Recusación y abstención judicial

Concepto.

“Recusar significa no querer admitir o aceptar alguna cosa. En práctica forense representa la acción de poner excepción u oponer tacha o defecto personal al juez u otro ministro para que no conozca o entienda en la causa. El referido vocablo procede del latín recusare, esto es, excusarse con pretextos” (DE ECHEREGARAY, E., Tomo V, 1889, p. 89). En otras palabras, recusar es el acto por el cual una de las parte se opone a que la sustanciación y resolución de determinado proceso se realice por el juez o jueza que lo tiene bajo su cargo. En materia de familia, puede ser recusado no sólo el juez o jueza, sino también el secretario o secretaria del tribunal y los especialistas de los equipos multidisciplinarios.

Por su parte, abstener es sinónimo de renunciar, declinar y cesar de alguna facultad o actividad. Abstención denota la acción de abstenerse, esto es, el acto de privarse de hacer alguna cosa en específico. Se abstiene el sujeto que se encuentra en las condiciones adecuadas para ejercer la actividad de la cual se priva o aparta. Dentro del Derecho Procesal, los conceptos de abstención e impedimento denotan la misma realidad. La abstención está referida al juez que se priva de sustanciar y resolver el proceso que está bajo su conocimiento, por la causa que la ley previamente ha establecido. La facultad de abstenerse o de alegar impedimento es exclusiva del juez. 

Finalidad.

Tanto la recusación como la abstención son instrumentos de sanidad procesal, en virtud que sustraen el proceso de las manos de un juez para dejarlo en manos de otro, cuando existen causas razonables para desconfiar de su imparcialidad. La finalidad de la recusación y de la abstención es garantizar la imparcialidad judicial. Se desconfía de la imparcialidad del juez cuando sus actuaciones o resoluciones hacen sospechar de su interés en el juicio o cuando sus antecedentes profesionales relacionados con el proceso relevan su rigidez de criterio anticipado en cuanto a la solución que merece el mismo.

La recusación se sustenta en la denuncia de imparcialidad del juez, del secretario o de los especialistas, mientras la abstención se ampara en la libertad profesional del juez que logra anticipar el motivo de imparcialidad que le aqueja. La recusación y la abstención no se traducen en imparcialidad descubierta o revelada, sino en el riesgo de su  existencia. El riesgo de imparcialidad del juez, del secretario o del especialista es suficiente para asignarle el proceso a uno de sus homólogos. Apartar al profesional de la causa es la manifestación concreta de la recusación y de la abstención, ya sea por la imputación de imparcialidad o por el reconocimiento de alguna causa que la cuestiona.

La facultad de recusar es exclusiva de las partes que tienen un interés legítimo en el proceso y que participan activamente en el mismo. En cambio, la facultad de abstenerse es propia de los jueces, pues se trata de un acto personalísimo, en el sentido que ningún juez puede abstenerse en nombre de otro, ni siquiera tratándose de tribunales colegiados. Los secretarios y los especialistas no tienen la facultad de abstenerse.

Recusación. 

El artículo 66 Ley Procesal de Familia (LPF) establece: El Juez o Magistrado podrá ser recusado en cualquier estado del proceso, cuando exista un motivo serio y razonable que no garantice su imparcialidad.

  • En los juzgados unipersonales puede ser recusado el juez que lo preside y en los tribunales colegiados pueden ser recusados uno, varios o todos los magistrados que lo integran. Si se declara ha lugar la recusación, el juez recusado será removido del proceso y se nombrará a otro para que integre el tribunal y continúe con la sustanciación del juicio, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica El referido artículo establece las reglas para nombrar al juez que suplirá al juez que ha sido removido por causa de recusación o impedimento.
  • La recusación puede plantearse en cualquier estado del proceso, pero en la primera oportunidad que se tenga para hacerlo. Caso contrario existiría una especie de aceptación en que el juez conozca de la causa, a pesar del riesgo de imparcialidad que lo invade. Si la recusación no se plantea en el momento procesal oportuno, no se le da el curso legal a la misma o su resolución resulta ser desfavorable (artículo 52 inciso 2º CPCM), salvo que existan nuevos hechos que la agraven.

