La violencia del gobierno Español potencializa la independencia de Cataluña

Soez y mezquino fue el accionar de agentes policiales el domingo uno de octubre de este año en Cataluña, al desbordar el poder coercitivo del Estado de manera excesiva, desproporcionada y brutal en contra de personas que salieron de sus casas con el afán de votar por un referéndum, que previamente había sido calificado como ilegal por el sistema judicial Español.

La orden del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y sus declaraciones posteriores a la violencia salvaje contra la comunidad autónoma española, que evidenció todo el mundo, mostraron una absoluta incapacidad para ejercer un control social y a la vez desmoronaron la posibilidad de una salida pacífica en base al diálogo, el respeto de la legalidad y a los Derechos Humanos.

El uso del poder coercitivo, si bien es una facultad de todo Estado para intervenir punitivamente en la esfera jurídica de las personas, no constituye un poder ilimitado, el cual debe fijarse a través de principios rectores siendo uno de ellos la garantía de prohibición de excesos, sobre todo frente a un colectivo que no ha provocado o amenazado con sus acciones la convivencia pacífica de los españoles, sino más bien los hechos se suscribían al debate entre los límites de la ilicitud y de un procedimiento jurídico democrático.

El Tribunal Constitucional Español consideró el referéndum de Autodeterminación del Parlamento de Cataluña y las normas complementarias para su realización ejecutadas por la Generalitat de Cataluña, como ilegales, suspendiendo el referéndum programado para el primero de Octubre de este año; estas resoluciones fueron tomadas como causas o excusas por parte del gobierno español para autorizar el uso de la fuerza desmedida de los agentes policiales, quienes dejaron un saldo de más de ochocientas personas lesionadas, entre ellas ancianas, ancianos, adolescentes, mujeres y hombres.

¿Cuál fue el criterio cualitativo por parte de Rajoy para determinar o justificar tal respuesta punitiva feroz?, ¿Se pueden considerar como delincuentes a las personas que decidieron salir a votar en un referéndum que ya había sido calificado como ilegal?; para el Presidente del Tribunal Constitucional Federal Alemán, Profesor y Doctor Winfried Hassemer, en el artículo “Límites del Estado de Derecho para el combate contra la Criminalidad organizada” (Revista Justicia de Paz No. 11, Enero-Abril 2002, CSJ-AECI, Ciudad Merliot, La Libertad, 2002, pp. 1-10),  el uso de la fuerza por parte del Estado de manera cualitativa es justificable únicamente cuando la criminalidad contra quien se aplique la fuerza, haya perforado las instituciones que han sido encargadas para su combate, generando una parálisis del aparato estatal, ya sea de los entes persecutores, juzgadores y de control.

En el mismo sentido, para  el Profesor y Doctor Alfredo Chirino, en su artículo “La ‘Criminalidad organizada’ como un nuevo topos de la Política de Seguridad y Orden” (Revista Justicia de Paz, antes citada, pp. 11-44) es a la criminalidad organizada a la que se debe responder cualitativamente con la forma más violenta del derecho penal, por ello la importancia de no calificar cualquier tipo de delincuencia común como organizada, pues se corre el riesgo de vaciar los últimos resquicios de libertad que le quedan al ciudadano.

Las anteriores citas sirven para dimensionar el comportamiento irracional e ilegal por parte de los agentes policiales contra personas que de manera pacífica salieron de sus casas para votar por un referéndum, que al no tener la legalidad por parte de los Tribunales, solo produciría un acto democrático con vicios para su aprobación y efectos jurídicos, sin embargo la violencia ejercida por parte del Estado español habilita la vía para ser procesado ante los sistemas de justicia internacionales.

Las acciones de violencia desbordada, ordenadas por el presidente del gobierno español Mariano Rajoy, producen un efecto jurídico diferente, al habilitar la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU, por existir por parte del Estado una amenaza a la paz

¿Qué consecuencias traerá el actuar violento del primero de octubre, en el conflicto entre España y Cataluña? Pues antes de responder, es necesario identificar qué tipo de conflicto jurídico existe entre ellos.

Se trata de una colisión de derechos, por parte del Estado Español en la defensa del principio de Integridad Territorial versus el derecho de Autodeterminación por parte de Cataluña.

Para el Derecho Internacional, los conflictos de esta naturaleza de manera general se resuelven a favor del principio de Integridad Territorial, al considerar el principio de la democracia como un método de gobierno más que como una forma de independencia para grupos étnicos específicos, así se garantiza un orden mundial determinado y controlado. Esto es simple y lógico, pues para la seguridad mundial es necesario identificar que cada país goce de soberanía (aunque ésta no sea absoluta en la práctica), sólo con el fin de ser un punto de partida seguro en el cimiento del sistema internacional; así la independencia de los Estados (la Integridad Territorial) toma el valor de requisito para ser considerado miembro de la comunidad internacional.

Es por ello que la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la Integridad Territorial, al consignar en su artículo 2. 4 que los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la Integridad Territorial o la independencia política de cualquier Estado, pues buscan garantizar el orden mundial.

Dicho documento en el artículo 2.7 establece que ninguna disposición autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, para citar ejemplo el conflicto entre Cataluña y el estado Español.

Sin embargo, pese a que lo anterior generaba un plano desfavorable para concretizar el deseo independentista de Cataluña, frente al sistema jurídico local e internacional, y respondiendo la pregunta hecha, las acciones de violencia desbordada, ordenadas por el presidente del gobierno español Mariano Rajoy, producen un efecto jurídico diferente, al habilitar la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU, por existir por parte del Estado una amenaza a la paz, al quebrantar la misma con el uso excesivo y desproporcionado de la coercibilidad estatal.

Así lo regula el artículo 39 de la Carta de la ONU, al estipular que el Consejo de Seguridad en cumplimiento a su finalidad (art. 24.1) determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional.

Esto en base a la práctica internacional, genera un efecto político que se extiende fuera de los límites del estado español, y empuja a favor de la Autodeterminación externa, es decir el posicionamiento por parte de los Estados para reconocer como independiente al pueblo afectado por la violencia, actuando muchas veces por presión social de sus respectivos ciudadanos, pues no olvidemos que el sistema internacional prioriza el orden mundial, que en el caso de España se ha visto vulnerado por el actuar de un Estado en contra de una población determinada, violentando sus derechos humanos y fortaleciendo el derecho a la Autodeterminación.

Lo anterior se ratifica con el comunicado realizado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, al urgir a las autoridades españolas a garantizar una investigación amplia, independiente e imparcial de todos los actos violentos cometidos el uno de octubre en razón de referéndum en Cataluña, en donde además expresó su convicción de que la situación debe resolverse mediante un diálogo político que respete las libertades democráticas, he hizo un llamado al gobierno de España de aceptar sin dilación las solicitudes de los expertos en derechos humanos de la ONU para revisar la situación.

Llama la atención que muchos medios de comunicación denominan como enfrentamiento lo sucedido el día del referéndum Catalán, justificando el actuar de los agentes policiales, incumpliendo con el derecho de informar a las personas, priorizando pactos económicos que hacen de la comunicación una servidumbre del poder económico.

La violencia venga de donde venga debe ser condenable, no hay por qué exonerar de esa responsabilidad al gobierno Español, que atentó y vulneró los derechos humanos, por ser quien debería de garantizarlos, más allá de eso su decisión impulsiva ha potencializado el deseo de independencia de Cataluña, frente a un mundo expectante por su concretización, un deseo que hoy por hoy se fortalece y se encauza hacia una independencia anhelada históricamente.