Corte Suprema de Justicia
Corte Suprema de Justicia

Algunos países han optado por crear un Tribunal Supremo con competencia en materia Social, sobre todo en materia laboral, como sucede con España, quien cuenta con una Sala de lo Social que integra el Tribunal Supremo del Poder Judicial; Venezuela, quien cuenta con una Sala de Casación Social que integra al Tribunal Supremo de Justicia; y Honduras, quien cuenta con una Sala Laboral que integra la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial.

En este sucinto ensayo expondremos la imperante necesidad de contar con un Tribunal Supremo calificado en materia de Derecho Social, en respuesta al contradictorio fenómeno de contar con un sistema de Derecho Civil que es aplicado a situaciones propias de la progresiva evolución de la humanidad o a conquistas derivadas de la lucha de clases, y que por lo tanto, se rigen por valores y normas de Derecho Social.

Generalidades.

El Derecho, tradicionalmente, solía dividirse en dos grandes campos: El Derecho Privado y el Derecho Público. Sin embargo, a partir del Siglo XX se comenzaron a perfilar intereses sustraídos del campo de la autonomía de la voluntad y de la voluntad soberana del Estado, que merecían ser objeto de tutela jurídica por parte de éste. En efecto, fue a inicios del referido siglo que se comenzó a hablar de los derechos económicos, sociales y culturales, como aspiraciones éticas políticas que integraban una nueva generación de derechos. De tal forma que se fragmentó el monopolio del poder jurídico que ejercía el constitucionalismo liberal, permitiendo que el constitucionalismo social tomara un lugar en la estructura jurídica de algunos Estados.

Precisamente, los derechos llamados de “segunda generación” fueron adoptados por los racionalistas y plasmados en los textos fundamentales de algunos Estados. Ejemplo de lo mencionado son la Constitución de México y la Constitución de Rusia, promulgadas en la segunda década del Siglo XX. En El Salvador esto tuvo lugar a partir de la Constitución de 1950. A pesar de esto, la tendencia siempre fue que lo liberal predominaba sobre lo social, llegando a afirmarse que el Estado Liberal aún tenía piedad de lo social.

Seguidamente, como producto de la progresiva evolución de la humanidad, sobre todo por las conquistas obtenidas en la lucha de clases, en la reivindicación de la situación jurídica de las mujeres y en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que incentivó el híper-consumo y favoreció la degradación del medio ambiente, se superó la visión ortodoxa que tendía a “absolutizar” la dicotomía público-privado del Derecho, y que lógicamente clasificaba de igual forma las ramas de éste.

Las aspiraciones “mejor” apreciadas a inicios del Siglo XX, vinieron a conformar un nuevo bloque de derechos que no encajaban a cabalidad en el área del Derecho Público ni en la del Derecho Privado. Fue así como se comenzó a aceptar con cierta generalidad, sin negar que exista cierta oposición doctrinaria, la existencia de un tercer tipo fundamental de Derecho: la del Derecho Social. La naturaleza jurídica que expresan sus normas están alejadas de pretender un resultado particular o egoísta, o procurar una ideología absoluta y soberana del ejercicio del poder político; ya que lo que procuran es la satisfacción de intereses comúnmente perseguidos en conglomerados humanos plenamente identificados en la sociedad.

Así, las exigencias derivadas de las relaciones laborales, familiares, de consumo y culturales, se sustraen de la concepción civilista del Derecho Privado, o de la expresión represiva del Derecho Público. Estos derechos favorecen la mecánica social del ser humano en medio de una población de pares o iguales. Los derechos sociales tienen por sujeto pasivo al Estado directamente, y a los demás sujetos de derecho indirectamente. Empero, los derechos sociales forman parte de las facultades individuales de los sujetos de derecho, que se pueden expresar tanto en el área del Derecho Público como en el área del Derecho Privado. Por ejemplo, el derecho al trabajo que es un derecho de naturaleza social, su expresión es de carácter individual.

Ahora bien, no debe confundirse la idea de derechos sociales con la idea de Derecho Social. Los derechos sociales son una manifestación de las aspiraciones éticas políticas de la humanidad, mientras que el Derecho Social es el instrumento de satisfacción del orden social en el que vive esa humanidad. Los primeros son categorías subjetivas para exigir, mientras que el segundo es un instrumento objetivo para satisfacer. En lo que a El Salvador respecta, constitucionalmente contamos con la facultad de hacer uso de esas exigencias sociales, pero carecemos de un Tribunal supremo especializado que se encargue de tutelarlas.

El Derecho Social.

El Derecho Social, a pesar de estar conformado por aspiraciones sociales, su concepto no es el mismo que el de los derechos sociales. Se ha dicho que el Derecho Social es el instrumento que tiene por finalidad proteger a los económicamente débiles. Sin embargo, si bien es cierto que el Derecho Social protege a grupos sociales en condiciones de desventaja, también es cierto que lo económico no es el único indicador de “debilidad” social, sino todas aquellas relaciones de poder social en las que se subordina material o afectivamente la voluntad de una persona. Por ello, la idea de proteger a los económicamente débiles está referida con mayor precisión al Derecho Social en la dimensión del Derecho Laboral, y no en el sentido general con el que en este ensayo se pretender conceptualizar.

