Justicia, apariencia y formalidad ¿Puede el derecho vivir sin corbata?

La crónica resulta tan extraordinaria como grotesca, aconteció en septiembre del 2015 según informó algún medio de comunicación, los jueces de un Tribunal de Sentencia de San Salvador detuvieron la Vista Pública ya instalada para realizar una curiosa advertencia: “a las audiencias se llega bien vestido” sentenció el juzgador, y el defensor que ese día ingresó con saco y sin corbata fue expulsado de la sala de audiencias para buscar la deseada prenda que le devolviese el decoro perdido, la búsqueda afortunadamente llegó a buen término y quince minutos después el abogado regresó incorrectamente combinado pero decente, devolviéndose el decoro perdido a la Sala de Audiencias.

Recuerdo haber compartido la crónica en redes sociales, otros compañeros abogados también lo hicieron, de hecho, recuerdo un magistrado de Sala recién nombrado para esa fecha que aprobó la reprimenda en su perfil en Facebook, recordando como aconseja a sus estudiantes sobre este punto, una voz que hablaba desde una experiencia inserta en la genética del gremio desde tiempos inmemoriales. Una experiencia vivida en carne propia, no siendo difícil para mí recordar aquel juez de Mejicanos que me reprendió en mis tiempos de estudiante por el atrevimiento de consultar un expediente sin corbata, su recriminación fue brutal: “¿Qué no les enseñan en la universidad a parecer abogados?”.

Pero el déjà vu definitivo vino esta semana, cuando leía en un juzgado de la ciudad de Jiquilisco, (ubicado en el departamento de Usulután, con una población que ronda los 50,000 habitantes) la siguiente advertencia:

“Se les comunica a los litigantes, que para tener acceso a los procesos, este juzgado exige el uso de corbata. Caso contrario se les negara el acceso a los mismos. Atte: Secretaria.- ” (sic)

Debo aclarar, esta vez no tuve problemas, en Jiquilisco cargaba mi credencial de abogado, y no me refiero a la tarjeta de identificación extendida por la Corte Suprema de Justicia, sino a la credencial que se usa en el cuello. Por cierto, ya que mencionamos la Corte Suprema de Justicia, vale recordar que algunos trámites al interior del edificio sólo pueden realizarse cuando el solicitante viste correctamente (de nuevo la bendita corbata), generándose casi de forma instintiva la siguiente pregunta ¿CUÁL ES LA FIJACIÓN DEL DERECHO CON LAS FORMAS Y LAS APARIENCIAS?; ¿Por qué un doctor en medicina puede salvar una vida vistiendo zapatos deportivos, pero un abogado sin corbata ni siquiera puede revisar un expediente?; ¿Existe en estas formas y ritualismos de los abogados algo que va más allá del simple deseo de “vestir decente y decorosamente” para una diligencia?. Esas son algunas preguntas que pretendo explorar en el presente ensayo. 

El poder de las apariencias.

Parecer es una cuestión de poder, quizás así puede resumirse todo. Al final, el tema de los ritualismos, solemnidades y formas siempre han sido un tema vinculado con la noción del “poder” o cuando menos la forma en que se administra y ejecuta este poder. Esta parece ser la conclusión de Alberto Binder en su obra “El incumplimiento de las formas procesales”, misma en la que se vincula la formalidad escrita y su consecuente despersonalización y rutina con la creación de las grandes burocracias estatales como la roma imperial (diferenciándose de la roma clásica y su proclividad a la forma oral) o el sistema inquisitivo monárquico[1].

