Elecciones 2015 Magistrados y Concejales
Elecciones 2015 Magistrados y Concejales

Este 28 de marzo recién pasado, el gremio de abogados fue convocado por la Federación Salvadoreña de Asociaciones de Abogados (FEDAES), para que votara por quince candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y también por dieciocho candidatos a Concejales del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y según información de prensa, el “padrón” de abogados y abogadas, en este año ha crecido hasta los casi veintisiete mil.

Lo inverso ocurre con la planilla de aspirantes a Magistrados, pues esta ha decrecido respecto a la de las elecciones pasadas, así tenemos que en 2012 contendieron cuarenta y tres abogados y abogadas, mientras que este año únicamente fueron veintiocho profesionales los que participaron como aspirantes a Magistrados y por el lado de los Concejales, fueron 34 los que se presentaron al escrutinio de los Abogados y Abogadas para su elección.

Al contrastar estos datos con la bajísima asistencia al evento electoral gremial, la cual casi siempre ronda sólo de un tercio de los convocados, podemos advertir que la legitimidad del proceso en sí mismo es al menos cuestionable, al margen de lo que pueda opinarse con respecto a los candidatos e incluso de los que resultan electos como magistrados, lo cual requiere de otro análisis.

Día de las votaciones

La cobertura mediática del evento electoral fue escasa, no obstante la trascendencia nacional que reviste el mismo, por lo que podemos tener conocimiento del desarrollo de las votaciones sólo por la propia experiencia en el Centro de Votación más grande de todo el país, las Oficinas Administrativas y Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia, en San Salvador, sin embargo en cada cabecera departamental la FEDAES había habilitado un Centro de Votación.

No obstante que la asistencia fue relativamente baja respecto a la cantidad de inscritos, el proceso se desarrolló lentamente, de manera que los abogados y abogados debían hacer largas filas para poder votar; además las medidas de seguridad para evitar el doble voto son escasas, pues la tinta indeleble es el mayor de estos mecanismos y en algunos casos ésta se borra con el uso de agua y jabón.

Por otro lado, otra de las falencias advertidas es que muchos de los candidatos a Magistrados se mantuvieron dentro del Centro de Votación y en algunos casos ellos mismos u otras personas de su equipo o de la asociación a la pertenecen, animaron a los votantes para que marcaran sus respectivas casillas.

El proceso de escrutinio, no tuvo la celeridad esperada, pues los resultados fueron dados a conocer por la FEDAES a la población por medio de sus redes sociales y de la exigua prensa que dio cobertura al evento, alrededor de la una de la mañana con cuarenta minutos del siguiente día, no obstante que días antes las autoridades encargadas de la organización, declararon a los medios que los resultados serían dados a las siete de la noche.

Al final el escrutinio arrojó que la nómina de candidatos a magistrados estaría conformada por las siguientes personas: Sergio Luis Rivera Márquez, Sandra Luz Chicas Bautista, Óscar Humberto Luna, Saúl Ernesto Morales, Jaime Edwin Martínez Ventura, Armando Serrano, Delfino Parrilla Rodríguez, Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, Jaime Mauricio Campos, Oscar Mauricio Vega, Ingrid Marisol Fajardo Miranda, Ulices del Dios Guzmán Canjura, Carlos Ovidio Murgas López, Carlos Alfredo Méndez Flores y Ramón Narciso Granados Zelaya.

Asimismo los elegidos para el Consejo Nacional de la Judicatura son: Óscar Antonio Canales Cisco, Lidia Marlene Ramos Aguirre, Rhina Elizabeth Guillén Arévalo, Alcides Salvador Funes Teos, Doris Deysi Castillo de Escobar, José Ernesto Clímaco Valiente, José Mauricio Rodríguez Flores, Manuel Francisco Martínez, María Petrona Chávez Soto, Gonzalo Arístides García Ortiz, Alirio Ernesto Orantes Fuentes, Mario Stanley Gutiérrez López, José Efraín Gutiérrez Martínez, Rainiero Napoleón Delgado Aguilar, Andrés Torres Girón, Ana Silvia Henríquez Melara, Víctor Manuel Deodanes Renderos y Balbino Federico Escobar Herrera.

A la Luz de la Constitución

Por reforma de 1993, de acuerdo al Art. 131, atribución 19° CN, le corresponde a la Asamblea Legislativa elegir por votación nominal y pública al Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; por su parte el Art. 186 CN, establece que los Magistrados de la CSJ, serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un período de nueve años, y que se renovarán por terceras partes cada tres años. Además dicha disposición establece que para la elección debe contarse con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los Diputados de la Asamblea Legislativa, es decir con 56 votos.

