La declaración jurada y la toma de datos, insuficientes para prevenir lavado de dinero

Manuel es identificado como “estudiante” en el Banco “X”, tal como aparece consignado en su DUI, y entre sus actividades económicas se destaca “negocio propio”, lo cual es estipulado en declaración jurada. Manuel abre una cuenta de ahorro en dicho banco, y sus transacciones reportan ser de $12,000 al mes. Además, abre un depósito a plazo fijo por $50,000 en el mismo banco. 180 días después, Manuel viaja a Guatemala y declara $25,000; sin embargo, a partir de ese incidente, la PNC reporta a la UIF-FGR que “no puede ser que alguien con DUI de estudiante lleve ese dinero del cual no se sabe la destinación”.

La UIF-FGR pide información bancaria de Manuel al Banco X, miran los productos financieros y, seguidamente, deciden procesar a Manuel por lavado de dinero y de activos, ya que “no se sabe el origen de los fondos y tampoco su destinación”, aunado al hecho de que su perfil no concuerda.

Este tipo de supuestos pueden ser totalmente prevenibles, para no crear falsos positivos, omisiones de obligaciones bancarias –con la prevención de lavado de dinero– y no alimentar la imaginación y supersticiones del ministerio público. Incluso, un buen sistema, más allá de las declaraciones juradas y toma de datos, puede asegurar un efectivo combate al lavado de dinero.

Estas situaciones son de la vida real, y para prevenir todo esto se requiere la debida diligencia de las entidades financieras, según lo regulado en los Artículos 9-B, 10, 12 y 13 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos (LECLADA); en los Artículos 16 y 18 del Reglamento de la LECLADA; y en los Artículos 8 y 11 del Instructivo de la UIF. Por lo tanto, la debida diligencia es un punto que deben respetar las entidades financieras clasificadas como sujetos obligados en el Artículo 2 de la LECLADA.

Para Isidoro Blanco Cordero, las medidas de debida diligencia deben de estar enfocadas en función del riesgo, clase del cliente y la relación que tenga la entidad financiera con él[1]. Por otro lado, Luis Lamas Puccio desde Perú enfatiza que la debida diligencia son medidas de ejecución adecuadas, relacionadas a la identificación del cliente, para determinar sus operaciones, conductas, o la misma identificación son fehacientes, es decir, deben hacer un mayor esfuerzo y seguimiento para dilucidar cualquier duda o sospecha[2].

Entendido ello, la debida diligencia debe comprenderse como un mecanismo de refuerzo para cerciorarse que ciertas operaciones no serán sospechosas de lavado de dinero o financiación del terrorismo. Es decir,  es un mecanismo que permite, luego de identificar al cliente, poder demostrar fehacientemente que se trata de un empresario, inversionista, etc., y disipar toda duda respecto a la veracidad de sus actividades económicas.

Es ahí donde fallan las declaraciones juradas y la toma de datos: no significan un esfuerzo de debida diligencia, y pueden provocar falsos positivos, o peores circunstancias, como la mala calidad de un reporte de operaciones sospechosas, las cuales pueden implicar en débiles casos de judicialización de procesos de lavado de dinero.

Antes de dar con la debida diligencia, se debe obtener, de la forma más depurada, la información del cliente. Esto consiste en establecer el perfil del cliente de forma adecuada, siguiendo lo preceptuado en el Artículo 10, Literal E, Romano I y III de la LECLADA:

  • Identificar la actividad económica del cliente, como también la magnitud y la frecuencia de las transacciones.
  • Verificar que el volumen y los movimientos financieros guarden relación con la actividad económica del cliente.

En ese sentido, lo mejor será adoptar técnicas de lectura de índole económica y matemática para determinar si una transacción u operación se encuentra fuera del umbral de la clasificación del cliente, por lo que inicialmente debe existir una segmentación de clientes a nivel socioeconómico y geográfico para que puedan materializarse detecciones casi predictivas con respecto a las operaciones sospechosas[3].