No importa si la sentencia definitiva ya ha sido dictada y el proceso se encuentra en la fase de ejecución forzosa, pues lo que interesa es que exista un motivo suficiente para dudar de la imparcialidad del juez. Incluso, la admisión de la demanda o de la solicitud no es un requisito de procesabilidad de la recusación, pues el riesgo de imparcialidad no es sólo un asunto de instancia o de estricto juzgamiento, sino también de procesabilidad, de manera que el riesgo de imparcialidad puede hacerse evidente aun en las fases preliminares del proceso o en la fase de ejecución forzosa de la sentencia firme. Ahora bien, si la recusación se plantea con posterioridad a la fase de producción de prueba y si se declara ha lugar la misma, es necesario repetir la reproducción de los medios de prueba para que puedan ser debidamente valorados por el juez nombrado en defecto del juez removido, salvo que esto no sea posible, en cuyo caso debe examinarse el record probatorio incorporado al proceso, según las directrices de la sana crítica.

  • El fundamento de la recusación se encuentra en el riesgo de imparcialidad denunciada por las partes. Lo que sustenta la recusación es la cualidad o aptitud especifica del juzgador que pone en duda el recto ejercicio de su rol procesal; es decir, no es el capricho de las partes de cara al juez lo que sustenta el incidente de recusación, sino el conjunto de hechos objetivos que revelan el riesgo de su imparcialidad. Por ello, la ley establece que la recusación del juez procede cuando exista un motivo serio y razonable que no garantice su imparcialidad.

Es importante aclarar que no existen parámetros legales que definan qué motivos se consideran serios y razonables para sospechar de la imparcialidad del juez, pues las causas y las circunstancias para recusar pueden ser tan variadas que no da la posibilidad de especificarlas. Por ello, la actividad jurisprudencial se limita a verificar caso por caso y motivo por motivo cuando de resolver recusaciones se trata. Resulta aventurado definir que un hecho es motivo suficiente para dudar de la imparcialidad del juez, pues el riesgo no deja de ser un futurible y, como tal, un incierto o una eventualidad. No obstante ello, existen circunstancias especiales que lo presumen, como cuando una de las partes guarda un grado de parentesco cercano con el juez o cuando el objeto en litigio representa derechos adquiridos para éste.

En todo caso, lo serio puede entenderse como el antecedente que explica que el motivo se trata de un hecho grave y lo razonable como la conclusión de que ese motivo es suficiente para dudar de la imparcialidad judicial, pues dicha deducción no debe ser exagerada o arbitraria, sino que debe estar basada en una serie de ideas lógicas y justificadas. Lo razonable significa que el motivo debe ser comprobable.

Impedimento o abstención.

El artículo 70 inciso 1º LPF dispone: Cuando el juez considere que concurre algún motivo serio y razonable que pueda afectar su imparcialidad, por resolución motivada, de oficio, se inhibirá de conocer en el proceso y remitirá el expediente dentro de los tres días siguientes al Tribunal Superior para que declare si es legal o no el impedimento y proceda conforme al tramite de la recusación.

  • En los juzgados unipersonales puede abstenerse el juez que lo preside y en los tribunales colegiados todos, varios o cualquiera de los magistrados que lo integran. Si se declara ha lugar la abstención el juez será removido del proceso y se nombrará a otro para que integre el tribunal y continúe con la sustanciación del juicio, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica
  • La abstención puede plantearse en cualquier estado del proceso, pero en la primera oportunidad que se tenga para hacerlo. A pesar que la ley no lo establece, la abstención debe plantearse de forma inmediata, pues el juez deber de reconocer el riesgo de imparcialidad que le aqueja, sin dejarse determinar por la temeridad de su cálculo o creencia. Ahora bien, no importa si la sentencia definitiva ya ha sido dictada y el proceso se encuentra en la fase de ejecución forzosa, pues lo que interesa es que exista un motivo suficiente que afecte la imparcialidad del juez. El juez puede promover, por ejemplo, el incidente de abstención antes de resolver la admisibilidad de la demanda o en la fase de ejecución forzosa de la sentencia, siempre que el motivo que afecte su imparcialidad se haya producido. Si la abstención se plantea con posterioridad a la fase de producción de prueba y si se declara ha lugar la misma, debe estarse a lo que se dijo sobre la recusación.
  • El fundamento de la abstención se encuentra en el riesgo de imparcialidad reconocido por el juez. Este riesgo no se supera aunque las partes consientan en que el proceso siga bajo la dirección del juez que ha alegado el impedimento (artículo 52 inciso 4º CPCM), pues no es su capricho el que sustenta la abstención, sino la situación especial o contingente que repercute en el recto ejercicio de su rol procesal. Esa situación especial puede estar referida a las partes, a los abogados, al objeto en litigio o aspectos extraprocesales que inciden directamente en la función judicial, siempre que se trate de un motivo serio y razonable. Como antes se dijo, el motivo serio y razonable se resuelve caso por caso, según el sustrato fáctico que lo acoge.