Declaratoria judicial de incapacidad
Declaratoria judicial de incapacidad

En esta oportunidad se desarrollará el tema referido a la acción judicial de Declaratoria de Incapacidad, que obedece a un régimen ético-político de la interacción social, con el que se impone un estilo de vida para las personas cualificadamente excluidas (incapaces), un instrumento fundamental para proteger la estabilidad jurídica de las personas incapaces y una de las tantas formas del poder jurídico que el Estado ejerce sobre la familia y los individuos. Los temas a comentar son: (1) noción previa, (2) conceptos, (3) causas de incapacidad y (4) ejecución de la acción e ilustración de caso.

(1) Noción previa 

El tráfico jurídico se define por la interacción de los individuos que reúnen las características o presupuestos legales para ser capaces de orientar o reprimir sus acciones. Se habla, por ejemplo, del nacimiento legal y la personalidad jurídica y de los requisitos de validez y existencia de los actos jurídicos, como presupuestos insoslayables que deben ser superados por los sujetos de derecho que desean interactuar en condiciones de libertad, independencia e igualdad, dentro del mundo jurídico.

Sin embargo, pragmáticamente hablando, en el mundo del Derecho no todas las personas son libres e iguales, incluso, la misma ley se encarga de diferenciarlas para equipararlas. Es más, la persona humana no siempre ha sido libre, independiente e igual, sino que históricamente ha sido doblegada por poderes deformados, intereses insostenibles o razones quebradas, como lo confirma la historia de las mujeres, los niños, las personas “negras” o “de color” y las que viven en la lejanía de las riquezas. Las personas son diferentes para el Derecho, pero la diferencia no gira en torno a la persona en sí misma, sino en torno al rol que desempeñan dentro del sistema jurídico-social; la diferencia no es ética, sino social.

Algunas personas discapacitadas física o mentalmente constituyen un ejemplo de personas dependientes y desiguales, quienes no pueden considerarse, por justicia, iguales a las personas no discapacitadas, ya que sus capacidades de ser y hacer se encuentran limitadas o disminuidas por razones superiores a la voluntad de las mismas. Como se dijo en “Discapacidad y minusvalía. Un panorama desde el enfoque de las capacidades”, las personas discapacitadas ocupan un lugar especial dentro del sector excluyente del sistema social, pues conforman un grupo de individuos que históricamente ha vivido y viven en la exclusión social. Similar suerte siguen las personas en extrema pobreza.

Cuando las condiciones de ser y hacer de algunas personas varían negativamente en relación al patrón común de la masa de personas que conforman el sistema social, se recurre a formas jurídicas para estandarizar desestandarizando, equiparar diferenciando o incluir excluyendo. ¿Por qué? Porque en la igualdad de las personas surge la desigualdad de sus condiciones, la dislocación de los modos de ser y hacer de quienes deberían ejercer un rol social determinado, pero que no pueden. Tenemos, entonces, que la ley debe tratar de ensamblar la desigualdad social con la igualdad jurídica; sin omitir mencionar que en ocasiones la ley, la norma jurídica y su poderío, es la causa del trato socialmente desigual.

Existen personas que por no reunir las características o presupuestos legales para ser capaces de orientar o reprimir sus acciones, por tener un alto grado de disminución de sus capacidades de ser y hacer, no pueden participar dentro del tráfico jurídico del sistema social con libertad, independencia e igualdad. El sordo que no puede darse a entender de manera indudable representa un ejemplo. Esta persona no sólo se encuentra en un estado de discapacidad física, sino que adolece de una enfermedad que la califica como una persona jurídicamente incapaz.

La calificación de ser incapaz es una calificación de exclusión, un modo de rezagar o adormecer en definitiva el rol social abortado que nunca fue plenamente desarrollado por la persona incapaz.

El sordo que no puede darse a entender de manera indudable no puede contratar o ejecutar actos jurídicos, sin que éste sea objeto de vicios de nulidad que afectan la estabilidad de las transacciones jurídicas. Una persona con enfermedad mental crónica e incurable no puede contraer matrimonio, ejercer la autoridad parental de sus hijos, participar en el mercado con sus empresas, subordinarse a una relación laboral, ser la titular de responsabilidades o más, sin que sus actos sean objeto de vicios de nulidad; es decir, su rol social, ese que se espera que sea ejercido por ella (como cónyuge, padre, comerciante, trabajador, deudor o más), se congela bajo el calificativo de la incapacidad.

El incapaz interactúa dentro de un régimen ético-político que lo cualifica como una persona excluida. Por más que se diga que a una persona se le declara incapaz con el fin de proteger sus intereses jurídicamente relevantes, la realidad social revela que la protección no está dirigida al incapaz, no se piensa en él, sino en el capaz, en la persona que corre el riesgo de perfeccionar sus negocios jurídicos con un incapaz, a raíz de lo cual sus actos eventualmente pueden devenir en imperfectos. De no ser así las políticas públicas (sanitarias, familiares, educacionales, económicas, laborales y más), los instrumentos jurídicos, la ideología, la infraestructura y más, no fueran excluyentes para lo incapaces.

