Msc. Rodrigo Salomón
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Msc. Rodrigo Salomón

Rodrigo Salomón Hernández Granados

1. La “seguridad” constituye el problema que mas preocupa a la población (1) , es por ello que el Estado, retomando la visión antropocentrista (derivada del art. 1 Cn.) y en línea de garantizar los derechos contenidos en la norma fundamentadora del ordenamiento jurídico (art. 2 párr. 1 Cn.), adopta una serie de decisiones orientadas a disminuir a la mínima expresión posible, la inseguridad. Esa misión se materializa de forma represivo criminal, desde el plano formal (nuevas o leges ferenda) y material (planes, proyectos y programas).

En dicha labor es clave tanto la identificación del actor o actores que realizan acciones que afectan la convivencia pacífica (y por ende, la seguridad en su componente de “pública”), como la determinación ¬de las medidas estatales. En nuestro país, a partir del año 1999, parece existir un inusitado consenso tanto en relación al actor más importante de la inseguridad, como de las medidas que deben adoptarse, en su orden: pandillas y represión. De ahí que resulte importante fijar algunas notas sobre ese binomio, intentando precisar los conceptos subyacentes, los tipos de análisis realizados y las respuestas emitidas con base en ello.

2. En línea de principio es necesario precisar el concepto “inseguridad”, fijando que ni toda tiene el calificativo de “pública”, ni toda es “objetiva”.

Por una parte, en los diversos discursos de los actores políticos advertimos que los conceptos inseguridad y el “miedo al delito” se utilizan como sinónimos, atomizando el primero a su aspecto estricto de temor al crimen, desconociendo que la “seguridad” es un concepto macro y, sobre todo, receptor de otro tipo de miedos propios de la modernidad (2). En la expresión social “me siento inseguro” subyace no sólo la desconfianza a una coyuntura con tasas de criminalidad significativas, sino también dudas sobre el futuro, la capacidad de adaptarse a un medio cada vez más líquido(3) y la propia vulnerabilidad social.

Por otra parte, la “inseguridad” aún en su contenido “público” no es sólo objetiva, sino también subjetiva. En efecto, con suma regularidad se alude a la seguridad sólo desde un plano objetivo como el peligro real de ser víctima de un delito, soslayando el plano subjetivo que implica la sensación de miedo o riesgo personal, aun cuando ésta no se corresponda con la realidad. En otros términos, los individuos pueden sentirse inseguros aun cuando no lo estén y viceversa: pueden sentirse seguros aun cuando se encuentren en un riesgo efectivo(4).

En este punto resulta imperativo señalar que las decisiones gubernamentales que no tomen en cuenta esos aspectos, aun cuando utilicen toda la maquinaria punitiva estatal están destinadas, de antemano, a fracasar, por cuanto disminuirán la problemática de la seguridad al plano criminal y objetivo, eludiendo abordar íntegramente el fenómeno, sobre todo en su plano subjetivo como una “sensación” personal y en los demás miedos que subyacen y de los que el concepto es un simple receptor.

3. El énfasis no se ha generado sólo en reducir el concepto de “seguridad” y adoptar decisiones estrictamente en el plano formal (leyes) o material (planes, programas, proyectos), sino en identificar a un único causante: las pandillas y maras, éstos han sido los objetivos predilectos de las decisiones en materia de “seguridad” (pública) en los últimos años, de forma opuesta a como sucedió en la década de los 90´s (5).

En el presente siglo, las pandillas se han constituido en el principal destinatario de las decisiones en política criminal, primero con una serie de reformas a varios tipos penales (especialmente al de Asociaciones Ilícitas 6); luego con la promulgación de un cuerpo normativo dirigido a ellas: Ley Antimaras (7), cuya declaratoria de Inconstitucionalidad (8) generó un nuevo corpus iuris: Ley para el combate de las actividades delincuenciales de grupos o asociaciones ilícitas especiales (9).

Esta vorágine no se limitó al plano formal, pues se implementaron acciones en el plano material tales como el Plan Mano Dura (cuya punta de lanza era la Ley Antimaras, acompañado de capturas masivas, militarización de la seguridad pública, declaraciones punitivistas, etc), Plan Súper Mano Dura (con las características enunciadas previamente), Plan Sarisa (contra los homicidios), nuevos Grupos de Tarea Conjunta, así como Grupos de Tarea Antipandillas, etc.

Dicha dinámica se perpetuó con la Administración Funes, no sólo a través de la designación en el área de Justicia y Seguridad Pública de dos militares (10), sino mediante la promoción y promulgación de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal (11). De ahí que resulte necesario formular un cuestionamiento crítico al binomio pandillas-seguridad pública, fijando algunos cuestionamientos que resultan ser básicos para concluir.

