La transacción.

La palabra transacción procede del latín transactio, de trans, más allá, y de actio, acción. “Transacción denota un contrato en que se convienen o ajustan los litigantes acerca de algún punto dudoso o litigioso, decidiéndolo mutuamente a su voluntad. Por extensión se aplica a cualquier otro negocio, aunque no hubiese llegado a hacerse litigio (DE ECHEGARAY, E., Tomo V, 1889, p. 551). Transacción expresa el acto de transar, que viene de transigir. Transigir es convenir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero, a fin de procurar un ajuste. Por medio de este ajuste se trasciende del derecho de accionar. En práctica forense, la transacción es el acuerdo de solución de controversias procesalmente debatibles. Este acuerdo tiene lugar entre las partes que integran el objeto de la controversia, sin necesidad de un tercero que los oriente al arreglo, ya al tiempo en el que la controversia se debate judicialmente o ya de forma anticipada.

El Artículo 2192 Inciso 1 CC establece que la transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio, o precaven un litigio eventual. Los titulares de los derechos en disputa pueden celebrar un contrato de transacción con el fin de establecer una solución a la controversia, así como quienes deseen evitarla. La transacción puede ser procesal o preprocesal. Es procesal cuando la transacción versa sobre un conflicto que ya ha sido judicializado, es decir, cuando se estipula con el fin de terminar un litigio. Es preprocesal cuando versa sobre uno que aún no lo ha sido, ya sea porque no se ha incoado la demanda o porque el problema aun no se ha manifestado a plenitud. En este caso la transacción sirve para evitar que inicie el litigio. Pero en cualquier caso la transacción siempre es de naturaleza extrajudicial, en el sentido que el contrato se perfecciona sin que sea necesaria la participación del Juez.

Como contrato, la transacción cuenta con elementos esenciales y naturales, y puede contar con elementos accidentales. La discrepancia de intereses presentes o futuros y la solución de los mismos por los propios interesados son elementos imprescindibles de este contrato. La estipulación de una pena para el que incumple el contrato es un elemento accidental. Por otra parte, es importante considerar que nadie puede transar sobre controversias ajenas, salvo que se cuente con autorización expresa. En ese sentido, el Artículo 2193 CC dispone que no puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción. Por ejemplo, el padre no puede transar sobre bienes del hijo. Además, nadie puede ser obligado a transar sobre sus propios intereses ni a transar en nombre de otro. Sin embargo, el titular del interés en disputa puede autorizar a otra persona para que pueda transar en su nombre. En este supuesto el mandatario actúa en nombre y representación del mandante.

Las abogadas y abogados necesitan de un poder especial para transar en nombre de sus representados. El Artículo 2194 CC establece que todo mandatario necesita de poder o cláusula especial para transigir, sin que haya necesidad de especificar los bienes, derechos y acciones sobre que deba versar la transacción. La facultad para transar no se presume ni se incluye dentro de las facultades generales del mandado, sino que se rige por la literalidad y especialidad de su otorgamiento. Por tanto, si el abogado transa sin tener facultades especiales para ello, la transacción adolece de vicios de nulidad, salvo que sea ratificada por el interesado con posterioridad. La misma regla aplica en el caso de la conciliación. A pesar de que el Artículo 2194 CC no exige que el mandante especifique los bienes, derechos y acciones objeto de la transacción, lo cierto es que en el poder debe expresarse en qué términos se debe efectuar el contrato de transacción.

