Protagonismo de jueces y tribunales
Protagonismo de jueces y tribunales
Protagonismo de jueces y tribunales
Protagonismo de jueces y tribunales

Noción

Como ciudadano, académico o, con mucha más razón, como abogado, es válido y necesario hacerse por lo menos las siguientes preguntas: ¿qué es el poder judicial en términos empiricos?, ¿qué son los tribunales y juzgados?, ¿cómo se institucionalizan?, ¿qué son los jueces?, y sobre todo, ¿qué significa que el Estado se organice jurisdiccionalmente?; en virtud que son preguntas ontológicas vinculadas a la propia función del abogado, a la convivencia de los individuos en comunidad y a la fenomenología de la realidad que estimula el pensamiento de los intelectuales, sobre un eje en común: la administración de justicia, esa que dice ser el timón que sirve de referencia y equilibrio a la órbita del Derecho.

Aproximarse a cada una de las anteriores preguntas intentando obtener una respuesta que quiera satisfacerlas, significaría toda una exploración histórica del poder jurídico del Estado, una revelación crítica de las cargas axiológicas de cada época y una mirada escéptica de lo que se piensa que es bueno y necesario en la actualidad. Por ello, en esta ocasión se hará un acercamiento marginal a tan sólo una de las anteriores preguntas, a la que intenta saber cómo se institucionalizan los tribunales que se estatuyen en los Estados modernos, cuya fuerza en el siglo XXI resuena con mayor vigor en las democracias constitucionales, dejando por detrás al siglo del poder legislativo y del poder administrativo; intentando, a la vez, reparar en el hecho de que en la actualidad los jueces han tomado un protagonismo que nunca antes tuvieron.

Breves antecedentes del tribunal y la justicia  

Antes de conocer la situación actual del poder judicial, de los tribunales y jueces, hay que remontarse a la historia del Estado judicial, al germen de los tribunales en la Edad Media. Así, se dice que “en la Edad Media se pasa de un tribunal árbitro (al que se recurría por consentimiento mutuo para poner fin a un litigio) o a una guerra privada, y que no era de ningún modo un organismo permanente del poder) a un conjunto de instituciones estables, especificas, que intervienen de forma autoritaria y dependiendo del poder político (o en todo caso controladas por él). Esto se apoya en dos procesos. El primero ha sido la fiscalización de la justicia: a través del juego de multas, confiscaciones, embargos, costas, gratificaciones de todo tipo (…), la justicia se ha convertido, entre las manos de los señores, no sólo en un instrumento de apropiación, en un medio de coacción, sino también y muy directamente en una fuente de ingresos; producía una renta paralela a la renta feudal, o más bien una renta que formaba parte de la renta feudal. La justicia eran riquezas, eran propiedades (…), formaban parte de la circulación de las riquezas y del sistema de contribuciones feudales. Para los que las poseían, constituían un derecho (junto con la primicia, manosmuertas, el diezmo, las tasas, las obligaciones civiles, etc.); para los justiciables la justicia adoptaba la forma de una renta no regular, pero a la que en ciertos casos era necesario plegarse. Antiguamente era lo contrario (…). El segundo proceso es la ligazón creciente entre la justicia y la fuerza armada. Sustituir las guerras privadas por una justicia obligatoria y lucrativa, imponer una justicia en la que se es a la vez, juez, parte y fiscal; en lugar de transacciones y compromisos, imponer una justicia que asegura, garantiza y aumenta en proporciones importantes la renta sobre el producto del trabajo, todo esto implica disponer de una fuerza de opresión (…). Allí donde el soberano es militarmente bastante fuerte para imponer su paz, puede haber renta fiscal y jurídica” (MICHEL FOUCAULT, 1979, pp. 48-49).

El anterior extracto ilustra la forma en cómo los tribunales se institucionalizan a través de un dispositivo permanente encargado de administrar los modos (¿cómo?), razones (¿por qué?) y finalidades (¿para qué?) de la justicia, un dispositivo que obedece al modo de producción feudal, pero que se vuelve más agresivo en el sistema de producción capitalista, al descansar sobre una economía jurídica destinada a obtener contribuciones, extender el control y orientar los comportamientos. Desde luego que en la Edad Media el germen del pensamiento burgués aún no se ha revelado plenamente (los mercaderes comienzan a tomar ventajas), pero da luces de la relación existente entre la forma jurídica de lo judicial y la forma jurídica de lo económico. Sin embargo, posteriormente, esto dará evidencias en la medida que el pensamiento burgués se desarrolla y las formas económicas invaden al sistema judicial en función del sistema de producción.

