Un pronunciamiento para la vergüenza en torno caso jesuitas
Un pronunciamiento para la vergüenza en torno caso jesuitas
Un pronunciamiento para la vergüenza en torno caso jesuitas
Un pronunciamiento para la vergüenza en torno caso jesuitas

Consideraciones jurídicas sobre el  pronunciamiento realizado por la asamblea legislativa en torno a la masacre de la UCA en 1989.

Humillante y vergonzoso, son apenas los primeros adjetivos que uno puede pensar cuando recuerda el bochornoso espectáculo montado este miércoles 15 de junio en el seno de la Asamblea Legislativa, y no nos referimos al desperdicio en pleno período de austeridad de aproximadamente $500,000 para rótulos electrónicos que servirán para una labor tan complicada, que perfectamente puede ser suplida sin extrañarse por unos cuantos carteles y manos levantadas, no, se trata de algo peor, nos referimos al pronunciamiento de la Asamblea Legislativa en el cual luego de citar la Constitución de la República y el “respeto absoluto del ser humano”, abogan por callar nuevamente la voz de las víctimas y  mantener los privilegios e impunidad para los victimarios de un hecho que a todas luces es un crimen de lesa humanidad.

En resumen, es válido decir que el “pronunciamiento” no posee ni un solo considerando que resista el más mínimo embate jurídico, tal como demostraremos a continuación al dedicar unas líneas a cada uno de los mismos: 

  • Considerando I: La soberanía nacional

En el considerando I se habla que la extradición representaría una “posible violación de la soberanía nacional” por parte de España. Tajantemente se tiene que decir: Esto es ridículo.

La jurisdicción española está perfectamente habilitada para conocer de los hechos que involucran la masacre de noviembre de 1989, por la existencia de al menos dos puntos de conexión dentro de los criterios tradicionales de aplicación espacial de la ley penal.

En primer lugar, el principio de “Protección” o “Defensa”, que habilita a un Estado para proteger a sus ciudadanos (los padres jesuitas eran ciudadanos españoles, por ende, el Estado español puede buscar justicia para sus ciudadanos), y el principio de “Justicia Universal”, que habilita para que cualquier Estado pueda conocer por delitos de lesa humanidad desde mediados del siglo XX. Tanto el delito de Terrorismo por parte del Estado, como la violación de las costumbres de guerra expresadas en los convenios de Ginebra, representan sendas violaciones al derecho internacional de los derechos humanos.

Decir que la aplicación de los anteriores puntos de conexión es “violación de la soberanía nacional” es absurdo, sobre todo cuando consideramos que nuestro código penal regula exactamente los mismos puntos de conexión en sus artículos nueve y doce.

Al decir que la petición de extradición de España viola la Soberanía Nacional, estamos diciendo que nuestro código penal viola la soberanía nacional de otros países, o peor aún, que todos los códigos penales que regulan los principios de “protección” o “justicia universal” (la mayoría de códigos penales en el mundo), violan la soberanía nacional de otros países. Eso es algo nuevo. 

  • Considerando II: Otra vez las resoluciones de mayo del 2012.

En el segundo considerando la Asamblea demuestra que no solo es capaz de construir sus propias mentiras, sino también de tomar algunas prestadas, esto lo hace cuando trae a colación los chapuceros criterios utilizados por la Corte Suprema de Justicia en mayo del 2012, cuando denegó trece solicitudes de extradición dentro del mismo caso arguyendo que cuando se realizó la masacre en 1989, el artículo 28 de la Constitución de la República prohibía “de manera absoluta y terminante” la extradición de nacionales, y por ende no se podía aplicar la redacción actual del mismo artículo 28 de la Constitución, que si permitía la extradición de nacionales.

Se trata de un argumento que ya hemos analizado en otros espacios[1], uno que parte de una premisa descabellada: Se trata de afirmar que una norma constitucional vigente se puede limitar o dejar de aplicar en base a una norma constitucional derogada, lo que por supuesto es un sinsentido mayúsculo, pues si la Constitución de la Republica es una norma primaria y fundacional, eso quiere decir que es la primera norma, la que fundamenta a las demás, y que por supuesto no puede limitarse en su aplicación por otra norma, mucho menos “dejarse de aplicar” por otra que ya está derogada.

Por supuesto, todo lo anterior sin contar que con dicha interpretación la Asamblea Legislativa, y antes que esta, la Corte Suprema de Justicia, abandonó el criterio que ellos mismos habían utilizado en otras resoluciones de aplicar una “Interpretación progresiva sobre la Constitución y los tratados sobre extradición”, interpretación en la cual existe la obligación  de entender los términos de un tratado de una manera acorde e integradora con lo que vaya disponiendo la Constitución a través del tiempo, o en otros términos, del hecho que previo al año 2000 no se regulara constitucionalmente la extradición de un nacional, no quiere decir que no pueda re-interpretar dicho tratado para integrarse al texto constitucional posterior al año 2000.

