FGR procesa a Bukele sin elementos que configuren delito de Expresión de Violencia contra las Mujeres

Del glamour judicial que vivimos, existe una pasarela de figuras políticas con graves acusaciones de enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de dinero, narcotráfico, que no llegan a judicializarse, formando parte del folclor institucional al que nos someten grupos de “poder” del momento; auténticas marionetas que caminan al compás de la injusticia, inseguridad jurídica y del bien particular; una especie de constitución de la corrupción.

Bajo ese vaivén político, el pasado doce de octubre del presente año, la Fiscalía General de la República presentó requerimiento en contra del Alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, por el delito de “Expresiones de Violencia en contra las mujeres”, regulado en el art. 55 Ley Especial Integral para una vida libre de Violencia para las mujeres (LEIV), en perjuicio de Xochitl Marchelli; acción que había sido anunciada en horas de la mañana por el Fiscal General Douglas Meléndez en una entrevista radial; cabe señalar que la FGR actuó de manera exprés al judicializar el caso transcurrido solamente 21 días hábiles desde la interposición de la denuncia por parte de la presunta víctima.

En contra posición a esta agilidad mostrada en este caso, esta Revista en investigación publicada en fecha 22 de abril del 2017, dio a conocer el Caso de Miriam, una madre que solicitaba a la FGR procesar al padre de sus hijos por el delito de Incumplimiento a los Deberes de Asistencia Económica, el cual tardó casi un año en judicializarse, y en donde además la fiscal asignada al caso le preguntó a Miriam si realmente necesitaba los alimentos, revictimizándola, no obstante adeudarle a sus hijos más de veinte mil dólares.

Según lo acontecido el día dieciséis de octubre del corriente año, Nayib Bukele se presentó por orden judicial al juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, a efectos de hacerle saber sobre lo que se le está acusando; la FGR presentó, en resumen, un requerimiento describiendo como hechos que el Alcalde Bukele en una reunión del concejo municipal realizada el día seis de septiembre del presente año, luego que los concejales del partido Fmln y Arena votaran en contra de determinados proyectos impulsados por el Alcalde, cometió delito de expresiones de violencia en contra la síndica Xochitl Marchelli, al enfrentarla y acusarla de promover los votos en su contra respecto a los concejales del partido que representa, expresándole que se fuera a llorar a la municipal, diciéndole bruja, traidora y lanzándole una manzana.

La Fiscal asignada al caso, manifestó a los medios de información que han ofertado dieciocho testigos de empleados y concejales de la Alcaldía de San Salvador, para probar que Nayib Bukele cometió delito de Expresiones de Violencia contra las Mujeres, bajo las conductas reguladas en los literales c), d) y e) de LEIV, además solicitaron prórroga de las medidas de protección otorgadas en sede administrativa.

Sobre esto la abogada de Bukele, la licenciada Bertha de León, se refirió sobre el caso como show con tinte político, donde la FGR ha dado prioridad a esta denuncia sobre casos muy graves como violaciones en niñas y adolescentes, además de enfatizar que desvirtuaría las agresiones que se le han atribuido a su representado.

Bajo el análisis hecho al caso Bukele-Marchelli, para esta Revista, no existen elementos mínimos para configurar el tipo penal accionado por la FGR, todo apuntando a que la FGR, es una pieza más del espectáculo político común y ordinario, y lo basamos en los siguientes puntos:

Es pertinente hacer notar que los diferentes ordenamientos jurídicos han sido verdaderas conquistas de la lucha de Mujeres, su historia atestigua un sinfín de obstáculos a los que han sido sometidas, el derecho al sufragio, el derecho a la educación, el derecho a disponer de sus bienes, etc, no se puede olvidar que antes de la entrada en vigencia del Código de Familia (1994), el hombre tenía el derecho a obligar a su esposa a vivir con él y de seguirle a la residencia que el hombre quisiera, y que el esposo tenía el derecho de no alimentar a su mujer si no le obedecía (art. 183 C.C. derogado); la regulación especial de los derechos de la mujer es para esta Revista un pilar fundamental junto a la protección integral de la Niñez y Adolescencia y el combate a la corrupción.

Tanto la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar (vigente desde 1996), como la LEIV (vigente desde 2012) exigen para la procedencia de los supuestos jurídicos regulados, la existencia de una asimetría reflejada en una “relación poder” (arts. 1 lit “d” LCVI; 7 LEIV).