Sucede, pues, que lo jurídico funciona como una economía de justicias, que buscar proteger las estructuras y roles dentro del sistema social. Al respecto, es oportuno citar a MAX WEBER, quien expone que “la empresa capitalista moderna se basa interiormente en el cálculo, ante todo. Para existir, ella necesita una justicia y una administración cuyo funcionamiento pueda también, al menos en principio ser calculado racionalmente según reglas generales sólidas, como se calcula el trabajo previsible efectuado por una máquina. La empresa no puede entenderse mejor (…) con una justicia impartida por el juez según su sentido de la equidad en los casos particulares o según otros medios y principios irracionales de creación jurídica…” (LUKÁCS, 1970, p. 122). Es decir, la justicia debe estar en función del sistema de producción, del orden social que se quiere y de los valores aceptados con cierta universalidad, y para ello, es necesario contar con un aparato y un mecanismo que se encargue de ello: el sistema judicial, con sus tribunales y jueces. Ahora bien, más que reparar en el origen del aparato judicial – que puede ser diferente en las distintas sociedades –, se quiere precisar en el hecho de que las formas de dominación y control, y los mecanismos para legitimar intereses, siempre crean y conceden privilegios. El poder jurídico es un claro ejemplo, pues él crea y concede privilegios, al mismo tiempo que destruye y sustrae los mismos. Ese poder, esa forma de crear y conceder privilegios a través de lo jurídico, durante los últimos tres siglos se ha concentrado en diferentes focos, afectando a todas las áreas de la realidad e imponiendo sus propias reglas y privilegios, según a continuación se verá.

El siglo de lo legislativo

Se ha llegado a considerar que el siglo XIX, marcado por fuertes cambios derivados de las antecesoras revoluciones ideológicas (El Renacimiento, La Reforma, La Ilustración y la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos de América y otras), tecnológicas (Revolución Industrial) y culturales (el establecimiento de un nuevo orden mundial), en occidente marcó la necesidad del legalismo puro, la enmarcación de las conductas humanas más repetitivas en previsiones narrativas contenidas en el cuerpo de la ley, porque era necesario, según el racionalismo, que las personas conocieran qué conductas eran fomentadas, toleradas o reprochadas por el Estado, ese que emergió y se desplegó soberana y lentamente bajo el pretexto de la filosofía del contrato social. Resulta, pues, que la propia idea del contrato apela a la idea de un texto escrito en la conciencia de los individuos, quienes disponen la voluntad de entregar una porción de sus libertades al soberano (Estado), a cambio de recibir por parte de éste un margen de seguridad personal, patrimonial y, al mismo tiempo, jurídica. De ahí que no es extraño que el poder moral de la integridad personal es una garantía del sistema de Derecho burgués, que se adhiere a la protección de las propiedades y bienes que se suscriben a la satisfacción del ego, para convertirse en la llave de cierre – seguridad jurídica – que bloquea todo cuestionamiento del orden social estatuido.

La seguridad jurídica forma parte de la nueva razón de Estado, se integra a ella como la cualidad incuestionable de que el Estado tiene poder, que es al soberano al que todos los ciudadanos le deben obediencia bajo pena de disciplina, simplemente, la seguridad jurídica (la pura legalidad) se manifiesta como algo que dice: “si la ley lo dice, es lo correcto”. La seguridad jurídica se vuelve un valor en este sentido y la legalidad, como derivación de aquella, adquiriere un poder infranqueable que da lugar a la codificación, a la regla de la subsunción, al sistema tasado o legalista de valoración de la prueba, a la mecanización del juez que se convierte en boca de la ley (bouche de la loi, quien se limita a pronunciar la voluntad del soberano), que crea toda una mecánica estatal de reproche y más. Y hasta acá, los tribunales son eso, son la guarida del defensor de la voluntad del soberano, pequeños búnkeres donde se expresa el poder de la legalidad, el refugio incuestionable de las palabras escritas del legislador, la morada de alguien que se conforma con obedecer, defender y hacer cumplir un poder racional o irracional: la ley. Sucede, entonces, que el siglo XIX ha sido el siglo del legalismo, del legisferante, del imperio de la ley. En otras palabras, este fue el siglo de lo que ahora entendemos como poder legislativo.

