¿Qué es el allanamiento en materia de Familia?

En este caso el significado de la palabra allanamiento no es el que se le asigna en materia penal. “No consiste en penetrar algún sitio sin la voluntad del dueño u ocupante. Más bien, describe el acto de allanarse, esto es, conformarse con peticiones o requerimientos de otros” (OSSORIO, M., 1974, p. 52). También puede entenderse como “el acto de sujetarse a la decisión judicial” (DE ECHEGARAY, E., 1887, p. 266). Para ser más simples, puede decirse que el allanamiento consiste en la acción de sujetarse o rendirse a la pretensión del demandante o reconviniente.

Si el demandado reconoce la veracidad de los hechos, sin reconocer los fundamentos de derecho, entonces la demanda se tiene por contestada en sentido positivo. Pero si reconoce los fundamentos de hecho y de derecho, entonces se tiene por interpuesto el allanamiento. Al contestar la demanda en sentido positivo, el juez puede aplicar un régimen de prueba especial a los hechos admitidos, en el sentido que no requieren ser probados (articulo 314 ordinal 1º Código Procesal Civil y Mercantil), pero no habilita la terminación inmediata del proceso con resultados favorables al demandante. Por su parte, el allanamiento sí habilita la finalización anticipada del proceso, con inmediata resolución favorable de la pretensión.

En otros términos, el allanamiento se traduce en la admisión de un conjunto de hechos que están exentos de prueba y en el reconocimiento del derecho que está libre de debate. El artículo 47 de la Ley Procesal de Familia establece:

En cualquier estado del proceso antes de la sentencia de primera instancia, el demandado podrá allanarse expresamente a las pretensiones del demandante, reconociendo sus fundamentos de hecho y de derecho, caso en el cual se procederá sin más trámite a dictar sentencia de conformidad con lo pedido. 

De lo anterior importa destacar lo siguiente:

Plazo.

El allanamiento puede interponerse después de realizado el emplazamiento y antes de pronunciada la sentencia definitiva.

El demandado se informa de la pretensión hasta que se efectúa el emplazamiento, de manera que no puede reconocer la aspiración del demandante sin tener conocimiento de ella. Cuando el demandado se allana a la pretensión sin haber sido previamente emplazado, entonces el allanamiento se rechaza por ser prematuro, pues la lógica procesal no permite justificar la realización de un acto sin haberse perfeccionado el antecedente que lo motiva, bajo el riesgo de alterar las reglas del debido proceso.

Lo que habilita la interposición del allanamiento es la posibilidad de contestar la demanda y ésta posibilidad nace inmediatamente después de haberse realizado el emplazamiento. Incluso, allanarse a la pretensión sin haber sido previamente emplazado puede ser parte de actos ilícitos como el fraude procesal o el  patrocinio infiel, especialmente cuando el mandatario se encuentra fuera del país o imposibilitado para comparecer personalmente al juicio.

La sentencia definitiva es irrevocable e inmutable para el mismo juzgador, de manera que la interposición del allanamiento con posterioridad a su adopción no altera el valor de la misma. En ese sentido, el allanamiento debe interponerse antes de que se dicte la sentencia final, caso contrario se deberá rechazar por extemporáneo. Esto es así porque si la sentencia definitiva resuelve la pretensión, entonces el allanamiento carece de sentido al no poder rendirse libremente a ella. Ahora bien, la práctica demuestra que mientras la sentencia no ha sido notificada a las partes, el juez puede admitir y resolver el allanamiento. Además, tampoco es procedente el allanamiento durante la sustanciación de los recursos, en virtud que ya existe una resolución final que, una vez firme, deberá cumplirse en los términos que ordena.

Fundamento.

Allanarse es reconocer el soporte fáctico y jurídico de la pretensión. Es verdad que el artículo 47 LPF indica que el demandado podrá allanarse expresamente a la pretensión, pero mucho más cierto es que el uso de la palabra “allanamiento” no es una formalidad inquebrantable para que se tenga por interpuesto. Basta que el demandado manifieste que reconoce los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión para que se tenga por configurado. Esta manifestación expresa puede ser de forma escrita u oral, por cuanto el allanamiento puede interponerse, por ejemplo, en el escrito de contestación de la demanda o durante la celebración de las audiencias.

Efectos.