4. Que los miembros de las pandillas cometan delitos resulta ser algo definitivamente obvio e incuestionable (12), el asunto estriba en sí cometen un volumen de criminalidad tal que los haga agenciarse el calificativo de “causante exclusivo de la inseguridad”, así como constituirse en casi exclusivamente el destinatario de las políticas criminales de las últimas administraciones. Algunos datos que debemos cuestionarnos sobre el particular son los que se esbozarán en las siguientes líneas.

En primer lugar, no existe una correspondencia entre inseguridad “objetiva” (peligro real) y “subjetiva” (percepción/sensación de riesgo), de ello da cuenta, por ejemplo el estudio de Cruz y Giralt (13), en él, al cuestionar a la población si “¿Ha sufrido o ha sido víctima usted, o alguien de los que viven con usted de algún asalto o hechos delincuenciales en los últimos cuatro meses?”, el 12.8 por ciento de los encuestados reportó que ellos o alguien que vive con ellos fueron víctimas de un hecho delincuencial en los últimos cuatro meses.

Sin embargo, ante la pregunta sobre si se sentían inseguros, la muestra indicó que el 38.3% dijo sentirse “algo inseguro” y “muy inseguro”. Ello implica que la población muestra se “sentía más insegura”, de lo que realmente estaba.

Un segundo aspecto es el referido a la cifras de homicidios. El planteamiento gubernamental ha sido que las pandillas cometen más del 90% de esos delitos (14), sin embargo y pese a que el delito resulta clave para comprender la criminalidad (15), no existen datos oficiales que respalden esa cifra, mucho menos estudios científicos que la motiven.

De hecho, uno de los pocos estudios realizados al efecto (16) (luego criticado y desmentido por presiones políticas) dio cuenta que sólo el 3% de los homicidios llegan a ser sentenciados, en una cantidad menor se conoce con certeza quien fue el responsable del mismo y un porcentaje sumamente bajo indica que sus autores son pandilleros. Así las cosas, generalizar que los homicidios son cometidos por mareros no sólo constituye una especulación, sino también una exageración sin base criminológica, sobre todo a partir de la ínfima cantidad de procesos en los que se define al autor.

Es más, la misma afirmación gubernamental resulta falaz a partir del período de la tregua entre pandillas (o entre éstas y el Gobierno de El Salvador), por cuanto la tasa de criminalidad de homicidios descendió solo 40%, cuando, si las maras fuesen los responsables del 90% de los homicidios – en un país que promediaba 10 muertes diarias – tuvieron que existir menos de 2 asesinatos diarios, como mínimo durante los primeros meses del “pacto GOES-Pandillas”, no habiendo sido así.

Un tercer aspecto es la confusión entre “seguridad” (concepto macro) y “seguridad pública” (componente). La afirmación de que la gente se siente “insegura”, puede no atender directamente a que aumente la tasa de criminalidad (algo que, en otra interpretación, también podría ser positiva, dado que se acrecentó la confianza en el sistema penal), sino más bien a otro tipo de factores no necesariamente relacionados con la delincuencia.

En efecto, asumir que la seguridad se vincula con la inseguridad, implicaría adquirir la premisa de que la población distingue claramente entre criminalidad y violencia, realidad y percepción, actividades violentas y delictivas, cuando – en realidad – como apunté previamente esta es una distinción que no se realiza, por cuanto la población vuelve la inseguridad en un simple receptor de otros temores.

5. Aun cuando asumamos que las pandillas constituyen el actor de la criminalidad, debemos formularnos alguna serie de cuestionamientos para no reiterar los errores cometidos en el paso y que han provocado la situación actual.

i. Si las decisiones en plano punitivo han generado una restricción significativa de garantías fundamentales y derechos civiles, ¿El sacrificio ha sido tan positivo como para continuar por los mismos derroteros?
ii. Si las pandillas son el causante de la inseguridad, habiéndose implementado toda clase de planes y leyes punitivas no habiéndose solucionado aún el problema, sino más bien incrementado ¿No será necesario ejecutar medidas alternativas a las penales? En otros términos: si contra las maras hemos implementado el poder penal en su máxima expresión, siendo ello contraproducente al fenómeno, ¿No es un momento adecuado para que probemos medidas alternativas?
iii. Si las maras constituyen el actor más relevante de la inseguridad pública, siendo ellos el “enemigo público” según datan las decisiones de política criminal de los Gobiernos en las últimas décadas, ¿Por qué el Gobierno las reconoce como partes de un “pacto de no agresión”?, asimismo ¿Por qué la población no se indignó (17) sobremanera por este pacto entre el Gobierno y las pandillas, pese a que se exige hasta la pena de muerte contra ellos?
iv. Si sabemos que las pandillas son un fenómeno social, ¿Por qué buscamos solucionarlas por medio de penas y no a través de políticas de inclusión social?