El siglo de lo judicial
El siglo de lo judicial

El siglo de lo administrativo

Entrada en una nueva fase de la historia, en el siglo XX se producen importantes cambios que fraguarán el imperio monopolizado de la ley, porque es en este periodo de la historia en donde se produce la recomposición geopolítica de las naciones sobre el planeta (Primera y Segunda Guerra Mundial), intentado imponer un nuevo régimen mundial de dominación, para decidir quiénes serán de ahora en adelante los que impondrán sus valores para el resto del mundo (sustitución aparente de la Sociedad de Naciones por la Organización de las Naciones Unidas) y una lucha constante por extender la filosofía de vida que conducirá al mundo hacia un mejor futuro (revolución del proletariado), un choque de ideologías, una quebrantamiento de culturas, o simplemente, la polarización de la unidad mundial (la Guerra Fría y la famosa división entre el sur y el norte, y el occidente y el oriente: Vietnam, Alemania, Corea y otros). Nuevamente se repite la historia, se produce un nuevo choque de culturas por concentrar, conservar y ejercer el poder, y el devenir de la humanidad es testigo de significantes cambios que alteran el orden mundial, bajo pretextos de bondad, como había sucedido ya en las cruzadas en la Edad Media.

Y así, toman una importante posición los Estados modernos, son ellos que los levantan el estandarte de la vida (Estados de bienestar, benefactores o de providencia, políticas de reestructuración, programas de asistencia para América Latina, políticas de expansión ideológica a través del financiamiento de las guerras civiles y el entrenamiento del recurso humano), son ellos los que se organizan en su interior para desplegar todo un aparato de protección en beneficio de los ciudadanos, estableciendo una lucha por optimizar los recursos no renovables y la prestación de servicios públicos imprescindibles para la buena vida, por imponer modelos de eficiencia y equidad en la distribución de las riquezas y por apaciguar las incesantes escaramuzas argumentativas que buscan identificar la naturaleza y necesidad del Estado. Pero también, son ellos los que activan las políticas de invasión, tanto a nivel teórico (capacitaciones e influencias ideológicas) como empírico (intervenciones militares, especialmente de Estados Unidos). Y tras el telón de estas realidades, algunos países de América Latina están enfrentando una serie de conflictos internos comunes, entre ellos, las dictaduras militares, las revoluciones “de izquierda”, las guerras civiles y entre Estados, estados de excepción, golpes de Estado, fraudes electorales, censura de la prensa y de los intelectuales, represión policial, insurrecciones, revueltas y otros tantos escándalos que tienen un factor común: lo administrativo. Ciertamente, el poder se concentra y despliega en un punto focal, en contra de los políticos-gobernantes, en contra de las masas-subversivas y en contra de la historia de la legalidad. Así, por ejemplo, el hecho de que la historia del constitucionalismo salvadoreño revele una decena de Constituciones en un corto periodo de tiempo, refleja el irrespeto al valor de la ley, porque “cambiar de Constitución, es como cambiar la dirección presidencial”. Porque ahora se justifica un golpe de Estado bajo el pretexto de una mejor dirección, y a la vez, se justifica una nueva Constitución que se apegue a los valores de esa nueva dirección. Sin embargo, de una Constitución “política” a otra (1824 a 1983), el texto variará comúnmente en el plazo para ejercer el cargo de presidente de la República, en la posibilidad de reelegirse como presidente y de reformar la Constitución. Entonces, el imperio de la ley funciona paralelamente al imperio del presidencialismo (no del constitucionalismo), precisamente, del presidencialismo militar; en esta época, pues, la ley obedece a la administración de los Estados.

El siglo XX, entonces, se considera el siglo del poder administrativo, la época del militarismo y presidencialismo, de las concesiones, de los decretos presidenciales transitorios, por ejemplo. Así, algunos tribunales se convirtieron en el cajón de la impunidad, en un simple archivo público (de ahí las sentencias de tribunales internacionales condenando a los Estados por hechos pretéritos de esta época), entidades que fiscalizaban el poder jurídico de acuerdo a la razón de Estado de la época (no a la razón de los valores de la misma). Este siglo, más que cuestionar el imperio de la ley, logró silenciar y reconducir sus propósitos, bajo los intereses particulares que se reunían en aquellos que tenían el control administrativo de los Estados.

