Resulta inconcebible que en un país dominado por la cultura electorera, no exista en el común de la población una idea sobre el derecho electoral, pues el debate público ha llevado a las personas a aferrarse en dos trincheras, la de elegir a candidatas y candidatos partidarios o no partidarios, y la de elegir votar nulo como gesto de protesta frente a un sistema partidocrático excluyente y apático.

Sin embargo, el derecho electoral posee dos elementos inalienables, que uno sin el otro no debe ser concebido, me refiero al derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos y al derecho de que los ciudadanos participen directamente en el ejercicio del poder público; de esta forma es que el término “elecciones” está vinculado con el de “representación”, lo que doctrinariamente se le conoce como el derecho al sufragio activo y pasivo.

El derecho electoral es un conjunto de normas reguladoras de la titularidad y ejercicio del derecho al sufragio, que implica la organización de la elección, su sistema electoral, así como las instituciones que tienen la obligación y responsabilidad de planificar el proceso, ejecutarlo y dotarlo de veracidad en los resultados.

En base a ello se puede identificar la finalidad principal del derecho electoral, que es definir parámetros, estructura y condiciones jurídicas para la participación política de la ciudadanía, a través de la emisión del voto o accediendo al ejercicio de cargos públicos en la elección, siendo este el espíritu de la democracia.

Pero para que este sistema sea verdaderamente democrático además de los elementos de “elección” y “representación” que se le debe garantizar a todo ciudadano sin ninguna distinción, es necesario que el máximo organismo en material electoral fomente y practique la imparcialidad o neutralidad electoral, y que enriquezca al proceso de pluralismo político, siendo preferente un rol del TSE como facilitador para el ejercicio electoral a convertirse en un obstáculo de este derecho, una especie de aduana electoral, ya que la democracia busca que los ciudadanos se vean y sientan representados, pues ese es su sentido, es decir la soberanía reside en el pueblo.

Dicho esto, la última encuesta publicada por el IUDOP estableció que más del 78% de las personas encuestadas no se siente representada con los diputados de la Asamblea Legislativa, que más del 78% no se siente representada con los actuales partidos políticos, que más del 50% de los encuestados considera que habrá fraude en las elecciones y que el 46.4% considera que se necesitan nuevos partidos políticos que los represente,  una fotografía del fenómeno que ha ido en aumento previo a llegar al día de las elecciones, es decir el fenómeno de votar nulo.

Sí, el votar nulo es una expresión clara de la realidad electoral en la que vivimos, un sistema carente de sentido democrático, diseñado para que las cúpulas de los partidos políticos (y con mayor favor para el Fmln y Arena) impongan al candidato o candidato por quien se tiene “la obligación ciudadana” de ir y votar, coaccionando la representatividad, desmoronando los principios del derecho electoral: la neutralidad de los organismos electorales, la libertad para la presentación de candidaturas, la igualdad de oportunidades de los candidatos, el secreto del sufragio, la primacía del sistema representativo, la libertad popular y universalidad del voto.

Esta porosidad del sistema electoral no es nada nuevo, de manera particular en esta contienda electoral los dos partidos políticos más votados años atrás, han hecho del proceso para seleccionar a candidatas y candidatos, un cúmulo de vicios por tratar de afincar al país y no democratizarlo; expulsiones de afiliados que criticaron las decisiones partidarias, falta de transparencia en los procesos de elección interna, firme defensa a políticos de sus filas señalados y algunos condenados por casos de corrupción o prácticas antiéticas, desprecio al concepto de moralidad notoria, disminución en las capacidades y estudios académicos, sin faltar la negociación de ambos partidos con grupos terroristas sin consecuencia alguna para nadie.

Por su parte, el máximo organismo electoral, el TSE,  ha desarrollado una actitud por polarizar aún más las elecciones; consintiendo las faltas a las normas electorales de candidatas y candidatos, obstaculizando el derecho electoral al ejercicio de un cargo público en el caso específico de los candidatos no partidarios, la deficiencia en capacitaciones para los miembros de los organismos temporales electorales, ausencia de veracidad y transparencia en el proceso electoral para la opinión pública, una rol permisivo y en defensa de los partidos políticos y no del electorado.

Y para terminar de demoler el derecho electoral, la Sala de lo Constitucional lanzó la sentencia 193-2013 en donde diseñó a través de sus propios argumentos la figura de la “ciudadanización de los organismos temporales electorales” que debían ser conformados por personas que no estuvieran afiliadas a ningún partido político, pretendiendo dar más participación a la ciudadanía; sin embargo resultó ser una sentencia con poca eficacia, lejos de su fin al materializarse como era de esperarse, convirtiéndose en una carga más para los ciudadanos, cansados de la forma en que se hace política en el país.

¿Votar nulo es antidemocrático? Para nada, esta demolición del derecho electoral ha configurado en los ciudadanos un ánimo por darle valor al voto nulo, como un reclamo al comportamiento de todo el aparato electoral, pues es claro que un buen sector de la población no se siente representado en las candidatas y candidatos para estas elecciones, he ahí el sentido de votar nulo, lo que no significa un irrespeto a la ley, ni al deber ciudadano, contrario a ello es un sector de la población que llena de sentido al espíritu democrático y no por ello al sistema que poseemos, una expresión clara que a las personas no se les puede imponer el sentirse representados u obstaculizar el derecho de aspirar a un cargo público a través de elecciones libres y populares, pues quién desea votar por algún candidato o candidata está en su libertad de elegir a la persona por quien se sienta representado, pero no por ello exigírselo a los demás.

Toda elección es una expresión del pueblo soberano, esta no será la excepción, particularmente pienso que será una respuesta de la población a la desatención de los funcionarios públicos por satisfacer las necesidades de las personas, un clamor por la justicia y la dignidad del elector, pues los excluidos cada vez son más y el espíritu de la democracia es la misma, la soberanía es del pueblo, reside en el pueblo y el pueblo así lo hará cumplir.