El allanamiento produce dos efectos principales. Primero, justifica la clausura del proceso y, segundo, otorga el triunfo a la pretensión del actor. Sin embargo, esto merece determinadas aclaraciones:

  • El allanamiento no le pone fin al proceso en estricto sentido, pues lo que verdaderamente le pone fin es la sentencia definitiva dictada en allanamiento. En otras palabras, el allanamiento simplifica el proceso y justifica la inmediata terminación del mismo a través de la correspondiente sentencia definitiva. El allanamiento, al igual que la renuncia, no son formas puras de finalización anticipada del proceso, como si lo son la conciliación, la caducidad o el desistimiento.
  • A pesar que la ley indica que cuando se interpone el allanamiento se procede sin más trámite a dictar sentencia, existen casos en los que se deben cumplir otras diligencias procesales antes de proceder a ello. Por ejemplo, el juez debe escuchar a los niños, niñas y adolescentes involucrados en el proceso antes de proceder a dictar sentencia en allanamiento, pues el artículo 7 letra j) LPF le impone tal deber. Incluso, el juez puede obtener elementos jurídicos para rechazar el allanamiento luego de haberlos escuchado, sobre todo cuando la situación jurídica que las partes pretenden legitimar vulneran sus derechos fundamentales. El allanamiento, al igual que la confesión, es una herramienta procesal que no debe sorprender el quehacer de la administración de justicia.
  • El triunfo de la pretensión se da en los términos en que fue solicitada. Sin embargo, nada obsta a que el juez se pronuncie de oficio sobre los asuntos que la ley le ordena, aunque no hubieren sido solicitados por el pretensor. El problema se produce cuando teniendo el deber de pronunciarse de oficio sobre determinadas situaciones, no cuenta con suficientes elementos de prueba para hacerlo. Por ejemplo, el juez debe pronunciarse de oficio sobre el régimen de comunicación y trato entre el padre y el hijo, pero para ello debe contar con un conjunto de datos que le indiquen cuál es la realidad interactiva ente ellos, con el fin de resolver ese punto de forma correcta. Para evitar este tipo de situaciones o para facilitar su resolución, el juez debe admitir únicamente las demandas que expresan la pretensión con claridad y precisión (literal e) del artículo 42 LPF), en vista de un posible allanamiento. Fuera de esto, y aunque no sea la medida más oportuna, puede requerirle a las partes se pronuncien al respecto y posteriormente resolver la petición de allanamiento.

Nadie puede ser obligado a conciliar, a renunciar, a desistir, a transar o a allanarse a la pretensión. Dichas posibilidades están reservadas a la Autonomía de la Voluntad y a la disponibilidad del derecho en debate. A pesar que el allanamiento es un derecho procesal de libre ejercicio, su procedencia está condicionada a la pureza de su configuración, bajo pena de ser rechazado. Al respecto, el artículo 48 LPF establece: El allanamiento no produce efectos y el juez podrá rechazarlo y practicar pruebas de oficio cuando:

  1. Advierte fraude: el fraude consiste en la inducción al error con el fin de perjudicar a terceros, mientras el dolo consiste en la inducción al error con el fin de perjudicar a la otra parte de relación jurídica. Existe fraude procesal cuando los cónyuges niegan la existencia de los hijos que han procreado en común, con el fin de que el juez no se pronuncie sobre la pretensión de alimentos. En este tipo de casos se afecta el derecho de los hijos.
  2. Lo pidiera un tercero excluyente: tercero es aquel que está fuera de la relación jurídica en debate. Sin embargo, el tercero puede tener un interés legitimo en ella y en ese sentido participar dentro del proceso. Su participación puede ser en calidad de tercero coadyuvante o excluyente (artículo 17 LPF). Si se adhiere a la pretensión del demandante o del demandado, interviene como tercero coadyuvante. Si contrasta con las mismas, entonces participa como tercero excluyente. El allanamiento interpuesto por el tercero excluyente resulta ser improcedente, por no ser el sujeto que integra la relación jurídica procesal de forma directa.
  3. El demandado no tuviere la libre disposición del derecho o éste es irrenunciable: los derechos pueden ser disponibles o indisponibles. La indisponibilidad impide que el titular del derecho pueda hacer de él lo que las posibilidades jurídicas le permitan, pues su campo de actuación está limitado por el interés colectivo, el bienestar individual o la moralidad social. Generalmente los derechos extrapatrimoniales o de la personalidad son derechos indisponibles (PALACIOS, C., 2016, p. 57). Por ello, las personas no pueden alterar su estado familiar o cambiar de nombre y de sexo sino es con autorización legal o judicial previa.

Ahora bien, el derecho también puede ser indisponible por la existencia de una disposición legal, un pacto contractual u otro derecho preferente que lo limite, como el caso del derecho de propiedad que puede limitarse por el embargo judicial o por la función social que se le asigna. Incluso, resulta improcedente el allanamiento de situaciones en las que el Estado participa con un interés legítimo.

 Asimismo, existen derechos renunciables e irrenunciables. Un derecho es irrenunciable en la medida que no puede despojarse de la integridad interactiva de su titular, ya sea porque la ley se lo prohíbe o porque el sujeto no tiene un poder directo sobre el mismo. Tal es el caso del progenitor o del tutor que no puede renunciar a los derechos que le pertenecen al hijo o al pupilo. El progenitor no puede renunciar al derecho de alimentos del hijo que no ha alcanzado la mayoría de edad, por lo cual el allanamiento interpuesto en ese sentido resulta improcedente. Igualmente, no se puede renunciar a un derecho que no se tiene, puesto que la renuncia implica tener un poder directo sobre el objeto que se deja. Así, se ha dicho que no se puede renunciar del derecho de apelar cuando la oportunidad para hacerlo no ha nacido.