Desde luego que lo económico condiciona en gran medida a lo social, pero también existen otras relaciones de poder que no hacen referencia al poder adquisitivo de las personas, sino a construcciones sociales derivadas de la progresiva evolución de la sociedad, como el predominio del machismo en la concepción homocéntrica, la publicidad del híper-consumo, la discriminación laboral y cultural, la rentabilidad de la imagen sexual de la mujer, entre otros; que obstaculizan la dignificación de los sujetos socialmente vulnerables que no alcanzan un estereotipo “ideal” de vida.

Para otorgar una definición al Derecho Social tendríamos que recurrir a una exposición pormenorizada de sus elementos históricos, políticos, axiológicos y teleológicos; no obstante que, podemos conceptualizar básicamente al Derecho Social como el conjunto de valores, principios, normas jurídicas, providencias judiciales y doctrinas que regulan los hechos y aspiraciones de los sujetos de derecho, que se realizan o desenvuelven en conglomerados humanos plenamente definidos, persiguiendo o defendiendo intereses comunes, con el fin de preservar o mejorar el orden social instituido, frente a los atentados derivados de las relaciones de poder social. Así, forman parte del Derecho Social, por ejemplo, el Derecho de Familia, el Derecho Laboral, el Derecho Ambiental, el Derecho de Consumidores, el Derecho Agrario, y el llamado Derecho Indígena.

La organización jurisdiccional.

La organización jurisdiccional requiere que el Estado cuente con Juzgados y Tribunales calificados que resuelvan las controversias jurídicas, según la naturaleza de las pretensiones y los fines que el mismo procure. Así, el Artículo 172 inciso 2 de la Constitución de la República (CN) establece que, la organización y funcionamiento del Órgano Judicial serán determinados por la ley. De tal forma que el Estado puede institucionalizar instancias judiciales, ordinarias o especializadas, de primer o segundo grado, de carácter punitivo o no, por ejemplo; que vienen a dar vida al Órgano Judicial, según lo indica el Articulo 1 de la Ley Orgánica Judicial (LOJ). Este órgano opera bajo un sistema, el sistema judicial.

El sistema judicial es un enramado lógico y necesario, un esquema con vida que opera bajo una organización con pautas de funcionamiento. La organización jurisdiccional forma parte de ese esquema vivo que condiciona, entre otros aspectos, qué Juzgado o Tribunal, bajo qué mecanismos y con qué finalidad recibirá y sustanciará una Demanda. El sistema judicial se organiza en función del Derecho, y éste, en función de la justicia. Así, se ha llegado a afirmar que el Derecho es una obra cultural energética en procura de justicia, que funciona como un sistema (Dr. Rodolfo Capón Filas). Sin embargo, la idea de Derecho como sistema y el sistema que debe materializar al Derecho, o sea, el sistema judicial, no siempre encuentran plena identidad.

La creación de instancias judiciales es una de las tantas expresiones de la organización jurisdiccional. Los Juzgados y Tribunales son instituciones públicas con potestad de ejercer jurisdicción. La jurisdicción es la aptitud general de administrar justicia, o en otras palabras, de juzgar y ejecutar lo juzgado. Sin embargo, esa potestad también es ordenada y sistemática. Ese mecanismo para ordenar la potestad de administrar justicia recibe el nombre de competencia, que a su vez tiene sus propias formas de clasificarse. De ahí que se hable de competencia territorial, material y funcional, por ejemplo.

La distribución de competencias materiales se guía por principios y fines, procurando dar autonomía, seguridad, unidad y uniformidad al ordenamiento jurídico, y desde luego, a la aplicación-creación del Derecho por parte de los operadores jurídicos. Las competencias materiales de los Juzgados y Tribunales no son potestades discrecionales o arbitrarias, sino un esquema de posibilidades dadas por el Estado a través del órgano legislativo, según las exigencias de la evolución social. Por lo tanto, si el Derecho se determina por las exigencias sociales, la organización del sistema judicial igualmente se determina, al grado que si la evolución social exige la existencia de un Tribunal de lo Social, éste debe existir.

El Artículo 173 inciso 2 CN establece que, la ley determinará la organización interna de la Corte Suprema de Justicia de modo que las atribuciones que le corresponden se distribuyan entre las diferentes salas. En la actualidad, la Corte Suprema de Justicia se instituye como el máximo Tribunal de la República, conformada por cuatros salas. A saber, la Sala de lo Constitucional, de lo Contencioso Administrativo, de lo Penal y de lo Civil. Únicamente la primera de ellas ha sido creada por el poder constituyente (Articulo 174 CN). Las tres salas restantes se configuran por asistencia de un segundo poder constituyente, o poder constituyente derivado, que las crea a través de la Ley Orgánica Judicial (Articulo 4).         

