El principio de Aportación y su transgresión.

La práctica forense ha evidenciado que los procesos judiciales no están exentos de errores en el proceso legalmente configurado, generado por quien tiene como mandato legal la dirección del proceso, que de no apreciarse o corregirse, consecuentemente vulneran los diferentes principios que conforman el debido proceso, afectando directamente a los justiciables.

Uno de los principios que se ve expuesto a ello y que inclusive puede pasar inadvertida su transgresión, por los elementos y límites que conforman su alcance, es el de Aportación, que en su esencia está destinado a divulgar la formación del material fáctico o aportación de los hechos al proceso.

¿Qué es el Principio de Aportación?

El principio de Aportación deviene del axioma legal “iudex secundum alligata et probata partium iudicare debet” (el Juez debe juzgar según las alegaciones y pruebas de las partes). Conocido en otras legislaciones como principio de negociación, constituido en criterios jurisprudenciales como derivación del principio de Imparcialidad (Art. 172 inc. 3° Constitución -Cn-.)

Este principio lo encontramos preceptuado en el Art. 7 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), e implica que la introducción de los hechos debe ser acaparado por las partes, a través de un tratamiento monopólico; para Valentín Cortés Domínguez, este principio sitúa al Juzgador como un mero espectador de lo que las partes hacen, en otras palabras dentro de este principio podemos identificar dos sentidos paralelos en cuanto al desarrollo de su carácter de exclusividad: por una vía, los hechos en que se fundamente la pretensión y la oposición en el proceso sólo podrán ser introducidos al debate por las partes; y por otra vía, el Juzgador debe resolver de los hechos introducidos por las partes.

Esta facultad de aportar los hechos por las partes, implica que son las mismas quienes deben practicar la prueba sobre los hechos que dan a conocer, esta afirmación produce una relación unificada con el derecho fundamental de probar (Art. 312 y 321 CPCM), que consiste en que las partes son quienes establecen las pruebas de las aseveraciones que hacen en la demanda o en su constatación, siempre que cumplan con los requisitos de licitud, utilidad y pertinencia (Art. 316, 318 y 319 CPCM), es decir el Juzgador no solo está proscrito a introducir prueba por regla general (salvo en el caso de configurarse los elementos para la introducción de prueba para mejor proveer), sino que además está inhibido de negarle a las partes injustificadamente el empleo de una oportunidad procesal prevista en la ley para la solicitud de pruebas, o la intervención en su práctica; la transgresión o violación a lo anterior es motivo de nulidad, así sancionado en el Art. 232 lit. c) CPCM.

Existe criterio jurisprudencial que ubica al principio de Aportación en concordancia con el aforismo “iura novit curia” (el juez conoce el derecho, deducido en nuestra legislación de los Arts. 14 y 15 CPCM), bajo la idea que conlleva a que el Juzgador puede suplir los errores o deficiencias de las partes si pertenecen al Derecho, más no los hechos o en las pruebas según se ha comentado; pues hacerlo constituiría un exceso en la función jurisdiccional en desmedro del principio de aportación y constitucional de imparcialidad.

Sin embargo los límites entre cada uno de los principios antes citados deben ser tratados a detalle, pues si bien ambos expresan la necesidad de que sean las partes quienes introduzcan los hechos al proceso, cabe resaltar que estos hechos deben ser aportados en los momentos oportunos para ahondar en su establecimiento, sobre los cuales los medios probatorios de manera específica examinarán la concreción de lo que se pretende probar sobre la base de la pretensión accionada; en ese sentido, los Juzgadores no pueden basar sus resoluciones y fundamentos jurídicos en hechos que no fueron aportados en la demanda, contestación de la misma, reconvención y contestación de la reconvención, aunque se hayan conocido o descubierto durante el desarrollo del proceso o en la reproducción de la prueba, pues de hacerlo se transgreden los límites que configuran al principio de Aportación, siendo los hechos alegados oportunamente (Art. 276, 284, 285 y 286 CPCM) auténticos parámetros sobre los que el Juzgador deberá aplicar el derecho, para garantizar a los justiciables que lo resuelto será congruente con lo que se ha solicitado y resistido.

En consecuencia el principio de Aportación es una de las garantías que rigen el proceso legalmente configurado, que puede ser transgredido al no identificar los límites y los parámetros establecidos por los mismos hechos y pruebas que han aportado las partes, sobre los que se desarrollará la dirección del proceso y la aplicación del derecho del Juzgador, cumpliendo con la finalidad de buscar la neutralidad, objetividad, racionalidad y obediencia al Derecho.