¿En qué consisten las medidas extraordinarias para combatir actividad de las pandillas?
¿En qué consisten las medidas extraordinarias para combatir actividad de las pandillas?

El decreto para combatir la actividad de las pandillas denominado “Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias en los Centros Penitenciarios, Granjas Penitenciarias, Centros Intermedios y Centros Temporales de Reclusión”, está formado por once artículos, con disposiciones que se implementarán de manera inicial en los centros penales de Chalatenango, Ciudad Barrios, Cojutepeque, San Francisco Gotera, Izalco, Quezaltepeque y Zacatecoluca, seleccionados por la alta población pandilleril en ellas recluidas, pudiendo ser extendida a otros centros del sistema penitenciario de ser así requerido por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Las medidas extraordinarias contemplan adecuaciones a la infraestructura penitenciaria para cumplir con la eficacia (no la finalidad) del régimen penitenciario, y permite adoptar medidas del personal y tecnológicos que sean necesarios.

Las medidas extraordinarias permiten la posibilidad que de manera indiciaria las autoridades frente a información de desestabilización por parte de miembros de las pandillas criminales, ordenen:

a) Habilitar centros temporales de reclusión;

b) realizar trasladados de privados de libertad a otros centros y granjas penitenciarias;

c) restringir o limitar el desplazamiento de los privados de libertad, a través del encierro o el cumplimiento de la pena en celdas especiales, entre otras medidas, como último recurso;

d) restringir o suspender visitas de toda clase, durante el tiempo que sea necesario, así como del ingreso de personas ajenas a la administración penitenciaria.

En cuanto al derecho de defensa, los privados de libertad podrán comunicarse con sus abogados o defensores públicos en recintos especialmente habilitados para ello. Los reos podrán ser obligados a participar en actividades de índole reeducativa y de formación de hábitos de trabajo. Se suspenden durante la vigencia del decreto, traslados de los privados de libertad, para realizar audiencias judiciales y cualquier otro acto procesal. El Juez o Tribunal competente tendrá como salida procesal celebrar audiencias utilizando la modalidad virtual, o movilizándose hacia el centro penitenciario.

También se suspenden por el plazo de treinta días a partir de la entrada en vigencia del decreto, las audiencias judiciales que requieran la presencia de privados de libertad, mientras se realizan las adecuaciones de infraestructura penitenciaria, quedando suspendidos los plazos procesales para efectos jurídicos.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, podrá tomar todas las medidas necesarias e indispensables para asegurar el corte de tráfico de telecomunicaciones desde y hacia los centros penitenciarios, además en cuanto a los funcionarios y empleados penitenciarios se podrá disponer como medida cautelar, la inmediata suspensión temporal, sin goce de sueldo, y promoverse el debido proceso de destitución previsto en la Ley Penitenciaria.

Un punto determinante para lograr la eficacia de las medidas en el menor tiempo posible es la posibilidad de contratación directa de obras, bienes y servicios, para el mejoramiento, equipamiento, funcionamiento y ampliaciones en la infraestructura penitenciaria, o para cumplir con los requerimientos exigibles a las telecomunicaciones.

El decreto fue sancionado por el presidente Salvador Sánchez Cerén el día uno de abril del 2016, fecha desde la cual tendrá la vigencia de un año.

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