¿Que son las prevenciones y cuándo se está impidiendo el acceso a la protección jurisdiccional?

Cuando interponemos una demanda debemos considerar una serie de requisitos propios de cada proceso. En el proceso común debemos cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 276 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM); y en los procesos especiales los exigidos en el Artículo 418 CPCM, a los cuales deben agregarse las regulaciones propias de cada proceso –ejecutivo, inquilinato, posesorio, medidas cautelares, entre otros–.

Interpuesta la demanda o solicitud, debemos esperar la respuesta –dentro de un plazo prudencial–, del incidente de admisibilidad del juzgador, cuyo resultado solamente puede ser: (i) admisión: si la pretensión cumple con todos los requisitos de ley; (ii) declaratoria de improponibilidad: si presenta errores de fondo, que vuelven imposible su tramitación (objeto ilícito, absurdo, error en la vía procesal, entre otras.); y (iii) realización de prevenciones, cuando la demanda incoada presenta defectos de forma que pueden ser corregidos. 

La facultad de prevenir nace de las atribuciones que confieren los Artículos 14 y 278 CPCM; sin embargo, los jueces también están limitados a cumplir el referido mandato, puesto que para que una prevención cumpla su razón de ser es necesario que el defecto vuelva oscura a la demanda o la haga incumplir las formalidades establecidas en el Artículo 276 CPCM. En este caso el juez otorgará un plazo prudencial –máximo cinco días en los procesos comunes y tres en los especiales– para que cualquier defecto de forma sea subsanado por el interesado. 

¿Qué es una prevención justificada? Si partimos de lo establecido en el Artículo 278 CPCM, una prevención sólo será justificada cuando se hayan omitido datos básicos relacionados con la capacidad de comparecencia de las partes –actor, demandado y/o terceros–; o presente defectos relacionados a la forma en que ha sido planteada, siempre y cuando estos impidan la correcta compresión de su contenido o la vuelvan ininteligible. También la prevención se justifica cuando no se han presentado los documentos que demuestran el derecho que se pretende ejercer –escritura que de propiedad, contrato de arrendamiento, título con fuerza ejecutiva, entre otros–, de acuerdo a las características propias del tipo de proceso incoado. 

Las prevenciones que no tienen un respaldo jurídico deben considerarse que infringen el Artículo 18 CPCM, pues su finalidad únicamente es evitar conocer de la pretensión. En efecto, las interpretaciones restrictivas y ritualistas que limitan la eficacia del derecho de los justiciables no son aceptadas por el Código Procesal Civil y Mercantil. Además, si la resolución de un juez carece de argumentos jurídicos, normas legales aplicables o de motivación, es imposible saber (i) si la prevención es válida o es una arbitrariedad del juez que se rehúsa a conocer de la pretensión incoada; y, (ii) si es posible evacuar la misma en la forma correcta. 

El principio de ordenación y dirección del proceso otorga a los jueces la facultad de realizar prevenciones; pero estas deben realizarse de acuerdo a las disposiciones de la Constitución (CN) y de las leyes (Artículos 172 Inciso 3 CN y 2, 3 y 14 del CPCM); es decir, las prevenciones deben dirigirse a corregir errores de forma que impidan el correcto entendimiento de lo propuesto, por lo cual deben sustentarse en argumentos jurídicos y normas legales existentes. 

Todas aquellas resoluciones-prevenciones que no cumplan los presupuestos citados pueden considerarse innecesarias. A continuación se citan algunos ejemplos para ilustrar lo manifestado:

  1. En un proceso se reclamaba el pago de determinadas cantidades de dinero y el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, entre otras prevenciones, estableció:

 “…especifique el país al que corresponde la moneda denominada dólar que señala en la demanda…”.

La referida prevención, esto es, la omisión de poner el país a que pertenece la moneda denominada dólar, carece de cualquier tipo de sentido jurídico, pues en nuestro país, de acuerdo a la Ley de Integración Monetaria la única moneda además del colón que tiene libre circulación es el dólar de los Estados Unidos de América. Por ello, cuando las partes expresan dólares debe entenderse que se refieren a dicha moneda. Dicha afirmación tiene respaldo en jurisprudencia sostenida por la honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en las sentencias pronunciadas a las once horas y cuarenta y cinco minutos del 8/12/2010 y a las diez horas del 12/3/2014, en los procesos marcados bajo las referencia 117-CAM-10 y 39-CAM-2011, que respectivamente establecen:

«…Cómo se dejó expuesto anteriormente, la moneda de circulación nacional es el colón y el dólar, refiriéndonos a la moneda de los Estados Unidos de América, no a otra moneda; de ahí que al hablar en nuestro medio de la moneda “dólar”, debe entenderse con base en la Ley de Integración Monetaria, que nos referimos a dicha moneda estadounidense…»; y

«…efectivamente el símbolo del dólar de los Estados Unidos de América es utilizado por una variedad de países para referirse a su moneda, pero si se utiliza en El Salvador dado que esta es moneda de curso legal en el país, se presume que a éste se refiera en cualquier contratación de carácter monetaria, es obligación del demandado, que oponga como excepción probar que la palabra dólar o su símbolo que aparece en un documento por el firmado sea referente de una moneda distinta a la de los Estados Unidos de América, porque la presunción opera en su contra, Art.1434 inc.2°C. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen…».