El potencial siglo de lo judicial

Finalmente, el siglo XXI, como testigo de una nueva etapa ulterior del capitalismo, se comienza a invadir de nuevos valores individuales, que cuestionan a la ley y a la propia administración. El poder judicial en el siglo XXI reta al poder legislativo y al poder administrativo, reclama un espacio en la conducción de la historia de la humanidad, un protagonismo que haga méritos no al imperio de la ley, ni a su mecánica administración, sino a su racional aplicación. Ahora, los jueces exigen mayor libertad y discreción, se auto-sublevan creyendo en la idea de que no son la boca de la ley, sino la boca del Derecho, en que no están en función del presidente o los dirigentes políticos, sino en función de un pensamiento racional al que llaman constitucionalismo. Discuten de precedentes judiciales, crean jerarquías jurisprudenciales de obediencia institucional (precedentes jerárquicos, vinculantes y generales) y justifican determinados mecanismos de liberación reflexivos (precedentes en distinguishing y overrruling).

Además, en el siglo XXI el poder judicial ha creado todo un aparato de obediencia y desobediencia, para aprender y desaprender reglas normativas, para cuestionar las leyes y motivar la ilegitimidad de las mismas, para intentar adecuar la ley y su administración al poder de la razón, que está en función de los valores y principios jurídicos que el sistema social demanda. La declaratoria de inconstitucionalidad (control concentrado de la ley) y la inaplicabilidad de las leyes (control difuso de la ley) son un claro ejemplo. Pero también esto tiene alcances extrajudiciales, porque, ahora, por lo menos en El Salvador, aunque la ley sea creada por el legislador, el juez constitucional puede legislar sobre el mismo. El choque entre poderes del Estado – ante el que se alarma la prensa – no sólo es parte del devenir humorístico de lo político, es más que el “dime que te diré” por el cual se espantan los medios de comunicación, es todo un cuestionamiento que antes no existió, un cuestionamiento que se niega a creer que el poder judicial ha comenzado a reclamar un mayor protagonismo en la sociedad. Un nuevo reparto de privilegios que el poder jurídico hace. Basta pensar en la actuación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de la Asamblea Legislativa para comprender lo anterior.

No obstante, seria apresurado decir que el poder legislativo y el poder administrativo han quedado relevados en la historia, sino más bien, lo que se quiere decir es que el siglo XXI muestra una proyección favorable para la independencia judicial, para el gobierno de la razón, la liberalización de las cadenas de la codificación y de la incertidumbre irracional de las cargas axiológicas. Pero todo lo anterior trae sus propias peculiaridades para el sistema jurídico y para el sistema judicial, como es el hecho de que el constitucionalismo, y más recientemente el convencionalismo, se configuran como un plus racional, apelando a la sana crítica, a la independencia e imparcialidad judicial, a la oralidad en el enramado procesal y otros aspectos relacionados con lo judicial y extrajudicial; y que a la vez, produce la codificación principialista (las leyes se imprimen de principios que ellos mismos conceptualizan), la amplitud discriminativa de forma fundada de la ley (a favor de la mujer, por ejemplo), la inclinación por el constitucionalismo iusnaturalista o iuspositivista, entre otros fenómenos más, como el hecho de que el poder judicial marca una nueva carrera frente al poder administrativo y legislativo.

Entonces, antes que prejuzgar las actuaciones del poder judicial (tribunales y juzgados) es oportuno conocer el rumbo que se ha trazado en la historia y entender por qué existe una distribución de intereses que colisionan con el status quo impuesto por el poder administrativo y legislativo. En definitiva, este puede ser el siglo de lo judicial, ese que naturalmente haría un nuevo reparto de privilegios y que crearía nuevos modelos de orientación.

REFERENCIAS

FOUCAULT, Michel, Microfísica del poder, Segunda edición, Colección Genealogía del poder, Edición y traducción de Julia Varela y Fernando Álvarez-Uria, Madrid, 1979.

LUKÁCS, George, Historia y conciencia de clase, Filosofía, Editorial de Ciencias Sociales, Instituto del Libro, La Habana, Cuba,  1970.

Si quieres citar este artículo, hazlo así:

PALACIOS, CRISTIAN. “EL SIGLO DE LO JUDICIAL”. Publicado en la Revista Digital Enfoque Jurídico, el 2 de septiembre de 2015. http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/3719