Sistema de Pensiones
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Sistema de Pensiones

Los salvadoreños nos levantamos a diario y destinamos gran parte de nuestra energía a la actividad que mayormente nos ocupa: el trabajo. En la mayoría de casos nos enfrentamos a jornadas laborales largas y realizamos diversas actividades como gestionar un proyecto, innovar un producto o servicio, actividades rutinarias que ayudan a recoger “el pan de cada día”, labores que se destinan a brindar el mantenimiento del hogar, etc… Podríamos seguir el listado pero no terminaríamos nunca. Lo cierto es que a toda persona en algún momento de su vida llegará a su mente (sea porque se detengan a pensar o por circunstancias de la vida) la palabra “PENSIÓN”.

La pensión en pocas palabras es una cantidad de dinero periódica, que la seguridad social paga por razón de jubilación, sobrevivencia, o por alguna limitación física. En El Salvador, la pensión es un derecho constitucional contemplado en el artículo 50 de su Carta Magna y se materializa el derecho mediante un Sistema de Pensiones regulado por la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, vigente desde finales de diciembre de 1996. La entrada en vigencia de esta ley significó una reforma a nuestro Sistema de Pensiones convirtiéndolo en un modelo sustitutivo, es decir, que “cierra” el sistema público (no permite nuevos afiliados a este) y lo sustituye por uno privado llamado sistema de capitalización.

¿En qué consiste el modelo de capitalización? El modelo de capitalización es un sistema de ahorro personal que se implementa para afrontar la inactividad laboral de las personas, debido a la vejez o invalidez común, por lo cual, se estipula una cuenta individual para pensiones de cada afiliado y sus fondos son administrados por entidades privadas legalmente facultadas.

Actualmente el sistema de pensiones posee muchas deficiencias tanto a nivel jurídico, financiero y a nivel social.

En lo jurídico, considero que  nuestros legisladores carecen de conocimiento técnico a la hora de legislar sobre la materia. Un ejemplo de ello es el artículo 17 inciso segundo de la Ley de Fideicomisos de Obligaciones Previsionales donde establecen que “los Certificados de Inversión Previsionales no requerirán de ninguna clasificación de riesgo”. La gestión de riesgos es una buena práctica que debe implementarse siempre, sobre todo, en temas que involucren la sanidad del sistema financiero. Otro ejemplo de ello es que la Asamblea Legislativa haya sido capaz de limitar la libertad de contratación a las administradoras de pensiones, obligando a estas destinar el 45% de la cartera de inversión de nuestros fondos en instrumentos de deuda pública, y no haya sido capaz de realizar reformas oportunas para atender al grave problema de la baja rentabilidad que estos instrumentos financieros, llamados Certificados de Inversión Previsional (CIP), empezaron a presentar. Claro, se entiende que el espíritu del legislador en su momento era que el Estado, mediante el dinero adquirido por la inversión de estos instrumentos financieros por parte de las AFP, pagara las pensiones de las personas vinculadas al sistema público sustituido (debido al agotamiento de reservas que las administradoras de aquel entonces, ISSS y el INPEP, sufrieron en 2001 y 2002) pero al final, ¿de qué sirvió la reforma al sistema de pensiones si existe un grave detrimento a la seguridad social y jurídica de los cotizantes del Sistema de Ahorro de Pensiones actual? Aquí es donde entraremos al tema financiero para ilustrar la lesividad de los bienes jurídicos mencionados.

Con respecto al tema financiero es importante aclarar ¿por qué existe baja rentabilidad en los Certificados de Inversión Previsional? El artículo 12 lit. c) de la Ley de Fideicomisos de Obligaciones Previsionales (artículo ya declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional en lo relativo a la tasa LIBOR) estableció que la tasa de interés devengada por estos títulos valores sería el promedio a la tasa referencial LIBOR (London Interbank Offered Rate) más una sobre tasa del 0.75%. El problema radica en que el promedio de la tasa LIBOR al paso de los años fue decreciendo. Así lo afirma la Sala de lo Constitucional en la sentencia de Inc.42-2012:

“Dicha tasa LIBOR 180 días ha mostrado una tendencia al decrecimiento a través del tiempo; así, en el año de promulgación de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales –2006– el promedio de LIBOR 180 días fue de 5.27%, en el año 2010 alcanzó valores mínimos históricos, cercanos al 0.50%, siendo su promedio a noviembre de 2014 entre 0.32% y 0.33% aproximadamente”.

Ahora, si te menciono que los Certificados de Inversión Previsional representaron un 57.66% de la composición de la cartera valorizada de inversiones hasta mayo del 2015 (porcentaje publicado por la Superintendencia del Sistema Financiero conforme a  datos de rentabilidad de los fondos de pensiones correspondiente a mayo del presente año), tomando en cuenta que la tasa LIBOR a 180 días actualmente representa un 0.47%,  ¿no crees que tu fondo de pensión está siendo mal invertido devengando una tasa de interés alrededor del 1.22%, cuando se puede obtener una mayor tasa de retorno en otras operaciones financieras más rentables? Ha sido una negligencia por parte del Órgano Legislativo no haber intervenido cuando la tasa LIBOR fue decreciendo a raíz de la crisis financiera del 2008, esto ha significado una pérdida de millones de dólares para los cotizantes de las AFP. Con esta afectación podemos caer en el aspecto social.

En El Salvador 3 de cada 4 personas económicamente activas no posee cobertura de pensión, (FundaUngo, 2014). Y ¿qué sucede con las personas no contribuyentes, sobre todo, aquellas personas sencillas que realmente nunca han tenido el conocimiento o la oportunidad financiera para generar ahorros que le sirvan para vivir su vejez dignamente? En el 2009 el gobierno de El Salvador, a través del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local –FISDL-, inició el proyecto de entrega de la Pensión Básica Universal destinada a personas mayores de 70 años, de escasos recursos, que no recibiesen ningún tipo de pensión, y que vivan en un asentamiento urbano dentro de una serie de municipios seleccionados. Esta pensión asistencial consiste en un aporte mensual de $50 desembolsados cada cuatro meses. Considero que esta pensión asistencial es una política pública acertada. Incluye a los adultos mayores en condiciones de pobreza extrema y los dignifica. Son el 17% de los adultos mayores a 70 años que reciben este beneficio (OCDE, Banco Mundial, BID; 2014). Este índice representa el 3.47%  de la cobertura que Costa Rica brinda en su programa de pensión asistencial similar al nuestro. Porcentaje que seguramente crecerá porque el gobierno actual está ampliando la Pensión Básica Universal junto al apoyo del FISDL.

El gobierno de El Salvador, junto a todos los participantes e interesados del sistema financiero, tienen grandes retos por delante para “direccionar” el Sistema de Pensiones hacia un futuro mejor: incluir a trabajadores del sector informal, aumentar el porcentaje de cobertura de la pensión y de sus programas asistenciales,  incentivar la afiliación y cotización de los trabajadores independientes, generar mayor rentabilidad de los fondos, mitigar el riesgo político etc. Para ello, es necesario tener claridad de las propuestas que ayuden a trazar el camino de búsqueda hacia una seguridad social más humana. Como dijo sabiamente un filósofo, “No hay buen viento para quién no sabe dónde va.