Vergonzoso actuar de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en torno al caso jesuitas; vergonzoso, bochornoso, ridículo… la mística jurídica se ocupa como trapeador de piso en la (aparente) Corte Suprema de Justicia.

El grupo de magistrados que pide la no extradición, por considerar que los asesinatos del 16 de noviembre de 1989 de seis sacerdotes jesuitas a manos (o mejor dicho a armas) de militares salvadoreños, ya se juzgó y no es delito de lesa humanidad por tanto ya no pueden ser investigados, deberían de firmar no solo esa resolución sino también la renuncia de su cargo, por pisotear la constitución, por tirarles tierra a las víctimas, por comer de la mesa (o migajas) de la clase política; los magistrados deben de respetar y cumplir con el principio de independencia judicial, que no es un privilegio de ellos, sino un derecho de los ciudadanos, para garantizarles el correcto funcionamiento del Estado Constitucional y democrático de Derecho.

Art. 172 inc. 3°

Los Magistrados y Jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes.

Los militares acusados por la Audiencia Nacional Española son procesados por los delitos de terrorismo, artículo 573, y delitos de genocidio, artículo 607, del Código Penal Español, no por delitos de lesa humanidad (decisión que es digna de debate).


Aunque en el Derecho Internacional el terrorismo tampoco prescribe al igual que los delitos de lesa humanidad, es falso que esté en juego la imprescriptibilidad de la acción penal. El juicio inició antes que la acción prescribiera. Según el Código Penal español de 1973, el vigente durante los hechos, estos delitos prescribirían a los 20 años: como los jesuitas fueron asesinados en 1989, sólo habían  transcurrido 19 años cuando el juicio inició en 2008. (Manuel Escalante, CASO JESUITAS, HOY: ENTRE FALSEDADES Y ARBITRARIEDADES, publicado el 18 de abril del 2016 en esta revista)


El argumento, o mejor dicho el disparate, de las dos constituciones (de 1983 y 2000) es una OFENSA (las mayúsculas son mías) que le dan vida a la creencia popular que los abogados compran su título, pues cualquier persona que haya estudiado derecho identificaría que este juicio de las dos constituciones obedece a excusas políticas, no jurídicas.


El argumento de las “dos constituciones”, se trata sin duda de una falacia jurídica, un sofisma forzado que fue construido para desviarnos de lo evidente. En primer lugar, que nunca hubo una tal “voluntad subjetiva del constituyente” de declarar un “derecho sustantivo a no ser extraditado por ser salvadoreño”, lo que la Corte tendenciosamente citó fue la opinión de apenas un comisionado de la Asamblea constituyente, que nunca negó la naturaleza internacional de la extradición, aunque si lo catalogó como un “derecho individual” (que en puridad quiere decir referido a un individuo).

Ahora bien, ni el diputado constituyente, ni ninguna “voluntad subjetiva del constituyente” afirmó en momento alguno que se trate de un derecho “sustantivo”, esto fue invento de la Corte, así como también fue una invención del máximo tribunal seguir aplicando el texto del artículo 28 derogado cuando había desaparecido del texto constitucional, y peor aún, cuando su aplicación atropellaba el tenor literal del presente artículo 28 de la Carta Magna, que transpira un espíritu de colaboración internacional en la lucha contra la delincuencia (Oswaldo Feusier, ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES DE DENEGATORIA DE EXTRADICIÓN EN EL CASO JESUITAS, publicado el 22 de febrero del 2016 en esta revista)


Lo dicho por estos pseudos magistrados es tanto como decir que si un progenitor irresponsable es demandando en el 2016 por adeudar 5 años de cuotas alimenticias para satisfacer y contribuir en las necesidades de su hijo, pero como las adeuda antes de la reforma (en el año 2015) del art. 261 del Código de Familia (que pasó de la prescripción de dos años a partir del día que dejaron de cobrarse, a ser imprescriptibles) se le debe aplicar la ley derogada. ¡Una aberración jurídica!


Decir que la Corte Suprema de Justicia no puede resolver dos solicitudes de extradición en el mismo caso, es tanto como decir que cualquier tribunal del país no puede dictar detención provisional cuando previamente dictó otra medida cautelar. La decisión sobre medidas cautelares no se pronuncia sobre el fondo del asunto, de ahí que la misma se pueda revisar, replantear, e incluso volverse a dictar en más de una ocasión, lo mismo debe razonarse con el trámite de la extradición. (Oswaldo Feusier, ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES DE DENEGATORIA DE EXTRADICIÓN EN EL CASO JESUITAS, publicado el 22 de febrero del 2016 en esta revista)


“Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”, este caso es el típico modelo para entender en que consiste un juicio simulado, si bien los autores materiales fueron enjuiciados en 1991, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según su Informe 136/99, de 22 de diciembre de 1999, fue clara en advertir que el Estado no ejerció su jurisdicción de manera imparcial o independiente, por tanto habilita al derecho internacional de poder juzgar utilizando las garantías mínimas de efectividad.