Ambas leyes son respuesta a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, ratificada por El Salvador en 1995, que es el documento internacional donde se mostraba una preocupación por todos los estados suscriptores sobre la violencia contra la mujer como una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

Dicho esto, y en lo pertinente al caso, el artículo 7 de LEIV expresa que para la aplicación e interpretación de dicha ley, el legislador estableció una presunción sobre los tipos y modalidades de violencia que contempla la normativa, teniendo como origen la relación desigual de poder o de confianza, de la cual la Mujer se encuentra en posición de desventaja respecto a los hombres.

Así también la LEIV define como “persona agresora” a quien ejerce cualquiera de los tipos de violencia contra las mujeres, en una relación desigual de poder y en cualquiera de sus modalidades (comunitaria, institucional y laboral); queriendo destacar nuevamente la palabra “poder”.

También la LEIV define el significado de “Violencia contra las Mujeres” como cualquier acción basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como privado.

Desarrollado lo anterior, conociendo los elementos de procedencia de la LEIV, y las definiciones sobre el tipo penal alegado por la FGR, es pertinente analizar el artículo 55 literal “c”.

Análisis del artículo 55 literal “c” LEIV.

Este literal tiene origen en el artículo 6 literal a de la Convención Belem do para, al expresar:

El derecho de toda Mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:

a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación

Lo anterior es fundamental pues la LEIV es una respuesta para garantizar y cumplir con lo estipulado en la Convención, así el literal “c” de LEIV expresa:

“Burlarse, desacreditar, degradar o aislar a las mujeres dentro de sus ámbitos e trabajo, educativo, comunitario, espacios de participación política o ciudadana, institucional u otro análogo como forma de expresión de discriminación de acuerdo a la presente ley”

Este tipo penal describe un comportamiento atentatorio contra los valores que son el espíritu de la ley, consignados por el legislador en el preámbulo número V de LEIV, y para su configuración se requiere conocer el concepto de discriminación; el diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio lo define como “dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos u otros.”

Discriminar es una acción que va contra la igualdad, pues así como la igualdad es inseparable de la dignidad humana, así la inferioridad trae consigo acciones de discriminación, pues no es admisible en tema de Derechos Humanos, la creación de diferencias de tratamiento entre seres humanos.

Por ello la discriminación a que hace referencia el literal en análisis, genera desigualdad en una relación hombre y mujer, esto se manifiesta a través de acciones de inferioridad o subordinación, requiriendo para  este tipo penal la sistematización para advertir que efectivamente en la relación se discrimina, es decir una actitud frecuente de parte del agresor en contra de la víctima, como por ejemplo que un hombre le diga a una mujer en el ámbito profesional que no sirve para hacer su trabajo, descalificando en diferentes ocasiones el esfuerzo laboral de la mujer, solo por el hecho de ser mujer.

Sobre esto en ningún momento se ha manifestado por la parte denunciante sobre la base de las declaraciones en los medios de comunicación, que el Alcalde Bukele haya presentado conductas reiteradas, constantes, o seriales en contra de la síndica Marchelli, pues se habla de un evento en donde sin lugar a duda existió un exabrupto por parte del Alcalde a raíz de la discusión subida de tono que se desencadenó, sin embargo no todo acto en contra de la mujer es constitutivo de delito penal, en base al principio de Mínima Intervención en el Derecho Penal, que refiere no a la sanción penal (prisión o días multas) sino a que los ciudadanos puedan resolver sus conflictos sin necesidad de que estos sean judicializados.

Que en base a lo manifestado por diferentes testigos en los medios de comunicación, sí existió por parte de Bukele una exacerbación de los ánimos que lo llevó a perder control de sus emociones y manifestarse con enfado, sin embargo se ha descrito como un hecho aislado que no necesariamente implica una burla, desacreditación, degradación hacia la síndica por el hecho de ser Mujer, que es lo que requiere como conducta típica la ley.

Análisis del artículo 55 literal “d” LEIV.

Este literal tiene su génesis en el artículo 4 literal “j” de la Convención Belem do para, al expresar:

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Estos derechos comprenden, entre otros:

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

La LEIV como respuesta a este artículo para garantizar su contenido y cumplimiento, establece en el literal d) que es Expresión de Violencia en contra de las Mujeres:

“Impedir, limitar u obstaculizar la participación de las mujeres en cualquier proceso de formación académica, participación política, inserción laboral o atención en salud.”

