Etapa judicial del proceso contra la violencia intrafamiliar
Etapa judicial del proceso contra la violencia intrafamiliar

Los tribunales competentes para conocer del proceso contra la violencia intrafamiliar son los Juzgados de Paz y los Juzgados de Familia (Artículo 20 LCVI). El inicio de este proceso se debe al informe policial o a la denuncia formalizada por la Procuraduría General de la Republica. El proceso también puede iniciar por aviso o denuncia interpuesto de forma directa ante la autoridad judicial, ya sea de forma verbal o escrita (Artículo 21 LCVI). Cuando el Juzgado de Paz o de Familia recibe el aviso sin participación de la víctima, entonces debe informarlo a la Procuraduría General de la República para que esta formalice la correspondiente denuncia, pues no puede constituirse como juez y parte.

Si la denuncia la recibe de forma directa por la propia víctima o por su representante legal, entonces da por iniciado el proceso contra la violencia intrafamiliar. Lo mismo sucede cuando se da por recibido el informe policial. En este proceso no es necesario que la víctima o el agresor sean representados por abogados (Artículo 38 LCVI). Sin embargo, si uno de ellos nombra abogado, el otro estará en la obligación de hacerlo, en función de la igualdad procesal que requiere la asistencia técnica. Por ello, cuando la denuncia la formaliza por escrito el auxiliar de la Procurador General de la Republica, el agresor deberá contestar la misma por medio de abogado.

La Procuraduría General de la República no puede representar al mismo tiempo a la víctima y al agresor, por lo cual este último deberá buscar el apoyo técnico de un abogado privado. Si el agresor no tiene los recursos económicos para contratar los servicios profesionales de un abogado, puede solicitar la asistencia legal gratuita de las clínicas, departamentos o socorros jurídicos constituidos para tales efectos. Un buen número de universidades cuentan con dichos servicios.

Cuando el agresor no tiene la capacidad económica para pagar los servicios de un abogado privado y no se le confirió la asistencia jurídica gratuita que hubiere solicitado, el juez puede adoptar dos medidas. Primero, puede librar oficio solicitando la asistencia gratuita de los socorros jurídicos para el agresor, aunque dicha solicitud no tiene un carácter vinculante; y, segundo, puede nombrar un abogado de oficio que represente los intereses del mismo, aunque la organización jurisdiccional no cuenta con un banco de abogados privados que actúen en esa calidad.

Un abogado de oficio, en materia de familia, es un abogado privado que presta un servicio social en un caso específico. Si bien es cierto el juez no tiene la obligación de adoptar las medidas antes indicadas, si tiene la obligación de garantizar el derecho de defensa del agresor, lo cual incluye la garantía de su defensa técnica cuando sea necesario. Es a partir de esta obligación que el juez debe adoptar las medidas oportunas para suplir dicho requerimiento legal.

Existen casos en los cuales la víctima-denunciante prescinde de su representación técnica (abogado) para equiparar las condiciones de participación procesal con el agresor, y de esta manera continuar con la sustanciación del proceso, pues el proceso sólo continúa si ambas partes cuentan con abogados o si ambas actúan sin ellos. A pesar que no es la mejor opción, tampoco puede decirse que está prohibida. Sin embargo, personalmente no la comparto, por la naturaleza de los hechos que integran el objeto del proceso y por el alcance de los efectos de la sentencia definitiva.

1. Sustanciación. El proceso contra la violencia intrafamiliar, en razón de la materia, es competencia del Juzgado de Paz o del Juzgado de Familia. La competencia territorial se define por el domicilio del demandado (Artículos 44 LCVI y 34 LPF), no obstante el carácter flexible de su interpretación. Por tanto, si la denuncia se interpone por la propia víctima de forma directa contra una persona domiciliada en el Municipio de San Salvador y lo hace bajo la vía del Juzgado de Familia, el trámite que sigue es el siguiente:

i. La víctima-denunciante expone ligeramente su denuncia ante el personal designado por la Secretaría Distribuidora de Demandas y Documentos Judiciales (en virtud que los Juzgados de Familia de San Salvador se encuentran bajo un sistema judicial integrado), con el fin de que remitir el caso al Tribunal de Familia que el sistema computarizado designe. Además, se le asigna un número al caso y se registra su acceso al sistema.

ii. La víctima-denunciante se apersona al Juzgado de Familia designado y expone su denuncia ante el colaborador judicial designado por el mismo. Seguidamente, el juzgado analiza el contenido de la denuncia y si estima que los hechos reúnen las características de la violencia intrafamiliar, entonces ordena iniciar con el respectivo proceso y decretará las medidas de protección necesarias (Artículo 7 LCVI).

Entre las medidas de protección se encuentran la orden judicial de allanamiento de la morada, la suspensión del permiso para portar armas, la suspensión del cuidado personal de los hijos, la fijación de una cuota alimenticia provisional, el uso exclusivo del menaje familiar, el cese de los comportamientos violentos, entre otros. Todas las medidas de protección tienen un carácter provisional.

