Deficiencias de la ley de Ética Gubernamental. Caso ex fiscal Luis Martínez.
Deficiencias de la ley de Ética Gubernamental. Caso ex fiscal Luis Martínez.

Recientemente se dio a conocer en los medios de comunicación la sanción del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) en contra del ex-fiscal general, Luis Martínez, imponiéndole una multa de $8,964 por recibir beneficios indebidos que le generaron un conflicto de interés, específicamente porque en su gestión el ex fiscal general, viajó en aviones propiedad del señor Enrique Rais, aun cuando existían en la Fiscalía procesos en los que dicho señor figuraba como imputado y víctima.

Cabe señalar que con Luis Martínez como fiscal general, Rais se vio beneficiado judicialmente en varios casos con sendos sobreseimientos, mientras sus enemigos comerciales están detenidos o con órdenes de detención internacional. Entre los enemigos comerciales se encuentran el abogado, ex empleado de Rais, Mario Calderón, y su esposa Claudia de Calderón, y los empresarios canadienses Matteo Pasquale y Franco Facetti, con los que el empresario Enrique Rais mantiene un litigio millonario a quienes Luis Martínez les giro orden de captura internacional.

Pero ¿Qué tan efectiva es la Ley de Ética Gubernamental (LEG) para combatir este tipo de conductas que frenan el desarrollo de la institucionalidad democrática del país, y propician escenarios de corrupción en la administración pública?

  • El primero de los puntos y de los más graves citando el caso del abogado Luis Martínez, es que a pesar de ser sancionado por el Tribunal de Ética Gubernamental, perfectamente podría optar a un cargo público, pues el capítulo VII de la LEG denominado “Sanciones” solamente regula la multa y el ingreso al registro de sancionados; es decir que si Luis Martínez hubiese sido sancionado siendo fiscal general perfectamente podía continuar siendo parte de la administración pública, en ese sentido es a todas luces insuficiente las sanciones que contempla esta ley, mismas que la vuelven frágil. Sería pertinente que se incluya en las “Sanciones” que el funcionario sancionado quede  inhabilitado de ejercer su cargo y de pretender optar a uno nuevo de por vida, con la salvedad de que esta medida sea revisada pasado 15 años contados a partir de la sanción, dentro de los cuales el sancionado debería mostrar una vida alejada de actos de corrupción, a efectos de anular su inhabilitación.
  • Otro punto crítico de la LEG es que la multa máxima a la que puede ser sancionado un servidor público es de cuarenta salarios mínimos mensuales urbanos para el sector comercio, en el caso de Luis Martínez ha sido sancionado a pagar $8,964, sin embargo ¿qué sucede en aquellos casos en que el servidor público recibe un beneficio mucho mayor a la sanción máxima regulada en la LEG?, es en estos casos que la multa se vuelve ineficiente, lo ideal es que se restituya el dinero que se compruebe ha recibido directa o indirectamente de manera ilegal el servidor público, independientemente del procedimiento que se accione en otra materia.
  • Otra deficiencia es que el Tribunal de Ética Gubernamental al ejercer una facultad sancionadora, se debe regir por el principio de tipicidad, el cual consiste en que solamente se puede imponer una sanción cuando la conducta está prohibida por la ley, por ello las prohibiciones reguladas en el artículo 6 de LEG son un catálogo muy reducido, que sin duda deja afuera muchas conductas antiéticas de los servidores públicos, sería pertinente que esta ley contemple otras conductas ya reguladas en leyes relacionadas con los servidores públicos, o en definitiva que se cumpla con el espíritu de esta valoración, que es contar con un catálogo de conductas prohibidas mucho más amplio.
  • Otro elemento a considerar de la ley es que si bien existe la posibilidad del inicio de un procedimiento o investigación de manera oficiosa (art. 30 LETG) no promueve la denuncia anónima, pues el artículo 32 establece como un requisito formal la identificación del denunciante (no obstante el art. 51 lit. c) establece como un derecho del particular proteger su identidad en los casos de denuncias sobre corrupción), en ese sentido es complicado para un trabajador denunciar a su jefe, con quien trabaja diariamente; además es necesario que la ley contemple alguna forma de incentivar la denuncia anónima, específicamente que esta sea una información desconocida para el denunciado, pues eso generaría seguridad y protección a las personas que en definitiva son víctimas o testigos de los actos corruptos o antiéticos de algunos servidores públicos, lo que promovería la investigación que a la vez empoderaría al TEG como una institución más activa.
  • También consideramos que el plazo de la prescripción contemplado en el artículo 49 de LEG es muy corto, por ello sería pertinente que se tome el plazo de al menos 10 años contados a partir de que se cometió la conducta antiética o corrupta, mismo plazo que posee la prescripción del enriquecimiento ilícito.

Es importante que la Ley de Ética Gubernamental sea fortalecida como un instrumento jurídico y que en el caso del ex-fiscal Luis Martínez se inicie una investigación penal, pues existe información suficiente que indica que el señor Enrique Rais se vio beneficiado en la gestión de Martínez en la Fiscalía, incluso encajando los expedientes en donde el señor Rais era imputado, judicializando aquellos en donde aparecía como víctima.