Sobre este punto y siguiendo con Binder en su ensayo “La fuerza de la inquisición y la debilidad de la república”, los sistemas inquisitivos van de la mano con la escritura y la forma, y tienen como principal referente el fortalecimiento de los Estados-nación del siglo XVI[2]. Aunque nos cueste creerlo, debemos a estos sistemas inquisitivos gran parte de lo que somos ahora, los abogados en El Salvador del siglo XXI, pues como nos recuerda el argentino, en estos sistemas se consolidan dos de los principales rasgos que todavía perviven en nuestra forma de administrar la justicia:

  1. La expropiación del conflicto (al menos aquellos de carácter más grave) que se arrancan de las manos de la víctima o sus comunidades para entregarlo a manos del Estado. Se trata de la “gran expropiación” vigente hasta la fecha, pues como resulta razonable entender en aquellas monarquías nacientes, la solución de un problema en sus territorios no puede confiarse sino a aquel que asegure los intereses de quien ostenta el poder: El rey o el príncipe. El poder de resolver se entrega a pocas manos, un delegado o representante del monarca, así como en la actualidad el conflicto se entrega en manos de un delegado o representante del Estado, que resuelve el ejercicio de una acción en ocasiones también ejercida por un representante del Estado.
  2. La profesionalización del conflicto: Al sistema inquisitivo debemos en gran medida la especialización abogadil al momento resolver problemas sociales. Si el conflicto dentro del territorio del monarca debía resolverse por un representante del monarca, el mismo debía “distinguirse” por su apariencia y conocimiento de los otros, quienes no ostentan poder. Asistimos al alejamiento del problema comunal de quienes principalmente lo viven (sus víctimas o protagonistas), para convertirse en un problema judicial que debe ser manejado y resuelto por quienes no lo vivieron (los representantes del Estado, el inquisidor), la justicia desde la comunidad con sus hombres sabios y jurados es cosa del pasado, como elocuentemente nos recuerda Vásquez Rossi:

“La justicia deriva de Dios al príncipe. A su vez, el monarca la delega a sus funcionarios, viene de arriba hacia abajo. Se rodea de misterios y secretos. Se concreta en complejos ritos de los que por supuesto, está excluido todo nivel de intervención, participación o control popular. Para saber de sus mecanismos, para desentrañar lo verdadero de las apariencias que esconden, es preciso contar con conocimientos específicos. Los jueces se hacen técnicos. Se apoyan en el derecho Canónico, se esconden entre aforismos latinos, se visten de oscuras togas, fundamentan sus decisiones en las opiniones sacralizadas de juristas romanos, teólogos, escolásticos y prácticos. El derecho se hace un arduo laberinto por el que solo pueden transitar los especialistas; todos lo que no lo son, quedan fuera de esa fortaleza inabordable”

Con la llegada del sistema inquisitivo, la justicia se convierte en gran medida en aquello que es actualmente, un mundo escrito y secreto “un nuevo mundo judicial, autoreferente, autista respecto al entorno social, con un lenguaje propio (todavía se habla en los tribunales de un modo distinto y se usan fórmulas antiguas del español), preocupado preferentemente de sus reglas internas, de sus mandatos de adaptación, etc. De este mundo cerrado nacerá la cultura inquisitiva cuya influencia se sigue sintiendo en nuestros sistemas judiciales”[3].

Un mundo escrito y secreto que se consolida con el advenimiento del pensamiento europeo formalista del siglo XIX y los autoritarismos latinoamericanos del siglo XX y su tendencia hacia la centralización y la formalidad en el ejercicio del poder. La ley, en su interpretación y aplicación literal se vuelve el corazón del derecho, el expediente y la instrucción como manifestación escrita del inquisidor se vuelve el núcleo del proceso, los sistemas tasados de valoración probatoria dictan al juez los límites en sus valoraciones. El abogado o profesional del derecho será el único autorizado para ingresar en este mundo apartado y oculto, por supuesto, siempre y cuando ostente el privilegio, vistiendo adecuadamente.

Apariencias que aplastan.