Si los hechos no reúnen dichas características, se declara improponible in limine la denuncia. Por ejemplo, si la víctima-denunciante manifiesta que su hermano-denunciado ha ejercido actos de violencia en su contra, al desconocer el derecho que tiene sobre los bienes que su padre hubiere dejado al fallecer, entonces dicha denuncia se desecha, por tratarse de un conflicto que desborda el contenido y alcance normativo del proceso que se quiere promover. Sin embargo, si existen hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, como las amenazas o los golpes, entonces se ordena el inicio del proceso, con el único fin de verificar la necesidad de sancionar los mismos, pero no con el propósito de solventar el conflicto de intereses de naturaleza civil.

En el auto que se da el inicio al proceso contra la violencia intrafamiliar, el juez ordenará la realización de una investigación psicológica en la víctima. La investigación también puede ser de naturaleza social y educativa. Esta última investigación generalmente se ordena cuando hay hijos procreados en común entre la víctima y el agresor, y no han alcanzado su mayoría de edad y se encuentran en nivel de escolarización (Artículo 24 LCVI). Algunos Juzgados de Familia optan por ordenar la investigación psicológica a la víctima y al agresor, con el fin de considerar la existencia de alguna patología o irregularidad psíquica que influya en el comportamiento agresivo de este último.

Si la víctima adolece de lesiones físicas, el juez ordenará un peritaje de reconocimiento medico de lesiones. La investigación psicosocial puede estar a cargo de los Equipos Multidisciplinarios de los Juzgados de Familia o del Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer”, o de otras instituciones gubernamentales o no gubernamentales (Artículo 24 LCVI). En la práctica, el peritaje de reconocimiento médico de lesiones siempre está a cargo del Instituto de Medicina Legal.

Si el dictamen del reconocimiento medico de lesiones concluye que las lesiones producirán incapacidad por cinco o más días y que será necesaria la asistencia médica para atenderlas, entonces el juez se declarará incompetente para conocer del proceso y remitirá certificación del expediente a la Fiscalía General de la República, por la presunta comisión del delito de lesiones (Artículo 142 PN). Asimismo, ordenará el archivo definitivo del proceso. Si ha decretado medidas de protección o medidas cautelares podrá dejarlas vigentes por un plazo prudencial (Artículo 25 LCVI).

Recibido los informes o los dictámenes periciales, el juez fijará la hora y la fecha para la celebración de la audiencia preliminar, si advierte que los hechos denunciados no son constitutivos de delito (Artículo 26 LCVI). No obstante lo anterior, en la práctica muchos juzgados programan la hora y la fecha de celebración de la audiencia preliminar en el mismo auto que ordena el inicio del proceso, en función de la celeridad que el mismo demanda.

Ya sea que la audiencia preliminar se programe en el auto de admisión de la denuncia o en el auto que da por recibido los informes o dictámenes periciales, el juez procederá a notificarle la denuncia al agresor-denunciado, entregándole copia de la misma y, a su vez, lo citará a la celebración de la audiencia preliminar.

iii. En la audiencia preliminar del proceso contra la violencia intrafamiliar la víctima podrá ratificar, ampliar o modificar la denuncia presentada. Aunque la víctima no ratifique la denuncia, el proceso deberá seguir su curso legal, pues se trata de un asunto indisponible para las partes. Tanto así que el juez está facultado para hacer comparecer a la víctima y al agresor a las audiencias bajo apremio, esto es, con auxilio de la fuerza pública (Artículo 35 LCVI). En otras palabras, la posibilidad de no ratificar la denuncia no tiene ningún sentido en el proceso contra la violencia intrafamiliar.

Transcurrida la oportunidad de la víctima para ratificar, modificar o ampliar su denuncia, se le otorgará la oportunidad al agresor para que haga sus valoraciones del caso, pudiendo en tal caso negar los hechos que se le atribuyen o aceptar la veracidad de los mismos. Si niega los hechos, el proceso seguirá con la siguiente etapa procesal. Si los acepta, el proceso terminará en esa audiencia con responsabilidad para el agresor. Esta aceptación recibe el nombre de allanamiento cuando ha sido rendida por medio de abogado.

Cuando el agresor reconoce los hechos que se le atribuyen y no ha intervenido bajo la representación de un abogado, se tienen por aceptados los hechos y se da por finalizado el proceso en la audiencia preliminar. Si el agresor ha sido asistido por abogado, entonces se tiene por interpuesto el allanamiento. Sin embargo, en este proceso la aceptación de hechos sin asistencia jurídica cobra los mismos efectos que el allanamiento. Esta aclaración se hace por puros efectos conceptuales, pues el allanamiento consistente en el reconocimiento de los hechos y del derecho que fundamentan la pretensión. Se presume, pues, que quien no es abogado no conoce el derecho y, por lo tanto, no puede reconocerlo como presupuesto de allanamiento.