En el año 2000, la Juez Tercero de Paz, sobreseyó a los militares implicados por haber prescrito la acción penal, esto como resultado que la Sala de lo Constitucional desvaneció la excusa de no investigar a los militares por la ley de amnistía (Inconstitucionalidad 24-97/21-98, de 26 de septiembre de 2000) al establecer que esta era aplicable siempre que “no impida la protección en la conservación y defensa de los derechos de la víctima o sus familiares”.


Resulta llamativo que la Ley de Amnistía fue aplicada por la Fiscalía General de la República para justificar la no investigación en el Caso Jesuitas y, después, que el Órgano Judicial la haya inaplicado para no juzgarlo. Sin importar el sentido, el resultado fue el mismo: los operadores de justicia promovieron la impunidad, aplicando o no la Ley de Amnistía, para no investigar ni juzgar a este segundo grupo de militares. (Manuel Escalante, CASO JESUITAS, HOY: ENTRE FALSEDADES Y ARBITRARIEDADES, publicado el 18 de abril del 2016 en esta revista)


Posible manipulación de la sentencia de Inconstitucionalidad de la ley de amnistía.

Con la reciente sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, el magistrado Rodolfo González pretende lanzar a la mesa una resolución que busque la no extradición de los militares pero con la diferencia de que se le instruya a la Fiscalía General de la República investigar el crimen del caso jesuitas y que los responsables sean procesados en El Salvador.

Lo anterior posee una evidente intención de manipular la sentencia que declaró inconstitucional la ley de amnistía, es decir tomar en consideraciones y valoraciones aspectos políticos y no jurídicos, fracasando los magistrados en las obligaciones que la Constitución les manda, de ser independientes y someterse a la Constitución y a las leyes.

Al tomar la inconstitucionalidad de la ley de amnistía en ese sentido, generaría una manipulación por parte de la Corte Suprema de Justicia de dicha sentencia, pues permitiría no extraditar a los militares acusados, y dejarle la responsabilidad al Ministerio Público, tan criticado por la misma Corte. Los magistrados tienen la obligación de analizar todas las alternativas posibles para que dentro del respeto y cumplimiento de las leyes se encuentre o no una improcedencia para extraditar a los militares, ciertamente, pero esto no les habilita para crear un sentido normativo que les sea conveniente a los procesados y magistrados, esto es maquillar la impunidad, matizar la justicia, es seguir golpeando los derechos de las víctimas, que deberían ser estos últimos el debate central de su resolución.

El magistrado Rodolfo González es de la idea de perseguir penalmente en El Salvador a los que la investigación del caso jesuitas dé como resultado, por la reciente inconstitucionalidad de la ley de amnistía, sin embargo olvida que ya existía jurisprudencia que establecía que la ley de amnistía “es aplicable únicamente en aquellos casos, en lo que el mencionado ocurso de gracia no impida la protección en la conservación y defensa de los derechos de la víctima o sus familiares, es decir cuando se trata de delitos cuya investigación no persigue la reparación de un derecho fundamental”. Y que por este mismo fundamento se resolvió por parte de la jurisdicción nacional el sobreseimiento de los implicados por prescripción de la acción penal.

Señores magistrados pongan las cosas claras sobre la mesa, no jueguen al servilismo politiquero, y sean consecuentes con sus acciones a la luz de la ley, de lo que en las aulas les enseñaron e incluso algunos de ustedes enseñan a las nuevas generaciones. No existen a juicio de esta revista motivos legales para denegar la extradición y colaborar con la justicia Española para que puedan procesar a los militares implicados en el caso Jesuitas.

Este país, y nos referimos en el tema jurídico a la jurisdicción nacional, no ha querido procesar, ni lo quiere hacer, a los militares acusados por la muerte de los seis jesuitas y sus dos colaboradoras, jueces que temen a poderes fácticos, jueces que sirven a poderes fácticos, por tanto se han creado todas las condiciones para que sea el principio de justicia universal el que a través de la Audiencia Nacional Española juzgue a sus muertos, a sus nacionales. No sean magistrados de la impunidad!