De igual manera este tipo penal describe un comportamiento atentatorio contra los valores que son el espíritu de la ley, consignados por el legislador en el preámbulo número V de LEIV, sin embargo es incompresible cómo la FGR acusa por los hechos antes determinados al Alcalde Nayib Bukele, ya que la participación de la síndica Marchelli en la política fue considerada y avalada por el Alcalde, además como caso especial se ha manifestado en los medios de comunicación que la señora Marchelli posee otro empleo como asistente en la Asamblea Legislativa, lo que ella misma ha ratificado, es decir saliendo del promedio normal donde ya es difícil que una mujer encuentre un empleo, mucho menos en el área de la política, por tanto su derecho no ha sido vulnerado, es decir el Alcalde Bukele no le ha impedido, ni limitado, ni obstruido la participación académica, política, laboral o de salud, con los hechos descritos en el requerimiento.

Análisis del artículo 55 literal “e” LEIV.

Este literal tiene su génesis en el artículo 4 literal b y 7 literal d de la Convención Belem do para, al expresar

Artículo 4:

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Estos derechos comprenden, entre otros:

b. El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;

y Artículo 7:

Los Estados Partes condenan a todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

La LEIV como respuesta a este artículo para garantizar el contenido y su cumplimiento, establece el literal e) del artículo 55, castigando represivamente la transgresión a este derecho:

“Exponer a las mujeres a un riesgo inminente para su integridad física o emocional”

Nuevamente no se comprende cómo en base a los hechos denunciados, se puede considerar que el Alcalde Bukele ha irrespetado el derecho a la integridad física o emocional de la presunta víctima, únicamente se podría tener alguna aproximación un poco forzada por el lanzamiento de la manzana, sin embargo de probarse este hecho, es decir el dolo de Bukele de lanzarle a Marchelli la fruta, no podemos determinar este hecho como un riesgo inminente para su integridad física o emocional, pues trae consigo un peligro real de un perjuicio o daño, en donde el legislador lo reguló hacia conductas enmarcadas en los roles tradicionales, y dentro de una estructura machista, que no alcance a convertirse en una lesión para la integridad de Marchelli.

FGR utiliza diferente criterio para procesar a Nayib Bukele.

Como establecimos al inicio, este caso se debe a un show político, teniendo mayor trascendencia de la que debería por las figuras implicadas en ellos y su incidencia mediática, violentando el principio constitucional de Igualdad, pues existen dos condenas por el delito de Expresiones de violencia en contra de las Mujeres, contemplado en el artículo 55 literal “c” LEIV, sobre los señores Omar Antonio Lazo Vásquez, ex alcalde del Municipio de Sociedad, departamento de Morazán, y el señor Ricardo Osmín Canales, ex gobernador de San Miguel, en donde la FGR utilizó el argumento de la continuidad o reiteración de las acciones de los agresores en contra de las víctimas; así tenemos que el señor Lazo Vásquez le decía a la víctima durante el año 2013 de forma reiterada que “no servía para nada”, “que era una tonta”, “que era una inútil”; mientras que el señor  Ricardo Osmín Canales, en un período de un año y medio, acusaba a la víctima de ser “mañosa, puerca” y la trataba con palabras soeces, cuando realizada sus labores de limpieza de la institución.

Ambos casos reflejan un elemento común, que es la sistematización de la conducta típica, probándose así la relación asimétrica, en donde los condenados insultaban a sus víctimas por el hecho de ser mujeres, enmarcándose sus acciones en la cultura tradicional y machista, que nada se asemeja a una discusión aislada.

Para finalizar sería interesante analizar si la misma Marchelli está siendo forzada u orillada a prestarse a ser la cara visible de un problema interno entre el Alcalde Bukele y la cúpula del partido Fmln, pues este hecho ha causado una vorágine de acontecimientos que han llevado a la expulsión del Alcalde del partido, sin embargo han existido otros hechos de miembros del partido que no han sido condenados, como por ejemplo el aviso de congresistas de Estados Unidos de América por el posible vínculo de José Luis Merino con el narcotráfico.

Es urgente que en uno de los países con mayor índice de feminicidio la FGR muestre la misma agilidad, pues estamos en una sociedad altamente machista, de los cuales existen sobrados ejemplos, y casos como el de Bukele-Marchelli únicamente sirven para alejarnos de los fines que la normativa a favor de los Derechos de la Mujer persigue, pues prestarse a ese juego únicamente aumenta la polarización política y debilita la institucionalidad del país.