Además, el agresor tiene una tercera opción, esta es, la de contradenunciar a la víctima en hechos de violencia intrafamiliar. Si contradenuncia, se le da la oportunidad de que exponga los hechos, los cuales serán contestados por la víctima, ya sea aceptándolos o negándolos. La víctima ya no tendrá la oportunidad para contradenunciar, pues previamente tuvo la oportunidad de ampliar su denuncia. En virtud de la contradenuncia es posible dar por configurada la violencia cruzada. Sin embargo, la violencia cruzada en ningún momento justicia lo que se ha dado a llamar violencia reactiva.

Si el agresor reconoce los hechos denunciados, deberá adquirir una serie de compromisos con el fin de evitar incurrir nuevamente en acto de violencia intrafamiliar, como la obligación de asistir a terapias psicológicas, a sesiones para alcohólicos o drogadictos, asistir a cursos de paternidad o maternidad responsable, evitar frecuentar determinados lugares o personas, entre otras. Seguidamente, el juez procederá a dictar su fallo, teniendo por establecidos los hechos de violencia intrafamiliar denunciados y atribuyendo la responsabilidad de los mismos al agresor. A su vez, tendrá por impuesto los compromisos adquiridos por el agresor (Artículo 28 LCVI).

Cuando el agresor reincide en hechos de violencia intrafamiliar contra la misma persona, desobedece los compromisos adquiridos o incumple las medidas de protección decretadas, el juez se abstiene de conocer de un nuevo proceso de violencia intrafamiliar y certifica lo conducente a la Fiscalía General de la República, para que promueva el ejercicio de la acción penal por la presunta comisión de los delitos de violencia intrafamiliar (Artículo 200 PN), incumplimiento de los deberes de asistencia económica (Artículo 201 PN), desobediencia de particulares  (Artículo 338 PN), desobediencia en caso de violencia intrafamiliar (Artículo 338-A PN), por ejemplo.

Cuando los hechos denunciados no hubieran sido aceptados por el agresor, se procederá a la fase de ofrecimiento de prueba por parte de éste. Si la víctima aún no hubiere propuesto sus medios de prueba o si amplió o modificó su denuncia en la audiencia preliminar, también podrá hacerlo. Son admisibles todos los medios de prueba reconocidos por la Ley Procesal de Familia y por el Código Procesal Civil y Mercantil, como la prueba documental, testimonial, pericial, de parte, el reconocimiento judicial y los medios de almacenamiento de la imagen, el sonido y la voz (Artículos 128 LPF y 44 LCVI). El desahogo de los medios de prueba propuestos estará a cargo del abogado de la parte que lo propone, y de la jueza o juez o de la procuradora o procurador de familia adscrito al tribunal cuando las partes intervinieran sin ser representadas por abogados, guardando los límites de la imparcialidad judicial.

Agotada la fase de ofrecimiento de prueba se programará la fecha y la hora la celebración de la audiencia pública. La audiencia pública es el equivalente a la audiencia de sentencia del proceso de familia, a la audiencia probatoria del proceso civil o mercantil ordinario y de la vista pública del proceso penal.

iv. En la audiencia pública se producirán todos los medios de prueba propuestos, iniciando por los de la parte denunciante y finalizando con los de la parte denunciada. Agotada la fase de producción de prueba se procederá a la fase de alegatos. Generalmente esta fase tiene lugar cuando la víctima y el agresor han sido asistidos por abogados. Finalmente, el juez dictará su fallo, teniendo por establecidos los hechos de violencia intrafamiliar denunciados o no, según los meritos de la prueba. Si se tienen por establecidos los hechos denunciados, condenará al agresor por hechos de violencia intrafamiliar contra la víctima. Caso contrario lo absolverá en esos mismos términos. Si condena, el juez puede prorrogar la vigencia las medidas de protección decretadas, o decretar unas nuevas. Si absuelve, el juez deberá dejarlas sin efecto. Cuando sea oportuno, dejará constancia de los compromisos adquiridos por el agresor.

Efectos de la sentencia condenatoria.

Cuando el agresor ha sido condenado como responsable por hechos de violencia intrafamiliar y reincide en la comisión de este tipo de hechos contra la misma víctima, ésta o cualquier otra persona podrán hacerlo saber al juez que conoció del proceso, para que certifique lo conveniente a la Fiscalía General de la República (Articulo 34 LCVI), para que ejerza la acción penal por la presunta comisión de los delitos de violencia intrafamiliar, incumplimiento de los deberes de asistencia económica, desobediencia de particulares, desobediencia en caso de violencia intrafamiliar, según corresponda.

Como se comprende, el proceso de violencia intrafamiliar tiene un carácter preventivo-sancionador, pues sirve de antesala al proceso penal por violencia intrafamiliar (Artículo 200 PN). Se trata de un presupuesto procesal, pues para promover el proceso penal por el delito de violencia intrafamiliar es necesario agotar la instancia civil, esta es, la del proceso contra la violencia intrafamiliar.

Cita así:

PALACIOS, CRISTIAN. “Etapa judicial del proceso  contra la violencia intrafamiliar”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 22 de octubre del 2017