Penas privativas de libertad.

“Se considera enemigo a quien: “es penado sólo en razón de su condición de ente peligroso a dañino  para la sociedad, sin que sea relevante si la privación de los derechos más elementales a que se lo somete (sobre todo, a su libertad) se practique con cualquier otro nombre diferente del de pena” Eugenio Raúl Zaffaroni.

La pena privativa de libertad, en lo relativo a su ejecución, posee una estrecha vinculación con el principio de legalidad. Lo anterior significa que el cumplimiento de la pena de prisión mediante su régimen no es una facultad que le esté designada arbitrariamente a la administración penitenciaria, sino que está sujeta a ley, con lo cual su forma y modo de cumplimiento se rige por: 1) El principio de reserva de ley[1], 2) El principio de prohibición de retroactividad favorable, 3) El Principio de taxatividad, y 4) La prohibición de la analogía; lo anterior se deriva de la formulación del axioma: “nullapoena sine regimelegale”; que significa: “la sujeción de la ejecución de la pena a la más estricta legalidad”. 

El artículo 103 de la Ley Penitenciaria dispone:“Los internos que sean enviados a los Centros de Seguridad por su alto índice de agresividad o peligrosidad o hayan sido condenados por delitos de narcotráfico, crimen organizado, homicidio agravado, violación, secuestro, extorsión o que fueren reincidentes, estarán sometidos a un régimen de internamiento especial, de conformidad al Art. 45 del Código Penal, que implicará las siguientes limitaciones: 1) El cumplimiento aislado de la pena o de la detención en una celda o pabellón especial; 2) Restricción a su libertad ambulatoria dentro del centro de detención; 3) Prohibición de obtener información televisada y el material escrito que reciban deberá ser supervisado; 4) Comunicaciones telefónicas internas, supervisadas y monitoreadas; 5) Las visitas familiares sólo podrán ser realizadas ante la presencia de custodio con separación que evite el contacto físico; y, 6) En ningún caso será permitida la visita íntima. En cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, el ejercicio físico y salidas a áreas exteriores se harán de manera restringida, separada del resto de reos, evitando en todo momento el contacto físico con el resto de internos”.

Por su parte, el artículo 45 numeral primero del Código Penal dispone: “La pena de prisión, cuya duración será de seis meses a setenta y cinco años. En los casos previstos por la ley el cumplimiento de la pena será en una celda o pabellón especial de aislados, debiendo cumplirse desde su inicio no menos del diez por ciento de la condena.”

Los artículos antes apuntados no guardan armonía con lo dispuesto en los incisos 2° y 3° del artículo 27 de la Constitución de la República de El Salvador, pues este expresa que: “Se prohíbe la prisión por deudas, las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos”.

El Constituyente prohíbe terminantemente la penas crueles e inhumanas, debido a que su finalidad es la prevención de nuevos o futuros hechos delictivos, por esa razón le impregna al Estado la obligación de readaptar y resocializar al interno.

La pena privativa de libertad, dada su esencia de incidir directamente en la libertad y de separar al reo del resto de la comunidad, presenta un carácter aflictivo en relación a la restricción que impone al individuo, ello genera un déficit en la persona que no debe ser agravado por la ejecución de la pena, porque al volverse más aflictivo, afectará el proceso de rehabilitación del sujeto.

Por tal motivo, la pena no debe propiciar un estado de mayor aflictividad en la persona del condenado, pues con ello se estaría, afectando su capacidad de responsabilidad, y ante unas consecuencias extremadamente aflictivas, creará o potenciará antivalores entre los condenados, que inhibirán efectos positivos a las políticas de inclusión.

En tal sentido, la finalidad de la pena privativa de libertad y del régimen de su ejecución debe ser la protección y el fomento de los valores constitucionales, y en virtud de ello, la ejecución de la pena debe responder a la interacción social, con lo cual la ejecución de la sanción debe verificarse dentro de una dimensión social y no excluidas de ella; es decir, la pena debe ejecutarse incluyendo al interno en una perspectiva social y no excluyéndolo.

Por lo tanto, las consecuencias de la pena -su ejecución- deben entenderse no como un sacrificio expiativo de las personas, sino como opciones posibilitadoras de desarrollo de la actividad social, que permitirán al individuo en concreto desarrollar sus aptitudes humanas.

Así la finalidad de la pena privativa de libertad es: potenciar al ser humano, no reducirlo, ni destruirlo o aniquilarlo, la pena es ya aflictiva por la privación de libertad y el régimen de vida que lleva implícito, para exasperarlo a grados intolerables, como es el de aislarlo completamente y no permitirle el contacto físico y sentimental con sus familiares.

Por lo anterior, el condenado debe ser concebido como una persona con limitaciones o perturbaciones mentales, pero no como un enemigo que hay que erradicar, pues como ser humano está revestido de derechos y garantías que la Constitución y otras leyes le conceden.

Simoné

Referencia:

[1]El Principio de Reserva de Ley, significa que sólo al poder legislativo le está confiada la restricción de los derechos fundamentales en relación a la potestad punitiva del legislador, en cuanto se trata de la formalización del hecho punible.