Deseo recordar, como colofón, que la intervención penal constituye un termómetro del éxito de las políticas sociales.

Fotografía: Marina Villalta

  1. El Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDUOP-UCA), así lo documenta en sus “Encuestas sobre la evaluación de año” a partir del quinquenio 1999-2004, correspondientes a los informes No. 72 (Pág. 8), No. 82 (Pág. 10), No. 85 (Pág. 10), No. 91 (Pág. 11), No. 102 (Pág. 20), No. 107 (Pág. 19), No. 109 (Pág. 22) y No. 112 (Pág. 20), disponibles en el índice raíz: www.uca.edu.sv/publica/iudop/Encuestas.html. CID/Gallup lo ha referido en sus “Boletines de Opinión Pública de El Salvador”. En los documentos correspondientes a los informes No. 38 (Septiembre de 1999), en la Pág. 6; No. 57 (Septiembre de 2004), en la Pág. 4 y en el No. 58 (Febrero de 2005), en la Pág. 7, disponibles en www.cidgallup.com/Espanol/library.aspx.
  2. Mercedes Celina Calzado y Ana Laura Lobo, “Riesgos, subjetividades y demandas de seguridad. Reflexiones para la investigación de demandas de seguridad” Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas No. 2 (2009.2) y en José David Lara González, “La sociedad del miedo edificada por el desarrollo modernista: enlaces con la fragilidad humana y la percepción del otro” Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas No. 4 (2009.4).
  3. Zygmunt Bauman, “Modernidad Líquida”, trad. Mirta Rosemberg, 3ª reimpresión (México, Fondo de Cultura Económica, 2004).
  4. A partir de la perspectiva del homo videns, los medios de comunicación de masas tienen un importante rol en la configuración del miedo y el riesgo, Sergio Gabriel Torres, “Derecho Penal de Emergencia. Lenguaje, discurso y medios de comunicación. Emergencia y política criminal. Consecuencias en la actualización legislativa” (Buenos Aires: Ad Hoc, 2008), Pág. 94, 103-105.
  5. Las leyes o planes contra las pandillas no fueron objeto de decisiones penales o policiales con relevancia durante esa década según un estudio historiográfico. De hecho la ley con mayor relevancia de ese período con respecto a la seguridad pública (Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado) no se encontraba directamente referida a ellos, aunque les podría ser aplicable de forma tangencial como a cualquier sujeto que cometiera delitos.
  6. D.L. No. 280, del 8 de febrero de 2001, publicado en el D.O. No. 32, tomo No. 330, del 13 de febrero de 2001.
  7. D.L. No. 158, del 9 de octubre de 2003, publicado en el D.O. No. 188, tomo No. 361, del 10 de octubre de 2003.
  8. Proceso de Inconstitucionalidad 52-2003 Ac, Sentencia Definitiva de las 15:00 del 1 de abril de 2003.
  9. D.L. No. 305, del 1 de abril de 2004, publicado en el D.O. No. 65, tomo 363, del 2 de abril de 2004.
  10. Declarados Inconstitucionales mediante Sentencia de la Sala de lo Constitucional 4-2012, de las 12:30 horas del 17 de mayo de 2013.
  11. D.L. No. 458 del 1 de septiembre de 2010, publicado en el D.O. No. 169, Tomo 388, del 10 de septiembre de 2010
  12. Sin embargo, la conclusión no deviene de su “naturaleza” personal, sino simplemente del hecho de que son un grupo humano, conformado por individuos que pueden o no realizar acciones que afecten bienes jurídicos, según su voluntad, definida de forma autónoma como cualquier otro conglomerado de sujetos.
  13. José Miguel Cruz y María Santacruz Giralt, “La victimización y la percepción de la seguridad en el Salvador en 2004” (El Salvador, Talleres Gráficos UCA, 2005).
  14. www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5292130. En el caso de los homicidios es aplicable la misma regla.
  15. El delito de homicidio resulta ser el que menor tasa de desconocimiento gubernamental presenta, ello se debe a la naturaleza misma del homo sapiens sapiens: un ser social.
  16. Francisco Díaz y Sidney Blanco, “Deficiencias policiales, fiscales y judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de impunidad”, versión mimeografiada. El documento se encuentra disponible en http://archivo.elfaro.net/secciones/noticias/20070723/informe.pdf
  17. Debo precisar que resulta obvio que la población rechazó la “tregua”, que la calificó como algo negativo, inclusive que se indignó con ella, sin embargo, ello no superó esa condición, no hubo una grave perturbación del orden público, protestas masivas o revueltas sociales al efecto.