La Asamblea olvidó este simple precedente, como lo había olvidado en el año 2012 la Corte Suprema de Justicia de una manera selectiva (al parecer, solo lo olvidaron en este caso). Lo ignoraron, o bien lo quisieron ignorar[2]. 

  • Considerando III: Habeas Corpus para la detención de los militares ya se excedió en los plazos, y además hay inexistencia de procesos previos.

Resulta difícil adivinar lo que desde la Asamblea Legislativa estaban pensando cuando elaboraron este considerando, leyendo la parte final del mismo pareciera que la Asamblea se está auto-boicoteando.

En principio, que la Sala de lo Constitucional no se pronuncie dentro del plazo señalado por la ley en un proceso de Habeas Corpus es una realidad desafortunadamente rutinaria, lo extraño es que  la Asamblea Legislativa le moleste tanto esta tardanza en un solo caso, y no la tardanza que existe en todos los demás (¿Por qué para ellos este caso es tan importante?). Pero lo incongruente supera a lo extraño, pues es sumamente incongruente afirmar que un retraso en un proceso de Habeas Corpus (en este caso el que analiza la detención de los militares), significa la automática libertad, o peor aún impunidad de quien esta privado de libertad.

Se trata de cosas muy distintas y juntarlas solo revela falta de lógica en el pensar, o bien, muchos deseos de buscar la impunidad a toda costa.

Pero nuevamente, la peor parte se encuentra al final, para la Asamblea Legislativa la extradición de los militares no debe proceder, pues no existe “un proceso legal que acredite su presunta participación o culpabilidad en el hecho que se les imputa”. Esto es absurdo, la Asamblea Legislativa debería saber que en este caso sí existe un proceso legal que ha acreditado algún grado de participación de los militares, se trata del proceso que se tramita en España, mismo con suficientemente mérito aparente para que un juez de dicho país ordene una detención internacional (recordemos que un juez no gira una orden de detención a menos que cuente con “apariencia de buen derecho”), por supuesto, en El Salvador pasa algo distinto, aquí no ha existido un proceso penal “con suficiente mérito” contra militar alguno, pero alegar esto por parte de la Asamblea Legislativa es cinismo de primera, sobre todo cuando quien lo alega es uno de los grandes actores políticos nacionales que ha impedido y entrampado la persecución de este tipo de hechos. El dicho popular resume todo: Un burro hablando de orejas. 

  • Considerando IV: La FGR dijo NE BIS IN IDEM.

El pronunciamiento no se apoya únicamente en las interpretación erróneas de la Corte Suprema de Justicia, al parecer también la Fiscalía General de la República se ha movido al paso que impone la impunidad, en dicho sentido, cuando al Ministerio Público emitió opinión por este caso a principios de junio del presente año, la institución arguyó que estábamos en presencia de NE BIS IN IDEM[3] .

La trampa del argumento esta en lo que oculta, tanto la Asamblea Legislativa como la Fiscalía General de la República caen en el mismo ejercicio: Toman un pedazo de verdad, lo descontextualizan y tuercen hasta convertirlo en una franca mentira. La verdad de la que parten ambos órganos no se puede negar: En el caso de la masacre en la UCA en 1989 han existido dos procesos previos, el de 1991 en el que fueron juzgados diez personas y condenadas cinco, y un segundo proceso en el año 2000 en el que se presentó requerimiento solicitando sobreseimiento a favor de siete personas, siendo efectivamente sobreseías en las etapas iníciales del proceso.

Por supuesto, lo que muy convenientemente la Asamblea Legislativa y la Fiscalía olvidaron mencionar es lo siguiente, en el proceso penal de 1991 no se juzgó a ningún autor intelectual, y los pocos subalternos y chivos expiatorios que fueron condenados lo fueron dentro de un proceso a todas luces fraudulento, cargado de coacción para los acusadores, como de secreto y manipulación para la fase de investigación, esto incluso lo han manifestado los fiscales que llevaron dicho caso, narrando una fase administrativa oculta y realizada por la misma institución que estaba siendo investigada, en palabras literales de uno de estos fiscales: “(dijimos) que queríamos ver el expediente (de la investigación), pero no se nos dio acceso. Nos decían que todavía tenían los papeles “regados” y que no lo habían armado; que en ese momento no lo podían prestar”[4].