Entre los medios para hacer más fácil el trabajo se pueden recurrir a técnicas de minería de datos, las cuales sirven para “describir, clasificar y detectar irregularidades a partir de la creación de perfiles “normales” transaccionales, facilitando el hallazgo de patrones o reglas generales (incluye métodos de agrupación) en el registro histórico de las transacciones”[4]. Entre las técnicas de minería de datos podemos nominar las siguientes[5]:

  • Algoritmos de agrupación.
  • Reglas de asociación.
  • Reglas de inducción.

Estos sistemas mecanizados a base de algoritmos puede permitir la reducción de cargas operativas y de emisión de alertas, y mejorar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas, como tener flexibilidad cuando existan nuevas tipologías de lavado de dinero y financiación del terrorismo, haciendo plenamente eficaz la prevención del delito de lavado de dinero[6].

Sin ahondar a más detalles, y una vez que se ha determinado claramente el perfil del cliente con los datos concatenados respecto a sus movimientos financieros, se debe hacer el análisis pertinente, a través de la debida diligencia, de si se trató de información incorrectamente obtenida, o si se trata de una sospecha razonable, de que ciertas transacciones tengan que ver con el blanqueo de capitales.

Regresando al supuesto que se planteó al inicio de este artículo, lo que debe hacer la entidad financiera es darle seguimiento al cliente, y actualizar su base de datos y obtener la respectiva documentación para establecer la nueva información relacionada con el perfil del cliente.

Por lo tanto, en caso de ser todo lícito, Manuel demostraría que es un empresario salvadoreño que ha vivido toda su vida en Guatemala; acreditando la constitución de sociedad en Guatemala, declaración de impuestos, documentación contable o la que la entidad considere necesaria, todo bajo el auspicio de requerimiento de la entidad financiera, según el Artículo 10, Literal e, Romano I de la LECLADA.

Debe destacarse que la aportación de documentación necesaria debe ser requerida por la entidad financiera obligada. Esta obligación no recae bajo el cliente. El cliente no es el sujeto obligado, por lo que éste último puede ser educado por la entidad financiera respecto al por qué se le práctica la debida diligencia.

Una vez actualizada la información, la entidad financiera puede establecer que:

  • La situación patrimonial del cliente mejoró.
  • El cliente fue mal perfilado.
  • Existe explicación lícita del por qué sus transacciones son de tal naturaleza.
  • Se actualizan la base de datos respecto al cliente.

Todo esto con la finalidad de demostrar que la debida diligencia es posible[7].

Si Manuel ha dado direcciones falsas, números de teléfono falsos, no exista su domicilio, o incluso la documentación por la cual se identificó resultare falsa, serían parámetros suficientes para que la entidad financiera realice un reporte de operaciones sospechosas y pueda iniciarse una investigación por parte de la UIF-FGR, la cual puede desembocar en un proceso penal y en una posible condena.

La actualización de información como también el reporte de operaciones sospechosas debe estar claramente analizados y fundamentados, para que la entidad financiera pueda estar exenta de cualquier sanción administrativa o penal con respecto al cumplimiento de la normativa antilavado.

Conclusión.

La toma de datos de los clientes vía entrevista, como la consideración de declaración jurada para determinar su actividad económica, no es suficiente. No en el sentido de que la fe pública notarial se ponga en duda, sino para reforzar todo lo pertinentemente por parte del cliente y el seguimiento que le ha dado la institución financiera al mismo y sus comportamientos transaccionales y financieros.

El solo hecho de haber tomado datos generales de un cliente y haber otorgado declaración jurada no es sinónimo de prevención de lavado de dinero, ya que debe de materializarse la debida diligencia con la finalidad de depurar información y mejorarla para poder identificar transacciones o perfiles de clientes que puedan demostrar que se trata de personas o transacciones vinculadas al lavado de dinero y de activos.

Que no exista la debida diligencia en las instituciones financieras es fatal para la prevención del lavado de dinero, ya que se permite que agresivas sumas de dinero permeen el sistema financiero, conllevando a una situación económica más inestable, lo cual puede repercutir negativamente en la reputación empresarial de una institución financiera.

