Sala de lo Constitucional partícipe de la crisis electoral. Comentarios a la sentencia 193-2013
Sala de lo Constitucional partícipe de la crisis electoral. Comentarios a la sentencia 193-2013.

A pocos días de realizarse las elecciones para alcaldes y diputados, no se observa interés general de los ciudadanos por los programas políticos y las propuestas electorales de las candidatas y candidatos, que pese a la tecnología y a la facilidad de la comunicación que caracteriza esta época, son la apatía y la parodia hacia la política partidaria los ejes de debate de la población; ¿causas?, muchas, pero la conclusión dominante es una: no hay confianza en los personajes políticos y en cómo se está haciendo política.

Sin embargo algo que no ha pasado desapercibido ha sido la ejecución de la sentencia de inconstitucionalidad 193-2013, conocida popularmente por ser la de “la mala suerte de salir sorteado para cuidar urnas” , o a lo que la Sala de lo Constitucional llamó la “ciudadanización de los organismos electorales temporales”; resolución que fue hecha pública a mediados del dos mil quince, pero es a inicios del 2018 que se hicieron notar elementos prácticos canalizados en controversias, disgustos y extrañez de muchas salvadoreñas y salvadoreños que de manera desesperada buscaron si su nombre era uno de los más de 40,000 seleccionados por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para integrar los Organismos Temporales Electorales.

Cabe señalar que el TSE a través de los magistrados Fernando Arguello y Miguel Cardoza, a inicios del mes de diciembre del 2017, informaron que ya tenían los nombres de los más de 40,000 seleccionados (entre propietarios y suplentes) para integrar dichos organismos, y que literalmente expresaron que la selección se hizo “a través de un sortero realizado por un software”, dándose a conocer la lista hasta el 29 de diciembre del 2017.

Comentarios a la sentencia de Inconstitucionalidad 193-2013.

Las firmas de los Magistrados Meléndez, Blanco, Jaime y González de la Sala de lo Constitucional, dieron paso a una sentencia más de aquellas que podríamos agrupar bajo el título de “arbitrarias”, ya que de igual manera como ocurrió con la sentencia 35-2015, que derivó en la inconstitucionalidad de toda la plantilla de diputados suplentes de la Asamblea Legislativa, hicieron  del principio de Congruencia una especie de principio de Injerencia, al construir e introducir de la nada sus propios argumentos y que estos se situaran en la parte resolutiva de la sentencia que ellos mismos pronunciaron, esta vez bajo la figura de la “ciudadanización de los organismos electorales temporales”, que afirman es una doctrina contemporánea en materia electoral.-

No cabe duda que las doctrinas en el aparataje jurídico se revisten de aspectos fundamentales, pues esto permite ampliar, profundizar y actualizar el debate en torno a grandes áreas del quehacer jurídico, sin embargo los Magistrados antes nombrados decidieron imponerla sin previo análisis, debate, consulta, forma y estructura, olvidando que esto es el verdadero enriquecimiento de las doctrinas a favor del derecho, es decir el poder pensar, analizar y ejecutar, por otro lado respecto a la “ciudadanización de los organismos electorales temporales” no tomaron en cuenta que en los países donde se ha implementado dicha doctrina, iniciaron por despartidizar el máximo organismo en material electoral, cosa que en este país suena a una utopía o un mal chiste.

En el mismo texto de la sentencia 193-2013, se establece que el problema jurídico a resolver es “determinar si los arts. 91 inc. 1°, 95 inc. 1° y 99 inc. 1° CE y 13 inc. 2° DPCNP conculcan el principio de igualdad – art. 3 Cn.– , al establecer un trato  diferenciado  en  perjuicio  de  los  partidos  políticos  que  no  tienen  representación legislativa  y  de  los  candidatos  no  partidarios,  para  postular  al  quinto  integrante  de  los organismos electorales, en relación con los partidos políticos que sí tienen tal representación”. Y además le suman la posibilidad real y efectiva para todos los contendientes, de proponer a una persona para el sorteo en la elección del quinto miembro en los organismo electorales…”; es decir la ciudadanización de los organismos electorales temporales no era una pretensión que estuviera a la espera de una expectativa interpuesta por el demandante para que esta fuera satisfecha.

No dudamos que la evidente injerencia de parte de los Magistrados en la sentencia, de poder ser desarrollada, ayudaría a resolver el gastado ejercicio electoral y la forma de hacer campaña de las candidatas y candidatos, al tener una ciudadanía activa que reclame cómo se hace política y defienda los derechos que son brutalmente abusados por parte de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones;  no dudamos que esta idea de ciudadanizar los organismos temporales electorales busca garantizar mayor imparcialidad y transparencia de las personas directamente a cargo de la ejecución del proceso eleccionario; pero los magistrados debieron tomar en cuenta -lejos de que esto no fue ni por asomo señalado en la demanda de inconstitucionalidad- que la eficacia que pudiera tener una sentencia de este tipo debe ser visualizada de manera previa, es decir si su ejecución puede ser implementada a corto, mediano o largo plazo y si existen las condiciones para que se logren los efectos de la misma, pues no tiene sentido la emisión de una sentencia que no pueda ser materializada y donde además no hayan mecanismos que puedan garantizarla, de lo contrario los más beneficiados son los mismos que se aprovechan y se han aprovechado del sistema: los partidos políticos, y los más afectados son los mismos vulnerados por el sistema: la ciudadanía, quien según se puede leer de las estadísticas de baja participación en las elecciones, está cansada de nuestro sistema electoral y de la cultura electorera, y por ende a lo que muchos actores políticos y hasta los Magistrados antes referidos han calificado (Amparo 2-2018) como “deber político ciudadano” se vuelve de manera automática en una auténtica carga al ciudadano, una más para lidiar con las muchas ya existentes.

