FGR, PNC y medios de comunicación irrespetan protección integral. Caso adolescente desaparecida. Foto de FGR

La Fiscalía General de la República, junto a la colaboración de la Policía Nacional Civil, y sus aliados necesarios, los medios de comunicación, sí que han aprendido a hacer la tarea en materia de  marketing punitivo; cuando se esmeran son capaces de generar un populismo tal, y transformar la vida conflictiva de una adolescente, en espectáculo para la opinión pública, claramente sin tomar en cuenta las garantías y principios que rigen el sistema de Derecho, en favor de la Niñez y la Adolescencia.

El pasado 1 de octubre del presente año, se viralizó en redes sociales, la angustia de una familia por el desaparecimiento de su hija adolescente, en la Playa San Diego,  La Libertad; una historia de una familia desesperada por encontrar el paradero de su hija en uno de los países más violentos del mundo, con los más altos índices de feminicidio y muertes violentas diarias de adolescentes, por el actuar de la criminalidad; el panorama para nada alentador.

En El Salvador, la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, marcó un antes y un después en favor de sus derechos, no por el peso que representa una ley nueva, sino por el cambio de paradigma que significaba su aplicación en particular, una nueva forma de hacer cultura, siendo el mayor reto aceptar a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos.

Sin embargo todo el Sistema de poco sirve frente a Instituciones que no han logrado entender la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, ejemplo claro de esto ha sido la forma en que se ha tratado, y seguramente se seguirá tratando, el caso de la adolescente reportada como desaparecida en la playa San Diego.

El 5 de octubre del presente año, ya el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, adelantaba la línea que llevaría el caso, línea que encajaba muy bien con la sociedad machista doble moralista en la que vivimos, al declarar que no había indicios que apuntaran a una privación de libertad.

Desde ese momento Cotto dio luz verde para que los medios de comunicación comenzaran a hacer lo que saben hacer muy bien, especular. Al no tratarse de una privación de libertad, al no haber señales de un secuestro, o de un asesinato, los medios de información comenzaron a construir la historia de la “típica” mujer que necesita escapar de su casa para estar en los brazos de su macho alfa, una mujer que no importando consejo quería ser “de” alguien, todo esto para crear en la población el morbo suficiente que les permitiera aumentar sus ventas, así medios y más medios se peleaban por hacer la nota más sensacionalista.

El Fiscal General Douglas Meléndez, en la mañana del día 12 de octubre del 2017, en una entrevista radial, sobre el caso de la adolescente desaparecida, se salió de sus facultades constitucionales, para revestirse de consejero familiar, y dar otro adelanto del caso al expresar: “Quiero hacer un respetuoso llamado a los padres para que sepan en qué andan sus hijos. Muchos no saben qué hacen o con quién andan”. Douglas Meléndez al querer copiar la clase de escuela para padres, no advirtió que nuevamente ponía a la adolescente en un lugar inadecuado, el de ser una “mala hija” que anda con inmoralidades a espaldas de los padres, todo esto frente al auditórium de la sociedad.

Más tarde, en horas del mediodía, la FGR en sus cuentas oficiales informó que la Policía había dado con el paradero de la adolescente, quien se encontraba junto a un joven de 27 años de edad, en una casa localizada en Quezaltepeque, La Libertad, deteniéndolo a él por Privación de Libertad en contra de la adolescente.

Dos horas y medias más tarde, la Jefe de Oficina Fiscal de Zaragoza, Nuria Campos, al fiel estilo de su jefe, llamó la atención de los padres de la adolescente, tachándolos de mentirosos por no haber dado toda la información, valoraciones que se hacen desde la subjetividad, no importando el pesar que les acompañó por más de once días.

El artículo cincuenta y tres de la LEPINA establece que TODAS las autoridades y personas que intervengan en la investigación y decisión de asuntos judiciales o administrativos relativos a niñas, niños y adolescentes, están en la obligación de guardar SECRETO SOBRE LOS ASUNTOS QUE CONOZCAN, y estos asuntos se debe considerar CONFIDENCIALES, RESERVADOS Y NO PODRÁN DIVULGARSE EN NINGÚN CASO. ¿Por qué la FGR, PNC, y medios de comunicación incumplieron la garantía de reserva en favor de la Niñez y Adolescencia?, ¿Por qué otros casos que sí son del interés público, como caso Tregua o caso Rais-Martínez, la FGR se escudó en la reserva total?