El mismo artículo antes citado, dispone que la elección de los Magistrados de la CSJ, se hará de una lista de candidatos, que formará el Consejo Nacional de la Judicatura en la cual la mitad provendrá de los aportes de las entidades representativas de los Abogados y donde deberán estar representadas las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico y es por ello que para cumplir con el mandato constitucional se echa en marcha el proceso eleccionarios.

En cuanto a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, el Art. 187 de la Constitución establece que serán elegidos por la Asamblea Legislativa con el voto de 56 Diputados y en su último inciso se dice que la ley determinará lo concerniente a esta materia. La ley a la que se refiere este artículo es la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, la cual en su artículo 9 estatuye que el Pleno del Consejo estará integrado por siete Concejales propietarios, de los cuales tres deben ser Abogados de la República, propuestos por el gremio del abogados y es por esta razón que este veintiocho de marzo, paralelo a las elecciones de Magistrados, se realizaron las de miembros del Consejo.

Valoraciones sobre el proceso

Después de la realización del proceso se advierte cierto descontento en el gremio de abogados, pues tanto la participación como candidatos, así como de electores va decreciendo con el tiempo, situación que parecería contradictoria en un gremio, que por su formación académica y vocación, tiende a ejercer una ciudadanía activa.

Pero es que el diseño del proceso deja muchos vacíos que minan la legitimidad del mismo, por ejemplo los candidatos para sus campañas, deben hacer desembolsos de sus propios fondos o bien son ayudados por las Asociaciones a las que pertenecen, pero ¿qué sucede cuando otras personas u organizaciones patrocinan estas campañas? para los electores no es posible saber quiénes son y con qué interés patrocinan la campaña de un determinado candidato o candidata y es ahí donde puede nacer la desconfianza de que si esta persona llega a magistrado, más allá de su responsabilidad de actuar dentro del marco jurídico, responderá o no a intereses partidarios o de otros grupos de similar naturaleza, lo cual reduce el nivel de participación en las elecciones.

Otro de los puntos que desanima al gremio para la participación en este evento, es lo referente a los parámetros utilizados para la inclusión de candidatos en la lista y es que en ella figuran personas que han sido denunciadas en la Sección de Investigación Judicial por maltrato a los trabajadores y no sólo una denuncia aislada, sino varias, lo cual hace dudar de la capacidad de estas personas para administrar adecuadamente el tribunal a su cargo, pero lo cierto es que el proceso en sí mismo, debería tener un diseño tal que permita controlar situaciones como esta.

Con respecto a la Elección de candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura, desde hace algún tiempo existe una discusión entre la separación de lo administrativo para dicha entidad y lo jurisdiccional para la Corte Suprema de Justicia, pero más allá de eso, lo cierto es que la ley establece que el Consejo es un organismo independiente y que por lo tanto debería ejercer sus funciones con parámetros técnicos y no político partidarios, pero la percepción del gremio es la contraria, lo cual desanima a muchos votantes.

Finalmente, vale decir que el espíritu democrático de los Acuerdos de Paz, inspiró la reforma constitucional que estableció el proceso que ahora tenemos, con la finalidad de transparentar el mismo y que en el caso de los candidatos a Magistrados un organismo independiente como el CNJ se encargara de proponer a los mejores, a los más calificados juristas y que la mitad de ellos fueran elegidos de entre las asociaciones de abogados.

En este sentido el gremio de abogados, votamos para proponer a quienes nos parecen mejores, quienes a nuestro criterio llenan el perfil académico y personal, quienes tienen una trayectoria que podemos reconocer, pero por mandato constitucional, no elegimos a los magistrados y Concejales, es el aparataje de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, el que realmente elige a estos funcionarios, ya que idealmente ellos son los representantes del pueblo, quien detenta la soberanía en el Estado de El Salvador y esto es así porque los Magistrados y Concejales ejercen una función pública, que incumbe a cada salvadoreño y salvadoreña e incide en la vida nacional.

Lo cierto es que si el proceso mismo no anima al gremio a participar, es porque aún no logra las garantías de transparencia y credibilidad con que fue pensado, por  lo que es hora de replantearlo y de valorar reformas al mismo que nos acerquen al verdadero espíritu democrático. No te distraigas. Enfócate!

Fotografía diario1.com