La prescripción extintiva de obligaciones crediticias.

Los abusos a los que someten las entidades bancarias a los usuarios o consumidores, son un reflejo claro de discriminación social, aprovechándose de las necesidades de las personas (naturales y jurídicas) por adquirir créditos; sin embargo estos abusos que sufren aquellos que pueden acceder a un crédito, de quienes previamente se ha hecho ya una selección, son causados en mayor medida por la preferencia en la que se les ha colocado a las entidades financieras sobre los usuarios por parte de los legisladores y el poder económico-político, fácilmente apreciables al compararlas con el tratamiento normativo del resto de contrataciones mercantiles, y a la pasividad de las instituciones que deben velar por el derecho de los consumidores y por la protección en la creación de contratos que no atenten contra los principios de buena fe y el justo equilibrio.

Para citar un ejemplo de los abusos que cometen las entidades bancarias se menciona la práctica del Banco Agrícola, de sustraer de la cuenta de ahorro del usuario moroso, directamente y sin audiencia, dinero para abonar a sus créditos, sin consentimiento del deudor crediticio, violentando el principio de libre disposición de los bienes, ejerciendo una privación ilegítima del derecho de propiedad del deudor; dinero que normalmente es utilizado para satisfacer las necesidades de las familias, hijas e hijos menores de edad, lo que va en contra del artículo 264 del Código de Familia (CF) que determina que el pago para los alimentos (entiéndase como institución jurídica) gozarán de preferencia en su totalidad respecto de otras deudas, sin tomar en cuenta las restricciones que sobre embargabilidad establezcan otras leyes, siendo un criterio de valoración de orden constitucional (Art. 38 Ord. 3° Cn)

Frente a este tipo de relaciones desiguales, existe una figura jurídica poco ejercida por aquellos deudores a quienes les ha nacido el derecho de alegarla, la cual tiene como fundamento ser un medio para la consecución de la seguridad jurídica, que se consolida con el transcurso de un tiempo determinado, en donde se hace entender que se ha abandonado o renunciado a los derechos que de ella se desprenden, transformándose los hechos en derecho y evitando una situación de indefinición permanente, ésta es la Prescripción.

En nuestra legislación, el concepto legal de Prescripción lo encontramos en el Art. 2231 del Código Civil (CC), en donde se establece que es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.

La prescripción, desde una óptica general, ejerce una doble función: a) Modo de adquisición de un derecho, toma su sentido adquisitivo, pues nos establece una posibilidad de adquirir el dominio de los bienes raíces o muebles, que están en el comercio humano, y se han poseído con las condiciones legales, así como otros derechos reales no especialmente exceptuados; b) Medio de extinción de las obligaciones, toma su sentido extintivo o liberatorio, pues el deudor se libra de la obligación al extinguirse el derecho para que esta sea exigible, es decir una obligación que nació a la vida jurídica que con el transcurso del tiempo se extinguió (Art. 1438 ordinal 9° CC); ambas configurándose como un castigo o sanción por la indiferencia con que han actuado los acreedores o titulares del derecho.

Prescripción extintiva de obligaciones crediticias.

El Art. 995 del Código de Comercio, establece el plazo para que opere la prescripción extintiva de obligaciones crediticias: “Los plazos de la prescripción mercantil son los siguientes:…Prescribirán en cinco años las acciones derivadas de los contratos de crédito, contados a partir de la fecha del último reconocimiento de la obligación por parte del deudor; en el mismo plazo prescribirán los otros derechos mercantiles.”

De lo anterior, podemos determinar que en un contrato crediticio, entre un usuario y un banco, de transcurrir cinco años sin que exista alguna acción de cobro o de aceptación de deuda, la obligación que nació por la relación jurídica entre las partes citadas, se extingue, sin embargo para ello se requiere la configuración de los siguientes elementos: a) Que sea prescriptible; b) Que sea alegada; c) Que haya transcurrido el término fijado por la Ley; d) Que no se haya interrumpido; y, e) Que no esté suspendida.

Si bien existe jurisprudencia en donde se desarrolló la prescripción extintiva como un medio que obra sobre la acción, en donde la oportunidad de ejercerla era la que prescribía, por lo cual el deudor no tenía legitimación para iniciar la acción, sino que esto dependía de las actuaciones del acreedor, es decir que únicamente el deudor podía invocarla como excepción, sin embargo esta tesis ha sido superada, pues ahora se entiende que la institución de la prescripción extintiva opera sobre la obligación, como un derecho, y no sobre la acción.

Actualmente existen dos formas de alegar la prescripción extintiva de obligaciones crediticias:

  1. Como pretensión: a través de la posibilidad de accionar el aparato jurisdiccional para reclamar en un proceso común la declaratoria de la prescripción extintiva; o que de haberse accionado por parte del acreedor y que esta haya sido declarada, se puede discutir mediante un proceso posterior siempre y cuando en el juicio previo, no existió una real oportunidad de defensión; y,
  2. Como oposición: cuando ha sido exigido el pago de la deuda por el acreedor a través de un proceso ejecutivo, de conformidad a lo regulado en los Arts. 579 y 580 CPCM.

De declararse la prescripción extintiva por alguna de las modalidades anteriores, esta se convierte en una obligación natural (Art. 1341 inciso 3° ordinal 2° CC).

Cabe señalar que la prescripción extintiva no puede ser declarada de oficio por el Juzgador o Juzgadora, aunque se cumplan los parámetros para establecerla, sino que tiene que ser alegada por el deudor, en tal sentido los usuarios morosos deben tener muy claro que de haber transcurrido cinco años ininterrumpidos sin reclamo del acreedor, pueden iniciar el proceso para declarar la prescripción de la obligación, o si por el contrario el acreedor inició un proceso en el Órgano Judicial exigiendo el pago de la deuda, pueden oponerse alegando dicha figura, ya que esta opera entre personas ligadas por un vínculo jurídico (Art. 2232 CC)