La declaratoria de herencia yacente.

Introducción.

Se dio el caso, que un juez de lo civil del área metropolitana, al examinar una solicitud de “Diligencias de Declaratoria de Herencia Yacente”, que había sido promovida por un interesado (acreedor hipotecario), con la finalidad de reclamar sobre la herencia del causante el cumplimiento de una obligación dineraria que tenía a su favor.

El juzgador  advirtió, que en la certificación de partida de defunción anexada a la solicitud, constaba que el hijo de la persona fallecida, fue quien había proporcionado los datos para inscribir dicha defunción, considerando con ello que existía un obstáculo para procesar la petición que se le había presentado, en base al Art. 988 Código Civil, pues, a su juicio, era el hijo quien por encontrarse en el primer orden para llamar a la sucesión intestada, el que debía aceptar la herencia, declarando improponible la solicitud.

La improponibilidad declarada por el juez de lo civil, la fundó en los Arts. 988 y 1164 C.C., pues si bien, ya habían transcurrido más de quince días desde que se abrió la sucesión del causante, sin que persona alguna se presentara o aceptara la herencia, y que se habilitaba así el derecho de ser declarada en estado de yacencia a petición de cualquier interesado en reclamar algún derecho contra ella, consideró que al existir un hijo (en base a la certificación de partida de defunción) era él quien se encuentra en primer orden para llamar a la sucesión intestada, lo que le impedía darle trámite a las diligencias.

La declaratoria de herencia yacente.

Nuestra legislación determina que las personas a quienes se les concede vocación sucesoria (intestada), son quienes tienen con el causante algún vínculo de parentesco y además ha indicado la preferencia en que sucederán los llamados a la herencia -Arts. 988 y 989 C.C.-

Cualquiera de las personas indicadas en el Art. 988 C.C., puede presentarse ante un Juez o un notario, para solicitar que se le declare heredero de los bienes dejados por un causante, probándose el derecho a la herencia en base al estado familiar o parentesco que con ella se tienen, siendo la prueba idónea la certificación de partida correspondiente.

Sin embargo, se le designa con el nombre de yacente a aquella herencia cuya posesión no ha entrado todavía el heredero testamentario o ab intestato; es decir, que el conjunto de bienes hereditarios de la cual se compone la sucesión, parece yacer o descansar hasta que sea aceptada.

Lo anterior implica que el proceso de transmisión está detenido y de persistir esto, las personas que tienen derechos que hacer valer contra el causante, no pueden ejercitarlos, pues la masa sucesoral necesita de un titular, es decir que esté unida a alguien, no pudiendo considerarse autónoma.

Así, al revisar el Art. 1163 C.C. encontramos que dicha norma dispone la necesidad de nombrar un curador que represente a la sucesión, es decir una persona que vendría a fungir como un administrador de los bienes que estaban abandonados, teniendo la potestad de velar por la mera custodia y conservación de los bienes, así como los necesarios para el cobro de créditos, pago de deudas, etc., tal como lo disponen los Arts. 486 y siguientes C.C., pues los bienes del haber herencial deben ser entregados, a quienes prueben tener derecho a ellos.

Requisitos para la procedencia de la declaratoria de herencia yacente.

Es en el Art. 1164 C.C. donde encontramos con mayor precisión los requisitos para que opere la declaratoria de herencia yacente y como consecuencia lógica se realice la designación de un curador:

1) Que hayan transcurrido quince días desde la apertura de la sucesión, esto es de la muerte del causante;

2) Que no se haya aceptado la herencia o una cuota de ella;

3) Que habiéndose presentado persona aceptando herencia, no se hubiese comprobado suficientemente su calidad de heredero; cumplidos estos requisitos, cualquier persona interesada podrá pedir se declare yacente la herencia y el nombramiento de curador.

De cumplirse con los hechos y requisitos anteriores, la masa de bienes que constituyen la herencia se hallan sin dueño que cuide de ellos, por lo cual debe declararse yacente; y declarado este estado procederse al nombramiento de un curador que la represente para que tome a su cargo la administración de ellos, atienda al pago de las deudas del difunto así como la cobranza de sus créditos, mientras se presenta heredero que acepte tal herencia.

Ya el Código Procesal Civil y Mercantil, regula que para estos tipos de casos, de haberse iniciado un proceso, deberá de cumplirse con el Art. 86 de la sucesión Procesal por muerte, que en su inciso dos ordinal tercero expresa: “Cuando conste en el proceso la defunción de una de las partes se seguirá los procedimientos según el caso: (…) 3° Si hubiesen pasado quince días después del fallecimiento de una de las partes sin que se presente persona alguna a aceptar la herencia y el Juez no fuere competente para el conocimiento de esas diligencias, comunicará tal situación al juez de lo civil competente, para que éste proceda de conformidad al art. 1164 del Código Civil, en cuyo caso se suspenderá el proceso. Una vez declarada la herencia yacente y nombrado el curador se emplazará a éste y se continuará el proceso”.

Conclusión.

En conclusión y frente a la decisión de un juez de lo civil antes descrita, se puede afirmar que la improponibilidad a la solicitud de Diligencias de Declaratoria de Herencia Yacente, in limine Litis, deviene de una errónea interpretación del Art. 988 C.C., al considerar aspectos que trascienden la esfera de la legalidad, cayendo en la arbitrariedad de pre suponer requisitos que la ley no exige, tal como considerar que es el hijo del causante quien únicamente puede llamar a la sucesión.

Por ello, como lógica jurídica general en derecho sucesoral, podemos afirmar que no se le puede exigir a una persona que renuncie al derecho de promover diligencias previas de declaratoria de herencia yacente, una vez este haya cumplido con los requisitos mínimos exigidos por la ley, pues de lo contrario se estaría vulnerando el principio de legalidad y el derecho de acceso a la justicia.