El mundo de los tribunales está lleno de estos extraños ritualismos…

La cultura inquisitiva y su veneración por las formas y la justicia curialesca es en gran medida una nota que sigue vigente en nuestra forma de administrar la justicia. Utilizando a Bourdieu en este punto, Binder sugiere que la lógica formalista e inquisitiva se expande como una infección, las viejas generaciones enseñan las “reglas del juego” a las nuevas generaciones, un fenómeno que incluso se verifica en la enseñanza y el estudio del derecho, que se vuelve una rama del conocimiento “técnica”, entendiendo por técnico aquello que es aséptico, apolítico y autoreferente.

La norma legal se estudia desde el principio, y el principio desde el valor, pero lo que se tiene como contenido de esta norma, principio y valor es lo que señala la autoridad establecida, la Sala en comento, el precedente en comento, el autor que repite lo que dijo otro autor venerado, el derecho no se comenta críticamente desde su historia o ideología, a pesar que surge de una ideología y sirve para determinado contexto histórico, el derecho no se estudia para cuestionar sus efectos mistificadores en la realidad o la economía, a pesar que la realidad se distancie diametralmente del derecho que se declara y se tiene por cierto, o que el derecho sea herramienta de ocultamiento de cierta forma de distribución de la riqueza, más importante aún, los análisis o estudios jurídicos no se hacen con fines políticos o prácticos, a pesar que finalmente todos sirven para condonar o cuestionar determinada forma de hacer política. Hablar de todo esto es la perversión del derecho, algo distinto al derecho, filosofía del derecho, sociología del derecho, ética o antropología jurídica, pero nunca ciencia jurídica. Sobre este punto, el profesor Pérez Lledo nos recuerda su experiencia:

“Me refiero a un curioso (o no tan curioso) fenómeno que detectamos quienes, como profesores de Filosofía del Derecho, damos clase tanto en primero como en quinto año de carrera. La experiencia nos muestra que los estudiantes de primero entran en la facultad impregnados de una especie de inarticulado iusnaturalismo un tanto ingenuo y bienintencionado (aunque jamás hayan oído hablar del «Derecho Natural»), con una serie de preconcepciones acerca del Derecho –si es que tienen alguna– consistentes en la vaga idea de un orden normativo misteriosamente complejo y oscuro que no se distingue muy bien de la moral ni de otros órdenes sociales normativos. Pero llegan a quinto curso transformados en cuasi-juristas dotados de una estrecha visión formalista del Derecho y de su funcionamiento y, lo que es peor, de un acrítico positivismo ideológico (la visión de que el Derecho positivo, por el mero hecho de ser Derecho, está necesariamente justificado y existe un deber moral de obedecerlo), fundamentado en un crudo relativismo moral”.[4]

Siendo ambas cosas, cualidad y enfermedad, este culto a la apariencia y la autoridad con su visión de un ordenamiento jurídico completo, formal, racional, intra-consistente, autónomo y aséptico, genera consecuencias nefastas en la comprensión y aplicación del derecho, como apunta el mismo profesor Pérez Lledo:

“Desde un punto de vista práctico, el formalismo representa una imagen de falsa necesariedad del Derecho que resulta autoparalizante: degrada la actividad del jurista a la de mero autómata, incapacita al jurista práctico para un ejercicio profesional más activo, para emprender con autoconfianza la tarea de una elaboración argumentativa del Derecho que desemboque en mejores éxitos prácticos. Y, peor aún, es políticamente paralizante. Representa una rendición de antemano ante las supuestamente nulas o muy limitadas posibilidades de actuación política transformadora y de avance moral (…) En este sentido, el formalismo es conservador”[5].

La visión hiper-formalista y aséptica del derecho debe desecharse y superarse por una visión crítica del derecho, o cuando menos una visión principialista del mismo. No es posible que a esta altura de nuestro tiempo se continúe impidiendo el acceso a un expediente o a una audiencia por ritualismos absurdos como la ausencia de una corbata. El derecho es ante todo un mecanismo de solución de disputas en busca de aquello que se parezca a la justicia, no un creador de nuevas disputas fútiles. Privilegiar la presentación de un abogado sobre el derecho de acceso a la justicia, el derecho de defensa o el principio de publicidad en las actuaciones estatales, es simple y llanamente haber perdido la brújula, rendir la República a la forma.

