Corresponde en esta ocasión hablar del concepto, naturaleza, finalidad, características, procedencia y establecimiento de la pensión alimenticia especial dentro del ámbito del Derecho de Familia. Es importante manifestar que el artículo Discapacidad y minusvalía. Un panorama desde el enfoque de las capacidades, así como el artículo Declaratoria Judicial de Incapacidad, contiene el soporte teórico que sustenta el tema que en esta ocasión se procede a desarrollar.

Concepto.

La pensión alimenticia especial representa la asistencia material que una persona está obligada a prestar a  otra a consecuencia de la discapacidad, minusvalía o incapacidad que ésta sufre y que le impide trabajar o subsistir, una vez decretado el divorcio que los desliga del proyecto de vida que los mantenía unidos como cónyuges. En otras palabras, hace referencia a los insumos patrimoniales, particularmente económicos, que el cónyuge (ex-cónyuge) minusválido o discapacitado requiere para interactuar óptimamente dentro de los esquemas de la interacción social, fuera del proyecto matrimonial que se vio culminado a consecuencia del divorcio. La pensión alimenticia especial, entonces, es una institución jurídica autónoma y totalmente diferente a la pensión compensatoria y a los alimentos propiamente dichos.

El artículo 107 del Código de Familia (CF) establece: Cuando proceda decretar el divorcio y el cónyuge que no haya participado en los hechos que lo originaron adoleciere de discapacitación o minusvalía que le impida trabajar, o hubiese sido declarado incapaz y no tuviere medios de subsistencia suficientes, el divorcio se decretara estableciendo el pago de una pensión alimenticia, que se fijará de acuerdo con las capacidades económicas del obligado y con las necesidades especiales del alimentario; aplicándose en lo demás las reglas generales prescritas para los alimentos.

Naturaleza.

La pensión alimenticia especial es un derecho subjetivo de carácter privado que tiene un carácter asistencial o de beneficencia, un beneficio postmatrimonial que se deriva de los principios que organizan la vida familiar en las sociedades modernas, como lo es la solidaridad familiar y su permanencia en el tiempo. La naturaleza de la pensión alimenticia especial no puede verse fuera de esa construcción racional, porque el carácter asistencial que caracteriza a quienes viven o vivieron como familia es lo que los va a diferenciar de las demás organizaciones humanas que permanecen con cierto grado de estabilidad y proyección social. La familia, como se sabrá, mantiene una organización y función social fundamentada no sólo en el interés material, sino también en el afecto personal.

Mientras la pensión compensatoria tiene una naturaleza resarcitoria o indemnizatoria, para algunos, o asistencial (que restaura el desequilibrio material), para otros; y los alimentos propiamente dichos un carácter tuitivo (que sustenta y protege el desarrollo humano), la pensión alimenticia especial cuenta con una naturaleza eminentemente asistencial (un auxilio de beneficencia) que se deriva de la solidaridad familiar. Tanto la pensión compensatoria como la pensión alimenticia especial podrían considerarse una expresión asistencial derivada del matrimonio, no obstante que la primera se origina por aspectos materiales, como es el desequilibrio económico que produce el divorcio, mientras la segunda deviene por aspectos personales, como es la discapacidad, minusvalía o incapacidad declarada que impide a uno de los cónyuges trabajar o subsistir.

Finalidad.

Dada la utilidad benéfica que permean los hilos que orientan y configuran la pensión alimenticia especial, su finalidad no es otra que la de mitigar la irregularidad interactiva con la que se enfrenta toda persona socialmente inhabilitada para trabajar y, consecuentemente, para subsistir por sí misma, a causa de la discapacidad, minusvalía o incapacidad que sufre. Sin embargo, por la expansión postmatrimonial que caracteriza a los principios del Derecho de Familia, se piensa que la pensión alimenticia especial es, al igual que la pensión compensatoria, la última materialización formal de los cónyuges de su deber de asistencia y solidaridad económica familiar, a través de un aporte económico para el cónyuge (ex – cónyuge) que sufre de adolece de discapacitación o minusvalía que le impide trabajar, o hubiese sido declarado incapaz y no tuviere medios de subsistencia suficientes.

Características.

