Serie: sobre las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Entrega 10.

Décimo quinta reforma.

Se reforma el Art. 48 LEED, en el sentido que en cualquier momento pueden presentarse nulidades, no solo en la audiencia preparatoria o en la audiencia de sentencia.

Eso es acorde a la lógica procesal de presentar las nulidades, como incidente, sea de manera oral o de manera escrita. Sin embargo, respecto al conocimiento de nulidades (o excepciones) puede diferirse al momento de la audiencia, tal como se encuentra regulado en el Art. 263 Inc 2º del Código Procesal Civil y Mercantil, que es el cuerpo legal de remisión respecto a la supletoriedad; aun así, y de igual manera, se encuentra regulado que la excepción puede diferirse al momento de la audiencia, tal como establece el Art. 314 Inc 2º Código Procesal Penal.

Por lo tanto, al aplicarse la regla supletoria consagrada en el Art. 101 LEED, se puede aplicar lo referente al diferimiento de la nulidad al momento de la audiencia si así el juez lo repercuta como conveniente, siempre haciendo relación al Art. 263 Inc 2º CPCM.

Por lo tanto, esta reforma se repercute como innecesaria, ya que las reglas procesales siempre pueden aplicarse por regla de remisión y supletoriedad.

Décimo sexta reforma.

Se reforma el inciso segundo y se adiciona un tercer inciso en el Art. 76 LEED.

En este sentido hay dos supuestos a considerar:

  • Justificación suficiente para intervención del Comisión Nacional de Administración de Bienes (CONAB) en las medidas cautelares.
  • La entrega en depósito a los particulares en caso que se trate de bienes de uso personal, que generen ingresos para la manutención familiar, menaje de casa, vivienda familiar. Esto mientras dure el proceso, mientras no haya decretado sentencia declarativa de extinción de dominio.

Respecto a la justificación de la intervención del CONAB en las medidas cautelares es algo que ya en sí, recae en la motivación judicial que debe llevar todas las medidas cautelares. Incluso Rivera Ardila manifiesta que existieron abusos por parte del ente administrador en Colombia, que se llamó Dirección Nacional de Estupefacientes, en el cual nunca se trató las medidas cautelares respetando los requisitos de admisibilidad, sino como un uso por ministerio de ley. Esto conllevó a tantos abusos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que tuvo que liquidarse y dar lugar a otro ente administrador, el actual Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO)[1].

Esto incluso va en consonancia con la normativa colombiana, Art. 89 del Código de Extinción de Dominio de Colombia, en el cual se estipulan parámetros de necesidad para la intervención del FRISCO cuando se está por ratificar una medida cautelar administrativa. La justificación debe devenir en una motivación y no solo por ministerio de ley, porque se le ocurrió al juez o porque lo solicitó la Unidad Especializada de Extinción de Dominio. La justificación debe ir motivada, por lo que está reforma confirma que no todo debe ser por ministerio de ley, debe existir motivación en las resoluciones.

Con el segundo punto, debe siempre existir igualdad de partes y armas probatorias para poder decretar que exista la necesidad de entregar en depósito los bienes al mismo interesado mientras dura el proceso de extinción de dominio. Por el solo hecho que la ley diga que se entregará sin razón alguna, sin fundamento judicial alguno, trasgrede el deber de motivación, siendo la misma lógica aplicable cuando se alegó la inconstitucionalidad del Art. 331 Inc 2º del CPP, tal como lo enmarca la Sala de lo Constitucional.[2]

Aunque si bien el legislador quiso tocar aspectos que en la práctica de extinción de dominio ha sido un problema, se colisionan los derechos fundamentales relacionados y a la familia versus la persecución económica de la corrupción y el crimen organizado, asunto que no fue del todo esclarecido con la reforma y en la cual la Corte Constitucional de Colombia, por medio de la sentencia C-374/97 hace preferencia en aplicar extinción de dominio sin importar los derechos fundamentales y humanos de la familia y de las niñas, niños y adolescentes.[3]

Respecto al debate de los derechos humanos y fundamentales relacionados a la niñez y adolescencia y a la familia versus la extinción de dominio, se publicó un artículo en esta misma Revista, en la cual se aduce que el sistema jurídico y los valores que lo integran no puede suprimirse por sí solo, por lo que el hecho de reflexionar si debe suprimirse las garantías asistenciales en un Estado donde existe la pobreza sistemática, es razón por la cual el Estado Social y de Derecho han fracasado rotundamente. Como bien menciona Cristian Palacios en ese artículo, “Significa, entonces, que la necesidad concreta del grupo familiar de gozar de una vivienda no es una excusa para echar a perder la acción de extinción de dominio, sobre todo porque existe una entidad oficial que tiene la carga legal de amortiguar el efecto colateral. Fuera de esto, el sistema se debilita y las sociedades no progresan.”[4]

Por lo tanto, respecto a esta reforma, siempre se debe de tener en cuenta el deber de motivación judicial, ya sea desde una óptica del constitucionalismo colombiano o del garantismo penal, así también, se necesita un debate profundo no solo respecto a la extinción de dominio y derechos humanos de la niñez y adolescencia y la familia, sino a lo que es el estado salvadoreño en su naturaleza y que estado queremos como sociedad.

Referencias:

[1] Rivera Ardila. Op.Cit. Pp. 185-186,

[2] Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, sentencia del día 14 – IX – 2011, con referencia Inc. 37-2007/45-2007/47-2007/50-2007/52-2007/74-2007.

[3] Se Cita: “No obstante, el origen viciado de la propiedad que se exhibía, en el supuesto de la declaración judicial de la extinción del dominio, afecta también los bienes a los que se refiere esta disposición, pues los indicados fines institucionales y su realización no pueden procurarse sobre la base del reconocimiento de que lo ilícito genera derechos. Así, pues, por vulnerar el artículo 34, inciso 2, de la Constitución Política, este artículo será declarado inexequible, desde luego sin perjuicio de que los derechos a los cuales se refiere puedan ser ejercidos, según las reglas generales, cuando los bienes respectivos hayan sido lícitamente adquiridos.”

[4] LANGLOIS, RICARDO y PALACIOS, CRISTIAN. “EXTINCIÓN DE DOMINIO VRS VIVIENDA FAMILIAR”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 29 de abril 2017, enlace: http://www.enfoquejuridico.info/wp/biblioteca/publico/derecho-penal/extincion-de-dominio-vrs-vivienda-familiar/

Cita así:

LANGLOIS, RICARDO. “Sobre las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Entrega nueve”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 12 de septiembre de 2017