La política protectora del incapaz se vuelve la política protectora del capaz, bajo el pretexto de dar estabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica. Lastimosamente los principios que gobiernan la vida en sociedad son los principios de aquellos que se creen relevantes para un régimen de producción y consumo basado en la individualidad, al grado que se excluyen a los discapacitados, a los pobres y a los animales no humanos, como en otras ocasiones se ha dicho (siguiendo a Martha Nussbaum).

Al margen de lo anterior, el artículo 4 del Código de Familia (CF) reconoce que la protección integral de los incapaces es un principio rector del Derecho de Familia, adoptándose así una serie de mecanismos yuxtapuestos que se encaminan a proteger “a las personas incapaces”. Uno de esos mecanismos o recursos es la Declaratoria Judicial de Incapacidad. 

(2) Conceptos 

La Declaratoria de Incapacidad únicamente la hace el juez de familia, y corresponde a la Declaratoria de Interdicción que hacía antes el juez de lo civil. La Declaratoria de Incapacidad es la calificación que hace el juez, mediante sentencia definitiva y respetando el proceso justo, de que una persona adolece de una causa de incapacidad. Sin embargo, para superar esta tautología, hay que recordar que la capacidad es la condición necesaria en la que se encuentra una persona para ejercer derechos y despechar obligaciones. La incapacidad es lo contrario, el estado de una persona que no alcanza a reunir los presupuestos para ejercer derechos y cumplir obligaciones.

El mundo del Derecho funciona con personas que reúnen las características o presupuestos legales para ser capaces de orientar o reprimir sus acciones. Una persona incapaz no puede orientar o reprimir sus acciones plenamente, porque si lo hace, dicha acción no resulta del todo compatible con las estructuras jurídicas. La Declaratoria Judicial de Incapacidad en el fondo constituye la calificación que hace el juez de una persona que debiendo ser apta para ejercer derechos y cumplir obligaciones, no lo es.  Ahora bien, la incapacidad de la que se habla en éste artículo no es la incapacidad ordinaria de la que sufren los niños y adolescentes, ni las personas jurídicas, sino la incapacidad de personas naturales que debiendo ser plenamente capaces no lo son. Las causas de incapacidad por las que se declara incapaz a una persona son causas especialmente reconocidas por la ley. 

No se debe confundir la idea de discapacidad con la idea de incapacidad (Al respecto puede consultarse el artículo “Discapacidad y minusvalía. Un panorama desde el enfoque de las capacidades”). Una persona puede adolecer de discapacidad, pero no ser incapaz, mientras toda persona declarada incapaz es una persona discapacitada. Así, por ejemplo, una persona puede ser calificada como discapacitada para fines laborales (como lo hace la Unidad Calificadora de Discapacidad del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos – ISRI –), por adolecer de un problema en la columna vertebral, sin que esto la haga una persona incapaz, ya que puede ejercer los derechos y deberes con plena claridad. Al contrario, una persona declarada incapaz por adolecer de un retardo mental crónico e incurable es una persona discapacitada para una multiplicad de efectos. Existen casos, por ejemplo, en los que las personas son diagnosticadas con cuadro demencial severo, como una condición grave, crónica e incurable, al punto que requieren de forma indefinida el cuidado de otros para su bienestar y supervivencia. La ley en este tipo de casos no puede atribuirle a la persona incapaz cargas que no puede cumplir, motivo por el cual debe ser declarada como tal.

(3) Causas de incapacidad

La Declaratoria Judicial de Incapacidad tiene por sustento las dos causas que reconoce el artículo 293 CF:

(a) la enfermedad mental crónica e incurable, aunque existan intervalos lúcidos; y

(b) la sordera, salvo que el sordo pueda entender y darse a entender de manera indudable.

A la pretensión de declaratoria de incapacidad se puede acumular el restablecimiento de la autoridad parental o el nombramiento de tutor
A la pretensión de declaratoria de incapacidad se puede acumular el restablecimiento de la autoridad parental o el nombramiento de tutor

En el caso de la enfermedad mental y la sordera lo que se valora son las habilidades cognitivas de la persona, la capacidad que tiene para interiorizar, comprender e interpretar la realidad, y expresar las pautas de orientación que definen su interacción social. Así, el problema no es la sordera, sino la falta de claridad que existe en el comportamiento de quien adolece de este mal. Por ello, cuando el sordo puede darse a entender (por escrito, gestos u otros medios), la causa de incapacidad no procede; al igual que no procede cuando la enfermedad mental no es crónica e incurable. Ahora bien, téngase en cuenta que el artículo 1318 CC establece que son personas incapaces absolutamente: (1) los dementes, (2) los impúberes y (3) los sordos que no pueden darse a entender de manera indudable. Sus actos no producen obligaciones naturales y no admiten caución. Hay nulidad absoluta en los actos jurídicos celebrados por personas absolutamente incapaces, conforme al artículo 1552 inciso 2º CC.