La discapacidad, minusvalía o incapacidad declarada son calificaciones especiales que se realizan en consideración a la persona que las soporta. Por tanto, la pensión alimenticia especial sólo puede ser solicitada por quien adolece de las condiciones que la habilitan. Una vez establecida mediante sentencia definitiva puede ser objeto de renuncia o compensación, ya que se trata de un derecho de contenido patrimonial. En cuanto a su prescriptibilidad o imprescriptibilidad, el criterio personal es que, al igual que los alimentos, origina obligaciones imprescriptibles, en virtud que se sustenta en relaciones puramente familiares y no de crédito (como la pensión compensatoria – que opera por desequilibrio económico –).

Ahora bien, el derecho objetivo de pensión alimenticia especial no puede ser renunciado, prescrito ni compensado; es decir, el derecho potencial que aún no ha sido reconocido mediante sentencia definitiva no es objeto de dichas instituciones jurídicas. Sin embargo, es posible que los cónyuges estipulen que no es necesario reclamarse pensión alimenticia especial entre sí, en virtud que no encajan en los supuestos establecidos en el artículo 107 CF, pero esto no significa una renuncia al derecho como tal, sino a la acción que busca establecer el mismo, como sucede en las Diligencias de Divorcio por Mutuo Consentimiento.

A diferencia de la pensión compensatoria que puede solicitarse como pretensión autónoma en un proceso judicial independiente al proceso de divorcio (ya que el desequilibrio económico producido en el matrimonio se puede verificar hasta liquidar – y contrastar – los patrimonios de los consortes, lo cual tiene lugar, en la mayoría de ocasiones, posteriormente al decreto de divorcio), la pensión alimenticia no puede solicitarse como pretensión autónoma en un proceso judicial independiente al proceso de divorcio, en virtud que los supuestos por los cuales opera el establecimiento de la pensión alimenticia especial deben tener lugar dentro del matrimonio y deben hacerse valer en el proceso que busca su disolución. No existen razones para diferir el establecimiento de este tipo de pensión, considerando que el cónyuge que adolece de discapacidad o minusvalía que le impida trabajar, o haya sido declarado incapaz y no cuente con los medios suficientes para subsistir, amerita la asistencia oportuna.

Procedencia.

El cónyuge tiene derecho a gozar de una pensión alimenticia especial si:

  1. Adolece de discapacidad o minusvalía que le impide trabajar (las ideas de discapacidad y minusvalía se precisaron en el artículo Discapacidad y minusvalía. Un panorama desde el enfoque de las capacidades): no es el hecho de adolecer de una discapacidad o minusvalía lo que habilita este tipo de asistencia, sino que se requiere que esa discapacidad o minusvalía sea la causa que obstaculiza el acceso al mercado de trabajo o el desarrollo de las actividades laborales. Por ello, el juez debe valorar el arte, profesión u oficio que desempeña el cónyuge y la discapacidad o minusvalía de la cual adolece, de modo que entre la discapacidad y el desarrollo de las actividades laborales exista correspondencia para estimar la necesidad de la pensión. Así, por ejemplo, existe correspondencia entre la discapacidad física de alguien que se encuentra en silla de ruedas si su oficio es el de ser un fontanero o un albañil, así como la de una persona que perdió sus brazos o piernas si su profesión es la de ser un cocinero o un futbolista. No existiría esa correspondencia si esa persona en silla de ruedas puede realizar sus actividades laborales haciendo uso de un ordenador o si su actividad laboral no le disminuye la posibilidad de acceder al mercado de trabajo y desarrollar el rol ocupacional que se le asigna.
  1. Ha sido declarada incapaz y no tiene los medios suficicientes para subsistir (la calificación de incapaz se precisó en el artículo Declaratoria Judicial de Incapacidad): quien ha sido declarado incapaz no puede celebrar actos y contratos plenamente validos. Es una persona que jurídicamente está inhabilitada para interactuar por sí misma, al grado que sus actos son objeto de nulidad si no los ejecuta por medio de la persona legalmente facultada (los padres o el tutor). Una persona declara incapaz (por adolecer de sordera que no le permite comunicarse o de enfermedad crónica e incurable), no  tiene la habilitación y respaldo legal para desempeñar actividades laborales que desplieguen los efectos jurídicos que naturalmente le corresponden. Por esta razón el legislador no consideró que la pensión alimenticia especial procede cuando el cónyuge ha sido declarado incapaz y tal situación le impide trabajar, sino que procede cuando habiendo sido declarado incapaz no tiene los medios de subsistencia suficientes. De esto modo se evita el desamparo del incapaz, buscando un auxilio que favorezca su mínimo ético de vida, o por lo menos uno que coadyuve a garantizarlo. 
  1. Encontrándose en uno de los supuestos anteriores, no hubiere participado en los hechos que originaron el decreto de divorcio. No obstante el carácter asistencial de la pensión alimenticia especial y su función liberadora de las vinculaciones absolutas del divorcio (el artículo 152 del Código Civil llegó a establecer que el divorcio no era posible si un cónyuge adolecía de locura, enfermedad crónica y no tuviera bienes propios de subsistencia), aun contiene resabios de la filosofía del divorcio sanción. Esta condición rompe con el carácter benéfico de la pensión alimenticia especial, porque resulta difícil comprender el hecho de que un incapaz, un minusválido o un discapacitado reciban una sanción tan grave como es la de perder el derecho a recibir la asistencia que requieren, si sus actos justifican la procedencia del decreto de divorcio; sin embargo, la justificación se comprende si se estima que el legislador tutela con celo y vigor el proyecto familiar (gobernado por la ética matrimonial y el paradigma de la monogamia) que organiza y fundamenta la estabilidad y continuidad del sistema social, aun más que la condición personal del cónyuge incapaz, minusválido o discapacitado. 