Sobre este punto, Binder nos recuerda una característica peculiar del formalista sistema inquisitivo, se trata de una organización que a pesar de lucir “fuertemente estructurada a través de normas y prácticas escritas, de estamentos profesionales, de un lenguaje técnico, del secreto y la solemnidad”, es finalmente un andamiaje débil, sumiso e incapaz de justificar sus propias formas y prácticas. De hecho, hasta la fecha, muchos jueces y aplicadores de justicia no tienen clara la necesidad de la famosa corbata, unos citan la “Ley Orgánica Judicial”, otros una circular de la Corte en Pleno o la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, ninguno conoce con certeza la fuente y la mayoría ni siquiera ha leído la circular o resolución, pero esto no importa, todos sin cuestionar cumplirán esta orden claramente inconstitucional por el simple hecho de provenir (o supuestamente provenir) de la autoridad, eso sin mencionar que la orden confirma una tradición que no se comprende, pero genera comodidad.

El mundo de los tribunales está lleno de estos extraños ritualismos, pedir un expediente, por ejemplo, es el primer paso a la pregunta obligatoria: “¿Y usted es parte?” Las actas, por citar otro caso, deben ritualmente redactarse sin un solo punto y aparte, todo debe ser corrido y nadie está seguro del porqué, la respuesta más reiterada en este punto suele ser “para evitar que un malintencionado abogado las rellene a su voluntad”, una respuesta que parece disparate, considerando que las actas en la actualidad se realizan en computadora para ser inmediatamente impresas y firmadas, costando imaginar aquel tan osado como malvado abogado imitando el “times new roman” con un lapicero color negro; la última sacralidad que se me ocurre por el momento, todavía a la fecha algunos tribunales comienzan sus resoluciones con el famoso “Gado” en lugar de “Juzgado”, de esto ni me pregunten por la razón.

Con todo lo molesto que resultan las anteriores ritualidades, la mirada disciplinante de una secretaria ante la ausencia de una corbata es por mucho, el menor de todos los males. El peor daño de nuestro sistema inquisitivo e hiper-formalista vive en la mentalidad de los abogados y las futuras generaciones de abogados, encarnado en la creencia que la ley se agota en la autoridad, que el derecho es técnico y que por ser técnico es apolítico, ahistórico y acrítico; por pensar que para comprender el derecho penal salvadoreño es más válido leer a Roxin de Alemania, que comprender los factores sociales y culturales que generan la delincuencia pandilleril salvadoreña y las respuestas políticas frente a este fenómeno. La reducción y sometimiento del valor y la razón a la forma y la autoridad. Ese es el verdadero crimen del sistema inquisitivo, uno que hace más daño que un millón de abogados sin corbatas.

Referencias:

[1] Alberto Binder, El incumplimiento de las formas jurídicas. (Buenos Aires, editorial AdHoc, 2000), 34-47

[2] Ver en http://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/2431, última visita, el 30 de agosto de 2017.

[3] Vásquez Rossi, Derecho Procesal Penal, tomo II. (Buenos Aires, Rubinzal Culzoni), 207

[4] Antonio Pérez Lledo. Teoría y practica en la enseñanza del derecho”. En Academia: revista sobre enseñanza del derecho de Buenos AiresAño 5, Número 9, 2007, págs. 85-189.

[5] Antonio Pérez Lledo. Teoría y práctica en la enseñanza del derecho”. En Academia: revista sobre enseñanza del derecho de Buenos AiresAño 5, Número 9, 2007, págs. 85-189

Cita así:

FEUSIER, OSWALDO. “Justicia, apariencia y formalidad ¿Puede el derecho vivir sin corbata?”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 04 de septiembre de 2017 http://enfoquejuridico.org/2017/09/04/justicia-apariencia-y-formalidad-puede-el-derecho-vivir-sin-corbata/