Y como la lógica y el sentido común lo indican, dentro de un grupo vulnerable son los más vulnerables los que resultan ser más afectados, nos referimos a las madres solteras que han salido seleccionadas para conformar un organismos temporal electoral, que por sus condiciones deberán de buscar quien pueda cuidar de sus hijas o hijos, quizás corriendo con gastos extras para ello, o como de aquellas personas que salieron seleccionadas y están siendo obligadas a regresar a lugares de donde fueron desplazados por las pandillas, o de personas que poseen enfermedades mentales no diagnosticadas y no pueden realizar las responsabilidades que se les asignen, o incluso aquellos que fueron seleccionados pero no saben leer, escribir, etc., casos que ya han sido retomados por medios de comunicación y que si bien resultan de un pésimo plan llevado por el TSE, se debe en su origen a la ausencia de eficacia de la sentencia para su materialización.

Como es indicado en la sentencia 193-2013, las  Juntas  Electorales  Departamentales,  Municipalidades  y  Receptoras  de Votos, no  son  mecanismos  que  únicamente  constatan  el  cumplimiento  formal  de  determinados requisitos, sino verdaderos filtros para la corrección del proceso electoral en aras de garantizar de forma previa la legalidad electoral, las personas que son verdaderos garantes del proceso electoral son los magistrados del TSE, una cúpula que actualmente posee claras vinculaciones partidarias, intereses que no desaparecen por no estar afiliados a determinado partido político; una cúpula que de manera descarada ha obstaculizado el trámite para las y los aspirantes a candidaturas no partidarias; son ellos quienes en definitiva podrían hacer negociaciones a favor de uno u otro partido, es ahí precisamente en donde la doctrina contemporánea en materia electoral ha dado el primer paso, en busca de  la autonomía del organismos electoral.

Al no advertir lo anterior los más beneficiados serán los partidos políticos, quienes se ahorrarán el gasto de logística-alimentación en el que han incurrido en elecciones pasadas, y será el TSE quien les dará de 15 a 20 dólares a los ciudadanos elegidos para conformar los organismos electorales en concepto de viáticos, que vale resaltar nuevamente, la selección de estas personas ha sido por medio de un sorteo que produce serias dudas sobre su procedimiento, pues se desconoce si existieron garantías que permitieran dotarlo de transparencia, incluso pudiendo conculcar el principio de Igualdad.

También se puede visualizar que los partidos políticos en definitiva serán quienes se quedarán en el conteo de votos, pues los ciudadanos seleccionados por “sorteo” difícilmente estarán hasta el final del procedimiento, el desinterés mostrado es más que claro, y serán los vigilantes de los partidos políticos, quienes definirán la lucha por la defensa de sus intereses, destruyendo la idea preestablecida en la sentencia de crear con ellos un filtro del proceso electoral.

Julio Olivo, Magistrado Presidente del TSE.

Por otro lado el TSE, encabezado por Julio Olivo Granadino, tuvo la oportunidad de buscar convenios con las Universidades del país, para que estudiantes pudieran conformar los organismos electorales temporales y que estos pudieran ser beneficiados como parte de su servicio social, o que a través de alianzas con asociaciones o institutos que velan por la transparencia, pudieran haber focalizado a personas con espíritu independiente y constructores de la democracia, para que como efecto duplicador, líderes nacionales se transformaran en auténticos filtros, garantes del proceso electoral, sin embargo esto no ha ocurrido.

Otro de los errores que se pueden advertir son la falta de conocimiento de la población sobre la sentencia 193-2013, y de la normativa que ha sido desarrollada por el Órgano Legislativo para su eficacia, así como de las actuaciones que ha implementado el TSE con ese fin, siendo nuevamente una de los mayores factores que afecta a las personas, el desconocimiento del proceso electoral, la deficiente capacitación para su correcta concreción, las dudas que no son evacuadas por la institucionalidad, escenario conocido en las últimas elecciones, que todo indica prevalecerán en las de marzo próximo.

El escenario electoral es nefasto, requiere de transformaciones de raíz, de una nueva y ordenada ley en materia electoral, de comenzar por la autonomía del máximo organismo electoral, de que se les exija a los partidos políticos un cambio de cómo hacen política, la población de manera general no tiene esperanza en los personajes políticos, con todo y ello la sentencia 193-2013 no ayudó en nada en crear un ambiente distinto a favor del electorado, sino más bien profundizó una crisis, dotándola de incertidumbre, de disgustos, sin trasmitir en lo absoluto un ambiente de transparencia ciudadana para las elecciones, no es de esa manera que se deben construir los cambios que necesita el país, no es ese el rumbo que debe llevar un Estado de Derecho.