Se impondrán multas desde $300 a testigos, abogados, jueces y bancos por infracciones a Ley.

Aspectos previos.

Uno de los instrumentos más importantes con los que cuenta el gobierno en la tarea de dirección política, económica y social es la Administración Pública, que es el conjunto de entidades estatales encargadas de realizar las funciones de ejecución y gestión de la cosa pública, persiguiendo así la satisfacción del interés general o colectivo.

De ahí que la Administración Pública cuenta con poder de emitir decisiones, y estas hacerlas ejecutar sin que se pueda evadir o evitar por ninguna persona, lo que busca la producción de efectos jurídicos sobre la realidad que vivimos. Es así que encontramos las relacionadas con el poder sancionatorio de la administración, que puede incidir negativamente en la esfera de los derechos fundamentales de los administrados, de las autoridades y servidores públicos; en otros términos, si esta potestad fuera vedada a la administración, significaría dejarla sin una herramienta muy eficaz para hacer cumplir el ordenamiento jurídico, ya que mediante la imposición de una sanción también se busca la prevención de otras conductas que son contrarias a la administración.

Cabe señalar que la potestad sancionatoria está jurídicamente limitada por la ley, de manera que no se puede actuar sin una atribución normativa previa (Principio de Legalidad), lo que es una derivación de la seguridad jurídica.

Es importante definir que la potestad sancionadora del Estado tiene tal trascendencia que solo se diferencia a los ilícitos de naturaleza penal por meros aspectos cuantitativos (intensidad de la sanción), siendo aplicados los principios y reglas constitucionales que presiden el Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador, pues ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, de ahí que un mismo bien jurídico puede ser protegido por técnicas administrativas o penales; por tanto la fijación de los hechos que sean constitutivos de ilícitos o infracciones  y sus respectivas sanciones deben fijarse en una ley formal previa, cierta e inequívoca, redactadas con la mayor precisión posible.

Por otra parte, dentro de los procedimientos para la determinación de la responsabilidad administrativa de una persona (conocido como heterotutela o autotutela) se exige el cumplimiento y el respeto de los derechos que conforman el proceso constitucionalmente configurado: presunción de inocencia, derechos de audiencia y defensa, de probar, de recurrir y el de un proceso público, conjuntamente con los principios de legalidad, igualdad, contradicción, culpabilidad, proporcionalidad y la prohibición de doble juzgamiento.

Aclarado y expuesto lo anterior, se ha advertido en nuestra jurisprudencia constitucional una serie de inconstitucionalidades sobre las penas de multa (Art. 14 Cn), porque han sido establecidas con base al “salario mínimo urbano” en nuestra legislación secundaria (Sentencias: 8-VII-2015 Inc. 108-2012; 27-X-2017, Inc. 134-2012; 31-VIII-2015, Inc. 115-2012), sin embargo esta calificación no es congruente ni atinente al principio de Unidad de las Leyes, pues han sido normas redactadas sin la precisión que se exige (mandato de determinación), siendo el fundamento de los recurrentes que el término “salario mínimo urbano” no está regulado como uno de los sectores productivos a los que hacen referencia los Decretos Ejecutivos que fijan el salario mínimo para la imposición de la pena de multa, fundamento aceptado por el mayor Tribunal constitucional, por considerarse un parámetro que recae en un ámbito discrecional difícilmente justificable.

A manera de ejemplo en la sentencia 02-VIII-2014, Amp. 370-2012 se advierte el criterio antes expuesto: “En definitiva, el supuesto de multa previsto en la letra b) del art. 47 de la LSPS, al no especificar el rubro económico de salario mínimo que deba ser utilizado para la cuantificación de la multa respectiva, planteó un alto grado de indeterminación para la aplicación de la sanción administrativa en mención, lo cual, con la confinación de las aludidas multas, generó un ámbito de discrecionalidad difícilmente justificable, con el consiguiente desmedro a la certeza sobre la forma en que sería afectada la propiedad de la sociedad reclamante”.

Un nuevo elemento para la imposición de multas conforme a la Constitución.

Sin embargo en la sentencia 147-2015, de fecha doce de febrero del dos mil dieciocho, en donde se enjuiciaba el Art 515 inc. 3 CPCM, que expresa:

Sentencia de apelación.

“Art. 515.- Concluida la audiencia, el Tribunal podrá dictar sentencia de inmediato, si lo estima pertinente; o dar por concluida la audiencia luego de los alegatos finales para dictar sentencia por escrito dentro del plazo de veinte días contados desde el siguiente a aquél en que se hubiera celebrado la audiencia. En todo caso anunciará verbalmente el fallo. (2)

La sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de adhesión.

El incumplimiento de los plazos establecidos hará incurrir al tribunal responsable en una multa que consistirá en un salario mínimo urbano, más alto, vigente por cada día de retraso.”

 La Sala ha considerado un elemento que diferencia a otras sentencias de inconstitucionalidad respecto a las multas, pues si bien en el artículo arriba consignado siempre se le nombra “salario mínimo urbano vigente”, se identifica en dicha norma la expresión “más alto”, lo que constituye un parámetro que si vuelve determinada la sanción.

Puesto que el salario mínimo mensual más alto, actualmente, es el que le corresponde a los Trabajadores de comercio, servicio, la industria e ingenios azucareros, representa un parámetro para determinar el salario que se debe tomar como base para imponer la multa, por lo que concluye la Sala que el Art. 515 inc. 3 CPCM, admite una interpretación conforme a la Constitución.