Conforme al Artículo 54 ordinal 1 LOJ, le corresponde a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, conocer del recurso de casación en materia civil, de familia, mercantil y laboral (…). Que la Sala de lo Civil resuelva las controversias familiares y laborales, es como procurar que un vehículo funcione con la energía equivocada. No es coherente aplicar normas civiles con argumentos sociales, ni encausar peticiones sociales en una estructura de carácter privado.

Recordemos que extra-normativamente existen variables sociales y pautas axiológicas que explican o justifican el comportamiento de los sujetos de derecho en sociedad. Normativamente, existen reglas de interpretación, aplicación y creación del Derecho positivo. Son esas variables y esas pautas las que deben ser encajadas con las reglas de derecho, mediante una ecuación normativa más o menos compleja, en busca de la justicia legal. Sin embargo, esa ecuación requiere de un operador que las sepa desarrollar; o sea, de un Tribunal que se guíe por valores, principios y normas, materiales y procesales, adecuadas a la función que desempeña.

En ese sentido, la cosmovisión jurídica de la Sala de lo Civil se ve forzada a hacer argumentos por encima de las herramientas con las que cuenta; pretende obtener un producto específico con elementos químicos incorrectos. De tal forma que no es extraño leer sentencias en las que se aplica una concepción civilista del Derecho a situaciones sociales, o donde se recurre a la doctrina del Derecho Social para suplir las deficiencias normativas.

Esta forma de fragmentar lo jurídico nos obliga a reconducir los modelos o esquemas de competencias, ya que las perspectivas jurídicas unilaterales que consideran al Derecho como hecho, valor o norma (reduccionismos jurídicos), han sido superadas por el integrativismo jurídico, que estima al Derecho como un producto mixto, el cual debe ser analizado desde una dimensión tridimensional: hecho, valor, norma (trialismo jurídico). Ahora bien, aun cuando interpretamos el Derecho tridimensionalmente, la plataforma sobre la cual lo hacemos no es la adecuada, ya que utilizamos a la ley como la energía fáctica, axiológica y jurídica que nos lleva hacia la justicia, pero usamos una instancia judicial, con procesos y garantías, como el vehículo que no funciona con ese tipo de energía.

La imprescindible Sala de lo Social.

Así como el interés público tiene primacía sobre el interés privado (articulo 246 inciso 2 CN), el interés social también debería prevalecer sobre él. Si la Constitución reconoce la existencia de los derechos sociales, como complemento de los derechos civiles y políticos, la organización jurisdiccional debe crear una instancia judicial superior que se encargue de satisfacer los mismos.

Con uso del Derecho comparado podemos citar el Artículo 39.1 de la Constitución de España (CNE), el cual establece que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. En El Salvador, los poderes públicos deben ser guardianes no sólo de la Constitución de la República, sino también de los valores generalmente aceptados en el orden social que la inspiran. Valores como la familia, necesitan ser tutelados por un Tribunal supremo especializado en materia social.

El Derecho Social rige a los poderes públicos por el bienestar del individuo en relación a la sociedad en la que vive. Las normas del Derecho Social tienen por fundamento la funcionalidad social del individuo, no así la autonomía de la voluntad individual ni la soberana potestad del Estado. Por lo tanto, se vuelve necesario la instauración de la Sala de lo Social que resuelva las exigencias relacionadas con la familia, el trabajo y la seguridad social, el medio ambiente, el deporte y el patrimonio cultural, la situación del inmigrante, el interés del consumidor, el desarrollo de la juventud y la protección de los adultos mayores; bajo una teoría sistemática del Derecho Social aplicable a cada una de las ramas citadas.

Lo anterior es imprescindible para el desarrollo no sólo de un Estado de bienestar, sino también de una sociedad de bienestar, que nos permita hablar no sólo del Estado Social de Derecho, sino también de un Estado de bienestar social. Entonces, la percepción que se tiene es la imperativa necesidad de contar con un sistema de Derecho Social General, y más aun, con la existencia de una Sala de lo Social que lo aplique. No es concebible que la Sala de lo Civil siga conociendo en materia de Derecho Social, pues de continuar así, sería como si la misma conociera de asuntos que le corresponderían a la Sala de lo Penal, si ésta no existiera.

Para un acercamiento doctrinal a la idea de “derechos sociales” véase MARQUET SARDÁ, Clara, Los derechos sociales en el ordenamiento jurídico sueco. Estudio de una categoría normativa, Colección: Derecho y Administración, Atelier, Barcelona, 2010, pp. 63 – 83.

Respecto de la propuesta de creación de la Sala de lo Social en El Salvador, véase LÒPEZ BARAHONA, Erick Ezequiel, Hacia la Sala de lo Social. Propuesta de reforma orgánica de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para el conocimiento privativo de la casación laboral, Sala de lo Civil, Corte Suprema de Justicia, El Salvador, 2009.