4. Lo hiciere el apoderado que no esté especialmente facultado: la posibilidad de allanarse a la pretensión es exclusiva de la persona contra quien se reclama. Ninguna persona puede allanarse en nombre de otra si no es con su autorización previa. Algunos tribunales de familia exigen, en función del principio de igualdad, que esta otra persona sea conocedora del ordenamiento jurídico, porque el allanamiento implica admisión de hechos y reconocimiento del derecho. Sin embargo, para evitar incurrir en excesos de formalismo, lo que se puede requerir es que exista asesoría jurídica previa en torno a los efectos del allanamiento a favor de la parte material.

En todo caso, lo que importa destacar es que los apoderados no pueden allanarse a la pretensión si no han sido previamente autorizados por sus mandatarios. Los abogados necesitan un poder especial para allanarse en nombre de sus representados. La facultad para allanarse no se presume, ni se incluye dentro de las facultades generales del mandato, sino que se rige por la literalidad y especialidad de su otorgamiento. Por tanto, si el abogado se allana a la pretensión del actor sin tener facultades especiales para ello, el allanamiento resulta ser improcedente.

5. Los hechos admitidos no pudieren probarse por confesión, si la ley exige prueba específica: existen supuestos que no pueden ser eximidos de prueba, por la naturaleza de su contenido o por el alcance de sus efectos, como sucede con el establecimiento de la paternidad o la declaratoria de la unión no matrimonial. Una persona puede reconocer voluntariamente como hijo a otra, aun cuando no estén vinculados biológicamente, pero no puede desconocerla como tal, aunque no tengan la debida correspondencia genética.

 Ahora bien, en virtud de los avances de la ciencia y la tecnología, la impugnación de la paternidad se sustenta en el resultado que arroja el dictamen de ADN, con el cual se comprueba que el demandado no es el verdadero progenitor del hijo, y, por lo cual, en un sistema jurídico sustentado en la pauta preferente del vinculo biológico, se tiene por impugnada la paternidad. Por ello no es procedente el allanamiento a la pretensión de impugnación de paternidad cuando no se ha producido la prueba específica, existiendo la posibilidad de obtenerse.

Lo mismo sucede con la pretensión de unión no matrimonial, puesto que para acceder a ella no es suficiente el allanamiento de los demandados, sino que es necesario acreditar que la relación entre la pareja fue libre, singular, continua, estable y notoria (articulo 118 CF). La unión no matrimonial es una de las tres formas de constituir familia (articulo 2 CF) y en esa calidad se impone como un asunto de orden público que debe hacerse valer frente a la comunidad. El juez, entonces, necesita corroborar que la unión no matrimonial efectivamente existió entre la pareja frente a la comunidad (amigos, vecinos y familiares de los convivientes).

6. La sentencia pudiere producir efectos de cosa juzgada respecto de terceros: el allanamiento se rechaza si la sentencia producirá efectos sobre derechos subjetivos de terceros que no han tenido la oportunidad de ser oídos o vencidos en juicio. Se trata de los efectos de la cosa juzgada material, la cual no permite que se produzca un nuevo examen de los hechos juzgados. Por ejemplo, no procede el allanamiento en los procesos de unión no matrimonial por la posibilidad de que la sentencia afecte derechos de terceros (artículo 126 inciso 1º LPF).

7. Existiere litisconsorcio necesario y no hubiere conformidad de todos los demandados: el litisconsorcio necesario se configura por la unidad compartida del derecho en discordia. Varias personas pueden ser titulares del mismo derecho que se debate y en esa calidad estar de acuerdo con la pretensión que se les reclama. Si existe consenso al respecto pueden allanarse a la pretensión, pero si uno de los titulares no presta su consentimiento, entonces el allanamiento resulta improcedente. Por ejemplo, si se ha constituido el derecho de habitación a favor de la madre y los hijos y el propietario de la casa demanda el cese de dicha medida de protección, basta que uno de los beneficiados no esté de acuerdo en el allanamiento para que el mismo se declare improcedente y se continúe con el proceso.

Referencias:

  • DE ECHEGARAY, Eduardo, Diccionario etimológico de la lengua española, Tomo I, José María Faquineto Editor, Madrid, 1887.
  • OSSORIO, Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales, Editorial Heliesa S.R.L., Buenos Aires, 1974.
  • PALACIOS MARTÍNEZ, Cristian Eduardo, El estado familiar: de la ineficiencia de los asientos del Registro del Estado Familiar, Aequus Editorial, Escuela de Ciencias Jurídicas, Universidad de El Salvador, San Salvador, 2016.

Cita así:

PALACIOS, CRISTIAN. “¿Qué es el allanamiento en materia de Familia?”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 11 de septiembre del 2017 http://enfoquejuridico.org/2017/09/11/que-es-el-allanamiento-en-materia-de-familia/