Por su parte, el proceso penal iniciado en el año 2000 sufrió un peor sabotaje, uno que suena casi de humor negro, resulta que la Fiscalía General de la República se negó a investigar y ejercer la acción penal contra los autores intelectuales y mandos principales de la masacre, durante los siguientes 11 años el ente investigador no hizo nada, y finalmente cuando lo hizo en el año 2000 presentando Requerimiento Fiscal, lo hizo para pedir sobreseimiento definitivo al haber pasado demasiado tiempo (prescripción) sin que se ejerza la acción penal. En palabras simples, el Ministerio Público se negó a investigar por once años un caso y después pidió sobreseimiento alegando que nadie lo había investigado en once años.

Así pues, estos son los procesos que la Fiscalía considera “juicios previos” dentro de miope su visión del  NE BIS IN IDEM, dos procesos evidentemente fraudulentos cuya única finalidad fue garantizar la impunidad, el primero de ellos ni siquiera contra los autores intelectuales, el segundo de ellos alegando una figura, la prescripción de la acción penal, que sobradamente se sabe es inaplicable para delitos de lesa humanidad.

Por ello, ambos procesos perfectamente se pueden incardinar en lo que se denomina dentro del derecho internacional de los derechos humanos como “Cosa Juzgada Fraudulenta”, una situación de excepción al Non bis in idem según la misma doctrina internacional en al menos tres casos: a) La  actuación  del  tribunal  obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal, b) El procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente, y, c) No hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia[5].

No es difícil caer en la cuenta que en el caso jesuitas ni el procedimiento fue instruido independientemente, ni existió en algún momento una intención genuina y real de someter a los responsables a la acción de la justicia, información que olvidó mencionar la Fiscalía General de la República y la Asamblea Legislativa en sus respectivos pronunciamientos.

  • Considerando V: Otra vez la ley de amnistía y la “reconciliación nacional”.

Es muy osado que a estas alturas alguien siga citando las leyes de Amnistía como mecanismo que impide alcanzar la verdad y la justicia en la masacre de la UCA en noviembre de 1989, o en cualquier otro caso relacionado con crímenes de lesa humanidad. En verdad es osado, cuando las más altas cortes a nivel nacional e internacional han sido contundentes y claras en este punto, señalando que no se puede argüir la existencia de leyes de amnistía como mecanismo de defensa e impunidad para los autores de estos atroces hechos.

Para el caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha confirmado con una sólida jurisprudencia lo que afirmó en el caso Barrios Altos vs. Perú, en el sentido que:

“[…] son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos  humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y  las  desapariciones  forzadas,  todas  ellas  prohibidas  por  contravenir  derechos  inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”[6]

Pero si aún existiesen dudas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado lo mismo  para el específico caso salvadoreño, y precisamente en la masacre de la UCA de noviembre de 1989, hecho respecto al cual valoró que:

la Comisión reitera, con base en las consideraciones prece dentes, que dadas las circunstancias, fines y efectos de la Ley de Amnistía General aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador mediante el Decreto 486 de 1993, dicho acto violó las obligaciones internacionales asumidas por el Estado al ratificar la Convención Americana, al permitir la figura de la “amnistía recíproca” (que no tuvo como paso previo un reconocimiento de responsabilidad) pese a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad; su aplicación a crímenes de lesa humanidad; y la eliminación de la posibilidad de obtener una adecuada reparación integral, incluida la patrimonial, por el daño causado[7] .

Esta misma conclusión también sería expresada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la Inconstitucionalidad 24-97/21-98 del veintiséis de septiembre del año 2000[8], misma en la cual el máximo tribunal expresó que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz no aplica cuando ello represente una vulneración en “la conservación y defensa de los derechos de la víctima o sus familiares”.

Desafortunadamente como suele suceder, la Sala en aquella ocasión fue timorata y contradictoria, negándose a declarar lo que en verdad correspondía si fuese consecuente con lo que dicta el derecho internacional de los derechos humanos: La inconstitucionalidad de la referida Ley de Amnistía por vulnerar el derecho fundamental a la verdad que poseen las víctimas de estos atroces hechos, lejos de esto, la Sala utilizó el recurso de la “interpretación conforme” para dejar en manos de cada juez la decisión de hacer valer los derechos de las víctimas frente a violaciones graves como lo son los crímenes de lesa humanidad, un grave error si consideramos que hasta la fecha, casi 17 años después de esa resolución, ningún caso ha recibido justicia por un tribunal oficial.

Todavía estamos a la espera que la Sala de lo Constitucional rectifique el  terrible error cometido en el año 2000, y finalmente declare inconstitucional la Ley de Amnistía General para Consolidación de la Paz, una espera que ya lleva varios años.