La incapacidad absoluta de los sordos que no pueden darse a entender de manera indudable, proviene de la falta de su libre discernimiento o por la imposibilidad de manifestar de forma fiel y pura su voluntad consciente. La misma regla se aplica al enfermo mental. Esta clase de personas no garantizan que el acto que ejecutan obedece a su íntima voluntad, y si en apariencia lo hacen, no deja ser un incierto. El enfermo mental de forma indefinida y el sordo que no pueden darse a entender no pueden expresar la íntima voluntad que los rige de manera clara y determinante, porque de prestarse, la duda no deja de aflorar entre quienes forman parte de su esfera de interacción jurídica. Es más, el artículo 295 CF señala que los actos ejecutados por los enfermos mentales, posteriores a la declaratoria de incapacidad son nulos, aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido; por el contrario, los actos ejecutados antes de la declaratoria de incapacidad son válidos, a menos de probarse que el que los ejecutó estaba entonces mentalmente enfermo.

Se puede declarar incapaz a una persona que adolezca de una o ambas causas de incapacidad, sin importar que se trate (1) de un niño o adolescente, o (2) de una persona adulta. Cuando la persona declarada incapaz no ha alcanzado su mayoría de edad (niño o adolescente) y es declarada incapaz, la misma deberá continuar bajo la autoridad parental de sus padres. Cuando el incapaz alcanza su mayoría de edad, la autoridad parental de los padres queda prorrogada de pleno derecho, si hubiera sido declarado incapaz cuando era un niño o adolescente. En cambio, cuando la persona declarada incapaz es adulta, la autoridad parental se reestablece a favor de los padres, siempre y cuando no hubiere fundado familia (contraído matrimonio, por ejemplo), caso contrario lo procedente no es el restablecimiento de la autoridad parental, sino el nombramiento de tutor, en cuyo caso el primer llamado a cumplir con dicho rol es el cónyuge, según lo disponen los artículos 245 y 291 ordinal 1 CF.

(4) Ejecución de la acción e ilustración de caso 

La acción de Declaratoria Judicial de Incapacidad no conforma un proceso de jurisdicción contenciosa, sino una serie de diligencias de jurisdicción voluntaria. Por lo tanto, no existe un criterio de competencia territorial que vincule al juez a conocer el proceso, sino que el competente para sustanciar las Diligencias de Declaratoria Judicial de Incapacidad es cualquier juez de familia dentro de la República de El Salvador, según los interesados lo definan.

Junto a la pretensión de declaratoria de incapacidad se puede acumular la pretensión de restablecimiento de la autoridad parental o nombramiento de tutor, según corresponda. La solicitud que da lugar a estas Diligencias debe exponer los hechos que sustentan la causa de incapacidad de la persona, los cuales serán verificados por profesionales en la rama que corresponda. Es importante destacar que en este tipo de Diligencias siempre interviene un procurador auxiliar del Procurador General de la República, velando por los intereses de la presunta persona incapaz.

Con el fin de ilustrar este tipo de acción judicial se expone el siguiente caso:

  • Electra contrajo matrimonio con Alirio en el año dos mil catorce, y de esa relación Electra quedó embarazada. A los tres meses de embarazo, Electra no presentaba antecedentes traumáticos ni enfermedades graves de su infancia, niñez o adolescencia, sino que presentaba un desarrollo personal dentro de los parámetros de la normalidad, al punto que continuó estudiando en la universidad y trabajando en un despacho contable. Sin embargo, posteriormente Electra sufrió de eclampsia grave, empeorándose su situación con presión sumamente alta y fuertes convulsiones, hasta sufrir un paro cardiaco que la dejó en coma. A consecuencia de este hecho, Electra perdió sus capacidades cognitivas, sin poder comer, caminar, hablar, orientar sus acciones y ejercer otras actividades por sí sola.
  • Habiéndose promovido las Diligencias de Declaratoria Judicial de Incapacidad, el perito del Instituto de Medicina Legal concluyó que: Electra presentaba un cuadro demencial severo secundario a hipoxia cerebral asociada a eclampsia, condición grave, crónica e incurable, y que necesitaría de forma indefinida de la ayuda de otras personas para su bienestar y supervivencia.
  • El juez de familia estimó que la condición de Electra era indefinida, poniéndose así en duda su capacidad de orientar y reprimir sus acciones jurídicamente relevantes. Por ello, mediante sentencia la declaró incapaz a Electra y nombró a Alirio como su tutor legítimo. Seguidamente, mandó a marginar la partida de nacimiento de Electra, para que se hiciera constar que fue declarada incapaz y que sus cuidados y representación legal los ejerce su tutor, es decir, Alirio. Vale aclarar que esto se hace por efectos de publicidad registral, precisamente, por efectos oponibilidad.

Si quieres citar este artículo, hazlo así:

PALACIOS, CRISTIAN. “DECLARATORIA JUDICIAL DE INCAPACIDAD”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 20 de enero de 2016.  http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/4489