Etapa administrativa del proceso contra la violencia intrafamiliar

Procedimiento. 

Cuando una persona ha sido víctima de actos de violencia intrafamiliar y desea reprochar la consumación y reproducción de los mismos, puede promover el proceso contra la violencia intrafamiliar (Artículos 3 y 20 Ley Contra la Violencia Intrafamiliar LCVI). Este proceso tiene la estructura y las características siguientes:

  1. Promoción.

El proceso contra la violencia intrafamiliar procede a instancia de parte. La parte denunciante no necesariamente debe ser la víctima, pues el Artículo 13 LCVI permite que cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de violencia intrafamiliar pueda denunciarlo ante las autoridades competentes. Sin embargo, la prosecución del proceso en sí mismo está a cargo de la víctima, pues la configuración y acreditación procesal del acto denunciado requiere de la participación de ésta.

El proceso contra la violencia intrafamiliar principia por medio de denuncia. No es una solicitud ni una demanda la que activa el desarrollo de este proceso, pues el carácter preventivo y represivo que lo inspira y las notas procesales que lo distinguen le atribuyen una cualidad propia en su género.

La cualidad medianamente inquisitiva atribuida al juez y la indisponibilidad del proceso para víctima o el agresor, así como el interés social y legal que está en juego, impiden hablar de simples peticiones privadas cuyo requerimiento deba formalizarse por medio de solicitudes o demandas. La denuncia representa el interés de reprochar un acto socialmente indeseado.

Las denuncias pueden presentarse de forma escrita o verbal. La denuncia escrita debe reunir las características mínimas de una demanda, en el sentido que debe identificar a las partes de la relación familiar violenta; los hechos que definen su contenido, así como la descripción temporal, espacial y modal de su acontecimiento; la solicitud de medidas de protección o la solicitud de medidas cautelares –cuando así lo requiera la víctima–; la enunciación de los medios de prueba que se harán valer; y la información básica para notificar y citar al agresor. La denuncia verbal también debe aportar esos mismos datos y se hace constar en acta suscrita por la parte denunciante y por la autoridad competente, como el juez y su secretario.

Cuando existen hijos en común entre la pareja y estos se encuentren sujetos a autoridad parental, también deben aportarse los documentos que lo acreditan. Esto se hace en función de la protección especial que requieren los niños y los adolescentes, pues ante toda situación atentatoria a su desarrollo y bienestar integral, el juez debe adoptar las medidas de protección pertinentes. La denuncia escrita o verbal puede realizarse por la propia víctima o por medio de su abogada o abogado debidamente facultado. Cuando la denuncia es verbal y se hace por medio de un profesional en derecho autorizado, el poder en el cual se le otorga dicha facultad debe indicar mínimamente el contenido de la relación dañosa a denunciar.

A pesar que el proceso contra la violencia intrafamiliar procede a instancia de parte, también los funcionarios y profesionales relacionados con la salud, educación y asistencia social que tengan conocimiento de la consumación de hechos de violencia intrafamiliar, deben denunciarlos de oficio a las autoridades competentes, siempre que tengan conocimiento de los mismos por la prestación de sus servicios. Por ejemplo, el médico que atiende al paciente por lesiones derivadas de prácticas sexuales indeseadas con su pareja o el psicólogo que advierte el grado de afectación psicológica producido a la víctima. Esta forma de denuncia constituye un aviso, por ser un tercero el informante.

Cuando la víctima es una persona que no ha alcanzado su mayoría de edad o fuere una persona discapacitada o incapaz, los hechos pueden denunciarse por cualquier autoridad o persona que tuviera conocimiento de los mismo (Artículo 15 LCVI). En todo caso, pueden ser denunciados por sus representantes legales, ya sea por uno o ambos padres, o por el tutor, según corresponda. La denuncia también puede presentarse por la misma víctima, aunque posteriormente deberá integrar su capacidad procesal para actuar legítimamente en el juicio. Además, puede formalizarse por un representante de la institución asistencial, social o educativa que tenga conocimiento de los hechos.

  1. Autoridad competente.

El aviso o denuncia de violencia intrafamiliar puede realizarse ante la Policía Nacional Civil (PNC), ante la Procuraduría General de la República o ante los Tribunales competentes (Artículo 13 LCVI). Si la denuncia o aviso se hace ante la Policía Nacional Civil, esta deberá realizar las gestiones necesarias para salvaguardar la integridad personal de la víctima y la de sus familiares, y practicar las diligencias requeridas para documentar su participación oficial en el caso.

La participación de la PNC no es la de recopilar las evidencias encontradas, pero sí la de detener al agresor si los hechos puedan ser constitutivos de delitos y adoptar sumaria y provisionalmente las medidas de protección especial: orden de alejamiento del agresor por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. La desobediencia de dicha orden acarrea responsabilidad penal (Artículo 10 LCVI). Al finalizar sus diligencias, la PNC deberá rendir informe policial de inmediato a los Tribunales competentes, al cual adjuntará las diligencias practicadas.

Por otra parte, si el aviso o denuncia se interpone ante la Procuraduría General de la República, de acuerdo al Artículo 16 LCIV, esta institución citará a las personas en conflicto y procurará la conciliación de las mismas, si lo solicita la víctima o si fuera posible. Sin embargo, la conciliación en materia de violencia intrafamiliar no está permitida, por lo cual lo dispuesto en el citado Artículo, en cuanto a la conciliación en sede administrativa, no debe tenerse por vinculante. La conciliación administrativa en materia de violencia intrafamiliar no guarda correspondencia con los fines de la LCVI.

Si las autoridades judiciales no están facultadas para homologar la conciliación en materia de violencia intrafamiliar (Artículo 27 Inciso 3 LCVI), mucho menos lo estarán las autoridades administrativas. No hay nada que conciliar cuando de jerarquías de poder se refiere, pues concilian quienes tienen activos o intereses valuables que intercambiar, no quienes en su posición de desventaja son destinados a aceptar el simple perdón de las conductas dañosas.

Por tanto, la función de la Procuraduría General de la Republica es la de asesorar a la víctima, brindar las medidas de protección requeridas, organizar el conjunto de pruebas y promover el proceso contra la violencia intrafamiliar en representación de aquella.

Cita así:

PALACIOS, CRISTIAN. “Etapa administrativa del proceso contra la violencia intrafamiliar”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 11 de octubre del 2017