  • Considerando VI: Todo es culpa del Estado de Derecho.

Aunque todos los considerandos comparten como denominador común su ausencia de base jurídica, creemos que el considerando VI destaca por algo adicional: Su más marcado cinismo, y es que  supone mucho descaro y particular grado de desvergüenza utilizar valores tan altos como el “respeto absoluto del ser humano” y “El Estado de Derecho” para luego decir que hechos crueles como los ocurridos en noviembre de 1989 deben quedar en la impunidad.

Como hemos citado, han sido los más altos tribunales del Sistema Interamericano en materia de protección a los derechos humanos, así como la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quienes han sostenido la  incompatibilidad entre la impunidad de estos hechos frente a los derechos de protección jurisdiccional y a la verdad, derechos que legítimamente poseen las víctimas desde la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 2 de la Constitución de la República.

No se entiende que comprende la Asamblea Legislativa por “Estado de Derecho”, seguramente una definición que no toma en cuenta los derechos de los ofendidos, ni a la Constitución, ni a los tratados internacionales..

  • Considerando VII: El parámetro de referencia, las resoluciones del año 2012.

Al final, previo a su exhortación final, la Asamblea Legislativa utiliza un último argumento, uno que se ha escuchado en la boca del defensor de los militares cuya extradición está siendo analizada por la Corte Suprema de Justicia, en palabras de la Asamblea Legislativa “ya hay un parámetro de referencia del caso, que la Corte Suprema de Justicia resolvió en el año 2012, la “No Extradición de los militares””.

Con lo anterior, la Asamblea nuevamente hace referencia a las resoluciones que mencionábamos más arriba, dictadas por la Corte Suprema de Justicia en mayo del 2012 cuando denegó trece solicitudes de extradición. Para la Asamblea Legislativa, habiéndose sentado el anterior precedente ya no es posible otra alternativa distinta a la que señala el precedente, por lo que no debe autorizarse la extradición.

Por supuesto, el defensor de los militares al menos trata de plantear esta idea de una forma que tenga algún semblante jurídico, diciendo que en este caso nos encontramos ante “cosa juzgada”, una especie de Non bis in idem, pues la Sala ya  sentó criterio en un proceso contra las mismas personas, tratándose de los mismos hechos, existiendo una misma causa petendi.

Sin embargo este argumento se cae tan pronto como analizamos con seriedad la noción de “NON BIS IN IDEM”, pues tal como establece cualquier autor que trabaje el tema con seriedad, y tal como también lo ha planteado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que se verifique la presencia de NON BIS IN IDEM, es indispensable que exista una previa resolución que ponga “fin a una contienda o controversia de manera definitiva”[9], es decir, una previa resolución que se pronuncie sobre el fondo del asunto, el thema decidendum,  lo que supone cuando menos una valoración de los hechos. Eduardo Jauchen lo explica  mejor:

(…) cabe tratar que clase de resoluciones son las que tienen la eficacia de amparar al imputado de una nueva persecución sobre el mismo hecho. En este sentido sólo aquellas resoluciones que teniendo carácter de definitivo sobre el objeto del proceso garantizan la prohibición de una doble pretensión punitiva. (…) En cambio no amparan contra una nueva persecución penal las resoluciones que en virtud de algún error, insuficiencia, defecto u otro motivo legal paralizan, rechazan, suspenden o nulifican la acción penal sin expedirse sobre el mérito de la misma y, por lo tanto, no son definitivas respecto al objeto sustancial[10]

Por esa sencilla razón es que en un proceso penal, por citar un ejemplo, resoluciones como las desestimaciones, las inadmisibilidades, las nulidades, las decisiones de archivo de la causa en sede penal, y otras tantas que puedan citarse, no imposibilitan la continuación del proceso por haberse dictado tales resoluciones, siendo posible proseguir con la actividad procesal cuando se repita o supere la actividad defectuosa o el requisito pendiente.

Lo mismo sucede con la extradición, que no analiza o resuelve los hechos en cuestión, no se pronuncia o determina la participación de los procesados o el mérito del delito atribuido, sencillamente verifica si se cumplen los requisitos de extradición que demanda determinada ley (en este caso, el Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de El Salvador). Por ello las resoluciones del año 2012, aunque se trata de las mismas personas o los mismos hechos, no generan efecto de “cosa juzgada”, ni son constitutivas de non bis in idem. 

  • Más de lo mismo, más impunidad.

