Carlos y Karen, un divorcio que al Estado le importa un número.

Carlos y Karen ingresaron a la Facultad de Derecho en el año dos mil catorce, en una Universidad localizada en Santa Tecla ( a 9 km de San Salvador), ambos soñadores, él extrovertido, ella de pocas fiestas, ambos con ideas sobre la Justicia, con aspiraciones por mejorar su calidad de vida, por ser orgullo de sus padres.

Al poco tiempo de haberse conocido, Carlos y Karen utilizaron las tareas como la excusa perfecta para compartir tiempo juntos en la universidad o en algún centro comercial; alejándose del mundo empiezan a encontrar cualidades que terminan por confundirse en complementos emocionales, lo suficiente para enamorarse, o por lo menos lo necesario para creer que lo estaban. Aliados de la tecnología, solamente bastó un mes para que su inmadurez los llevara a tener relaciones sexuales.

Las relaciones sexuales son frecuentes en los jóvenes de todo el mundo, en noviembre del 2015 la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA), licenciada Zaira Navas, informó que durante el 2014,  23,573 niñas y adolescentes, de 12 a 17 años, habían entrado en una relación  matrimonial o no matrimonial en el país; además una publicación del Fondo de Población de Naciones Unidas, afirma en el año 2015 en este país, cada día 69 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años quedaron embarazadas.

Karen quedó embarazada, sólo dos meses después de haberse conocido con Carlos, un período corto como para saber cuáles eran los sueños de Carlos y las aspiraciones de Karen, pero un período largo para controlar sus deseos sexuales, pues la vida es así en una sociedad postmoderna y doble moralista.

Obligados por sus familiares, Carlos y Karen contrajeron matrimonio civil en enero del año dos mil quince, ella con siete meses de vida en su vientre, él con cuatro mensajes en su Whatsapp de planes para el sábado por la noche. Ella negándose a aceptar lo que implica ser madre, él negándose a romper con el estilo de vida patriarcal, que dicho sea paso conlleva una posición de ventaja respecto a su esposa. Ambos sabían perfectamente que quienes cumplirían el rol de educar y satisfacer las necesidades de su hijo serían aquellos que los educaron a ellos, ahora abuelas y abuelos.

“Desde el principio sabíamos que no íbamos a cubrir con los gastos del bebé, nunca estuve preparada para eso y menos sin tener el apoyo del padre, quien pensaba más en carros que en trabajar…”

Tan solo dos años pasaron para que Carlos y Karen estuvieran frente a un abogado especialista en Derecho de Familia, buscando poner fin a su relación de matrimonio, una historia diferente pero con un guión conocido: una nueva historia familiar quebrada, un hijo que podrá compartir con sus héroes pero por separado, además de soportar las peleas familiares que alimenten su subconsciente sobre si su mamá o su papá fue el culpable de la separación; no obstante todo lo anterior para el Juzgado de Familia únicamente significaría un expediente más.

El Derecho puede estar lleno de diferentes elementos como la legalidad, las formas, la interpretación, la aplicación, la codificación, la finalidad, pero jamás carecer de principios que amparen la justicia, el bien común, la paz, la armonía social. Cuando se trata del Derecho de Familia, estos principios toman otra dimensión, dentro del mismo Derecho Social, pues el sistema jurídico trasciende de regular relaciones individuales, para regular las relaciones del individuo en un determinado grupo, para lograr alcances colectivos, siempre partiendo del núcleo de lo social, la familia, y esta no como base de una sociedad, sino como todas aquellas cosas que la amenazan o la debilitan.

El Derecho de Familia regula las relaciones de los miembros de la familia y la de éstos con la sociedad, permitiendo orientar a las personas para su desarrollo dentro de la ella, a falta de políticas públicas que la fortalezcan, y con la implementación de políticas económicas feroces que la rompen; así para José Luis de los Mozos, la función del Derecho en relación a la familia consiste en garantizarle su propia seguridad jurídica y la de sus miembros.

Actualmente con la evolución de la historia –del individuo–, la familia continúa como un actor en la evolución de las sociedades, y sin embargo sigue siendo la institución jurídica desprotegida, no obstante es la que sigue sosteniendo el mural de valores de los conglomerados poblacionales, un elemento que no varía en su esencia pese a su dinamismo o modos, cuna del aprender sobre la conciencia por el respeto al prójimo, por el amor al medio ambiente, por la responsabilidad de cumplir con la palabra, por solidarizarse con el necesitado, por agradecer por lo recibido, etc.

La familia desde tiempos inmemorables es aún hoy por hoy la solución de la criminalidad, de la marginalidad, de la radicalidad, del racismo, del extremismo, del terrorismo, porque es en ella donde se dota de valores, se educa y se forman a los seres humanos, donde se efectiviza el derecho social, donde las emociones y el sentimentalismo trascienden y se materializan, donde los factores que la debilitan llámense divorcio, violencia, inequidad, etc., son gérmenes parasitarios que buscan espacio de identidad o necesidad en pandillas, drogas, odio, individualismo, competitividad excesiva, etc.