Establecimiento.

El juez competente para establecer la pensión alimenticia especial es el juez de familia, a través de la sentencia que decreta el divorcio y que califica los requisitos para que uno de los cónyuges goce de la misma. Ahora bien, para establecer el pago (quantum) de la pensión alimenticia especial el juez de familia debe valorar dos situaciones:

  1. Las posibilidades económicas del obligado (capacidad económica): corresponde a quien solicita la pensión acreditar la capacidad económica del alimentante especial; sin embargo, tratándose de un incapaz el beneficiario, el juez puede solicitar prueba de oficio, por ser un principio del Derecho de Familia la protección integral de los incapaces. La capacidad económica se obtiene a partir de restar los egresos ordinarios a los ingresos económicos que el alimentante especial experimenta durante un tiempo determinado. Sus ingresos pueden acreditarse mediante constancias salariales, constancias de declaraciones de renta y al impuesto al valor agregado, títulos de propiedad o cualquier otro medio de prueba que refiera su poder adquisitivo o su patrimonio.
  2. Las necesidades especiales del beneficiario (necesidades especiales): no se trata de acreditar sólo las necesidades generales de subsistencia, sino las necesidades ordinarias y extraordinarias que se derivan del hecho de ser una persona incapaz, minusválida o discapacitada. Tales necesidades se acreditan mediante facturas de gastos médicos y farmacéuticos, recibos de pago de personal de asistencia, tratamientos permanentes o emergentes, y otros (mantenimiento de prótesis, sillas de ruedas y más).

Con base a la capacidad económica del alimentante especial y a las necesidades del alimentario especial, el juez impondrá al primero una cuota de dinero en concepto de alimentos especiales que deberá ser cancelada a favor del segundo, generalmente de forma periódica (salvo que se haga un pago definitivo a capital). En la sentencia de divorcio se indicará el momento de dinero, la fecha y modo de pago (entregas personales o por interpósita persona, depósitos bancarios – por medio de la Procuraduría General de la República o no –, u otro medio de pago). Esta sentencia sirve de titulo de ejecución forzosa si el alimentante no ha cancelado las cuotas alimenticias especiales y ha caído en mora, con el fin de satisfacer el derecho adquirido del beneficiario.

Finalmente, resta indicar que nada obsta a que esta pensión sea solicitada como medida cautelar durante la tramitación del proceso de divorcio, si el cónyuge justifica la necesidad que tiene de recibirla (véase el artículo las medidas cautelares).

Si quieres citar este artículo, hazlo así:

PALACIOS, CRISTIAN. “LA PENSIÓN ALIMENTICIA ESPECIAL”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 17 de agosto de 2016. http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/5581