  1. Una prevención innecesaria que únicamente limita el derecho de acceso a la justicia la encontramos en la resolución pronunciada a las ocho horas con quince minutos del 21/3/2013 por el tribunal antes mencionado, en la que estableció:

“Aclare lo expuesto en la línea 15 del folio 3 frente que dice: …que le notario debe explicar…”

En este caso, si bien existía error al escribir “…que le notario debe explicar…”, la prevención era innecesaria, debido a que es evidente que la frase correcta es “…que el notario debe explicar…”; por lo tanto, el citado error no volvía ininteligible la demanda presentada. 

Podríamos pensar que dichos errores –no mencionar el nombre completo del país a que pertenece la moneda o escribir erróneamente una o varias palabras– es una cuestión imputable a las partes y que, por ese motivo, el juez no debe corregirlos; no obstante ello, en dichos casos las prevenciones carecen de contenido jurídico, pues esas “omisiones u errores” no volvían oscura la demanda, y si bien es evidente el grado de acuciosidad del citado juzgador, este tipo de prevenciones únicamente retrasan el acceso a la protección jurisdiccional de los ciudadanos que tienen derecho a una pronta y cumplida justicia. 

Sobre la forma en que deben actuar los juzgadores la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado respecto en el sentido siguiente:Debe entenderse que un juez está obligado a resolver con base en estrictos criterios jurídicos, sin intromisiones indebidas, es decir, no se puede  dejar llevar por ningún otro interés que no sea la aplicación correcta de la ley y la solución justa del litigio tal” (sentencia del 19/12/2012 del proceso de inconstitucionalidad bajo referencia 6-2009). 

¿Qué hacer si se me previenen innecesariamente? Por mandato de ley es obligación de las partes evacuar las prevenciones realizadas por el juzgador, y esto puede hacerse de la siguiente manera: (i) evacuando la prevención sin objeción alguna; (ii) evacuando la prevención, pero estableciendo en el escrito los motivos por los cuales considera que los requerimientos son innecesarios; (iii) solicitar una aclaración de la resolución a efectos de evacuar la prevención de la mejor manera posible, e (iii) interponer recurso de revocatoria –por infracción  legal–, si la parte considera que la prevención carece de argumentos jurídicos. 

Este tipo de prevenciones sin fundamento jurídico tienen por finalidad que la demanda termine en una declaratoria de inadmisibilidad o improponibilidad; y sólo pueden atacarse de dos maneras: (i) a través del recurso de revocatoria, cuando la demanda de un proceso común es declarada inadmisible; a pesar que difícilmente se logra un resultado efectivo, ya que el recurso es resuelto por el mismo juez que dictó la resolución cuestionada; y (ii) por medio del recurso de apelación, en el caso de una declaratoria de improponibilidad en el proceso común y cualquier tipo de rechazo en los procesos especiales. En este caso la posibilidad de obtener un resultado favorable es más amplia, ya que es el tribunal superior en grado quien resuelve el recurso interpuesto. 

Los jueces no deberían (como en la práctica ocurre) inventar requisitos –extra legales– para rechazar las demandas presentadas. Existe abundante jurisprudencia en las cuales las cámaras de segunda instancia han advertido que las demandas fueron rechazadas indebidamente –véase, por ejemplo, las sentencias del 29/9/2015 del incidente 123-C-15, dictada por la Cámara de la Cuarta Sección del Centro; y las del 3/1/2011, 16/4/2013 y 12/9/2013, pronunciadas en los incidentes 25-4°M-10-A, 25-4CM-13-A y 66-4CM-13-A, por la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro–; y que, previa resolución del recurso, se ordenó su tramitación.

Estos son unos de los muchos ejemplos en los que los litigantes hicieron uso de sus derechos obteniendo un resultado positivo. Lo expuesto, bajo ninguna circunstancia significa que todas las prevenciones son innecesarias; no obstante, existen casos en los cuales los jueces en complicidad de los colaboradores, se exceden es sus atribuciones sin causa justificada y es por ello que el legislador habilitó las herramientas que permiten a los litigantes exigir el cumplimiento de los requisitos de ley. 

Bibliografía.

  1. Eduardo J. Couture. (2009). Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires: B de F.
  2. Mauricio Ernesto Velasco, Román Gilberto Zuniga Velis, Aldo Enrique Cáder Camilot, Rommell Ismael Sandoval Rosales, José Luis Arias López, Santiago Augusto Garderes Gasparri, Jorge Ernesto Martínez Ramos, José Lucas Rodríguez Lemus, Rebeca Salomé Velasco Prunera. (2010). El nuevo Proceso Civil y Mercantil Salvadoreño. San Salvador: Universidad Tecnológica.
  3. Manuel Arturo Montecino Giralt, Salvador Enrique Anaya Barraza, Aldo Enrique Cáder Camilot, Sandra Elizabeth Santos García & Guillermo Alexander Parada Gámez. (2010). Colección Legislativa I, Comentarios y Concordancias al Código Procesal Civil y Mercantil. San Salvador, El Salvador: Talleres Gráficos UCA.
  4. Juan Carlos Cabañas García, Oscar Canales Cisco & Santiago Garderes. (2010). Código Procesal Civil y Mercantil Comentado. San Salvador: Talleres Gráficos UCA.

Cita así:

CHÁVEZ, CESAR. “¿Qué son las prevenciones y cuándo se está impidiendo el acceso a la protección jurisdiccional?”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 28 de septiembre de 2017