¿Cuándo procede la acumulación de recursos en materia de Familia?

Conceptos.

La palabra “recurso procede del latín recursus, esto es, vuelta o retorno. Significa, entonces, la vuelta o retorno de alguna cosa al lugar de donde salió” (DE ECHEGARAY, E., Tomo V, 1889, p. 89). En materia forense, recurso es el instrumento que permite el retorno del proceso a su curso ordinario, cuando éste se ha desviado de las directrices de la justicia y la legalidad. Asimismo, se ha dicho que los recursos “se producen en un proceso pendiente y persiguen, por medio de un nuevo examen de lo decidido, la modificación o anulación de la resolución que se impugna” (MONTERO A. J.; 2001, p. 399). Los re-cursos luchan contra las resoluciones judiciales que son contrarias a Derecho hasta hacerlas retornar al curso de la legalidad y la justicia.

Ahora bien, el retorno al curso es el retorno a las pautas del debido proceso y, desde luego, a las aspiraciones históricas-axiológicas que configuran el sentido de la justicia. Es importante mencionar que el fundamento de los medios de impugnación en general y los recursos en particular es la falibilidad humana, porque las decisiones judiciales son productos culturales y como productos culturales no están exentos del error y del agravio dirigido. Todo acto humano adolece de la posibilidad del error y todo error se corresponde con la posibilidad de su rectificación. Si la falibilidad es el germen del error judicial, el recurso es la respuesta que confiere su rectificación.

Acumulación de recursos.

De conformidad al artículo 147 de la ley procesal de familia (LPF), contra las resoluciones que dicta el juez de familia proceden los recursos de revocatoria, de apelación y de casación, según cada caso. La LPF no contempla la posibilidad de acumular los recursos, pero el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil si lo hace. Por tanto, teniendo aplicación supletoria la normativa procesal civil y mercantil (artículo 218 LPF), la acumulación de recursos es procedente, según las especificaciones siguientes: 

Ver: Requisitos generales para recurrir.

  • Ser de la misma clase. No se puede acumular, por ejemplo, el recurso de revocatoria al recurso de apelación o el recuso de apelación al recurso de casación, en virtud que el sustento y la finalidad de cada uno de ellos es diferente. Incluso, la autoridad competente para resolverlos no es la misma. 

Es verdad que el artículo 150 inciso 2º LPF permite la interposición del recurso de revocatoria y el recurso de apelación en forma subsidiaria, pero esto no hace referencia a la acumulación de la resolución de los recursos, sino a la acumulación de la interposición de los mismos, como una estrategia impugnativa de los justiciables. Ciertamente, la LPF permite que las partes acumulen la interposición de los recursos de revocatoria y de apelación cuando procede, pero esto no significa que dichos recursos sean resueltos acumuladamente por el mismo juzgador.

  • Encontrarse pendientes de resolución. Los recursos deben haber sido admitidos por el mismo tribunal o por distintos, y no haber sido aún resueltos.

El sistema de recursos que establece la LPF evita la existencia simultánea de recursos ante distintos tribunales, pues el recurso se interpone ante la autoridad que pronunció la resolución adversa, con excepción de la interposición de hecho del recurso de apelación (artículo 163 y siguientes LPF), de modo que el juez se constituye como el receptor de los recursos planteados, evitando con ello la fuga o interposición indiscriminada de los mismos. Por otra parte, la existencia de recursos pendientes ante el mismo proceso si es posible, como cuando la parte demandante y la parte demandada interponen recursos de revocatoria sobre diferentes puntos de una misma resolución o sobre diferentes resoluciones, o cuando las partes simultáneamente interponen sus recursos de alzada contra la sentencia definitiva.

Aunado a lo anterior, la LPF, en ciertos supuestos, impone la acumulación oficiosa del recurso de apelación bajo la idea de la apelación diferida (artículo 155 LPF), evitando con ello no sólo la dilatación indebida del proceso sino también la necesidad de que la acumulación se efectúe ante el tribunal de alzada. Ahora bien, el problema se produce cuando se interpone un recurso que suspende inmediatamente el trámite del proceso, como el recuso de apelación contra el auto que decreta la restricción migratoria o impone el pago de alimentos provisionales (artículos 155 letra a) LPF) y, por error, el juez continúa con la sustanciación del proceso, emitiendo resoluciones contra las cuales se interponen nuevos recursos de apelación. En este tipo de casos es procedente la acumulación de recursos para evitar posibles resoluciones contradictorias.