Si analizamos el caso de Carlos y Karen desde este enfoque, claramente llegaremos a concluir que el divorcio es una amenaza para la familia, no significa que aparejadamente su decreto sea inadecuado en términos procesales, más bien es inadecuado y contrario a la concepción social de la familia, que los formalismos a los que se sujeta el divorcio sea únicamente la tarea del juzgador (o lo que le importa).

Se puede crear una mejor sociedad a partir de una mejor implementación del Derecho de Familia, no tengo la más mínima duda que sí, y más allá dentro del Derecho Social y sus especialidades (Derecho de Niñez y Adolescencia, Derecho de Mujeres, Derecho de Adultos Mayores, etc.)

El caso de Carlos y Karen, es un conflicto que se cuenta por cientos en los Juzgados, solo en el año dos mil dieciséis en los Juzgados de Familia de San Salvador ingresaron más de tres mil divorcios generando un promedio de ocho divorcios por día (fuente CSJ), y en la práctica jurídica estos casos se “resuelven” a través del esfuerzo abnegado de la mera legalidad, consintiendo principios como la “Autonomía de la Voluntad” aunque nunca se haya profundizado si realmente la firma del Convenio de Divorcio fue hecha con Voluntad, pues se ven las formas y no a las personas, se priorizan los plazos más que a la unidad familiar, se exigen los folios más que el cumplimiento de mecanismos que garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes; en resumidas cuentas se busca terminar el caso, más que ocuparse de él, pues así está diseñado el tejido jurídico que regula los destinos de las familias y sus miembros, así está diseñado el manual de evaluación, tan capaz de evaluarte mal si te pasas de doscientos folios por expediente aunque nunca se detuvo siquiera a advertir la paupérrima cuota de alimentos que se fijó para los hijos, o la firme decisión de descontar puntos de la nota si no se cumplen con los cinco días máximos para hacer una notificación, aunque el notificador haya expuesto su vida por tratar de cumplir con el famoso y mimado plazo.

Vivimos en una sociedad doble moralista, que se opone a hablar de educación sexual en la familia o en los centros escolares, por ir en contra de la religiosidad, de las costumbres, sin embargo en la intimidad de sus hogares, de sus celulares, de sus correos, de los auto hoteles, lo moral se olvida o por lo menos deja de aplicarse, convirtiéndose en un simple y llano discurso de presentación de lo que no quiero ser, sin importar primero lo que soy.

La educación sexual para las niñas, niños y adolescentes debe de manera urgente ser un tema de discusión que busque como fortalecerla y no de dudas sobre su aplicación, un plan estructurado entre estado, sociedad y familia, pues requiere un proceso de enseñanza progresivo y consecuente con la edad de las niñas y niños, y así no dejar que el temor a un embarazo sea la única lección de contrapeso para jóvenes que viven en una era de híper libertad.

“No sabía lo que hacía, a lo que me metía, éramos solo jóvenes enamorados, pero lo mejor es la separación porque la relación se ha vuelto insostenible…”

La familia nunca se preocupó porque Carlos y Karen fueran en su niñez formados en su salud mental y educación sexual, mucho menos la sociedad doble moralista en la que vivimos, y qué decir del Estado que está más preocupado por aliarse con pandilleros, que por la inversión en las niñas, niños y adolescentes; sin embargo ahora que Carlos y Karen son madre y padre, la sociedad y el Estado están ahí, para recordarle los deberes y las obligaciones que eso conlleva, aunque no existan las mínimas condiciones para realizarlas, debiéndose apegar ahora al guión conocido de la súper abnegada madre  y del súper proveedor padre.

Frente a este cúmulo de ausencias que vivieron Carlos y Karen, las sedes judiciales, que es donde se imparte justicia, muchas veces mal llamadas “templos de justicia”, deberían de cumplir con su papel, un rol más principialista al momento de tramitar casos como el expuesto.

El artículo 75 y 76 de la Ley Procesal de Familia y 431 y 436 del Código Procesal Civil y Mercantil, es la base legal para que los jueces, según sea el caso, previo a decretar el divorcio exijan mayor responsabilidad para los cónyuges, ordenando medidas que fortalezcan las relaciones familiares, como terapias familiares, terapias de parejas, escuela para padres, pues el hecho de cumplir 18 años no deja de ser únicamente una ficción más real que legal, la inmadurez de los esposos, o la falta de educación sexual de ellos, no se solucionará firmando un documento, sino que es donde el Estado por ser el último eslabón que debe procurar que estas familias sepan realmente la decisión que toman.

¿Cuándo un juzgador se atreverá a priorizar los principios que rigen el derecho de familia, antes que las formalidades?, ¿Cuándo se respetará el mandato constitucional de fomentar el matrimonio como fundamento legal de la familia?, ¿Cuándo el estado creará políticas públicas para fortalecer las relaciones familiares y su dinámica en la sociedad? Difícil de responder, por el momento sólo queda seguir aprendiendo a través de las formas y en altas, claras y pausadas voces que “la familia es la base fundamental de la sociedad”.