Langlois Guevara, René Alberto. Curso de Derecho Diplomático. Teoría y Práctica de la Diplomacia. San Salvador, El Salvador, talleres de la Corte Suprema de Justicia, año 2009, Pp. 19-20.

[7] Sentencia del día 2-V-2018, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Recurso de Nulidad 2184-2017.

[8] Ver sentencia de Inconstitucionalidad  51-2013 y 105-2018.

[9] Sentencia del día 23-I-2019, Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Controversia Constitucional 1-2018.

[10] Sentencia del día 14-IX-2011, Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, referencia judicial Inc. 37-2007/45-2007/47-2007/50-2007/52-2007/74-2007.

[11] LANGLOIS, RICARDO. “Presunto culpable hasta que se demuestre lo contrario: los arraigos en el proceso penal”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 27 de febrero de 2018 http://enfoquejuridico.org/2018/02/27/presunto-culpable-hasta-que-se-demuestre-lo-contrario-los-arraigos-en-el-proceso-penal-salvadoreno/

[12] Sentencia del día 14-III-2001, Corte Interamericana de Derechos Humanos, referencia judicial Barrios Altos v. Perú.

LANGLOIS, RICARDO. “¿Qué tan inconstitucional es el proyecto de ley de amnistía de Rodolfo Parker?”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 07 de abril de 2019 https://enfoquejuridico.org/2019/04/07/que-tan-inconstitucional-es-el-proyecto-de-ley-de-amnistia-de-rodolfo-parker/