Peor aún, cuando los sujetos obligados estipulados en el Artículo 2 de la LECLADA, como entidades financieras, casinos, hoteles, partidos políticos y demás sujetos obligados, no cumplan debidamente con estas estipulaciones legales. El sistemático incumplimiento de estas obligaciones podría llevar a considerar a El Salvador como una jurisdicción que es laxa en el combate al lavado de dinero, derivando graves sanciones internacionales.

Por otro lado, la inexistencia de la debida diligencia en las entidades financieras puede afectar a personas inocentes, las cuales puedan haber acumulado capital en el extranjero diciéndolo invertir en El Salvador, por lo que podrían ser penalmente procesadas por la mera transferencia o tenencia de dinero, lo cual no significa que se trate de lavado de dinero.

Esto aunado al abuso de puntos de pericia para auditorias financieras, las cuales estarían encaminadas a reconstruir el trabajo de los oficiales de cumplimiento en la debida diligencia que tuvieron que haber hecho; esto es totalmente peligroso porque una auditoría financiera no es para hacer el trabajo de otros profesionales, sino para determinar su objetivo a través de los puntos de pericia solicitados por las partes procesales.

Otro problema que acarrearía la falta de debida diligencia es la interpretación de: “la declaración jurada dijo esto (…), el perfil según toma de datos es (…), la operación es (…), por ende lavado de dinero” es totalmente peligrosa y subjetiva, ya que se necesitan parámetros matemáticos y financieros para determinar si efectivamente se trata de una operación inusual o sospechosa, por lo que ese tipo de interpretaciones, además de ser subjetivas, vulnerarían el deber de la motivación judicial y podrían tergiversar lo relacionado a la sana crítica cuando se juzga un delito financiero.

Por lo tanto, la sola toma de datos y el otorgamiento de declaraciones juradas no constituyen una forma de prevención eficaz para el delito de lavado de dinero.

*El ejemplo utilizado es únicamente para fines académicos.

Referencias:

[1]Isidoro Blanco Cordero (2015) El Delito de Blanqueo de Capitales. Madrid, España, editorial Thomson-Reuters, cuarta edición, p. 216.

[2]Luis Lamas Puccio (2016) Lavado de Activos y Operaciones Financieras Sospechosas, Lima, Perú, editorial Instituto Pacífico, pp- 175-177.

[3]Alberto Lozano Vila (2008) El Perfil Financiero: una técnica para detectar el lavado de activos, Bogotá, Colombia, en www.scielo.org.co, visitado el día 29 de octubre de 2017, enlace: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082008000200004

[4]Unidad de Información y Análisis Financiero de la República de Colombia (2014) Técnicas de minería de datos para la detección y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), Bogotá, Colombia, en http://www.urosario.edu.co, visitado el 29 de octubre de 2017, enlace: http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos_Lavados/Tecnicas-de-mineria-de-datos-para-la-prevencion-de.pdf, P. 10.

[5] Ídem. Pp. 21-26.

[6]Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y El Crimen, Cámara de Comercio de Bogotá y Embajada Británica en Colombia, Análisis Predictivo para la Prevención de LA/FT Caso Bancolombia, Bogotá, Colombia, en http://www.incp.org.co/, visitado el 29 de octubre de 2017, enlace: http://incp.org.co/Site/info/archivos/bancolombia.pdf

[7]Alberto Lozano Vila (2008) El Perfil Financiero: una técnica para detectar el lavado de activos, Bogotá, Colombia, en www.scielo.org.co, visitado el día 29 de octubre de 2017, enlace: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082008000200004

Cita así:

LANGLOIS, RICARDO. “La declaración jurada y la toma de datos, insuficientes para prevenir lavado de dinero”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 05 de noviembre de 2017 http://enfoquejuridico.org/2017/11/05/la-declaracion-jurada-y-la-toma-de-datos-insuficientes-para-prevenir-lavado-de-dinero/