Embardo de Salario
Embardo de Salario

La imposición de alimentos se ha vuelto un medio plausible para favorecer el integral desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y de otros sujetos que tienen derecho a recibir los mismos. Sin embargo, como toda obligación que por naturaleza puede ser incumplida, la obligación de aportar alimentos no es la excepción. Será esta situación la que analizaremos desde una dimensión normativa, estimando si es legal el embargo de salarios que no exceden los dos salarios mínimos urbanos vigentes, tal como lo estable el célebre Articulo 622 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM). Sin más que decir, veamos.

Generalidades.

El concepto legal de esta institución lo aporta el Artículo 247 del Código de Familia (CF), al enunciar que “son alimentos las prestaciones que permiten satisfacer las necesidades de sustento, habitación, vestido, conservación de la salud y educación del alimentario”.

Los alimentos engendran una relación jurídica bilateral, entre (1) el alimentante, que es el obligado a aportar las prestaciones, y (2) el alimentario, que es el favorecido a recibir las mismas. El derecho objetivo a recibir alimentos es irrenunciable, intransmisible e inembargable, y no puede compensarse con el crédito que el obligado a prestarlo tenga respecto del alimentario (260 CF), aunque el alimentario si pueda compensar, renunciar y conciliar las cuotas atrasadas, a la fecha de su reclamación judicial o extrajudicial.

Los alimentos son las prestaciones que sirven para satisfacer las necesidades materiales y espirituales que contribuyen a la crianza de las personas naturales; a pesar que en Costa Rica, vía jurisprudencial, se ha considerado el rubro de las mascotas dentro del derecho a recibir alimentos. Sin embargo, no debe entenderse que son alimentos para las mascotas, sino para los alimentarios, como una derivación que contribuye a su desarrollo integral y progresivo, en un ambiente con elementos bióticos y abióticos que lo envuelve.

La imposición de alimentos puede realizarse en (1) sede administrativa (Art. 28 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República –LOPGR-) o en (2) sede judicial (Art. 247 CF y 206 de la Ley Procesal de Familia -LPRF-); cobrando en ambas instancias los mismos efectos para el alimentante y alimentario. De tal manera que, una vez establecida la obligación de aportar alimentos, éstos deben prestarse sucesiva y periódicamente hasta que se ordene judicialmente la cesación de los mismos.

Ahora bien, el Derecho va más allá de ser un discurso performativo, pues su realización conlleva la necesidad de que se observe, cumpla o respete en la realidad en la que se expresa. Por lo tanto, las obligaciones deben cumplirse en los términos que se impusieron. No obstante ello, las obligaciones son una expresión de la propia naturaleza del Derecho, el cual se justifica en su propia desobediencia. Es decir, el Derecho es obligatorio porque natural y eventualmente será incumplido. Ahora bien, el Derecho es un enramado lógico y racional que se anticipa de forma abstracta a los comportamientos concretos de sus destinatarios. De tal manera que existe una sanción, positiva o negativa, por lo menos presuntivamente, a toda conducta que encaje en las previsiones que el Derecho realiza.

Por esta situación, cuando las obligaciones de dar alimentos se incumplen, los justiciables tienen la posibilidad de acudir ante el Estado a hacer valer la obligación incumplida. Particularmente, los alimentos se reclaman a través del trámite de (1) ejecución de convenio de alimentos suscrito ante el Procurador General de la República o (2) ejecución de sentencia, según los alimentos se hayan impuesto en sede administrativa o judicial respectivamente.

Trámite de ejecución de sentencia: embargo.

Los procesos judiciales tienen, por regla general, una etapa de instrucción, una etapa de producción de prueba y sentencia, y finalmente, una etapa de ejecución. La primera etapa está referida a la incorporación de los hechos que delimitan el objeto del debate y al ofrecimiento de prueba con la cual se acreditarán los hechos alegados. La segunda etapa está referida al desahogo de prueba ofrecida y admitida, y su valoración por el juzgador, con la cual éste decide la causa judicial sometida a su conocimiento. Para tal efecto, el juzgador dicta la correspondiente providencia judicial, que de ordinario se trata de la sentencia con fuerza definitiva. Finalmente, la etapa de ejecución, precisamente, de ejecución de sentencia, comprende el conjunto de actos procesales que están encaminados a velar por el estricto cumplimiento de la providencia judicial con la cual se decidió la causa judicial. De tal manera que, las etapas procesales tienen finalidades precisas, objetivos lógicos y necesarios, en respeto al debido proceso o proceso justo, como derivación del principio y derecho fundamental de seguridad jurídica, que a su vez es una finalidad mediata del Estado (Art. 1 Constitución de la República – CN -).

El embargo es una medida de ejecución, no una medida cautelar, cuyo objeto es sustraer del tráfico jurídico un bien, mueble o inmueble, que servirá, según su valor, para satisfacer la deuda a cargo de su titular (Arts. 615 y siguientes CPCM).