De ahí la misma Sala determina una serie de disposiciones cuyo texto es similar al ejemplo referido, y que se debe de interpretar de esta manera:

Art. 186 inc. 5 CPCM. Emplazamiento por edicto. “…Si posteriormente se comprobare que era falsa la afirmación de la parte que dijo ignorar la dirección del demandado, o que pudo conocerla con emplear la debida diligencia, el proceso se anulará, condenándose al demandante a pagar una multa de entre dos y diez salarios mínimos urbanos, más altos, vigentes, según las circunstancias del caso.”

Art. 362 inc. 1 CPCM. Obligaciones del testigo. “El testigo tiene la obligación de comparecer al acto de la audiencia probatoria para la que fue citado. Si no compareciera y no ofreciera debida justificación, se le impondrá una multa cuyo monto se fijará entre uno y tres salarios mínimos, urbanos, más altos, vigente; y se le podrá volver a citar con advertencia de proceder contra él por delito de desobediencia a mandato judicial…”

Art. 388 inc. 1CPCM. Incomparecencia del perito. “Si no compareciera el perito debidamente citado, y no ofreciera suficiente justificación, se le impondrá una multa cuyo monto se fijará entre cinco y diez salarios mínimos urbanos, más altos, vigentes, y se le podrá volver a citar con advertencia de proceder contra él por cielito de desobediencia a mandato judicial.”

Art. 417 inc.2 CPCM. Sentencia. “La sentencia que deba resolver todas las cuestiones planteadas en el proceso, se dictará dentro de los quince días siguientes a la finalización de la audiencia de prueba y será notificada a las partes en un plazo que no excederá los cinco días desde que se dictó.

El incumplimiento de los plazos anteriormente establecidos hará incurrir al juez o tribunal en una multa cuyo monto será de un salario mínimo, urbano, más alto vigente por cada día de retraso.”

Art. 513 inc. 1 CPCM. Admisión o rechazo del recurso. “Inmediatamente después de recibido el recurso por el Tribunal Superior, éste examinará su admisibilidad. Si fuese inadmisible, lo rechazará, expresando los fundamentos de su decisión y condenando al que hubiere abusado de su derecho, al pago de una multa de entre dos y cinco salarios mínimos urbanos, más altos, vigentes.”

Art. 613 inc. 2 CPCM. Deber de colaboración en la averiguación. “…El juez podrá imponer multas periódicas a las personas y entidades que no presten la colaboración que el tribunal les demande con arreglo al inciso anterior, en cantidades que oscilen entre cinco y diez salarios mínimos, urbanos vigentes más altos, las que graduará según sea el valor en litigio, sin perjuicio de informar al respecto a las entidades contraloras”

Multa desde $ 600 a los abogados que abusen en la interposición de recursos.

Un aspecto importante de señalar es que en práctica forense existen muchos abogadas y abogados que buscan enredar el trámite judicial con la interposición de recursos, ya sea con fines dilatorios, para cobrar más a su representado, para evadir justicia, para no hacer eficaz la decisión judicial, etc., sin mayor fundamento casuístico y jurídico, lo que le impide al sistema desempeñar su trabajo bajo el principio de una Pronta y Cumplida Justicia, volviéndose intransigentes las medidas tomadas por las y los juzgadores, lo que a la vez genera un desgaste a la actividad jurisdiccional y un desembolso económico extra por parte del Estado, por ello esta sentencia es de suma importancia porque busca la prevención de estas conductas, para que no se preste a un juego que solo trae consecuencias que afectan los intereses de los justiciables, del sistema judicial y del mismo Estado.

Multa de hasta $ 3000 para abogados que falsamente establezcan que los demandados son de domicilio ignorado.  

Otra mala costumbre de muchos abogados litigantes es pretender alcanzar sus pretensiones, o de manera contraria, que no les hagan reclamaciones a sus representados, aseverando que el demandado es de domicilio ignorado, aun cuando saben que eso no es así. En materia de Familia (en donde además opera el principio de Probidad, Lealtad y Buena Fe) existen procesos de divorcios en donde se dice que la demandada es de domicilio ignorado para que no se reclamen derechos como la Pensión Compensatoria, Pensión Alimenticia Especial, Alimentos a hijas e hijos, o también en casos que el alimentante desea cesar la cuota que se le ha fijado u otros en que se busca desplazar una paternidad, por citar ejemplos. Esta sentencia de la Sala de lo Constitucional da el aval para que los jueces de familia al percatarse de eso, teniendo la certeza de que se ha escondido el paradero del justiciado, previo a brindar el derecho de defensa del supuesto infractor, analizando las pruebas que se conozcan sobre el incidente, debe de aplicar el Art. 186 CPCM  e imponer una multa que va desde los $ 300 hasta los $ 3000 por dicha infracción, pues como se dijo al inicio es una potestad del poder sancionatorio de la administración del Estado.

Multa de $ 300 al Juez por cada día de retraso del plazo en que debe dictar la sentencia.

Otra realidad que se vive en las sedes judiciales, es que en muchos Tribunales las y los jueces no cumplen con el plazo que ya la ley establece para dicar las sentencias una vez finalizada la Audiencia Probatoria, a tal grado que muchos de los abogados se ven afectados porque tienen menos tiempo para la interlocución de recursos, lo que lleva a mayores afectaciones a los justiciados, en ese sentido la Sentencia 147-2015 permite que se impongan las multas a dichos funcionarios, cuando se compruebe por parte del Tribunal mayor en grado que el Juzgador o Juzgadora ha sido negligente en sus funciones y no ha dictado la sentencia por causas y razones injustificadas.

Esta sentencia, de ser puesta en práctica, proporcionaría mayor calidad en la labor judicial, y le exigiría profesionalismo a los litigantes en su trabajo, pues el fin es cumplir con los principios de dar una pronta justicia para quienes necesitan resolver sus conflictos por medio de los Tribunales del país.