Lo que observamos el miércoles 16 de junio del presente año fue más de lo mismo, otra expresión del férreo compromiso que han mantenido las cúpulas del poder político salvadoreño con los viejos estamentos del poder militar. En este punto ningún partido se salva, la izquierda representada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) cuando no calla vergonzosamente, realiza las más inverosímiles declaraciones, como sucedió con el vicepresidente Oscar Ortiz en Febrero del presente año[11], para ellos es preferible la estabilidad política de sus dirigentes  que los derechos de las víctimas.

La situación de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) no es mejor, un partido fundado por un probable perpetrador de delitos contra la humanidad, actualmente con un diputado señalado en otros países por participar en este tipo de hechos (por cierto, se trata de uno de los diputados que propuso la lectura y publicación del pronunciamiento en cuestión)[12], y más importante que lo anterior, un partido con una de sus más reconocidas y emblemáticas figuras, el ex – presidente Alfredo Cristiani, también señalado por participar en este tipo de hechos, específicamente la masacre de la UCA en noviembre de 1989, esa misma por la que los diputados areneros pidieron impunidad el 16 de junio.

La tendencia sigue siendo la misma, los dos partidos mayoritarios no dudaran en lanzarse los peores insultos e improperios entre sí, la mutua confrontación es parte fundamental de su carrera por alcanzar el poder, pero al final, ambos cúpulas harán tregua y se hermanarán en el mismo punto, en el mismo tema: Mantener la impunidad en delitos de lesa humanidad, aquí los dueños por igual de ambos partidos tienen cadáveres en sus roperos, y por tanto intereses partidarios y personales en apoyar la impunidad, unos levantando la mano, otros callando y no haciendo nada. Las víctimas seguirán esperando… ¿Hasta cuándo deberán esperar?

Referencias:

[1] http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/4640

[2] Según la Sala “en consonancia con los precedentes en materia de extradición pasiva de nacionales, según resoluciones pronunciadas en fechas 22/12/2009, 12/11/2013 y 25/03/2014, en los Suplicatorios Penales 60-S-2007, 53-S-2010 y 35-S-2011, se considera que el Principio que dimana del artículo 271 de la Constitución de la República obliga a hacer la labor de interpretación progresiva e integradora como la que realiza esta Corte, en atención a la exigencia constitucional relativa a la adecuación de la normativa secundaria a lo dispuesto en la Constitución de 1983, dada la omisión de los Órganos competentes para negociar, suscribir y ratificar instrumentos posteriores a la reforma del mencionado artículo 28, pues como ya se expresó, el Órgano Judicial no puede sustraerse de resolver sobre un asunto de su competencia por falta de disposiciones posteriores a la reforma del artículo 28 de la Constitución del año 2000, en relación con el Tratado bilateral de extradición” (Cfr. Corte Suprema de Justicia, extradición 208-S-2014, 25 de agosto del 2015)

[3] http://www.laprensagrafica.com/2016/06/09/fgr-dice-que-no-es-procedente-extraditar-a-militares-a-espaa

[4] http://www.elfaro.net/es/201411/noticias/16213/As%C3%AD-sabote%C3%B3-la-Fiscal%C3%ADa-la-investigaci%C3%B3n-del-asesinato-de-los-jesuitas.htm

[5] Corte I.D.H., Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154

[6] Corte I.D.H., Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75

[7] http://www.cidh.org/annualrep/99span/de%20fondo/el%20salvador10.488.htm#103

[8] Literalmente la Sala expresó que: “en cuanto al mismo art. 1 de la LAGCP, relacionado con el inciso primero del art. 2 Cn., se ha concluido que esta última disposición constituye una limitación a aquél artículo en el sentido que la amnistía concedida en el mismo es aplicable únicamente en aquellos casos en los que el mencionado ocurso de gracia no impida la protección en la conservación y defensa de los derechos de la víctima o sus familiares, es decir cuando se trata de delitos cuya investigación no persigue la reparación de un derecho fundamental”

[9] Cfr. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Amparo 109-98, 23 de abril de 1998, también se puede citar el Amparo 270-2000, 4 de marzo del 2002.

[10] Jauchen, Eduardo. DERECHOS DEL IMPUTADO. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe (2007), 395-396

[11] http://www.informatvx.com/ortiz-pide-no-extraditar-a-militares-de-caso-jesuitas/

[12] http://www.elfaro.net/es/201408/noticias/15789/Zepeda-y-Vargas-generales-de-La-Tandona-y-precandidatos-a-diputados-por-Arena.htm

Si deseas citar este artículo hazlo así:

FEUSIER, OSWALDO. “UN PRONUNCIAMIENTO PARA LA VERGÜENZA EN TORNO CASO JESUITAS”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 21 de junio de 2016 http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/5242