El curador ad litem, funciones y responsabilidad dentro del proceso

Dentro del proceso civil y mercantil podemos definir al curador ad litem, como aquella persona –abogado– designada por un juez dentro del proceso, con la finalidad de garantizar los derechos procesales y constitucionales de la persona que representa –ausente sin procurador, para el caso que nos interesa–. Cuando se acepta el citado cargo, el curador se convierte en un mandatario especial que debe ejercer la representación y defensa jurídica –como todo apoderado– antes y durante la realización de los distintos actos procesales.

¿Cuándo procede nombrar un curador al litem?

El art. 473 y 474 inciso segundo del Código Civil establecen los motivos por los cuales se puede solicitar el nombramiento de un curador y la facultad para que los acreedores del ausente pidan dicho nombramiento a efectos de que este responda a sus demandas. Por su parte, el ya derogado código de procedimientos civiles, en su art. 141 establecía como un acto previo a la demanda contra un ausente que, se le nombrara un curador especial que lo representara en el futuro juicio.

Ahora bien en la legislación procesal vigente –Código Procesal Civil y Mercantil– el nombramiento de un curador ad litem, deviene de la imposibilidad de poder emplazar al demandado, después de agotadas las diligencias pertinentes de ubicación y a través de resolución debidamente motivada, art. 186 CPCM. En la misma disposición se establecen las sanciones a las que se expone el actor que mintiere sobre el paradero del demandado.

En igual sentido se ha pronunciado la honorable Sala de lo Constitucional en la sentencia de amparo pronunciada el 10/06/2016, perteneciente al incidente 172-2014, cuando afirma:

“…Es importante acotar que para la utilización de la figura del curador especial o ad litem deben haberse agotado los medios posibles para garantizar el derecho de audiencia al demandado. Esto significa que debe haberse intentado el emplazamiento para contestar la demanda por los mecanismos que la ley prevé al efecto, pues solo ante la imposibilidad material del juez de efectuar una notificación personalmente puede hacerse por medio de otra persona (…) cuando se desconoce el paradero de la persona contra la que se reclama, el mismo legislador ha previsto la figura del curador especial o curador ad litem, quien representa los intereses del demandado ausente…”.

Establecido lo anterior, es necesario hacerse la siguiente pregunta: ¿Cuál es la función del curador al litem en el proceso?

Debemos considerar que ante el derecho del demandante de exigir el cumplimiento de determinada obligación, se interpone el derecho de defensa del demandado como garantía procesal, debe ejercer adecuadamente y potenciar el derecho de defensa del ausente; sin embargo, en la práctica se advierte el desprestigio de dicha figura procesal y se ha visto reducida a una simple formalidad sin relevancia procesal.

Con la famosa frase: “…NO ME OPONGO A LAS PRETENSIONES DEL ACTOR SIEMPRE Y CUANDO COMPRUEBE LOS EXTREMOS DE LA MISMA…“, el curador está ejerciendo de una forma negligente, temeraria y maliciosa el mandato que le ha sido conferido; y en su calidad de apoderado especial es responsable hasta de la culpa leve, entendiéndose por esta como la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios art.42 inc. 3 Código Civil.

La práctica ha demostrado que al curador ad litem no le importa lo que le pase a “su representado” llega al proceso para cumplir una simple formalidad; es cierto el curador al litem no conoce –por expresión del demandado– que originó la demanda, los hechos, ni la existencia de prueba de descargo, lo menos que puede hacer como parte de sus obligaciones es contestar la demanda de forma técnica; y por lo tanto está obligado a denunciar todos aquellos defectos de forma, fondo, aportar la prueba que este a su alcance y los argumentos jurídicos que sustenten sus afirmaciones, es decir, está obligado a cumplir de forma leal el mandato que le han encomendado.

¿Es posible deducir responsabilidad a un curador al litem por no ejercer adecuadamente sus obligaciones?

El art. 70 CPCM establece: “…El poder se presume aceptado por su ejercicio. DESDE SU ACEPTACIÓN EL PROCURADOR DEBERÁ PRESTAR EL ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA A LA PARTE EN EL PROCESO Y LA REPRESENTARÁ EN LA REALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS ACTOS PROCESALES, ACTUANDO EN NOMBRE Y POR CUENTA DE ÉSTA, salvo cuando deban ser realizados personalmente por la parte…”(resaltados me pertenecen).

Esta disposición relacionada con el ya mencionado art. 42 inc. 3 del Código Civil, establece la posibilidad no solo de reclamar los daños y perjuicios contra el abogado que ejerza de forma negligente el mandato que le ha sido conferido, sino también denunciar ante las autoridades administrativas –sección de investigación profesional– o incluso ante Fiscalía General de la República si la actuación realizada constituye delito.

Los curadores ad litem son culpables de ejercer una mala defensa técnica, pero es más grave que los jueces como directores del proceso, no hagan nada al respecto; el art. 13 CPCM establece: “…Las partes, sus representantes, SUS ABOGADOS Y, EN GENERAL, CUALQUIER PARTÍCIPE EN EL PROCESO, DEBERÁN ACTUAR CON VERACIDAD, LEALTAD, BUENA FE Y PROBIDAD PROCESAL…”.

En la práctica este tipo de “defensa técnica” deja mucho que desear y resultaría menos perjudicial para proteger los intereses de los ausentes que los declararan rebeldes, puesto que el art. 287 CPCM establece que la ausencia no debe entenderse como allanamiento ni reconocimiento de los hechos.

No obstante, la negligencia de los “defensores del ausente” es grave, resulta más perjudicial y carente de lógica que los jueces como directores del proceso, permitan este tipo de práctica, es imposible siquiera pensar que consideren que una contestación de la demanda con la frase: no me opongo a las pretensiones del actor siempre y cuando compruebe los extremos de la misma u otra similar, garantice de manera aunque sea ínfima el derecho de defensa del ausente.

Lamentablemente esta práctica indebida ha sido aceptada y serán los afectados quienes al enterarse deben hacer uso de los derechos que la ley y la constitución les confieren; solo de esta manera se podrá erradicar una práctica viciada, que desnaturalizó una figura creada por el legislador con la intención de potenciar y garantizar el derecho de defensa de un ausente.

Bibliografía.

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  3. Rene Alfonso Padilla y Velasco (2010). Comentarios al Código Procesal Civil y Mercantil. San Salvador: Editorial Jurídica Salvadoreña.