Es importante aclarar que en el trámite de ejecución de sentencia, las medidas de ejecución a emplear para satisfacer el cumplimiento de la sentencia, deben ser proporcionales y legales. La proporcionalidad está referida a que la medida de ejecución debe estar ajustada a la exigencia que se pretende satisfacer, lo que implica que la medida de ejecución no debe causar un daño mayor al que se pretende enmendar, ni debe ser insignificante a la necesidad que se pretende satisfacer. La legalidad de las medidas de ejecución implica que éstas no deben desbordar el marco de la legalidad, o sea, deben estar habilitadas por la ley, sin que su ejecución provoque la vulneración de derechos fundamentales. Por lo tanto, debe existir correspondencia entre la deuda y el objeto de la medida de ejecución, ya que de ser excesiva esta última en relación a la deuda que se pretende satisfacer, la misma no debe ser empleada.

Ejecución de alimentos – Inembargabilidad de salarios (Art. 622 CPCM)

El Artículo 622 inciso 1 CPCM, dispone: También es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, en cuanto no exceda de dos salarios mínimos, urbanos vigentes.

Bajo una interpretación civilista y eminentemente restringida, el Articulo 622 CPCM impediría decretar el embargo en el salario de las personas que no perciben más de dos salarios mínimos urbanos vigentes; que en la realidad salvadoreña se trata del mayor porcentaje de deudores alimentarios. No obstante ello, dicha interpretación no es conforme con un sistema coherente de Derecho, precisamente, con el Derecho de Familia, y con un enfoque de Derechos Humanos, porque no atiende a los intereses de los miembros del grupo familiar, al descuidar el sustento personal de los alimentarios.

Por lo tanto, el Articulo 622 CPCM no es aplicable cuando se pretenda aplicar al embargo de alimentos, ya que el Artículo 38 CN dispone que “El salario y las prestaciones sociales en la cuantía que determine la ley, son inembargables, y no se pueden compensar ni retener, salvo por obligaciones alimenticias”. Asimismo, el Articulo 264 CF, preceptúa que “Las pensiones alimenticias gozarán de preferencia en su totalidad y cuando afecten sueldo (…), se harán efectivas por el sistema de retención, sin tomar en cuenta las restricciones que sobre embargabilidad establezcan las leyes”. En consecuencia, sí es procedente decretar embargo en el salario de los deudores alimentarios, porque no es aplicable el Articulo 622 CPCM.

Porcentaje de retención.

Es cierto que en materia de alimentos no es aplicable lo dispuesto por el Articulo 622 CPCM, pero también es verdad que no existe disposición que establezca el porcentaje a retener en concepto de embargo, para los deudores alimentarios que no reciben más de dos salarios mínimos urbanos vigentes, ya que las reglas que el referido Artículo señala no lo incluye. De tal manera que es imprescindible la intervención legislativa, que defina con precisión el porcentaje a retener en concepto de embargo, del salario de aquellas personas que perciben menos de dos salarios mínimos urbanos vigentes.

La práctica forense no aplica un criterio unánime que atienda tal situación, razón por la cual algunos tribunales no decretan el embargo en el salario del ejecutado, cuando éste no gana más de dos salarios mínimos urbanos vigentes, dejando de lado toda idea de tutela jurisdiccional de los alimentarios; a pesar que en materia de familia el interés familiar y personal prevalece sobre el patrimonial. Otros tribunales han optado por realizar una regla de cálculo ajustado, consistente en estimar la capacidad que tiene el deudor para soportar un embargo en su salario, tomando en cuenta los ingresos y responsabilidades económicas del deudor, el quantum de la deuda en concepto de alimentos, el tiempo que ha dejado de pagar y la necesidad inminente o no del alimentario; para ordenar la cantidad de dinero que el pagador, el tesorero o el “planillero” de la empresa deberá retener en concepto de embargo del salario que recibe el ejecutado. Otros tribunales han optado por decretar el embargo en el salario del deudor, pero no definen cual es el porcentaje que se deberá retener, sino que dicha decisión la dejan a criterio del tesorero, pagador o “planillero”; situación que es incorrecta, ya que éste no tiene criterios legales ni técnicos para realizar el correspondiente cálculo.

En materia de ejecución rige el principio nulla execution sine titulo, como derivación del principio de legalidad, mediante el cual se resta validez a las actuaciones procesales en el trámite de ejecución de sentencia, cuando no existe una causa legal o un título que habilite la respectiva ejecución. Por ello, el juzgador debe justificar las razones que lo impulsan a decretar el embargo en el salario del ejecutado, cuando no recibe más de dos salarios mínimos urbanos vigentes.

De igual forma, ponderar o calcular la cantidad de dinero a retener en concepto de embargo no es discrecionalidad del juez, porque puede caerse en excesos y arbitrariedades, sobrepasando toda idea de legalidad y proporcionalidad de las medidas de ejecución.

Definitivamente, se debe ponderar el interés familiar y personal del alimentario, sobre el interés o equilibrio patrimonial del alimentante. Por lo anterior, es de suma necesidad que exista una regla definida por el legislador que establezca cual es el porcentaje a retener en concepto de embargo, del salario de los deudores alimentarios que no perciben más de dos salarios mínimos urbanos vigentes. Sin embargo, mientras no exista tal regla, entre la opción de rechazar el embargo del salario y aplicar la regla de cálculo ajustado, parece más acorde esta última, siempre que se haga con proporcionalidad y razonabilidad por el juez.

Sobre alimentos puede verse en ROGEL VIDE, Carlos, Alimentos y auxilios necesarios para la vida, Reus, Madrid, 2012.