Por otro lado, ¿cómo entender que la FGR acuse al joven con quien se fue la adolescente el 1 de octubre del presente año, del delito de Privación de Libertad?. El artículo 148 del Código Penal tipifica la Privación de Libertad, sobre este delito debe analizarse la existencia de elementos objetivos externos, es decir una conducta que hace que el sujeto activo del delito realice forzosamente un acto de voluntad de “hacer”, por ello en la imputación debe existir una relación entre la conducta del sujeto activo de delito y el resultado atribuible de esa conducta, tutelando así el bien jurídico de la libertad del individuo.

La FGR según nota publicada en su cuenta oficial titulada “FGR ordenó la captura de sujeto de 27 años y rescata a la víctima que desapareció en playa San Diego” hace ver que se configura el delito de Privación de Libertad porque la adolescente al ser menor de edad no era capaz de dar su consentimiento, algo totalmente incorrecto.

Para entender de mejor manera, vale decir que desde 1994, fecha en que entró en vigencia el Código de Familia, a las personas menores de edad se les reconocía su voluntad, ya que podían otorgar poder en Escritura Pública, para el caso específico de Capitulaciones Matrimoniales (arts. 86 y 89 C.Fam.), la ley lo permitía.

Con la entrada en vigencia de la LEPINA, el artículo 218 que habla sobre la Capacidad Jurídica Procesal, permitió que los mayores de catorce años pudieran otorgar poder para actuar en un proceso judicial o administrativo; si ya la ley permitía que un adolescente mayor de catorce años pueda otorgar poder e intervenir en un proceso judicial ¿Por qué una adolescente de quince años no puede tener capacidad de decidir dónde estar voluntariamente?

La respuesta a esto la encontramos en el artículo 10 de LEPINA, al mencionar que los derechos y garantías reconocidos a las niñas, niños y adolescentes serán ejercidos por éstos de manera progresiva tomando en consideración el desarrollo evolutivo de sus facultades, la dirección y orientación apropiada de sus padres o de quien ejerza la representación legal, y de las disposiciones establecidas en la presente Ley.

Con esto no pretendemos justificar la actuación de la adolescente, como se dijo al comienzo son hechos que enfrenta una persona con conflictos, que deben ser resueltos y afrontados por la adolescente junto con sus padres, quienes tienen la principal responsabilidad en su formación integral. Más bien, es de hacer notar que la acusación de la FGR en contra del joven de 27 años por privación de libertad carece de fundamento jurídico, no siendo ese delito el que se ha configurado, pues el joven indudablemente debe de ser investigado por la comisión de delitos contra la indemnidad sexual de la adolescente, si es que hubiere lugar y no contra su libertad.

Finalmente, los medios de comunicación se prestan al juego, de hacer de la información una mercancía. Esta Revista actualmente desarrolla diferentes temas en un diplomado de “Periodismo Judicial” en la Universidad de El Salvador; junto con los participantes se ha analizado el incumplimiento de los medios de comunicación a la ética periodística y cómo priorizan la información como un objeto mercantil. El periodismo judicial, en síntesis debe realizarse bajo el estricto respeto de los derechos humanos de las personas, una idea base para desarrollar notas o investigaciones periodísticas conforme a la ley; en el caso de la adolescente los medios no solo han irrespetado sus derechos humanos, revictimizándola, sino más allá, han dejado una marca difícil de borrar en esta sociedad, dañando su honor, su imagen, su vida privada.

El artículo 46 de LEPINA prohíbe exponer o divulgar datos, imágenes o informaciones que lesionen el honor o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad personal y familiar. Muchos medios incluso han seguido divulgando el nombre y la imagen de la adolescente, que si bien en un primer momento era importante su divulgación por pensarse que estaba desaparecida, al conocer que esto no había sido así, debieron de borrar las imágenes, dejando a las autoridades que se pronunciaran sobre lo ocurrido, siendo ellos quienes en estricto sentido tenían que dar únicamente la información necesaria para hacer saber a la población que la adolescente había sido encontrada con vida, en armonía con la Protección Integral, y no haber hecho de este conflicto familiar un espectáculo para la opinión pública.