  • Tener conexión procesal. Los recursos deben guardar conexión respecto de las pretensiones o puntos a que se refieren. La simultaneidad de recursos autónomos o el paralelismo de su interposición no justifica por si misma la acumulación. Los recursos pendientes deben guardar un punto de contacto que permita la unificación de la resolución. Si los recursos pueden ser resueltos de forma separada sin invadir o traslapar aspectos que son tratados por cada uno de ellos, entonces no existe conectividad alguna que justifique la acumulación. En la conectividad se encuentra el riesgo de incurrir pronunciamientos contradictorios.
  • Existir el riesgo de pronunciamientos contradictorios. La acumulación de recursos evita que las resoluciones de los diferentes recursos sean discordantes entre si. Ahora bien, lo contradictorio no se valora sólo en función de la estricta resolución del recurso, sino también en atención a los fundamentos que la amparan. Por tanto, la contradicción de las resoluciones judiciales puede encontrarse en los argumentos excluyentes o incompatibles que se encuentran en ellas, aunque hubieren llegado a la misma conclusión.

Para ilustrar la utilidad que representa la acumulación de recursos basta mencionar lo siguiente: el artículo 443 del Código de Procedimientos Civiles (ya derogado) autorizaba la interposición del “recurso” de revisión contra las providencias judiciales dictadas en la fase de ejecución forzosa de sentencia firme. Este “recurso” era sustanciado por el juez que había pronunciado la sentencia objeto de la ejecución, con la peculiaridad de que no suspendía el trámite de la ejecución en primera instancia, en virtud que no alteraba en ningún modo la sentencia ejecutoriada, pues únicamente se encargaba de examinar la inconformidad alegada por una de las partes en cuanto al cumplimiento de la misma. Bajo esta mecánica, las partes interponían diversos “recursos” de revisión en torno al mismo trámite de ejecución, aun y cuando el primero de ellos no hubiera sido resuelto. Por ello, a pesar que el Código de Procedimientos Civiles no lo previa, lo procedente era acumular los diferentes incidentes de revisión para evitar resoluciones contradictorias y concentrar la resolución de los mismos. El discutido recurso de “revisión” que preveía el expresado artículo 443 guarda ciertas semejanzas con las diligencias de adecuación de modalidades del artículo 172 LPF, en el sentido que son instrumentos que permiten controlar el modo en que se están cumpliendo las sentencias firmes.

En materia de familia la acumulación de recursos será procedente siempre que se planteen recursos de forma separada y cuya conexión imponga la necesidad de un pronunciamiento homogéneo y lógico que los atienda. Esto puede tener lugar cuando habiéndose planteado el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, el juez eleva el proceso a la segunda instancia y continúa con la ejecución provisional de la misma (artículo 512 CPCM), en la cual se vuelven a plantear nuevos recursos de apelación. Situación similar ocurre cuando una de las partes interpone de hecho el recurso de apelación y el juez, posteriormente, emite una nueva providencia judicial, la cual también es recurrida en apelación por alguna de las partes. La conclusión, entonces, es que si existe conexión en cuanto al objeto de la impugnación, la acumulación de los recursos será procedente. En este tipo de casos la acumulación puede solicitarse o efectuarse de oficio por el tribunal de alzada.

Referencias:

  • DE ECHEGARAY, Eduardo, Diccionario general etimológico de la lengua español, edición ampliada del diccionario etimológico D. Roque Barcia, Tomo V, Editor José María Faquineto, Madrid, 1889.
  • MONTERO AROCA, Juan, y otros, Derecho jurisdiccional II. Proceso civil, 10ª edición, Tirant lo blanch, Valencia, 2001.

Cita así:

PALACIOS, CRISTIAN. “¿Cuándo procede la acumulación de recursos en materia de Familia?”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 14 de septiembre del 2017