La transacción es valida siempre que no verse sobre materia excluida de dicha contratación, como lo relativo al ejercicio de la acción penal (Artículo 2195 CC), al estado familiar (Artículo 2196 CC), a alimentos futuros –sin aprobación judicial– (Artículo 2197 CC) y sobre derechos ajenos sin tener autorización del titular o sobre derechos inexistentes (Artículo 2198 CC) o irrenunciables (Artículo 84 Inciso 1 LPF). El acto de transigir es un acto personal y los efectos que produce son de la misma naturaleza. Por ello, el Artículo 2207 CC dispone que la transacción no surte efecto sino entre los contratantes. Como parte de la transacción, las partes pueden estipular una pena contra el que deja de ejecutar el acuerdo. La pena puede consistir, por ejemplo, en el pago de una cantidad de dinero determinada o en la entrega de una cosa especifica. En cualquier caso, el cumplimiento de la pena no impide que el contrato de transacción se haga valer en todas sus partes. Por ejemplo, puede alegarse como una excepción material, aun y cuando la pena contractual se haya hecho valer. En tal sentido, el Artículo 2209 CC establece que si se ha estipulado una pena contra el que deja de ejecutar la transacción, habrá lugar a la pena, sin perjuicio de llevarse a efecto la transacción en todas sus partes. Asimismo, el cumplimiento de este acuerdo puede exigirse por medio del trámite de ejecución forzosa, una vez que ha sido debidamente homologado por el Juez competente (Artículo 554 Ordinal 3.º CPCM).

El Artículo 84 Inciso 1 LPF establece que las partes podrán transigir antes de que la sentencia quede ejecutoriada. A diferencia de la conciliación, que puede lograrse hasta antes de que se dicte el fallo en primera instancia, la transacción puede convenirse antes de que la sentencia quede ejecutoriada; es decir, después de que se dicte el fallo y antes de que finalice el plazo para impugnarlo. Esto es posible si el acuerdo de transacción afecta únicamente derechos de las partes y no constituye un instrumento de fraude procesal. Esto confirma aun más la preferencia del legislador de que los juicios terminen por arreglo de los interesados y no por la imposición de un tercero. Si las partes presentan el contrato de transacción con posterioridad al fallo, el Juez deberá examinar que su contenido no vulnere derechos irrenunciables ni derechos de terceros, y que el acuerdo se encuentra dentro del radio de disposición privada de los litigantes. Además, deberá dejar sin efecto su pronunciamiento judicial y autorizar el acuerdo transaccional. Si dicho acuerdo no reúne los requisitos mínimos de procedencia, no tendrá por reconocido sus efectos dentro del proceso y, en consecuencia, éste seguirá con su curso ordinario, esperando que la providencia judicial adquiera firmeza o sea impugnada. Pero como ya se dijo, esto es posible únicamente si el contrato de transacción no afecta derechos de derechos y, sobre todo, si no se constituye como un instrumento de fraude procesal.

Cuando se presenta el contrato de transacción y éste es aceptado por el Juez, el juicio finaliza por medio de auto que declara improponible la demanda. No es que termine por el acuerdo transaccional, como sucede con la conciliación; más bien termina porque el juicio queda sin objeto procesal que sustanciar. El contrato de transacción no requiere homologación judicial para que tenga validez en sí mismo, pero para que cobre efectos procesales requiere que sea aceptado o aprobado por el Juez, con el fin de verificar que no infringe las disposiciones legales ni los principios que sustentan los derechos en disputa. Si el contrato de transacción no adolece de irregularidades, el Juez lo aprueba con el fin de que cobre efectos procesales en el caso in concreto. Si el Juez advierte un vicio dentro del contrato de transacción, no puede declararlo nulo, sino que dicha pretensión únicamente es posible a través del correspondiente proceso de declaratoria judicial de nulidad. Ahora bien, en el caso de la transacción preprocesal no se necesita de la homologación del Juez, porque no existe proceso alguno en el cual se quiera hacer valer. Sin embargo, la transacción preprocesal pude hacerse valer en un proceso ulterior.

Referencias:

DE ECHEGARAY, Eduardo, Diccionario general etimológico de la lengua español, edición ampliada del diccionario etimológico D. Roque Barcia, Tomo V,  Editor José María Faquineto, Madrid, 1889.

Cita así:

PALACIOS, CRISTIAN. “La Transacción”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 18 de marzo del 2018, https://enfoquejuridico.org/2018/03/18/la-transaccion/